Ley de Bukele podría obligar a medios de comunicación a borrar noticias
Ley de Bukele podría obligar a medios de comunicación a borrar noticias
Después que dos publicaciones de El Faro y Focos mostraron el incremento de patrimonio del presidente y su familia, la Asamblea Legislativa salvadoreña reguló el derecho de su ciudadanía a solicitar la eliminación o bloqueo de datos personales en registros públicos y privados, incluidas páginas de internet y buscadores. La normativa tiene una redacción ambigua que podría ser utilizada para borrar investigaciones periodísticas.
El Congreso de El Salvador aprobó la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información y la Ley de Protección de Datos Personales. Las normativas regulan el uso de la información de los salvadoreños y establecen el derecho al olvido — como se denomina a la potestad de pedir a los buscadores (como Google) que retiren resultados de las consultas relacionadas con el nombre de una persona—.
Según expertos, la redacción de ambas leyes podrían dar pie para obstaculizar la publicación de investigaciones periodísticas y acosar legalmente a medios de comunicación.
Las dos iniciativas fueron propuestas por la Presidencia de Nayib Bukele, a través de su Secretaría de Innovación. «Seremos el primer país en Centroamérica en mantener una normativa de ciberseguridad combinada con la protección de datos», aseguró el secretario de Innovación, Daniel Méndez, durante la presentación del proyecto.
La iniciativa de Ley de Protección de Datos garantiza el derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa; es decir, da a las personas la potestad de elegir qué información personal desean hacer pública. En ese sentido, podrán exigir a agencias estatales o privadas información sobre los datos personales que registran, y rectificarlos o borrarlos si así lo desean. Sin embargo, comenzaron a surgir preocupaciones sobre otras implicaciones de la ley en la medida que se dieron a conocer detalles.
En un primer borrador, la ley incluyó la posibilidad de restringir la publicidad de los datos de registros públicos como el catastro nacional y el registro de comercio, dos bases de datos abiertas en casi todo el mundo. Esto, semanas después de que la prensa salvadoreña revelara, primero, que Bukele y su familia compraron terrenos y propiedades valorados en $9.2 millones durante su primer mandato. Segundo, que el Gobierno adquirió dos terrenos para construir una nueva residencia presidencial a unos metros de la casa personal del mandatario. Si la propuesta se hubiera mantenido, investigaciones de este tipo hubieran sido mucho más difíciles de respaldar con documentos oficiales.
Finalmente, tras la polémica generada, los registros públicos se excluyeron de la propuesta a solicitud del diputado oficialista Caleb Navarro. Pero las amenazas a la libertad de prensa e información no acabaron ahí.
El artículo 10 de la Ley de Protección de Datos señala que los titulares de la información personal o sus representantes podrán solicitar su eliminación a instituciones que los registren. Incluye a portales web, como páginas de medios de comunicación, o buscadores como Google, empresa con la que el Gobierno salvadoreño firmó un acuerdo de colaboración para modernizar y digitalizar los servicios públicos en salud, educación y trámites estatales.
De redacción ambigua
El inciso c) establece que la eliminación de datos no aplicará cuando estos «sean necesarios para ejercer el derecho a la libertad de expresión, de información y prensa». Aunque también aclara que «en estos casos deben cumplir con el principio de exactitud, es decir, no se pueden utilizar o difundir datos personales que sean inexactos, incompletos o desactualizados».
Un análisis de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, señala que la ambigüedad de los términos utilizados en la excepción podría provocar la aplicación arbitraria de la ley. La «inexactitud» de los datos podría ser una justificación para que funcionarios o particulares señalados de corrupción soliciten cambiar o eliminar su información de publicaciones e investigaciones que revelen información de interés público.
En septiembre (2024), Andrés Guzmán, nombrado por Nayib Bukele como Comisionado Presidencial para los DDHH y libertad de expresión de El Salvador, justificó la restricción de la Policía Nacional Civil a una cobertura periodística durante el Régimen de Excepción, bajo el argumento de que los agentes tenían derecho la protección de los datos y la imagen personal. Esto ocurrió luego de que la APES denunciara que un policía «amenazó verbalmente» y «restringió» el ejercicio de su labor a dos fotoperiodistas que cubrían una actividad del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción.
