Pagan, pero Energuate les desconecta
Pagan, pero Energuate les desconecta
Miles de familias rurales en 63 municipios del país son víctimas de los cortes de energía eléctrica de Energuate. La Ley General de Electricidad lo prohíbe, pero la empresa desconecta a comunidades enteras con el pretexto de suspender el suministro a pobladores que usan el servicio ilegalmente. Ni las resoluciones judiciales, ni las sanciones por 37.3 millones de quetzales, de las que no han saldado un centavo, han servido para que cesen estas acciones.
Delfina Florián suelta una pequeña carcajada cuando relata que la distribuidora descargó la culpa de uno de los apagones en unos traviesos tacuacines subidos en un transformador.
—¿Cómo se iba a creer? Es imposible.
Delfina Florián es una lideresa comunitaria que se encuentra en el núcleo del conflicto por los cortes de energía eléctrica que realiza Energuate. Preside el consejo comunitario de desarrollo (Cocode) del parcelamiento El Rosario, sector primera calle sur, en jurisdicción de Champerico, Retalhuleu. Es una veinteañera, madre de una niña de cuatro años y un bebé de seis meses, que lleva la voz de una pequeña localidad de apenas 86 habitantes. Este lugar ejemplifica lo que vive casi todo el municipio debido a los apagones.
Aunque la Ley General de Electricidad lo prohíbe, Energuate ha realizado suspensiones colectivas del servicio, sin previo aviso, en decenas de comunidades en 63 municipios del país. Lo confirman los informes de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), que registran cortes en 21 municipios de 9 departamentos solo de enero a octubre de 2021. Y las acciones de amparo de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) en favor de 52 municipios en 15 departamentos del país desde 2018.
La madrugada del martes 12 de octubre, día en que Plaza Pública visitó la casa de los Florián, ella, su papá y mamá, descubrieron que la luz había llegado a las 4:00 de la mañana. Llevaban tres días desconectados.
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A esa hora empezó el tradicional protocolo de correr a conectar los tres celulares al enchufe y encender la bomba de agua. Porque en muchas comunidades de Retalhuleu, el acceso al agua depende de la energía.
Los pozos que hay en las viviendas están tan profundos que la única forma de sacarles algo es a través de electricidad. Y cuando esta se va, la opción que queda es rentar un generador de gasolina para llenar pila, cubetas y tambos de agua para asear y cocinar.
Esto, por supuesto, implica un gasto de 25 quetzales por menos de una hora de servicio.
Energuate es la única empresa que ofrece energía a la mayoría de departamentos del país. Opera a través de Distribuidora de Occidente, Sociedad Anónima (Deocsa), que tiene cobertura en nueve departamentos y en ciertos poblados de Escuintla; y de la Distribuidora de Oriente, Sociedad Anónima, (Deorsa), que provee en diez.
De los servicios de estas dos empresas dependen dos millones de hogares, empresas, instituciones y comercios en 296 de los 340 municipios del país.
Energuate, la empresa de las sanciones millonarias
En El Rosario, sector primera calle sur, y en toda la parte rural de Champerico están desesperados. El problema de fondo es que hay personas que sí pagan por el servicio y que son vecinas de comunidades y personas individuales que se han declarado en resistencia por causa del precio. No pagan, pero consumen al conectarse de forma directa al cableado general.
Delfina Florián dice que a la comunidad que ella representa no le interesa saber de los que se conectan “directo”, como se les conoce a los que se enlazaron al servicio sin pasar por el control del contador de Energuate. A ellos lo que les importa es que la empresa les resuelva el problema. Pero cada vez que hay una reunión con autoridades y la empresa, el asunto de las conexiones ilegales sale a discusión.
“Los cocodes pensamos que lo que quiere Energuate es llamar a un conflicto con las comunidades que están directas”, expone, sin dejar el subibaja de su espalda sobre el lavadero en el que restriega la ropa que no pudo lavar por falta de luz.
Los que se conectan “directo” forman parte de una “resistencia” comunitaria que nació en el corazón de la Guatemala rural, y que en este sector del suroccidente del país está asociada al Comité de desarrollo campesino (Codeca). Un movimiento que promueve nacionalizar la energía como una de sus principales luchas.
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Tachados de “robar” y fomentar el robo de energía, son vistos como la antítesis del desarrollo del sector eléctrico, que en 1996 condujo a la aprobación de la Ley General de Electricidad. Esta opinión surge de la Asociación de Generadores con Energía Renovable y es respaldada por el sector empresarial más tradicional.
