Arnoldo Vargas, el primer narcotraficante que ganó una elección en Guatemala

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La entrevista con El Fantasma fue en 2016. El narcotraficante, teniente retirado y lugarteniente de los Lorenzana, esperaba aquellos días en la cárcel Mariscal Zavala, en ciudad de Guatemala, para ser extraditado a Estados Unidos.

—-¿Por qué allá las condenas a algunos narcotraficantes son pequeñas y después de cumplirlas no regresan al país? —-le preguntó el reportero.

—-Se quedan en Estados Unidos porque delataron a su estructura acá. —-respondió Marlon Meoño Monroy, El Fantasma—-. Los que regresan sí cumplieron su condena completa, porque no son soplones. Y eso, entre los narcos, se considera respetable.

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Arnoldo Vargas Estrada regresó a Guatemala en el verano de 2017, después de pasar 25 años en cárceles de Nueva York y Kentucky. Y fue recibido con el respeto del que hablaba El Fantasma.

Ex comando civil en la guerra y exalcalde de Zacapa, Vargas había sido extraditado en 1992 y venía de cumplir casi completa una sentencia de 30 años y cinco meses por conspirar, importar, poseer y distribuir cocaína hacia Estados Unidos. Se suele decir que fue el primero de la larga lista de poderosos narcos guatemaltecos a los que las autoridades han capturado y mandado hacia el Norte, incapaces de garantizar que en sus propias fronteras se haga justicia o, siquiera, que los contengan los muros de una cárcel. Vargas no fue en realidad el primero —Maynor Sarceño había sido extraditado un par de años antes—, pero su relevancia abrió una nueva era.

Por su regreso, a los vecinos se les invitó a una fiesta. «¡El sábado habrá bienvenida en Manzanotes!», escribió en Facebook el periódico El Gráfico de Oriente. «Para todos los amigos y amigas que quieran acompañarnos a la gran caravana de bienvenida a Noldo Vargas, saldremos del puente Blanco», decía la convocatoria.

En las emisoras de radio locales y en redes sociales sonó un corrido en su honor. Sobre un fondo de música norteña, un cantante simulaba ser Vargas: «Creo que les falló su plan/ si querían que me pudriera en el penal».

Los videos que documentaron la entrada triunfal de Vargas en Zacapa, cabecera de un departamento fronterizo con Honduras, a 150 kilómetros al este de ciudad de Guatemala, están al alcance de quien los busque en la red. En uno, mientras suena con marimbas el himno popular «Soy de Zacapa», se le ve recorrer las calles en el asiento del copiloto de un picop, seguido de una veintena de motos y otros vehículos, rodeado de curiosos o de vecinos que se acercan a abrazarle.

Vargas, que tenía 46 años cuando fue extraditado, volvió con 71 y el pelo blanco. Ese día lo cubrió con una gorra negra, adornada con laureles dorados y las palabras United States (Estados Unidos) al costado, como las que los migrantes visten a menudo al regresar. Aunque lo hizo en un vuelo de deportados el 12 de julio de 2017, junto a hombres y mujeres rotos por no lograr quedarse a trabajar en un país que les exigía visa, a él su familia lo esperaba para trasladarlo en helicóptero a Zacapa.

Su bienvenida fue tres días después, el sábado 15. La caravana atravesó el parque central, calles comerciales atestadas de gente y esquinas descuidadas. En una, seis mujeres lo siguieron con la mirada, curiosas y sonrientes. La única sin un chiquillo en brazos le aplaudió.

Cuando la comitiva llegó a Manzanotes, la aldea donde es originario, Arnoldo Vargas subió a la plataforma de un camión convertida en escenario y desde allí dio un largo discurso ante unos 400 seguidores: «Quiero decirles que estoy fascinado», fingió sorpresa. «Fueron 9,638 días los que estuve preso. En horas estuve 232,412».

Héroe y mártir, dio su versión de lo ocurrido el 27 diciembre de 1990, cuando lo detuvieron: «Fue en mi casa, a las 8 y media de la mañana. (Aunque) el parte policiaco decía que a las 5:30 de la tarde yo estaba ubicado en el puente Purilhá con dos carros cargados con cocaína…», Vargas hizo una pausa y un gesto de negación: «Por Dios que es mentira».