El comisionado respondió al tuit en el que la asociación emitió la alerta y señaló: «Si bien cualquier agente del Estado de El Salvador puede ser filmado en el ejercicio de sus funciones, la publicación de su imagen debe regirse por las normas que resguardan la libertad de expresión y, especialmente, por el derecho fundamental a la propia imagen (...), señaló. La Constitución de El Salvador y otras normativas, como la Ley de Protección de Datos Personales, establecen mecanismos para salvaguardar este derecho, sin perjuicio del acceso a la información pública», agregó, a pesar de que en ese entonces la Ley de Datos ni siquiera había sido presentada en la Asamblea.
En repetidas ocasiones, Guzmán ha negado ante entidades de la comunidad internacional, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en El Salvador se violen derechos humanos, se restrinja el acceso a la información y la libertad de prensa.
La misma ley que vetó Bukele
La aplicación y supervisión de la Ley de Protección de Datos estará a cargo de la Agencia de Ciberseguridad del Estado, en adelante ACE o la Agencia, se encargará de controlar, inspeccionar y supervisar a las instituciones obligadas. Además, ejercerá la potestad sancionadora en materia de protección de datos personales y garantizará la protección de datos personales. La institución está creada por la Ley de Ciberseguridad, según la cual, su director será nombrado directamente por el Presidente de la República.
La diputada de oposición, Marcela Villatoro, del partido ARENA, afirmó que la ley presentada por el Ejecutivo es una «copia» de un proyecto de ley aprobado por la última Asamblea con mayoría opositora, en 2021, la cual fue vetada por Bukele. Sin embargo, lamentó que esta nueva versión incluya una entidad supervisora centralizada en el Ejecutivo, al contrario de la primera propuesta, que creaba un ente tripartito conformado por la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y universidades.
«Se buscaba que fuera una entidad completamente independiente y que protegiera los derechos de los ciudadanos. En este caso, nos vamos a ver en la penosa situación de que nuestros datos van a estar sujetos a la decisión que tome por completo el Ejecutivo. Ojalá actúen de forma independiente y que no se vaya a prestar a otras interpretaciones», dijo.
La Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA) sugirió revisar las leyes y considerar la exclusión de los medios de comunicación. «Aunque el proyecto contempla exclusiones de consentimiento para datos obtenidos de fuentes públicas y de cancelación de datos personales, cuando estos sean relevantes para la libertad de expresión y de prensa, lo cierto es que sigue vigente la posibilidad de presentar solicitudes de acceso y de rectificación, y se puede abusar de dichas herramientas para hacer incurrir a los medios en costos legales impagables que les impidan operar con normalidad»,indicó Carlos Palomo, representante de la organización.
La necesidad de proteger los datos personales de la ciudadanía ha cobrado relevancia en El Salvador durante el último año. Un grupo de hackers que se autodenomina CiberinteligenciaSV ha publicado una decena de bases de datos de instituciones públicas. A la fecha, el Gobierno salvadoreño no ha emitido ningún comentario al respecto.
Bukele aún no se pronuncia sobre las leyes aprobadas. Mientras la discusión de la ley se desarrollaba en la Asamblea, el presidente era condecorado en Costa Rica por su homólogo Rodrigo Chávez. La Gran Cruz Placa de Oro es el honor diplomático más grande del país y fue entregado a Bukele por sus logros en materia de seguridad. Durante la visita ambos presidentes anunciaron la firma de un acuerdo para crear «La Liga de Naciones», con el propósito de desarrollar políticas conjuntas de desarrollo, también alineadas con el nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.
La llegada de Bukele a Costa Rica no estuvo exenta de polémicas. Ciudadanos de ese país se quejaron de la llegada de militares salvadoreños en su territorio, como parte de las brigadas de ayuda humanitaria ofrecida por Bukele debido a las inundaciones provocadas en ese país por los remanentes del huracán Rafael.
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