El lento camino de la opacidad a la transparencia

Un informe de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos explica cómo en los cinco años que lleva de vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública esa normativa ha contribuido a que la sociedad guatemalteca de los primeros pasos en el camino de la opacidad a la transparencia.

En 2013 se registró un aumento del 37 % en el número de solicitudes que todas las dependencias atendieron con respecto al año pasado. En total, se tramitaron 30,055 peticiones para obtener información pública. Según el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, esto es una muestra de que existe más interés de la ciudadanía por utilizar las herramientas que brinda la LAIP y exigir una mayor rendición de cuentas a los funcionarios, en general.

“Creo que ha habido un cambio al interior de las instituciones y también en los ciudadanos, con la idea de que se tienen derechos y entre estos está el de obtener información pública”, dice David Gaitán, de Acción Ciudadana. “Es un cambio positivo porque se camina de la cultura de opacidad a una de transparencia”.

La ley establece mecanismos para proteger la intimidad de una persona individual o para resguardar información clasificada o de seguridad nacional.

De las 100,157 solicitudes que se han realizado en los 5 años de vigencia de la LAIP, el 94 % han sido aprobadas. La ley establece que las razones para que un sujeto obligado niegue información aplican cuando esta es inexistente, está reservada o es confidencial.

En el último año, el 89,5 % de las solicitudes fueron tramitadas de manera positiva; el 5,4 % fueron denegadas; un 3 % se respondió de manera parcial, y el 2 % restante fueron desechadas, quedaron pendientes o no contenían datos para continuar con el trámite.

Los recursos de revisión por parte de los solicitantes de información pública también aumentaron. En 2013 se presentaron 126 de estos, nueve más que el año pasado. Estos recursos se presentan cuando un solicitante no está conforme con el trámite que le han dado a su solicitud. La revisión se puede fundamentar en la negación de información o en su entrega incompleta, además en los casos en que las instituciones aleguen que la información no existe o cuando se vencen los plazos estipulados en la LAIP.

Sin embargo, De León reconoce que ante el aumento de solicitudes es necesario aumentar el presupuesto y personal de la SECAI para brindar un acompañamiento más efectivo.

Los mínimos que no se cumplen

La LAIP manda que, en enero de cada año, todas las instituciones y dependencias obligadas a brindar información presenten un informe sobre cómo se atendieron las solicitudes. En el cumplimiento de esa obligación se ha registrado un avance del 95 %. En enero del año pasado, 342 informes se presentaron a la SECAI, y un año después, la cantidad ascendió a 667.

Sin embargo, un 46 % de las instituciones reguladas por la ley no cumple con ella. De los 1,241 sujetos obligados a rendir cuentas sobre la aplicación, 575 incumplieron. El 48,87 % de ellas son Consejos Municipales de Desarrollo; otro 28 % son empresas que se dedican a la extracción de minerales, tanto metálicos como no metálicos.

Rosa María Juárez, titular de la SECAI, dice que cuando no se entregan los informes, la PDH inicia expedientes administrativos y solicita un nuevo informe circunstanciado de la situación.

Por ejemplo, 888 sujetos obligados a rendir cuentas bajo la LAIP no presentaron el informe anual a la SECAI en 2012. Según Juárez, solo el 22 % respondió el requerimiento del PDH, mientras que 693 instituciones hicieron caso omiso a la demanda.

En caso de violación a la ley, el Procurador puede emitir una resolución de conciencia, un señalamiento que solo es de carácter moral, pero también puede solicitar al Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) que determinen si existe algún ilícito.

Y así lo hizo la semana pasada De León, al emitir una resolución en la que indica que estas faltas vulneran las normas que la LAIP reconoce y los principios de legalidad y transparencia en la función pública, calificando de “lesivo” ese comportamiento administrativo. También exhortó a la CGC a sancionar el incumplimiento de la ley, y al Ministerio Público a que inicie las investigaciones relacionadas con los posibles hechos delictivos cometidos por los que no entregaron los informes en 2012.

Esta es la primera vez, desde que cobró vigencia la ley, que se pide promover acciones penales por incumplimiento de la misma. “El mensaje es que no se puede tomar la Lay de Acceso a la Información Pública de manera ligera”, señaló De León Duque. No obstante, el Procurador reconoce que esto es lo más lejos que puede llegar. “Soy una autoridad reguladora, pero sin dientes. No tengo vinculación penal”, lamentó.

“Es una acción correcta por parte de la PDH y se le debe de dar seguimiento para sentar un precedente”, señaló Gaitán, de Acción Ciudadana, institución que ha presentado denuncias penales ante el Ministerio Público en contra de dependencias que se han negado a entregar la información solicitada, sin que las mismas hayan prosperado. “Pero sí vale la pena activar el sistema penal y denunciar a quienes niegan información pública. El PDH puede iniciar acciones y señalamientos para que éstos sirvan de ejemplo a otros funcionarios que ignoran o incumplen con la LAIP”, agregó.