“Con la migración el Estado demuestra que poco les interesa su adolescencia y juventud”

María Eugenia Solís conoce el sistema de justicia de Guatemala, no sólo por su profesión como abogada y notaria, sino porque antes fue gestora en la Oficina de Protección al Testigo en el Ministerio Público (MP). La abogada explica que no es fácil hacer una disección de las razones por las que menores de edad y adultos emigran. La migración como un fenómeno con muchas causas y muchos efectos. Algo le queda claro a Solís: las soluciones que el Gobierno guatemalteco intenta implementar para desincentivar el éxodo del país son insuficientes.

Un informe del Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León, reveló en 2014 que dos de los guatemaltecos que entrevistó en México huían de la violencia: un adolescente de Petén, y una madre de dos niñas que vivía en Villa Nueva, Guatemala. En una entrevista con Univisión, el año pasado, el embajador de Guatemala en EE.UU., Julio Ligorría, dijo que la mayoría de menores migrantes salía de los departamentos donde hay más pobreza, como Huehuetenango y San Marcos. A criterio de la PDH, ¿qué razones pesan más para emigrar?

Todos los flujos migratorios en este país tienen que ver con la falta de oportunidades y de recursos, y con un sistema económico sumamente desigual e inhumano. La mayoría de gente se va por eso. Pero ahora (también) se van por la violencia. El narcotráfico campea en Huehuetenango. En Petén, no digamos. En Villa Nueva la violencia de las maras es terrible e invivible. Hay zonas urbano-marginales donde no se puede vivir. Entonces, la gente ve como opción emigrar. Pero es (por) la inseguridad que el Estado propicia. Hay actores que (operan) con la aquiescencia de estructuras insertadas entre altas autoridades. Pero para todo cuanto sucede, en la Defensoría del Migrante de la PDH hay muy poco dato. Hay muy poca denuncia para todo el fenómeno. La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), (la Secretaria de) Bienestar Social y (el Ministerio de) Relaciones Exteriores tampoco tiene datos.

¿De qué zonas capitalinas y departamentos emigra más gente por violencia?

No se tiene datos. Sería especular. Pero los departamentos más violentos son Escuintla y Guatemala. Si hablamos de violencia contra niñez y adolescencia, contra mujeres, son los que dan cifras espeluznantes, pero no quiere decir que no haya violencia en otros departamentos.

¿Es posible estimar si la violencia ya superó a la pobreza como razón principal para emigrar?

Creo que nunca la va a superar. Quien se va por inseguridad siempre es la gente pobre y paupérrima, porque aquí está privatizada la seguridad. Es una mezcla (de razones). Hacer la separación es complicado. Es decir, no toda la gente paupérrima agarra camino. Debe haber un detonante como la violencia. Por ejemplo, esta señora de Villa Nueva no tenía muchas oportunidades. Ella agarró a sus hijas y salió corriendo (huyendo de las maras). Se fue con dos chiquitas, de tres y cinco años de edad, y llegó hasta Saltillo (Coahuila, México). Y dijo: “Jamás vuelvo a probar; nunca”. Dice que se va a cambiar a otro lugar, (no regresa a Villa Nueva). Pero, ¿quién le ayuda en el reasentamiento? ¿Quién le paga el desarraigo? ¿Con qué empieza en otro lado? Por aparte, desde hace más de 20 a 25 años hay una tradición de migración de ciertos departamentos, como Totonicapán y Quiché (que están entre los más pobres, viajan por oleadas, por lo menos uno de cada generación. Van y regresan, para reforzar el presupuesto de la familia. Son familias que antes de la agudización de la pobreza y extrema pobreza ya tenían cómo mejorar su futuro.

¿Qué atención han recibido del Estado los departamentos o municipios con mayor violencia en la última década?  