Y repitió varias veces al público «todos están aquí». Y en cada una les agradeció.

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«No, no todos salimos a encontrarlo», aclara indignada una vecina de Zacapa que, como muchas de las fuentes de este reportaje, pide que se oculte su nombre por miedo. Una semana después de su entrevista, en el pueblo asesinaron a tiros a Miguel Ángel Villeda García, candidato a concejal suplente del partido Viva. Un niño de cuatro años resultó herido en el ataque.

«Para un grueso de la población, Vargas es un héroe, una gran persona porque a muchos los ha ayudado económicamente», dice la mujer. «A veces son láminas de zinc, dinero para su medicina o para celebrar un cumpleaños. Cosas sin esencia, pero que la gente considera importantes. Cosa fácil para un emprendedor de su naturaleza… usted me entiende».

Se refiere, claro, a los negocios ilícitos que forjaron su nombre en los años 80, le hicieron alcalde en 1985 y le dieron la reelección en 1990. A los mismos que llevaron a la extradición de Arnoldo Vargas en el 92 y, según fuentes en sucesivos gobiernos de Guatemala, siguieron alimentando el poder político y territorial de la familia Vargas mientras su patriarca estuvo en la cárcel. Los negocios de narcotráfico que hoy, en 2023, reinan todavía en Zacapa.

William Rolando Echeverría Sosa, el párroco de Río Hondo y oriundo de la región, dice de la campaña electoral de este año: «Hay tensión en el municipio. Desde ataques verbales a destrucción de propaganda». Y muertes, aunque no las nombre el párroco. Si en otras partes del país abundan en las calles los trajes regionales, en la caliente Zacapa los hombres llevan camisa vaquera y es habitual verlos con la pistola al cinto aunque lo prohíba la Ley de Armas y Municiones. Pero no es eso.

«Tendemos a pensar que las causas de la violencia en el Oriente de Guatemala son culturales, porque hay una cultura de las armas, del machismo y de la cultura del honor», dice Francisco Jiménez, ministro de Gobernación entre 2009 y 2011. «Pero hay que ver más allá».

Ese «más allá» hizo que Arnoldo Vargas, después de pasar un tercio de su vida en prisión, tuviera aún poder y popularidad y quisiera ser alcalde de nuevo, un año después de salir libre y ser deportado. No lo logró porque tres semanas antes de la votación, el Registro de Ciudadanos, que por ley valida cada candidatura antes de una elección, dijo que un exconvicto no cumplía el requisito de idoneidad para el cargo.

No importó demasiado. Su nombre no estuvo en la papeleta pero el comité cívico que había creado sí compitió y ganó. Y el mismo día en que tomó posesión, el nuevo alcalde de Zacapa contrató a Vargas como Gerente Municipal con un sueldo de 15,000 quetzales y responsabilidades tan amplias como las del mismo alcalde, con control sobre todos los planes, programas, proyectos y actividades aprobadas por el concejo municipal, así como de todas las unidades técnicas y administrativas del municipio.

Aunque por reglamento es el alcalde y no él quien firma los contratos de obras o servicios, Arnoldo Vargas aparece desde enero de 2020 en decenas de videos y fotografías inaugurando un comedor solidario, pronunciando unas palabras tras la reparación de una calle o en reuniones con vecinos. El no alcalde ha tenido estos años, en Zacapa, más presencia que el alcalde, que originalmente iba a ser su concejal I en la planilla de las elecciones de 2019.

En el Norte, Vargas no fue un delator y su silencio garantizó que al regresar a casa, la encontrase como la dejó. En su ausencia, su hermano Élder Vargas Estrada, que ya había sido diputado constituyente en 1985, fue de nuevo congresista entre el 91 y el 94 y compitió hasta cinco veces por la alcaldía de Zacapa, que ocupó en el período 2004-2008. El resto del tiempo, los registros muestran una sucesión de personas allegadas a la familia Vargas en puestos clave del concejo municipal del municipio desde el año de su marcha hasta su vuelta.