La discusión es una herida abierta para un sector social desencantado porque los réditos del aprovechamiento de los recursos naturales quedan en pocas manos.
En 2018, Energuate reportó a la Asociación de investigación y estudios sociales (Asies) que esa resistencia le había provocado casi 400 millones de quetzales en pérdidas. Y que la mayor parte de la conflictividad tenía relación con un tema ajeno a su operación: el descontento por el cobro del alumbrado eléctrico. Una cuota que la empresa no define, y que en muchos casos es más elevada que lo que consumen en los hogares.
El reporte de Asies, titulado Estimación del costo del conflicto social en la distribución del subsector eléctrico en Guatemala, indica que una de las principales motivaciones de la resistencia son las posturas “ideológicas”, vinculadas al conflicto armado interno, con la coacción u orientación de tres actores: Codeca, como el principal, y en menor medida el Frente en Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales (Frena) y el Frente Nacional de Lucha (FNL).
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Ni Delfina Florián ni su comunidad abrazan la causa de la resistencia, pero la idea de que la energía debe regularla el Estado de otra forma no les parece descabellada.
—La verdad, sí, porque ¡mire cuánto es de alumbrado público!
El último recibo que pagaron en casa de los Florián fue de 75 quetzales por dos meses acumulados. La mitad de ese monto fue para del alumbrado eléctrico. Lo demás para pagar el consumo de dos focos ahorradores y una conexión para cargar dos celulares “frijolitos” como se llama a los que solo reciben y sacan llamadas, y uno que sí permite la conexión a internet.
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La idea que se tiene aquí es que la energía sería menos cara si fuera distribuida por el estado. Hasta antes de 1996, las funciones de generación, transporte, comercialización y distribución recaían en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), un ente estatal que todavía existe, pero que ahora comparte la realización de estas actividades con empresas privadas y municipales.
Cerca de El Rosario, primera calle sur, hay seis comunidades conectadas de forma directa a la red de energía.
—El Triunfo, Montecristo, La Gomera, una parte de Aztlán, una de Cuchuapán y una de Victorias el Salto —enumera Hugo Florián, padre de Delfina. En todo Champerico y en todo el departamento de Retalhuleu hay más localidades en resistencia.
La PDH ha logrado en tribunales el amparo para evitar los “cortes generalizados” en más de 30 comunidades en las que hay usuarios al día en sus pagos, pero Energuate pone y quita porque controla la red de distribución.
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Aunque la CNEE, ente rector del sistema eléctrico, que opera dentro de la estructura del Ministerio de energía y minas (MEM), ha multado a la empresa en varias ocasiones y ha resuelto que debe resarcir a los afectados, todo ha quedado en papel.
Desde 2016 hasta 2021 Energuate carga con 37.3 millones de quetzales en sanciones por todas las ocasiones en las que la CNEE ha determinado que violó el artículo 50 de la Ley General de Electricidad.
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Este artículo indica que la empresa puede suspender el servicio “al usuario”, en singular, que no pague por lo que consume, cuando las condiciones del servicio sean alteradas o no cuenten con la autorización del distribuidor. Energuate desconecta de forma generalizada a poblados enteros, incluso a los que sí están al día con la factura. Del monto, 6.55 millones de quetzales son para resarcir a las personas afectadas.
Néstor Herrera, titular de la Gerencia de fiscalización y normas de la CNEE, explica que esto ocurre porque la red de distribución no está hecha de acuerdo a la división política del país. “Lo que sé decirle es que los circuitos de distribución pasan por varias comunidades. Un circuito pasa por varias aldeas, e incluso son interdepartamentales. Al dejar sin energía a alguna comunidad sin duda alguna se afecta a otras”.
Tanto la Corte de Constitucionalidad como la CNEE y la PDH, respaldan a los vecinos cumplidos con sus pagos, al decir que la distribuidora debería ir a los domicilios del problema y desconectar casa por casa, en lugar de hacerlo colectivamente. Los juzgados y la misma CC han ordenado que la Policía acompañe a los empleados de la empresa para que corten selectivamente, pero no se ha concretado.
La CNEE dice que ya agotó todas las medidas que puede imponer. La PDH sigue con los recursos legales. No hay más que hacer para obligar a que Energuate pare esta práctica.
Energuate no ha pagado un solo centavo a la CNEE, sino que ha planteado recursos ante el MEM y los juzgados. Reclama que sufren sabotaje, niega que efectúen cortes generalizados y denuncia que sus empleados son víctimas de intimidación y corren riesgo de ataques cuando van a las comunidades.
