Los datos vienen de dos informes de Fitch Ratings, una agencia calificadora estadounidense que tiene acceso a las hojas de balance de Energuate. La distribuidora podría pagar 190 millones de dólares (1,472 millones de quetzales) a sus accionistas en concepto de dividendos entre 2022 y 2024 distribuidos así: 88 millones de dólares (681 millones de quetzales) en 2022, 46 millones de dólares (365 millones de quetzales) en 2023 y 56 millones de dólares (433 millones de quetzales) en 2024, según el modelo de proyección de la agencia calificadora en diciembre de 2020.

Fitch constató en un informe de abril de 2021 que la distribuidora reportó utilidades netas de 33.72 millones de dólares (260 millones de quetzales) en 2019 y 30.99 de dólares (239 millones de quetzales) en 2020.

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Según otro informe de mayo de 2020 el aumento al VAD mejoró la rentabilidad de la distribuidora. El cambio sucedió ese mes, en plena pandemia por COVID19. Fitch estimó que el cambio agregará aproximadamente 25 millones de dólares (193 millones de quetzales) anuales en el mediano plazo a sus ingresos antes de restar intereses, impuestos, depreciación y amortización (una medida de rentabilidad que se conoce como Ebitda por las siglas en inglés).

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Aunque Fitch no precisó cuánto agregaría el cambio al VAD a las utilidades netas de la distribuidora, sí proyectó en el informe de abril de 2021 que su utilidad antes de impuestos subiría 72% entre 2019 y 2022, de 51.692 millones de dólares (Q399 millones de quetzales) a 89.069 millones de dólares (Q688 millones de quetzales). Contemplando la proyección para 2023, el aumento crece: entre 2019 y 2023, su utilidad antes de impuestos subiría 92%, a 99.033 de dólares (765 millones de quetzales).

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En concepto de impuestos, Fitch informa que Energuate pagó al menos 15.87 millones de dólares (123 millones de quetzales) en 2017, 13.68 millones de dólares (106 millones de quetzales) en 2018, 21.34 millone de dólares (165 millones) en 2019 y 24.11 millones de dólares (187 millones de quetzales) en 2020. Fitch prevé que pagará al menos 29.26 millones de dólares (226 millones de quetzales) en 2021, 32.64 millones (252 millones de quetzales) en 2022 y 36.29 millones de dólares (280 millones de quetzales) en 2023.

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Cabe notar que, contrario a la intuición, la utilidad neta anual de Energuate suele ser más grande que la diferencia entre «utilidades antes de impuestos» y «impuestos pagados» en la hoja de balance, debido a las sutilezas de la contabilidad.

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Cada año la distribuidora también invierte en la red de distribución. Fitch informa que invirtió 32.76 millones de dólares (254 millones de quetzales) en 2017, 37.81 millones de dólares (293 millones de quetzales) en 2018, 39.83 millones de dólares (308 millones de quetzales) en 2019 y 40.66 millones de dólares (314 millones) en 2020. Según los informes de Fitch, una gran parte de esta inversión se destina a cableado y equipaje antirrobo. Fitch supone que invertirá un promedio de 51 millones de dólares (394 millones de quetzales) al año en el plazo mediano.

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Incluso antes del cambio al VAD, las utilidades de la distribuidora iban creciendo. Entre 2017 a 2019, según datos de Fitch, su Ebitda se incrementó 55%, de 82.59 millones (638 millones de quetzales) a 127.68 millones de dólares (986 millones de quetzales) y su utilidad antes de impuestos subió 57% (de 32.898 millones de dólares (254 millones de quetzales) a 51.692 millones de dólares (399 millones de quetzales)). Su utilidad neta se duplicó de 16.3 millones de dólares (126 millones) en 2017 a 33.72 de dólares (261 millones de quetzales) en 2019, aunque en 2018 su utilidad neta fue negativa: -4.68 milliones de dólares (-36.26 millones de quetzales). En los cinco años de 2016 hasta 2020, su utilidad media neta anual fue 22.45 millones de dólares (174 millones de quetzales).