En lo criminal, entre la sucesión de apellidos —Berganza, Lorenzana— que en los últimos 30 años han regentado el cártel de Zacapa, se adivina la continuidad, la huella del exalcalde y primer patriarca. Hace solo dos años la Policía allanó la vivienda de Arnoldo Vargas como parte de una operación contra el narcotráfico en el oriente del país. Se le encontraron armas y gran cantidad de dinero en efectivo, pero no hubo cargos. El objetivo principal de la investigación no era él, sino uno de sus hijos.

La mayoría de quienes aplaudían, curiosos, la caravana de bienvenida a Arnoldo Vargas en julio de 2017 apenas eran niños o aún no habían nacido cuando lo capturaron en 1990 y luego deportaron en 1992. «Por lo menos dos generaciones de gente que no lo conoció», estima el párroco Echeverría. «Se emocionaron, sí, porque sus papás y sus abuelos aún lo describen como un buen alcalde». El escándalo de su captura, las razones por las que fue a la cárcel, ya muy pocos lo recordaban. «Yo tenía 14 años cuando sucedió», dice. Él lo recuerda.

El viejo comisionado militar

«¿Cómo no va ser buena persona si nació a la par de la iglesia?», dijo de Arnoldo Vargas su tía política, Isabel de Vargas, a la revista Crónica en 1992, y señaló hacia la iglesia evangélica cerca de la casa donde el exalcalde vino al mundo el 16 de diciembre de 1945. También habló una de sus maestras, que lo describió como «un niño muy ávido» de conocimiento en un hogar donde el dinero solo alcanzaba para ofrecerle hasta el tercer grado de primaria.

Con Vargas ya acusado de narcotráfico y en la cárcel a la espera de su envío a Estados Unidos, Crónica endulzaba su imagen diciendo que a los 15 años se inició como empresario, se convirtió pronto en el mayor productor de cebollas de Zacapa y las exportaba a Nicaragua, donde Anastasio Somoza, el dictador, se las compraba. «Solía distribuir su tiempo entre el cuidado de su hacienda, la política, la alcaldía y una que otra parranda«, se describe, con un guiño, al narco.

Fue extraditado cuatro meses después de la publicación de aquel texto. Su esposa, Leticia de Vargas, quedó a cargo de la Vista Hermosa, su finca, colindante con una pista de aterrizaje del Ejército de Guatemala.

No es casualidad. La de Vargas y su poder, como la de otros caciques en la región, es una historia ligada a los militares. La socióloga e historiadora Matilde González Izás ha documentado cómo, tras el surgimiento en 1960 de los primeros grupos guerrilleros guatemaltecos, el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) y las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) resultado de un alzamiento de jóvenes militares disidentes, precisamente en las bases militares de Zacapa y Puerto Barrios, el Estado armó a ganaderos, agricultores y comerciantes acomodados como Arnoldo Vargas para combatirlos.

La estrategia era hacer pasar una política de Estado, como una reacción espontánea del pueblo, dice González en su investigación «Territorio, Actores Armados y Formación del Estado».

Entre 1966 y 1968, miembros del Ejército contactaron a los viejos anticomunistas que en 1954 ayudaron a derrocar con apoyo de la CIA a Jacobo Árbenz, para proveerles de armas y darles orden de emplearlas a discreción «contra cualquier persona que consideraron sospechosa», en el entendido de que se referían a campesinos, empleados o trabajadores agrícolas. Así fue en municipios orientales como Esquipulas, Chiquimula, Estanzuela, Gualán, Teculután, Río Hondo y Zacapa.

En entrevista desde México, González explica que se otorgó por decreto a estas milicias civiles la categoría de «cuerpo de seguridad legal» y esa nueva estructura perfeccionó la «red de vigilancia y espionaje» que ya componían los comisionados militares en cada municipio de oriente.

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Gonzalez confirma que Arnoldo Vargas Estrada fue parte de esa nueva estructura contrainsurgente a la que el presidente de turno Carlos Arana Osorio quiso premiar al terminar su mandato en 1974. «Algunos comisionados fueron beneficiados con el control de las aduanas, como sucedió con Arnoldo Vargas», dice la historiadora. A otros como Waldemar Lorenzana, que reinaría en el narcotráfico de Zacapa después de Vargas, Arana Osorio les entregó tierras.