Una política de Estado que incluya la prevención del crimen en ningún departamento ha habido. Como no generan estadísticas, no generan medidas específicas para cada departamento. Si el MP hiciera este análisis con la PNC, podrían tomar medidas de prevención, y (hacer funcionar) todo lo demás: escuelas, institutos, y todo cuanto convoque a los chiquitos a estar ocupados. Un ejemplo: En la Terminal de la zona 4 (capitalina) prolifera el robo de celulares, y no ponen policía, y allí llega a trabajar, entre comillas, parte de una banda. Entonces, ¿qué pasa? Que estas bandas cuentan con la protección de la Policía. Les van a dar cierto porcentaje a los agentes, los comisarios y a todos los de allá arriba. No quieren prevenir el delito, (aunque) podrían. Ahora la franja de muertes está entre los 0 y 25 años de edad. Quienes están matando, y quienes están entre los muertos, son los chiquitos. La pura niñez, adolescencia y juventud. Así, el Estado demuestra que poco les interesa su adolescencia y juventud.

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Después de que el Procurador denunció que agentes de la Policía Nacional Civil extorsionaban a los migrantes (guatemaltecos y extranjeros), hubo al menos tres policías capturados. Pero, ¿se puede esperar efectos positivos a largo plazo?

El Procurador dicta medidas donde está claro que hubo un comportamiento lesivo. Se pide a la ORP (Oficina de Responsabilidad Profesional) de la Policía que investigue. Hay una resolución de la PDH donde se hace una condena y recomendaciones, pero ésta es una declaración ética desde la perspectiva de los derechos humanos que poco podría trascender. En los informes (anuales de la PDH,) hay cientos de condenas de comportamientos lesivos de la PNC, que implican la violación de los derechos de las personas (incluidos los migrantes). Lo que el Procurador quiso fue resaltar la corrupción y la impunidad en estos temas, y la incoherencia de cómo hay un reclamo del Estado de Guatemala a México y a los Estados Unidos, de que traten bien a los migrantes, cuando en este territorio los agentes del Estado están haciendo esto. La reacción del Procurador no va a transformar la impunidad. Su intención era visibilizar el tema.

¿Qué respuesta hay de la PNC y el MP ante las denuncias de extorsión y abusos de la Policía contra la población en general, no sólo los migrantes?

No hay mayor respuesta de la ORP. Aquí (en la PDH) tenían la costumbre (antes de la gestión de De León) de que se pedía información y si ellos decidían que había falta de mérito, no emitían sanción (moral). Si el organismo señalado decía que no había falta, en la PDH se decía que no había nada. En el MP se someten a lo que diga la ORP (en la PNC). Si la ORP dice que no hay faltas graves, el MP decide que no hay. Lo agarran puro frisbee. Ni siquiera van a pedir sobreseimiento o falta de mérito a los jueces para cerrar los casos con fundamento. Entre ellos mismos, allá dentro, se cubren. Hay encubrimiento y complicidad. El MP podría investigar de oficio, a nivel de la Fiscalía Especial de la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala). Allí se avanzó mucho en la investigación de estructuras. Yo fui gestora de la Oficina de Protección al Testigo. Y contamos con policías que prestaron colaboración en los juicios, que delataron estructuras. Muchos de ellos están afuera del país, porque, ¿dónde coloco a un policía que delató policías? Y los fiscales de allí tienen mejor metodología de investigación. Han logrado resultados. En tiempos de Claudia Paz y Paz hubo resultados a nivel de estructuras de delincuencia organizada, que incluían policías.

¿Y ahora qué corresponde hacer con este tema?

Que (el ministro de Gobernación, Mauricio) López Bonilla sepa que los estamos vigilando. Que hay instrucciones expresas de hablar con los comisarios y decirles “tenemos órdenes de vigilar cómo están funcionando los agentes, que dejen de agredir a los migrantes porque es totalmente prohibido”. Y el Procurador ya les tiró línea.

¿En qué ayuda que los Presidentes de Guatemala, Otto Pérez Molina, y de México, Enrique Peña Nieto, acordaron prohibir que los migrantes aborden el tren de carga conocido como “La Bestia” para que su viaje al norte sea menos inseguro? El anuncio lo hizo en julio pasado, Alejandra Gordillo, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).

