La empresa pública que se volvió privada y volvió a ser pública

En una ciudad de un país tropical de América Latina, ubicada en un valle a unos 1,500 metros sobre el nivel del mar, sus habitantes se expresan con orgullo del privilegio que les da “la eterna primavera” del lugar en que viven, a pesar de que los problemas de inseguridad siguen aquejándolos.

Es Medellín, cabecera del departamento colombiano de Antioquia.

Aquí está la sede de Empresas Públicas de Medellín (EPM), la principal propietaria desde octubre de 2010 del consorcio Distribución Eléctrica de Centroamérica II (Deca II), al que pertenece la Empresa Eléctrica de Guatemala (Eegsa).

Al igual que la capital de Guatemala, Medellín tiene zonas que pueden engañar al visitante e insinuarle una buena calidad de vida en todo su territorio. En contraste, hay áreas mucho más pobres, identificadas por los vecinos como las más peligrosas.

Sin embargo, la ciudad colombiana también tiene características que la diferencian de la capital guatemalteca. Un ejemplo son sus obras públicas, muchas de ellas posibles gracias al apoyo financiero que EPM representa para el municipio.

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Como su nombre lo indica, la empresa –fundada en 1955– no tiene participación privada entre sus accionistas. EPM pertenece a la municipalidad de Medellín. Entre sus competencias está la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica; además de proveer agua potable, drenajes y extracción de basura. Algunos de estos servicios los ofrecen en toda Colombia.

Si bien es una de las empresas más grandes de su país, tanto públicas como privadas, su crecimiento dentro de Colombia parece haber llegado a un punto máximo. La legislación colombiana antimonopolio establece ciertos límites a la porción de mercado de la que puede gozar una empresa generadora, comercializadora y distribuidora de energía eléctrica. EPM se encuentra ya cerca de ellos.

Según David Suárez Tamayo, exsecretario general de la compañía, EPM aún puede crecer un poco dentro de Colombia, siempre que no absorba a otra gran compañía, pero admite que desde hace 20 años se contemplaba la posibilidad de buscar nuevas fronteras.

EPM posee ahora empresas de servicio eléctrico en México, Panamá, Chile, El Salvador y Guatemala.

Las transferencias de las utilidades

La compañía se ha convertido en uno de los principales motores de inversión social para la ciudad colombiana. Como propiedad municipal, transfiere ordinariamente alrededor del 30% de sus utilidades, que significan cerca del 25% del presupuesto de la comuna. El monto de las transacciones se decide por medio de un acuerdo municipal. “Le han sacado hasta el 40%”, asegura Suárez Tamayo. Pero no representa la única entrada que EPM le da a Medellín. También le aporta dinero en transferencias extraordinarias por decisión municipal específica, apoya los actos culturales y deportivos del municipio y paga sus impuestos, al país y a la ciudad, según le ordena la ley. El resto de los ingresos queda a disposición de la empresa.

El resultado es que entre 2008 y 2011, EPM transfirió el equivalente a más de US$ 1,200 millones de dólares al municipio antioqueño, cuyo presupuesto para este año sobrepasa los US$2 mil millones en una ciudad de unos dos millones de habitantes –cerca de quince veces el de la comuna de la ciudad de Guatemala, cuya demografía es de cerca de un millón de personas. En el momento en que EPM decidió salir de las fronteras colombianas, se ampliaron también las oportunidades para su ciudad, pues las utilidades de las filiales también contribuyen al desarrollo de Medellín. Sólo la adquisición de Eegsa aportó más de un millón de nuevos usuarios, con lo que la compañía supera los 4 millones.

La información pública de la compañía muestra una renta líquida, libre de gastos y sujeta a impuestos, por el equivalente de unos US$ 886 millones por sus operaciones en Colombia y en el extranjero, durante 2011, y unos US$ 1,082 millones por las operaciones de 2012.

La parte que aporta Guatemala está incluida en ese monto, que también da dividendos a la central y, con esto, a las transferencias que recibe el municipio, según lo explica Adriana Palau, directora de Planeación Institucional de EPM.

Entre 2010 y 2013, la compañía ha recibido US$245 millones como resultado de los dividendos de Deca II en Guatemala, que se suman a las ganancias totales de la matriz colombiana. ¿De dónde salen estos recursos? Un anuncio publicitario de Eegsa en los medios impresos guatemaltecos que se publicó en abril de este año ayuda a explicarlo:

“¿Cómo se distribuye cada quetzal que pagas en tu factura de electricidad?” decía el anuncio. Un 67% se destina al pago de generación y distribución de la energía, un 20% es para impuestos en Guatemala y el 13% restante es para invertirse en los rubros que Eegsa definió de esta manera: “la más alta tecnología”, “innovaciones constantes en la red” y “servicio para atenderte cada vez mejor”.