El Ministerio Público ha registrado 4,357 denuncias por hechos asociados con las interrupciones de energía eléctrica. De estas, 3,058 vinculadas con las “manipulaciones a la red” han sido archivadas por falta de información de los denunciantes. Este tipo de reportes sirven para justificar las fallas y evitar multas de la CNEE.
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“Cuando discutimos en alguna reunión hemos derramado nuestras lágrimas porque no sabemos cómo hablarles para que nos pongan la luz. ¿Cuál es el mérito de tenernos a oscuras?”, se pregunta Hugo Florián.
A Energuate le han pedido que implemente una red de distribución que no afecte a los usuarios que están al día. La empresa no ha podido porque hay comunidades a las que no logra ingresar y mesas de diálogo en que no alcanzan acuerdos para que los deudores acepten firmar convenios de pago.
Mientras tanto, en El Rosario, primera calle sur, reflexionan en tomar acciones de hecho. Ya bloquearon la carretera hacia Retalhuleu una vez, durante 15 horas, y piensan que, si la situación no mejora, es probable que lo hagan otra vez.
No son los únicos que han pensado en estas medidas como la única opción para exigir sus derechos.
Un bloqueo para exigir la energía
La tarde del 27 de septiembre José Miguel Sánchez sintió que moría cuando respiró el gas blanco que la policía lanzó para dispersar el bloqueo dirigido por él y otros líderes comunitarios. Unos cuantos cientos de personas, incluso mujeres con sus hijos pequeños, madrugaron ese día para impedir el paso de vehículos en la carretera que comunica con todo el suroccidente del país. Una medida de presión para exigir que la empresa Energuate les restableciera el servicio de energía eléctrica.
Bloquear una carretera nacional por un corte de luz es un acto extremo, cuestionable y perjudicial para el comercio y la movilidad de las personas. De eso están conscientes los comunitarios, pero fue lo único que se les ocurrió para llamar la atención de la gobernación, la alcaldía, la prensa, y Energuate, que los afectó sin previo aviso, a pesar de estar al día con los pagos.
El apagón ocurrió la noche del jueves 23 de septiembre en varios poblados de Retalhuleu y Suchitepéquez, al suroccidente del país. Uno de ellos fue el caserío Pajales Sector Sis, en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, en donde viven 55 familias. La comunidad la preside Sánchez, y, como dato geográfico, se ubica detrás de los cañaverales del ingenio El Pilar. Apenas a 10 minutos de distancia de Cuyotenango, un importante municipio de Suchitepéquez.
En este lugar los niños no tienen más diversión que tirarse a un río de aguas frescas y turbulentas en donde las mujeres lavan la ropa. Aunque en algunas casas hay pozos, el agua escasea, así que dependen del servicio entubado que funciona con energía. Después de meses con cortes eventuales y tres días continuos sin corriente eléctrica, sin respuesta de la empresa o alguna autoridad, la desesperación los hizo apoyar el bloqueo.
—Reunimos a la comunidad, y viendo las facturas de todos dijimos que teníamos el derecho de exigir que nos restablezcan la energía eléctrica —relata José Miguel Sánchez.
Además de la distribución de agua, la falta del servicio perjudicó a los niños y jóvenes que estudian en línea, a los tenderos con sus productos perecederos, y a toda una población que a las seis de la tarde quedaba por completo a oscuras, aislada, como en tiempos remotos.
María Sánchez, 23 años, estudiante de ingeniería civil y sobrina de José Miguel, acudió sin dudar al llamado. “Quizá para muchas personas de antes era normal estar a oscuras, pero ya todos nos hemos actualizado con la energía y máximo cuando se es joven y se está estudiando”. Su jornada educativa es dominical, así que perdió un día de clases por el corte, y no es la primera vez que le sucede.
Aunque reconoce que suena contradictorio tomar acciones para exigir un derecho pero limitar otro, sostiene su argumento:
—La manifestación no se hace por mal o por fastidiar a las otras personas, porque yo sé que había quienes tenían necesidad de ir trabajar o ir al otro lado… sino para llamar la atención para que se dieran cuenta de que tampoco podíamos quedarnos de brazos cruzados —explica María.
Su tío José Miguel no olvida que la única autoridad que se acercó a la manifestación fue un comisario que les pidió desalojar, pero no se movieron un centímetro porque la misión era negociar la liberación del paso a cambio de la reconexión eléctrica. De aquel momento, recuerda cuando sintió el impacto de las lacrimógenas.
