¿Puede el sistema eléctrico asumir el retraso en los pagos? Datos para el debate

El Congreso aprobó el 3 de abril una ley que prohíbe a las empresas cortar los servicios básicos (agua, luz, teléfono e internet) y hacer cobros extra por impago. Los usuarios que no puedan cubrir las facturas tendrán la facilidad de llegar a un acuerdo con los prestadores del servicio.

El decreto dispone medios de apoyo financiero para las empresas de agua potable, que podrán solicitar créditos al Crédito Hipotecario Nacional para hacer frente a esa pérdida temporal de ingresos. Los demás proveedores no. Ni las empresas de energía, ni las de internet y telefonía obtienen contraprestaciones en este decreto.

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Esta ley ha suscitado debate, al punto de que es el único decreto de la crisis que el Ejecutivo no aprueba todavía. Después de casi un mes de haberla aprobado en el Congreso, solo ha dicho que analizan si es constitucional.

Aunque el centro de la discusión aún no está claro, y el Gobierno no ha dado mayor detalle para justificar sus dudas, algunos analistas y diputados sostienen la necesidad de que se apruebe mientras otros cuestionan su viabilidad.

El sector eléctrico (y el gran empresariado) frunce el ceño

Las principales críticas provienen del sector eléctrico, y para ello se están empleando argumentos legales y económicos.

Un análisis legal interno compartido con Plaza Pública aduce que viola la Constitución en cuatro aspectos.

El primero es que viola la libertad de industria, comercio y trabajo al tratar de modificar las condiciones de contratos privados entre proveedores y usuarios, y que el Congreso no puede ordenar "a unas entidades privadas financiar, sin costo alguno, la adquisición de bienes (electricidad) sin remuneración cierta.»

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El segundo es que al obligar a los proveedores a suscribir convenios de pago de 12 meses sin con los usuarios también viola la misma libertad, pues está forzando a las empresas a que operen como organizaciones financieras que financien mensualmente «más de 900 millones de quetzales».

El tercero es que viola el principio de igualdad de las empresas de luz, teléfono e internet, dado que no les permite acceder a financiamiento del Crédito Hipotecario Nacional.

El cuarto es que no define con claridad cuáles son los destinatarios del beneficio, dado que hay artículos que hablan de personas y sectores más vulnerables, mientras otros se refieren a «las familias guatemaltecas, mico, pequeñas y medianas empresas». En esto, ven una contradicción, porque no delimita claramente quién puede beneficiarse.

Los tres primeros son aspectos concretos de la ley, pero el cuarto supondría, según este análisis, declarar como inconstitucional todo el decreto.

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El argumento económico más común en contra tiene que ver con la cadena de producción: si las distribuidoras no cobran, no van a tener dinero (liquidez) para pagar a sus proveedores. Sus proveedores más importantes son los generadores. Los generadores tienen una gran deuda con los bancos.

En síntesis, los detractores de la ley argumentan arbitrariedades en su contra y la posibilidad de crear un efecto dominó que repercuta en los bancos. Si los generadores dejan de pagar, el problema va a ser sistémico, argumentan, y con un problema sistémico, todos perderemos.

¿Puede hacer frente el sector eléctrico a esta obligación?

¿A cómo la tarifa social?

Estas responsabilidades se atienden con una factura eléctrica que asciende a casi mil millones de quetzales al mes, según el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza Carlos Barreda y una fuente empresarial. El Banco de Guatemala fija el tamaño del sector, en 2017, en 13,113 millones de quetzales, incluyendo vapor, gas y aire acondicionado.

De esa energía que se negocia en Guatemala, casi un 30 % lo consumen las grandes empresas conocidas como «grandes usuarios», según información de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Otro 68 % lo compran los usuarios finales a las distribuidoras.

Tal como está formulada la ley, las distribuidoras, que son el último eslabón de la cadena antes del usuario final, tendrían que afrontar los retrasos en pagos dentro de ese 68 % ¿Cuál será esa cifra? No se sabe.

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Todos los análisis parten de grandes incertidumbres y de supuestos sobre la conducta futura de los usuarios.

Por un lado, algunos analistas sostienen que muchos retrasarán sus pagos incluso aunque no lo necesiten, si se les da la posibilidad, lo cual incrementaría la cantidad.

Por otro lado, es difícil calcular cuánto y cómo caerá el consumo por la menor actividad económica, y eso tiene (con matices) el efecto contrario: el de reducir la brecha.

Cuántos usuarios pagarán con puntualidad y cuántos no está por verse, pero de momento, tanto las grandes empresas como los hogares y locales ya han requerido menos energía. El consumo ha caído tanto por parte de los usuarios finales, que compran a las distribuidoras, como de los grandes usuarios, que dependen principalmente de un proveedor distinto: las comercializadoras.

