El incómodo Félix

Con la agudización del invierno llegaron también los socavones en las vías de comunicación y el forzado de varias rutas nacionales. La narrativa que se ha pretendido instalar es que el ministro Alvarado no es capaz de conducir la cartera y resolver el problema. Sin embargo, la realidad es muy distinta. El problema de fondo y el enojo de los carteles del azúcar y la construcción es porque se cerró uno de los más importantes chorros de robo de los recursos del Estado.

Hace un cuarto de siglo, 26 años para ser exactos, que el sistema de construcción de obra pública fue privatizado. Este entró en la vorágine privatizadora del gobierno de Álvaro Arzú y la lógica que el arzuismo ha mantenido, por 40 años ya, al frente de la Municipalidad. En esa lógica, todo recurso del Estado, asumen, debe estar a disposición de intereses particulares. De tal suerte que, a la privatización de la energía eléctrica y la telefonía nacional, le siguió la del sistema de obra pública.

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Los subisiguientes gobiernos se dedicaron a manosear el mantenimiento de carreteras que ha representado un nicho para el robo de los recursos estatales. En 1998, Arzú emitió el acuerdo gubernativo que dio vida a  la Unidad Ejecutora de Mantenimiento Vial (Covial) cuyo consejo directivo se integró con al menos tres representantes del sector privado. A saber, las Cámaras del Agro y la Construcción, así como de la Coordinadora Nacional de Transporte.

En este caso, resulta contradictorio que la gremial de constructores, a la que pertenecen las empresas beneficiarias de los contratos de mantenimiento, integre dicho consejo. Esto la hace juez y parte de los procesos de licitación de una entidad que, como el Micivi, según se ha denunciado públicamente, llegó a ser más bien gestora de trata de personas en lugar de un ente a cargo de la misión que como cartera le compete.

A ese manejo antojadizo de la red pública responde el hecho de que durante los gobiernos anteriores, pero en particular en el de Alejandro Giammattei, se concedieran contratos cuyo pago se hizo efectivo sin que la obra estuviera realizada. Literalmente, los contratistas se embolsaron el pago sin concluir las obras.

Un caso ejemplar de este hilo de corruptelas es el del puente Nahualate que, al estar a punto del colapso, obligó al cierre para atención urgente. La obra de construcción de un nuevo puente le fue adjudicada a la empresa CIANSA por un valor de Q49 millones, que se pagaron. La repreresentante legal de dicha empresa es Lucrecia Paredes Castañeda, quien además es magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). CIANSA, de la cual Gustavo Alejos también es socio, cobró la obra, que según la firma B&T consultores, se había completado. Cabe señalar que B&T recibió Q2.5 millones por supervisar dicha construcción.

Al manejo antojadizo de los recursos para beneficio de élites corruptas hay que añadir el uso del suelo en las carreteras del país. Rutas diseñadas para soportar un peso determinado resultan impactadas por transporte pesado que tiene el doble de lo aceptado en el diseño. Aquí, la otra parte integrante del consejo de Covial, la Coordinadora de Transporte son juez y parte en el proceso de autorización de uso indebido de cargas que rebasan el límite. A estas se suman los cargadores de caña de azúcar que rebasa con creces el límite del peso. Quien haya transitado en dicha ruta habrá visto carruseles de hasta cuatro vagones sobrecargados de caña.

Pretender que un daño acumulado en varias décadas, dentro de una maraña burocrática creada expresamente para robar se repare en un semestre, es solo el pretexto para salir de alguien que resulta incómodo porque no avala el robo permanente de recursos del Estado por medio de la gallina de los huevos de oro que ha dejado de poner para los corruptos.