—A mí me cayó una bomba aquí cerquita, yo ya me moría, apenas me salía el resuello. Como pude agarré mi moto y me fui con mi suegra, que vive en Cuyotenango, y ahí me dieron un trapo mojado con vinagre para poder respirar. Y no solo yo viví eso, ahí había mujeres y niños, y los bomberos, que incluso ellos se ahogaron.
Después de las primeras bombas lacrimógenas la población se dispersó y quedaron en pánico y a oscuras en sus casas. Estaban tan resueltos a exigir sus derechos que volvieron a bloquear al día siguiente, martes 28 de septiembre, quinto día sin servicio eléctrico.
Entonces apareció el alcalde, que ofreció mediar con la empresa. La energía regresó por la noche a ciertos poblados afectados de Retalhuleu y Suchitepéquez. Todavía hay muchos a oscuras.
Vecinos de la resistencia
A 40 minutos de Pajales, sector Sis, sobre una carretera de terracería y después de varios kilómetros de caña, se encuentra Buenos Aires, un microparcelamiento de San Miguel Villa Seca en el que viven 400 familias. La mitad de la población tiene conexión eléctrica desde el 2000, pero desde el 26 de agosto les han suspendido el servicio.
Se lo cortaron sin previo aviso. A pesar de que varios estaban al día en sus pagos.
Nicolás Velásquez Yes, presidente del Consejo comunitario de desarrollo de Buenos Aires, ha estado de reunión en reunión dentro y fuera de la comunidad para buscar respuestas de la empresa y trasladarlas a los vecinos. Una tarde de mediados de octubre recorría el pueblo en su motocicleta, equipada con una bocina, un micrófono y un altavoz, para anunciar una junta en la cancha polideportiva.
—Energuate aduce que no son cortes, sino fallas técnicas —cuenta.
Por supuesto que esa versión no se la creen.
En el microparcelamiento Buenos Aires dicen que les han quitado el servicio de forma intencionada, porque son vecinos de las comunidades Nueva Lolita, San Antonio El Mangal y Barrenitos, que son poblaciones en resistencia.
—Lo que pretende Energuate es provocarnos a nosotros para que nos peleemos con las otras comunidades.
La resistencia es el título con el que se identifica a los poblados y personas que se oponen a pagar la luz, pero que se conectan para tener el servicio. En estos poblados nació apenas llegó la energía eléctrica, a inicios del 2000. Las mismas personas que trabajaron bajo el sol para que los postes y el cableado llegaran a sus comunidades se desencantaron con la primera factura porque no la podían costear. Aproximadamente en 2008 la inconformidad pasó a otro nivel, cuando empezaron los registros de conexiones ilegales.
La resistencia en esta parte del país, ya lo dijimos, está asociada a Codeca. Varias comunidades y pobladores individuales se han unido a su causa, aunque no todos están vinculados con la organización. La forma de sumarse a la resistencia va desde quitar los contadores para que no quede registro del consumo, hasta enlazar los cables de la vivienda hacia el tendido eléctrico más cercano. Hay poblados que llevan años así.
En 2021, el costo del kilovatio para el occidente del país iba de 1.86 a 1.99 quetzales. El valor más bajo es para los usuarios de la tarifa social, que reciben subsidio si no superan los 300 kilovatios al mes.
A este hay que sumar otros cobros, entre ellos el de alumbrado público, factor común de la conflictividad, porque muchas veces resulta más elevado que lo que pagan por el consumo domiciliar.
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Energuate ha presentado ante los juzgados y la CNEE reportes de la conflictividad social que enfrenta. Hay municipios que suman cinco u ocho millones de quetzales en deudas por consumo, a los que no puede desconectar porque les prohíben el paso e intimidan o retienen a los trabajadores.
El gobierno central y el local han establecido diversas mesas de diálogo para buscar soluciones. Aunque en algunos casos Energuate ha llegado a acuerdos de pago con las comunidades deudoras, terminan por incumplirse.
Álex Colop, director de auxiliaturas de la PDH, afirma que le han contado que, aunque quisieran saldar la deuda, no pueden debido a su pobreza y desempleo. Y si no pagan, el monto aumenta con el tiempo, pero tampoco pueden prescindir del servicio. Solución: se conectan ilegalmente.
Colop dice que esta situación no justifica las acciones de Energuate, y refiere que la empresa debería presentar las denuncias en el Ministerio Público. Desde 2015 hay un equipo de fiscales dedicados a investigar denuncias por hurto de fluidos, amenazas y agresiones a empleados, y, entre otros, robo de transformadores de energía en la capital que terminan en poblados rurales, de acuerdo con el fiscal Mario Braham.