Este 13% último corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD), determinado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. En realidad, no todo se ha reinvertido, pese a lo que decía el anuncio. Una parte de ese 13% se convirtió en dividendos y se repartió entre los accionistas de la empresa. Lo que le correspondía a EPM se le trasladó a la municipalidad de Medellín. “su propietario”.

EPM no es el único dueño de Eegsa. La compañía colombiana tiene 80.9% de las acciones. Un 14% está en manos del Estado guatemalteco y el resto les corresponde a inversionistas privados.

Cuánto se reinvierte depende de lo que decida la empresa guatemalteca (EPM y sus socios nacionales). “Eso se decide mediante el plan de negocios y la dinámica se irá definiendo en los próximos 10 años”, sentencia Adriana Palau, directora de Planeación Institucional de EPM, y explica que las transferencias que han recibido durante los primeros años responden al plan de negocios que existía antes de que adquirieran la empresa guatemalteca.

Empresas privadas de Guatemala

Guatemala, así como Colombia, también tuvo empresas totalmente públicas dedicadas a la energía. Antes de 1998, Eegsa, distribuidora para Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla, era mayoritariamente estatal.

El Instituto Nacional de Electrificación (Inde), también público, tenía a su cargo la generación, transporte y distribución en los 19 departamentos restantes.

En julio de 1998, durante el gobierno de Arzú, se sometió a licitación internacional la venta del 80% de las acciones de Eegsa. La estadounidense Teco Power Services, la española Iberdrola, y Electricidade de Portugal, constituidas en la sociedad Deca II, pagaron US$520 millones por la distribuidora guatemalteca.

Víctor Suárez, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) en 1991; presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social entre 1996 y 1998, y secretario de la Junta Directiva de Eegsa de 1997 al 2000, sostiene que el proceso para eliminar los monopolios de la energía y abrir el mercado se concretó en la presidencia de Álvaro Arzú, pero había empezado en tiempos de Óscar Humberto Mejía Víctores, También menciona que en aquella época predominaba la ineficiencia, la corrupción y los apagones, además del desvío hacia estas empresas de recursos estatales que podían haberse usado en educación o en salud.

Este punto de vista no es compartido por Fulvio Orellana, sindicalista del Inde antes de la privatización y actual secretario general del Sindicato Regional de Trabajadores de la Distribuidora de Electricidad de Occidente Anexos y Conexos (Sirtradeocsac), uno de los dos sindicatos de la empresa privada de distribución Deocsa.

Orellana argumenta que la privatización de la electricidad en Guatemala no evitó las altas tarifas y que las experiencias en países como Costa Rica muestran que, aún con precios bajos para el consumidor, es posible darle utilidades al Estado que se pueden convertir en inversión social.

Durante la etapa previa a la privatización, uno de los señalamientos más frecuentes era que al vender la compañía pública lo que se pretendía en realidad era poner en manos particulares las ganancias. Así lo explica el documento La Electrificación en Guatemala: Análisis de los proyectos de ley presentados al Organismo Legislativo, elaborado por Rafael Piedrasanta y Columba Sagastume para el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (Ceur), de la Universidad de San Carlos, en 1996.

El estudio hace referencia a que la Eegsa generaba utilidades cercanas a los Q12 millones anuales. En 1994, fueron de Q12.3 millones.

En Medellín, la línea del metro que atraviesa la ciudad en un poco más de media hora es un ejemplo de cómo EPM contribuye a que la municipalidad invierta en obras públicas y desarrollo social. Las unidades de este servicio se mantienen en buenas condiciones y por un precio cercano a US$1 constituyen el principal medio de transporte de los habitantes dentro de Medellín. Con ese mismo dólar es posible transbordar en estaciones de rutas complementarias o de líneas de teleférico que llevan a las personas a las colonias ubicadas en las faldas de las montañas que rodean el valle de la ciudad.

No obstante, el modelo de EPM aún genera alguna controversia dentro de su país. Una de las quejas más comunes es que los usuarios a nivel municipal y nacional pagan tarifas cada vez más altas –en 2009 hasta cuatro veces la inflación– por los servicios que reciben, por lo que se cuestiona la eficiencia real.

La supervivencia en tiempos de privatización

Guatemala no es el único país que privatizó buena parte de sus empresas públicas durante la década de 1990. Los países latinoamericanos en general adoptaron políticas similares y Colombia no fue la excepción.

En ese país se eliminaron los monopolios y se abrió el mercado para mayor oferta de servicios públicos por medio de la Ley 142 de 1994. Con la normativa se obligó a todas las empresas estatales a constituirse en sociedades anónimas. Podían ser públicas, privadas o mixtas. Suárez Tamayo, el exsecretario general de EPM, señala ese momento como el punto de partida para que la mayoría de empresas públicas colombianas hoy se encuentren totalmente privatizadas.