González explica que Vargas fue en los años siguientes «vista» y «administrador de aduanas», responsable de permitir el paso o embarque desde Honduras de mercancías a las que rebajaba los aranceles a cambio de coimas o permitía el paso sin registro.

En el oriente de Guatemala se cruzan las fronteras con El Salvador y Honduras, y el tránsito entre el Atlántico y el Caribe, así que la geografía quiso que el cartel de Medellín buscara a Vargas. Según consta en documentos desclasificados de Estados Unidos, el entonces  aduanero empezó a hacer, y mantuvo por años, negocios con la organización criminal de Pablo Escobar, el narcotraficante que industrializó la producción de cocaína, capaz de fabricar volúmenes de miles de kilos y comercializarlos en millones de dólares desde los años setenta hasta principios de los noventa.

Negocio de terratenientes

«Hablar de Arnoldo Vargas Estrada es hablar de una estructura histórica dedicada al trasiego de drogas», dice el exministro de Gobernación Carlos Menocal. «Esos capos no son lugartenientes, son terratenientes, dueños de estos territorios. Por eso ninguna otra organización de oriente se les pone al tiro y los enfrenta. Ni los políticos. Ni siquiera el crimen organizado», dice en referencia a estructuras mucho mayores que sí han intentado por años asentarse en el oeste de Guatemala, como los Zetas o el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Esa seguridad, dice el exministro, permitió a capos como Vargas «tener una relación directa con los narcotraficantes colombianos, o con los contras de Nicaragua».

Esa seguridad y la complicidad de los militares, que en un país que estuvo en guerra hasta 1996 dominaban todo el territorio nacional. Vargas reinó en los años en los que, para el crimen organizado, era imposible operar sin el apoyo o la tolerancia del Ejército.

González Izás cita informes de la Administración de Control de Drogas estadounidense, la DEA: «En los años tempranos del narco en Guatemala, la pista de dicha zona militar (Zacapa) era uno de los principales puertos de ingreso para la droga al país».

Se refiere a la pista de aterrizaje que colinda con la finca de Arnoldo Vargas. Por años, esas operaciones le hicieron rico y las alianzas consolidaron su poder. «Vargas era un héroe para muchos de los oficiales del ejército destacados en Zacapa en aquellos tiempos», dijo el coronel retirado Mario Mérida, antiguo director de Inteligencia Militar, en una entrevista con la periodista Julie López en 2010. «Llegaba a la guarnición de Esquipulas (en Chiquimula, departamento fronterizo con Zacapa) e invitaba a los oficiales a comer». Según Mérida, corría el alcohol y les daba dinero extra para gastos. «Así es como compró a mucha gente».

Imparable, formalizó su ascenso ganando en 1985 las elecciones municipales por el partido Unión del Centro Nacional (UCN) y blanqueando su poder con el cargo de alcalde. Un puente lleva hoy su nombre en Zacapa.

En noviembre de 1990 ganó de nuevo las elecciones, pero no llegó a tomar posesión de su segundo mandato porque el 27 de diciembre un operativo impulsado por Estados Unidos y en el que participaron alrededor de 100 hombres los capturó a él y a dos de sus colaboradores, Víctor Manuel Escobar y Otto Evelio Quiroz Davila. Un informante colombiano le había delatado ante la DEA. En Medellín y Cali, a Vargas lo conocían con el apodo de «Archie».

Los periódicos dijeron que, en el momento de su captura, a Vargas le incautaron varios vehículos y 287 kilos de cocaína. Información posterior apunta a que el número de detenidos alcanzó las 9 personas y la operación supuso el decomiso en total de 1.8 toneladas de droga, en aquel momento el mayor alijo en la historia de Guatemala.

Al día siguiente, un cable confidencial de la embajada estadounidense dio cuenta de lo sucedido: «El gobierno de Guatemala respondió muy bien y muy rápidamente a nuestra solicitud del 21 de diciembre para que se detuviera a Vargas», se lee en el documento.