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Entre 2015 y 2017 Energuate pagó aproximadamente 130.28 millones de dólares (Q1,006 millones) a sus accionistas en concepto de dividendos. La distribuidora pagó a sus accionistas aproximadamente 59.26 millones de dólares (458 millones de quetzales) en 2015, 28.71 millones de dólares (222 millones de quetzales) en 2016 y 42.309 millones de dólares (Q327 millones de quetzales) en 2017. Esto consta en documentos de Inkia Energy, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y Fitch.

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Más del 90% de los dividendos fueron otorgados a Inkia Energy, principal accionista de Energuate con participaciones de 91% en la Distribuidora de Energía Eléctrica de Occidente S.A. (Deocsa) y 93% en la de Oriente (Deorsa). Durante ese período, Inkia pertenecía al conglomerado israelí IC Power que, por lo tanto, recibió los dividendos entregados a Inkia.

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En 2018, I Squared Capital (ISC), un fondo de inversión privado de EE.UU., adquirió Inkia Energy de IC Power por 1.2 mil millones de dólares (Q9.26 mil millones de quetzales). Esta transacción incluyó todos los activos de Inkia, accionista mayoritario de empresas de energía eléctrica, desde la generación hasta la distribución, en varios países: Colombia, Perú, Chile, Jamaica, Republica Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Bolivia. Desde entonces, ISC ha optado por detener casi todos los pagos de dividendos de Energuate. 

Energuate suele argumentar que la distribuidora no fija los precios de la energía eléctrica, sino que lo hacen la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y el Mem. Pero la distribuidora sí incide en el proceso de fijar los precios.

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Cada cinco años, la CNEE fija el formulario Valor Agregado de Distribución (VAD), es decir, los precios que las distribuidoras pueden cobrar a los usuarios. En 2019, Energuate entregó estudios tarifarios a la CNEE cuando esta instancia estaba en proceso de fijar el VAD para el quinquenio de 2019 a 2024. En respuesta, la CNEE emitió una resolución para «aprobar con correcciones los estudios tarifarios iniciados» por Deocsa y Deorsa, «los cuales serán la base para emitir y publicar los pliegos tarifarios».

Estas correcciones redujeron el VAD. Pero Deocsa y Deorsa recurrieron, buscando un VAD más alto. Estos recursos se destinaron al Mem, la instancia responsable de resolver disputas entre la CNEE y las distribuidoras.

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El 24 de marzo de 2020 el Mem decretó «con lugar» los recursos y ordenó a la CNEE aprobar el VAD propuesto por Energuate, abriendo camino a precios más altos para los consumidores y ganancias más altas para la distribuidora. Se implementó el nuevo VAD más alto en mayo de 2020, durante el momento más álgido de la pandemia de COVID19.

Para ayudar a los consumidores a pagar las nuevas tasas más elevadas, se agregaron Q46 millones al mes de las arcas públicas de Guatemala a los subsidios de energía para los usuarios de Energuate en mayo, junio y julio de 2020.

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Marvin Barreto, el gerente de Tarifas de la CNEE, explicó que al fijar el VAD, ni la Comisión ni el Mem toman en cuenta las utilidades de las empresas. Éstas no están obligadas a entregar información sobre sus ganancias.

Fernando Prera, encargado de prensa de la CNEE, dijo que las ganancias de las distribuidoras «son elementos que aquí en la Comisión no se trabajan, no es materia ni competencia de la institución».

«Nuestro sistema no contempla el seguimiento de la utilidad de la distribuidora. Solo busca establecer una tarifa tope, y si la empresa logra cumplir el servicio llegando a esta tarifa, bajando costos y maximizando utilidades ya no nos compete», complementó Barreto.