“En EPM hubo una intentona de privatizarla”, asegura. El alcalde en ese momento, relata, propuso dividirla en dos: servicios y telecomunicaciones. A cada una de estas partes se le inyectaría capital privado. No obstante, 17 de 21 votos dentro del concejo municipal determinaron que EPM seguiría siendo pública. “A veces se ataca mucho a la clase política, pero en este caso hay que pensar en cuántas presiones y cuánto lobby se había hecho con los concejales y, sin embargo, decidieron que no”, enfatiza.

Las telecomunicaciones se separaron de los otros servicios en 2006, con la creación de UNE. Esta compañía fue propiedad absoluta de EPM hasta febrero de 2013, cuando EPM y la sueca Millicom, acordaron la fusión de UNE y Tigo en Colombia. Los términos establecen que EPM tendrá una acción por encima del 50% del total y se espera que el proceso esté concluido en 2014.

EPM mantiene la ruta que trazó hace 19 años, a pesar de que los mandos más altos se cambian periódicamente, ya que es el alcalde quien nombra al gerente general y con él pueden cambiar también algunos puestos de confianza.

El exsecretario de la ahora multinacional sostiene que el poder en EPM lo tienen generalmente los mandos medios, “tecnócratas”, que no permiten que las decisiones políticas afecten el desempeño de la empresa. “En EPM existe el dicho de que se necesitaría de cuatro malos gobiernos municipales seguidos para hacerla tambalear”, agrega el exdirectivo.

Entre los ciudadanos es común escuchar comentarios favorables a las empresas públicas y privadas de la región, EPM entre ellas. Suárez Tamayo atribuye la simpatía de los usuarios a la eficiencia de la compañía. “Cuando se va la luz es sólo por unos segundos”, asegura; pero también aclara que la compañía es muy dura, tanto con sus contratistas como con sus usuarios.

Su severidad llega al punto de que en ocasiones ha sido criticada por violaciones de derechos humanos tras interrumpir un servicio por falta de pago en casas en las que viven niños o ancianos. “La corte manda sus resoluciones contra EPM, pero siguen haciéndolo”, añade.

Entre las críticas que ha recibido la empresa también está el endeudamiento constante para financiar su expansión, como resultado de las decisiones de su junta directiva y los efectos que esto puede tener en la situación real de la compañía.

La tendencia hacia las privatizaciones en Colombia aún no concluye y actualmente persiste el debate por la venta de la generadora de energía Isagen, propiedad en su mayoría del Estado colombiano y reconocida en el país sudamericano por su solvencia y eficiencia.

De concretarse esta privatización, EPM puede ser uno de los interesados en adquirir una pequeña parte, al menos hasta donde los casi agotados límites de participación en su mercado nacional le permiten.

No obstante, Suárez Tamayo cuestiona el beneficio de quedar con una porción pequeña, lo que implicaría también una pequeña capacidad de decisión frente a un propietario privado. Si finalmente EPM decide hacerlo, posiblemente quedaría en una situación similar a la del Estado guatemalteco frente al capital privado después de la venta de Eegsa.

Adaptarse al nuevo mercado

A pesar de todos los posibles beneficios que representa para la empresa, operar fuera de su país implica adaptarse a nuevas reglas, no sólo en términos legales, sino también culturales.

 “Los principios de la regulación son muy similares, pero cada geografía tiene su propia particularidad”, expresa Palau, la directora de Planeación Institucional de EPM. Sin embargo asegura que todos los posibles aspectos que pueden afectar el desempeño de la empresa en Guatemala se analizaron debidamente antes de dar paso a la expansión.

“Somos muy juiciosos para entender la cultura y las normativas del país y hacer las adaptaciones que sean necesarias”, agrega, en referencia a las condiciones del mercado, las regulaciones empresariales y la aceptación de los usuarios en el nuevo campo de operaciones.

Pero más allá de las similitudes o diferencias que pueda haber en las regulaciones de los dos países, salta a la vista una diferencia enorme entre ambos: en Colombia el sistema permitió una empresa pública eficiente, en expansión y, por el momento, sin el riesgo de dejar de ser una de las fuentes de ingresos más importantes de una ciudad entera; mientras que en Guatemala, el Estado vendió una empresa que generaba utilidades en un período caracterizado por la oleada de privatizaciones y que, irónicamente, ahora forma parte de una compañía pública en proceso de expansión.

Nota de edición: (5 de diciembre a las 17:30) Como señaló un lector, existía una errata en la población de la Ciudad de Guatemala. El artículo decía que tiene cuatro millones de habitantes, cuando en realidad apenas llega a uno. Ya se corrigió.