En otro párrafo se dice que esa solicitud se hizo el día 20, pero en cualquiera de los casos las autoridades guatemaltecas actuaron en menos de una semana. Quizá desconcertados por eso, los diplomáticos estaban preocupados por el impacto que la captura de un narco al que identificaban como «un financista destacado» del candidato presidencial de la UCN, Jorge Carpio Nicolle, pudiera tener en la segunda vuelta de la elección presidencial, programada para el 6 de enero. (La captura de Vargas dio efectivamente un giro a la elección, y si en primera vuelta Carpio aventajó a Jorge Serrano Elías por más de 24,000 votos, en segunda perdió por casi medio millón.)

«Es importante sacar a Vargas, que aparentemente es tanto un hombre rico como inclinado a la violencia, rápido de Guatemala», decía aquel cable diplomático.

Para la frustración de los norteamericanos, la extradición demoró casi dos años, en los que los hermanos de Vargas intentaron otras tantas veces sacarle de la cárcel presentando documentos falsos de orden de libertad. Estados Unidos llegó incluso a sancionar con la retirada de la visa al juez a cargo del caso, Óscar López Lemus.

Le acusaron de dilatar el proceso, de estar colaborando con el narco guatemalteco.

Alguien cuida la tienda

Se cuentan historias simpáticas de gente que en los años 80 viajaba a Zacapa en busca del avistamiento de ovnis, objetos voladores no identificados. Quien lo recuerda es Roberto Alejos, expresidente del Congreso y diputado en cuatro ocasiones entre 1986 y 2016. «Finalmente se descubrió que eran avionetas cargadas de droga que descendían en las fincas de Arnoldo Vargas», ríe. «Se hizo público cuando el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición».

La captura del narcoalcalde no detuvo el negocio. González Izás ha documentado cómo otros caciques de la zona tomaron el relevo. Pronto, la policía guatemalteca identificó como su sucesor al chiquimulteco Byron Berganza, un exescolta de Vargas que según la DEA traficaba con él desde al menos 1988 y tenía fuertes vínculos familiares con el Ejército. Pronto compartió espacio y negocios con el mítico Waldemar Lorenzana, que desde los años 80 ya operaba junto a Arnoldo Vargas y asumió el control total de la zona cuando Berganza fue capturado y enviado a Estados Unidos en 2003.

Desde ese mismo año, Lorenzana fue prófugo de la justicia hasta su captura en 2011. Dos años después, ante un tribunal de Nueva York, varios testigos le acusaron de liderar entre 1996 y 2009 el conocido como cartel de Zacapa. Fue condenado a 23 años de prisión en 2013, y liberado años después por su avanzado Alzheimer. Murió en marzo de 2021.

«También extraditaron a Lorenzana. Y a sus hijos. Pero siempre alguien de la familia continúa», apunta Menocal. «Ahora, además, algunos de estos apellidos se mezclan, se combinan, se vuelven familia».

El matrimonio del narcotráfico con lo político se reprodujo también, en el caso de Vargas, por la vía familiar. Élder Vargas, hermano de Arnoldo y compañero de Alejos en la legislatura constituyente de 1985, además de diputado y presidente de la Comisión de Economía del Congreso entre 1991 y 1994, una expresión más del poder que los Vargas habían cobrado en la UCN, se convirtió en la persona clave para la sobrevivencia política del clan tras la extradición del cabeza de familia.

Alejos lo recuerda como «una persona pacífica, con una participación modesta», un hombre «obediente al partido que lo postuló» y que no tomaba decisiones por sí mismo, pero en las dos décadas que siguieron fue una figura política constante en Zacapa y se aseguró de que el apellido de los Vargas nunca fuera del todo desplazado.

«Estas estructuras fingen democracia», dice Carlos Menocal. «Presentan dos o tres ofertas, distintos candidatos, pero en realidad son los mismos». Elección tras elección, insiste Menocal, «No hay rivales reales, sino una especie de estructura».

Los registros oficiales prueban que los Vargas nunca abandonaron esa estructura. En las elecciones de 1999, la memoria de labores del Tribunal Supremo Electoral (TSE) detalla la participación del primer comité cívico que existió en el municipio: Plan de Organización y de Reforma de Zacapa (Por Zacapa). Lo lideraba Élder Vargas como candidato a alcalde. Aunque no ganó, logró colocar en la corporación municipal a tres integrantes de su planilla: Edgar René Orellana Barrera, Carlos Humberto Urzúa Sagastume y Carlos Antonio Godoy Gordillo.