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Barreto dijo que la tarifa tope «corresponde a la determinación del costo medio de capital de una red de distribución de una empresa eficiente de referencia». Esta empresa eficiente de referencia es conceptual. El cálculo del VAD se basa en varias modelaciones, proyecciones y simulaciones de condiciones del mercado, como la demanda y el consumo; así como en las operaciones de la empresa eficiente de referencia, como el mantenimiento de la red y otros factores.

«Si una distribuidora no puede cumplir los límites de calidad que fija nuestra normativa es sancionada. Este es el incentivo bajo la cual funciona este sistema», afirmó Barreto.

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Más ganancias, pero poco acceso

Fernando Trabanino, defensor del consumidor de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), dijo que a pesar de sus ganancias Energuate no amplía el acceso a la energía eléctrica y que el servicio «se mantiene poco accesible en áreas departamentales o rurales».

«En el campo existe un índice muy elevado de pobreza extrema. La mayoría de las personas ni siquiera tiene acceso a la canasta básica alimentaria», dijo Trabanino.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas, la cobertura de la red eléctrica pasó de 91.96% de la población en 2016 a 92.46% en 2019, un avance de sólo 0.5% en tres años.

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Paulo de León, analista financiero y económico y cofundador de la empresa de consultoría Central American Business Intelligence (CABI), dijo que las utilidades y los pagos de dividendos de la distribuidora le parecen «razonables». Aseguró que la ratio entre sus utilidades e ingresos totales está dentro de lo normal para el sector de la distribución de energía.

Por su parte, Fitch reporta que la rentabilidad de la distribuidora está muy por encima de la rentabilidad de empresas parecidas en Centroamérica cuando se la mide en términos de Ebitda. Fitch señala en su informe de abril que «el margen Ebitda de Energuate mejoró al 22.4% en 2020» mientras sus «pares de la región suelen manejar márgenes Ebitda de 13 a 14%».

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Analistas usan Ebitda para comparar empresas del mismo sector porque esta medida de rentabilidad contempla rendimiento financiero esencial; no toma en cuenta la «estructura de capital» de una empresa, por ejemplo, el valor o uso de activos y endeudamiento, o factores externos como impuestos.

De León también comentó que no le parece problemático que el cambio al VAD hubiera aumentado las utilidades de la distribuidora en el contexto de la pandemia, dado que el Fondo Monetario Internacional reporta que el PIB de Guatemala se contrajo solo 1.5% en 2020 y proyecta que crecerá 4.5% en 2021.

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Pero Jonathan Menkos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), comentó que los montos de las utilidades y dividendos «nos revelan cómo un mercado imperfecto responde en contextos de crisis con incrementos de sus utilidades». Añadió: «Cuando un medio tan estratégico de desarrollo como la energía pasa a manos del mercado, la variable más importante es la utilidad del dueño de ese servicio».

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Blanca Ajtún, vicepresidenta de la junta directiva de Codeca, organización que busca la nacionalización del sector de la energía eléctrica calificó como indignante «que la empresa se lleve esta ganancia». «Ese dinero debería quedarse aquí para invertirlo en educación y en salud», dijo.

El diputado Samuel Pérez, de Semilla, fue presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario del Congreso. Considera que las utilidades y los dividendos de la distribuidora «son altísimos». Dice que los precios altos de la energía eléctrica «es un problema muy serio». «Con menores utilidades se podría invertir en mejorar la cobertura. Esto sí es básico y no lo están haciendo. Es una lógica de acumulación», afirmó.

La energía eléctrica se volvió aún menos accesible cuando el Ministerio de Energía y Minas (Mem) aprobó el aumento al VAD.

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Trabanino dijo que el aumento de los precios «afectó el presupuesto familiar de los usuarios de Energuate. Les impactó con un incremento en su factura mensual». Para el usuario promedio de Deocsa, por ejemplo, Trabanino dijo que el cargo fijo de su recibo de luz subió de Q12.36 en enero a Q19.36 en mayo, una diferencia de Q6.98.