Néstor Herrera, de la CNEE, y Álex Colop, de la PDH, coinciden en que la única salida ante todas las aristas del problema es el diálogo. Colop apunta a que quienes participen deben tener poder de decisión y evitar cambios, porque ocurre que el seguimiento lo dan personas distintas y esto perjudica los procesos.
Herrera coincide y apunta una reflexión: “Quien consume sin pagar produce una hemorragia de energía que, si no se paga... pone en riesgo la sustentabilidad de todo el sistema eléctrico”.
El caos del que habla Herrera suena grave, tanto como dejar desconectadas a miles de personas que sobreviven en condiciones de profunda exclusión. Las familias del microparcelamiento Buenos Aires dependen de la agricultura de subsistencia y muchas viven del trabajo de recolección de caña. Están tan aisladas por ubicación geográfica, pero también porque viven en una zona rural con una carretera para la que no hay recursos ni interés de asfaltar.
Aquí estudiar es una osadía. Solo un 10 por ciento cursaron básicos, un 2 por ciento diversificado, y menos de dos de cada mil llegaron a la universidad. La mayoría subsiste del comercio, la migración a Estados Unidos o a la capital de Guatemala y del trabajo en la zafra cada año.
Un generador eléctrico gracias a las remesas
Carlos Roberto Pérez, un jubilado de 76 años, recién estrenó un generador eléctrico que funciona con gasolina. El precio del mercado, dice, es de unos 10,000 quetzales.
—Esta me la mandó mi hijo que está en el norte (Estados Unidos). Yo, ¿con qué pisto?, si apenas me alcanza para comer.
El generador inicia a trabajar por la noche, de una a un máximo de dos horas cada día, para sacar agua del pozo y llenar pila, toneles, cubeta y cuanto trasto se les atraviese, y encender un rato la luz para no cenar a oscuras.
Carlos Roberto Pérez vive con su esposa, Sara, de 74 años. Sus ocho hijos han hecho vida en otras localidades. El que vive en Retalhuleu se encarga de darle mantenimiento a la estridente máquina, porque necesita limpieza y cambio de aceite.
—¿Y la gasolina?
—Esa la pago yo, le pido favor al de la camioneta y me la trae. El galón aguanta para dos días y vale 30 quetzales el galón, porque no come regular, come súper —dice con una risa explosiva.
Agotado el momento de comedia, reconoce que en diez días consumió 150 quetzales, más de lo que le pagaba a Deocsa cada mes, en promedio 125 quetzales. Su inversión incrementó porque el precio del combustible creció hasta casi 31 quetzales por galón en noviembre.
Nicolás Velásquez Yes, el presidente del Cocode de Buenos Aires, dice que quieren dar la pelea por la vía legal. A diferencia de sus vecinos de Pajales Sector Sis, no piensan todavía en las acciones de hecho.
En Buenos Aires hay desesperación y un sentimiento de abandono. Carolina López, una joven madre de 28 años, señala que los que más sufren son los niños. El río más cercano está contaminado y no pueden bañar a los niños muy seguido porque hay que comprar el agua. Ni siquiera les pueden dar una bebida fría porque nadie en el pueblo ha podido encender una refrigeradora. Compran hielo, pero dura poco tiempo porque aquí todo el tiempo hace mucho calor.
—En la madrugada ni se mira la comida que estamos cocinando —explica.
Se levantan de madrugada para preparar los alimentos a los esposos, padres y hermanos que salen a trabajar al campo y vuelven hasta el atardecer.
Al oscurecer, varias personas se niegan a que la vida se les apague por falta de luz. Una tienda está abierta hasta las 8:00 pm con la ayuda de un generador de gasolina, la iglesia evangélica también tiene uno que compraron con las ofrendas. Gracias a eso convocan a diario al culto. Las vendedoras de tortillas iluminan la venta con una vela. Una adolescente que cumplió 14 años es festejada por su familia. Los globos de colores adornan un patio con tres mesas para los comensales. Las gallinas duermen en las ramas de los árboles mientras las personas hablan y el generador emite su zumbido.
Plaza Pública buscó comunicación con Energuate desde el 19 de julio. Mynor Amézquita, comunicador de la institución, recibió la consulta telefónica y pidió que se le enviaran las preguntas por escrito. Nunca más atendió los mensajes a su WhatsApp ni las llamadas.
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