En 2003 el segundo Vargas sí se hizo con la alcaldía. Gobernó la ciudad por cuatro años con Orellana Barrera y Godoy Gordillo en su concejo, además de Mario Alberto Mayorga López y José Esaú Rodríguez Cruz, que ya habían estado en la municipalidad durante la administración de Arnoldo Vargas.

Son nombres que en las dos décadas siguientes aparecerán y desaparecerán del trenzado de candidaturas y comités cívicos en los que se esconde el poder local. En 2007 fue Orellana Barrera el que, escindido de Por Zacapa, ganó con el desaparecido Partido Patriota derrotando una nueva candidatura de Elder, que había creado un nuevo comité cívico, «El Tunito de Zacapa», y obtuvo tres concejales.

Vargas compitió de nuevo en 2011, esta vez con el desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Líder) de Manuel Baldizón, que sería extraditado y condenado por lavado de dinero años después. Tampoco ganó, pero de nuevo logró colocar a alguien de su planilla en el concejo. El vencedor fue Eliseo Salguero Vargas con el Comité Cívico «Al Rescate de Zacapa».

En 2015, allegados de los Vargas Estrada fueron candidatos tanto por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) como por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con la que lograron una concejalía.

El nuevo alcalde de Zacapa, Julio Alberto Enriquez Sánchez, sería asesinado a tiros al salir de su casa tres años después, el 17 de marzo de 2018. Cuatro hombres disfrazados de albañiles desenfundaron sus armas y le acribillaron. Según Soy502, miembros del concejo municipal habían acusado meses antes a Enríquez Sánchez de negarles información sobre el uso de fondos públicos, y denunciado que «los había amenazado en varias oportunidades».

Arnoldo Vargas tenía nueves meses de haber regresado a Guatemala por aquel entonces.

La Zacapa violenta

«El ideal para los grupos de narcotráfico no es que el sistema desaparezca», explica Francisco Jiménez, exministro de Gobernación. «Tiene que existir, porque utilizan flujos institucionales del Estado para sus objetivos. La impunidad, por ejemplo, es un tema fundamental».

Menocal coincide: «El objetivo es mantener y permanecer en el control de las corporaciones municipales porque se dieron cuenta de que les da plata (la de los proyectos de infraestructura de los que en todo el país se desvían fondos a través de ciertas empresas constructoras), pero además les da poder».

En el departamento de Zacapa hay 172,749 personas aptas para votar. Apenas una cuarta parte de los empadronados en el departamento de Alta Verapaz, que sí es considerado, en la jerga de los partidos políticos, un distrito prime. Pero en Zacapa, la fronteriza, hay dinero y en cada elección entran en juego las llaves estratégicas de los flujos del comercio legal e ilegal.

Eso es lo que hace que los pulsos políticos se confundan con los criminales, y que los liderazgos y la popularidad arrastren casi siempre una bien ganada sombra de sospecha. Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, el concejal I de Enrique Sánchez, el alcalde asesinado, fue extraditado a Estados Unidos acusado de narcotráfico en diciembre de 2022. Su esposa, Caren Ovalle, se ha postulado para alcaldesa en las elecciones del 25 de junio con el comité cívico Por Amor a Zacapa.

En la municipalidad de Ayutla, San Marcos, es gerente general Isel Aneli Súñiga Morfín, hija de Erick Súñiga, exalcalde de ese municipio que fue extraditado en 2019 a Estados Unidos, donde murió cuatro meses después. De nuevo, el narcotráfico, la política y la familia.

Es uno de decenas de casos. El actual alcalde de Esquipulas Palo Gordo, Dionel Ramos Aguilar, dijo en un evento público: nada más ganar en 2019: «Me pintaron que soy narco y lo soy, pero no les estoy robando a ellos». Este año busca la reelección y su hermano es candidato a alcalde en el municipio cercano de El Rodeo pese a que los dos están siendo investigados por el Ministerio Público.