Los grandes usuarios emplearon en marzo de este año un 8 % menos que en 2019, y también un 8 % menos que el pasado febrero. Los usuarios finales, un 0.86 % y un 2.54 % menos, respectivamente.

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Desde el Congreso, diputados como Barreda, de la UNE, o Samuel Pérez, de Semilla, sostienen que al menos dos argumentos del sector eléctrico son falsos. En primer lugar, no se está dando permiso para no pagar, como se ha insinuado, sino para hacerlo de manera diferida. Y, en segundo, no serán las empresas las que tengan que afrontar esa mora en solitario: El Congreso ha aprobado 630 millones extra de subsidio al Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que servirán para ampliar la tarifa social durante el estado de Calamidad[1].

Barreda hace cálculos de memoria: Suponiendo que el estado de excepción dure tres meses, el subsidio mensual al consumo será de 310 millones de quetzales (100 previstos en el presupuesto del INDE y 210 de las ampliaciones).

En realidad, el presupuesto de 2020 que el INDE tiene para comercialización es de Q840 millones, lo cual podría situarle en un promedio de 70 millones mensuales (a estas alturas ya ha ejecutado 418 millones). Con las ampliaciones divididas en tres meses llegaría a Q280 millones disponibles para el subsidio.

Esas cantidades deberán sufragar los gastos de ese 68% del mercado que atienden las distribuidoras.

Este lunes, el INDE publicó las nuevas tarifas sociales por rango de consumo, con las que subsidiará, según sus cálculos, a casi tres millones de contadores (hogares, locales comerciales) de los 3.1 millones de usuarios de energía que hay, según la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Si esa cifra sigue siendo válida, el subsidio beneficiará a más del 90 % de los usuarios finales.

Fuente: Inde

En Guatemala hay 17 distribuidoras de energía en todo el país, según el informe de febrero del Administrador del Mercado Mayorista. Funcionan 14 empresas municipales, pero las tres más importantes, de capital internacional, son la Empresa Eléctrica, Deorsa y Deocsa, que atienden a la mayoría de población.

El INDE ha anunciado que el aporte social beneficiará a los clientes de Deocsa, Deorsa, Eegsa, la Empresa Eléctrica Municipal de Retalulheu, la de Joyabaj y la Empresa Eléctrica de Playa Grande. La siguiente tabla nos muestra datos orientativos a partir de un análisis simplificado que parte de atribuir a todo el mercado los rasgos de las tres grandes distribuidoras (90 % de la energía distribuida en 2020), y de que sus usuarios se distribuyen de manera proporcional entre los distintos rangos de consumo: Eegsa el 50.6%, Deocsa el 28.4 % y Deorsa el 20.8 %.

Fuente: Elaboración propia con datos del AMM, CNEE, Inde

Si todos los usuarios consumieran el máximo dentro de su rango, el aporte del Estado sería aproximadamente de 277 millones y parece que se podría cubrir con los aportes extraordinarios al Inde si el estado de Calamidad durase tres meses. En esa situación, a los usuarios que consumieran menos de 301kW, por su parte, les correspondería pagar una cantidad parecida: más de 258 millones mensuales.

A esto habría que sumar alrededor de un 9 % de consumidores que supera esa cantidad y que tendrían que pagar completa su factura.

¿Están preparadas las empresas para financiar esos retrasos?

De la situación financiera del sector energético conocemos muy poco: Ignoramos la liquidez de las distribuidoras, y la estructura de costos del sector, aunque algunos empresarios sostienen que los fijos son altos, y por lo tanto seguirán teniéndolos aunque caigan el consumo y la producción.

Lo que sabemos es cuánto deben las empresas al sistema bancario. Entre 2002 y 2017 la deuda de los sectores de electricidad, gas y agua aumentó significativamente. Del 1.3% de la cartera total se elevó al 8.8%, que equivalía a 16,100 millones de quetzales, según la Superintendencia de Bancos. En concreto, los créditos bancarios al sector energético ascendían a 15,900 millones. Los generadores de energía eran los que acumulaban más deuda dentro del sector, con el 81% (12,900 millones). Transmisión y distribución sumaban el 17% de las obligaciones: 2,700 millones).

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Plaza Pública se puso en contacto con los encargados de prensa de Eegsa y de Energuate (Deocsa y Deorsa) para preguntar cómo les afectaría y si gozan de liquidez para afrontar estos costos. Eegsa no respondió, y Mynor Amézquita, de Energuate, contestó a la pregunta que no se le había hecho: «La decisión de sancionar o vetar el acuerdo 15-2020 es exclusiva del presidente de la República. La empresa acatará las disposiciones legales que correspondan.»