El diputado Pérez dijo que respecto a la energía eléctrica «no se está pensando con una visión de política pública, sino de mercado y de generación de utilidades. Esto es complicado en un país donde 6 de cada 10 personas viven en pobreza».

Jonathan Menkos, del Icefi, dijo que «es parte de la conflictividad que genera saber que muchas decisiones parecen atropellar la visión que el público debe tener la energía».

Menkos citó un reportaje de BNAméricas de 2019 que compara las tarifas de energía eléctrica entre varios países de América Latina.

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Menkos dijo que en Guatemala, incluso antes del aumento al VAD, la tarifa de la energía eléctrica «es demasiado alta». «En América Latina solo dos países tienen costos mas altos: El Salvador y Uruguay», afirmó.

 “Lo que vemos es que los precios continúan siendo sumamente altos en comparación con mercados similares de otros países. Las grandes utilidades son reflejo de precios altos en las tarifas de electricidad», agregó.

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Según el diputado Pérez, las distribuidoras de energía eléctrica intentaron evitar que el Congreso aprobara el Decreto 15-2020 en el contexto de la pandemia. Este prohibió desde mayo hasta octubre de 2020 los cortes de servicios básicos por impagos.

En ese año Pérez era presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario del Congreso. Dijo que las distribuidoras argumentaban que si no podían efectuar los cortes «iban a quebrar». Cuenta que las empresas amenazaban con un riesgo moral de impago, que los usuarios dejarían de pagar y que ellas tendrían que seguir prestando el servicio de energía eléctrica.

 «Yo les decía que era un escenario absolutamente ridículo, porque es imposible que eso ocurra. Y en todo caso, yo les preguntaba, si todos dejaran de pagar por un mes, ¿cuánto afectaría sus utilidades, qué problemas tendrían? Incluso podrían mitigar este golpe sacando créditos con el Crédito Hipotecario Nacional o algunos bancos del sistema. Había alternativas para que no quebraran», afirmó Pérez.

El diputado cuenta que antes de la pandemia tenían una relación muy cordial con las empresas distribuidoras de energía. Incluso tuvo una reunión con representantes de Energuate, quienes le explicaron las preocupaciones del sector.

Plaza Pública intentó comunicarse con Maynor Amézquita, el vocero oficial de Energuate, pero no respondió a nuestra solicitud.

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«Justo con la pandemia y la crisis económica avecinaba, les pedí una reunión y no contestaron nunca. Realizamos una citación, y no llegaron. Nos cortaron toda la comunicación, y lo único que hicieron fue comunicarse conmigo a través de terceros para decirme que probablemente iban a quebrar», cuenta el diputado.

«Ellos no tienen ningún interés en prestar el servicio desde una perspectiva de política pública. Es cierto que tampoco es que les corresponda. Pero, al tratarse de un servicio básico, sí es importante que se tome en cuenta. El mercado no va a llegar donde no pueden pagar el servicio. Este es el problema que se enfrenta cuando la distribución la hace el mercado: termina siendo desigual. Sobre todo, cuando la ley protege a las generadoras y distribuidoras. Es un caso muy claro de fracaso en la privatización de servicios», dijo Pérez.

En noviembre, para apoyar a las comunidades asoladas por las tormentas Eta e Iota, el Congreso aprobó el Decreto 30-2020, pero no contemplaba una prohibición de cortes de servicios básicos como hacía el Decreto 15-2020.

«Tengo dudas de que eso vuelva a pasar otra vez en el Congreso porque la presión de las empresas generadoras y distribuidoras de energía es muy fuerte. El presidente Giammattei los protegía. En lugar de pensar en los usuarios que se podían quedar sin energía, protegía a las empresas», concluye Pérez.

Para Jonathan Menkos, del Icefi, es importante repensar la situación de la generación y distribución de energía en Guatemala. «Necesitamos hablar del tema, no solo para los próximos tres meses sino para los próximos 50 años. Tenemos un reto político, económico y social muy grande», afirmó.