El alcalde de Ipala, Esduin Javier Javier, conocido como Tres Quiebres, está siendo investigado desde hace al menos diez años por supuestos vínculos con el narco. Otoniel Lima Recinos era alcalde de Nueva Concepción cuando lo capturaron en 2019 como parte de una investigación contra un cártel local. En una grabación de septiembre de 2017 se le escucha coordinar la recuperación de media tonelada de cocaína usando vehículos estatales y una ambulancia de la municipalidad.

El fenómeno alcanza todos los niveles de poder. Diputado por siete años y por tres partidos distintos, Mario Estrada iba a ser candidato a la presidencia por cuarta ocasión cuando le detuvieron en Miami en 2019 acusado de traficar cocaína para el cártel de Sinaloa. Manuel Baldizón rozó la presidencia de Guatemala en 2011 y 2015, antes de ser capturado por Estados Unidos en 2018 y confesar que había lavado a través de sus campañas dinero del narcotráfico. El año pasado fue liberado, volvió y quiso ser candidato a diputado. La autoridad electoral no lo permitió, pero sus hijos Manuel y Jorge Baldizón sí aspiran a un escaño en la elección de este junio.

Sea por falta de mejores liderazgos o porque Guatemala ha sido siempre una jungla de poder, el modelo al que abrió la puerta Arnoldo Vargas pervive.

Al exministro Jiménez no le extraña que las estructuras ligadas a Vargas sobrevivieran a sus 25 años de cárcel. «Su generación es una de grupos familiares», dice. «Representan ese esquema de redes criminales marcadas por vínculos de carácter familiar y de cambio de favores». Y pese al carácter carismático de sus líderes, explica, su fuerza no radica solo en las relaciones de un individuo, sino que reafirman su identidad a partir de lazos de comunidad.

«Arnoldo Vargas no siguió controlando el sistema, pero es un referente. Es decir, para mucha gente joven que está en esas lógicas criminales, ese tipo ha de ser un héroe», dice Jiménez.

Menocal sugiere que ese tejido social es parte de lo que impidió a Los Zetas tomar control de la región oriental del país, y opina que con el regreso de Vargas «hubo orden y empoderamiento» de las organizaciones dedicadas al trasiego de ilícitos en la zona. «Su presencia vino a estabilizarlos, porque la figura de Vargas está más allá del bien y el mal», dice. «Su poder es real. Se codea aún hoy con militares, políticos, élite económica».

Esa estabilidad es relativa. En abril pasado fue asesinado el candidato a concejal suplente del partido Viva.

Carlos Mendoza, de la organización Diálogos Guatemala, recolecta y analiza estadísticas policiales y del Instituto Nacional de Ciencia Forenses (Inacif) en un intento por comprender las dinámicas de violencia en el país, y dice que la relación con el narcotráfico es siempre compleja, «Lo más difícil es identificar qué casos provienen del crimen organizado», dice.

Sí constata que Zacapa ha sido, históricamente, un municipio violento. En 2022 tuvo 50.6 homicidios por cada cien mil habitantes. «Una tasa alta, casi igual a la de Ciudad de Guatemala, que fue de 50.8 el mismo año», dice. Aun así, de 2000 a 2022 el municipio ha vivido un mínimo histórico. Los datos demuestran que desde 2016 la violencia homicida ha venido disminuyendo.

El primero de muchos

Arnoldo Vargas terminará en enero de 2024 su mandato como gerente general del municipio de Zacapa. Su hermano, Élder, el exdiputado y exalcalde, funge como secretario municipal en la actual corporación. En 2010, 2016, 2017 y 2018 prestó también  servicios profesionales al área jurídica de la comuna de San Jorge, Zacapa, uno de los municipios más conflictivos de la zona en época electoral. Melanie Fernanda Vargas Samayoa, hija de Arnoldo, también labora en la municipalidad como Oficial I en la Secretaría Municipal. Cecilia Ester Vargas Samayoa, otra de las hijas de Arnoldo, trabajó en 2018 como oficinista en la misma dependencia.

Evelyn Johanna Ortega Tobar, la esposa de Arnoldo Oswaldo Vargas Samayoa, hijo también de Arnoldo, es la actual asesora jurídica y de derecho administrativo de la municipalidad. En 2019 intentó ser diputada distrital de Zacapa por el Frente de Convergencia Nacional (FCN) pero, como sucedió con su suegro, el TSE no avaló su inscripción.

Familia. En las elecciones de este año no participará el comité cívico Al rescate de Zacapa, por el que intentó postularse en 2019 Arnoldo Vargas, pero el que iba a ser su concejal y terminó siendo alcalde, Mynor Amílcar Morales Vargas, buscará reelegirse con la UNE. Otros dos miembros de su actual corporación lo acompañan en la planilla.

Francisco Jiménez no descarta que el patriarca de los Vargas conserve aún liderazgo en la política y los negocios ilegales del departamento de Zacapa, pero está seguro de que no es ya el cerebro de la estructura. Cumplirá 78 años en diciembre. Es demasiado mayor. Además, Jiménez asegura que los grupos de trasiego de drogas son ahora más corporativos: «Manejan una lógica de portafolio de negocios, ya no están centrados en una sola persona sino que, (la estructura está) diversificada en diferentes roles y gestiones. Es muy difícil que una persona como él, después de tantos años, venga sin más a tomar en sus manos un grupo de estos, porque ya no es ese el estilo».

La descentralización del poder hacia el ámbito local, dice el exministro, «reafirma y sostiene a estas redes», que pueden además reelegirse de manera indefinida. Hay alcaldes que en Guatemala sobreviven a cambios de gobierno o incluso de era política. Hay quienes este año buscarán su quinto, séptimo y hasta octavo período.

Semanas atrás, se pidió a Arnoldo Vargas una entrevista para hablar de sus décadas de poder, presente o distante, en Zacapa. De sus planes después del 15 de enero. De cómo su popularidad sobrevivió a una condena por narcotráfico y a la cárcel. Del peso de su familia en la política de la región.

El lunes 22 de mayo, a través de su secretaria en la municipalidad, aceptó inicialmente y llegó a fijar fecha y hora para un encuentro en persona, pero después lo aplazó y terminó por cancelarlo. En los últimos días su entorno no ha respondido a mensajes ni llamadas telefónicas. La última conversación por chat fue con Rolando Pernillo, su comunicador: «La respuesta sigue siendo no», dijo.

Una de las preguntas para Vargas era sobre el allanamiento de su finca durante un operativo antidrogas hace solo dos años, el 18 de noviembre de 2021. En la operación, participaron la Unidad de Antinarcóticos, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil. En casa de Arnoldo Vargas se incautaron dos pistolas sin licencia de uso y 147,000 quetzales (US$19,000) en efectivo.

Ni las autoridades guatemaltecas ni las estadounidenses, que siguen colaborando de cerca con el gobierno de Alejandro Giammattei en algunas operaciones antinarcóticos, han dado información oficial de los motivos de aquel allanamiento y el avance de las investigaciones. Una fuente vinculada al caso afirma, sin embargo, que el objetivo final no era Arnoldo Vargas, sino uno de sus hijos.

En una entrevista concedida en 2019 Arnoldo Vargas cuenta de su llegada a Estados Unidos, una vez extraditado:

—-¿Sabés quién era mi fiscal?, ¡Loreta Lynch! —-se le ve presumir, como si el hecho de que su caso lo llevara directamente la Fiscal General de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama fuera un mérito o una desproporción.

—-¿Por qué no te declaraste culpable? —le pregunta el entrevistador.

—-Yo deseaba ver una prueba que a mí me comprometiera, que yo tenía que ver…—-dice Vargas, que luego enumera pormenores de su juicio ante un gran Jurado en Brooklyn, de su apelación, de las cárceles en las que estuvo, para luego cerrar—- Con esa experiencia que tuve… No, dije, yo termino mi tiempo, no hay problema. Dios me ha de dar vida, me ha de dar salud, me ha de dar todo para poder yo… Y así fue. Y me gustó.

Escrito por Mirja Valdés, Enrique García, Sandy Pineda, Rony Ríos y Neida Solis. Edición de José Luis Sanz.

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Este reportaje se realizó en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Elecciones.