La medida es ridícula porque les corta una fuente permanente de dinero a quienes les cobran por subir (al tren). Según testimonios de personas que viajaron, que estaban en los albergues (en México), les cobran. Puede ser US$100 o US$35. Es arbitrario. No saben quién les cobra. No hay taquillas. Si no pueden pagar, los retienen hasta que alguien pague por ellos. Todo eso es delictivo. Estas personas revisan a los migrantes por todos lados para sacarles todo lo que puedan. Difícilmente van a quitar ese negocio a todas las redes que operan allí, y más a las que operan con aquiescencia del Estado. Los mismos maquinistas detienen el tren entre un camino y otro para que suban los Zetas y bajen a los migrantes. Así lo relató el Procurador. Paran la Bestia, (los Zetas) escogen a los migrantes y se los llevan.

¿Qué secuelas hay para quienes se quedan, para los familiares de los migrantes, aun si reciben las remesas y se hacen cargo de los hijos de padres migrantes?

Pues allí están los abuelitos y abuelitas echando punta con toda esa patojada. Las familias envían remesas, y algunos muchachos ya no quieren estudiar ni trabajar. Reciben remesas, una cantidad de plata que a veces no invierten estratégicamente, como en estudio, porque no hubo control de los papás, o porque a los abuelitos nadie los orientó diciéndoles “monten un negocio, inviertan en educación”, etcétera.

Pero la infraestructura y la situación del Estado tampoco es la mejor para atenderles. En los hospitales públicos faltan medicinas y alimentos para los pacientes y, por ejemplo, en San Marcos, cuando ocurrió el terremoto de julio de 2014 todavía no terminaban de reparar las escuelas dañadas en el terremoto anterior en 2012. ¿Cómo puede un Estado rebasado pensar en ayudar a los migrantes deportados a reinsertarse a la sociedad?

El Estado no sólo está rebasado. Es indiferente. No le importa. Tiene medidas asistencialistas babosas que son focos de corrupción. Esa campaña millonaria que lanzaron, “Quédate”, es igual que pretender prohibir que se suban a La Bestia. Eso no va a desincentivar la migración, pero si lo puede hacer un proceso de desarrollo rural, que es una forma en que la gente empiece a sentir que aquí vale la pena quedarse. No sólo es generación de empleo, porque empleo hay poco, y mal pagado. Los migrantes, si estuvieran mejor pagados, no tendrían que irse. Lo ha dicho el Procurador: en la migración tiene que ver el empresariado, no sólo el Estado. Tiene que ver el Estado y la estructura de gobierno con vigilar cómo el Ministerio de Trabajo fiscaliza el pago del salario mínimo, que ni siquiera se respeta.

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Esto es en cuanto a los adultos, pero, ¿y los menores de edad deportados?

El Procurador dijo que, en esa concentración de adultos y niños, están al acecho todas las bandas para trata (de personas). Es altamente peligroso. La trata puede ir tras ellos para reclutarlos para delinquir, como en Tamaulipas, o en el caso de las mujeres, para esclavitud sexual o trabajo forzoso.

¿La PDH detectó la presencia de estas bandas?

No. Eso lo relató el Procurador (respecto al trayecto en México). Pero incluso (ocurre) acá en Guatemala. Cuando llegan adolescentes, o mujeres jóvenes, afuera están los carros de los tratantes.

¿Afuera de la Fuerza Aérea, sobre la avenida Hincapié (en la zona 13 capitalina)?

Sí, cuando (los deportados) llegan a la Fuerza Aérea, en el aeropuerto viejo. Allí van a enterarse más o menos quiénes llegaron, y las comienzan a seguir hasta la 18 calle o a La Terminal. Esa información primero la conocimos por la esposa del Presidente, (Rosa Leal). Por eso dijo que la Secretaría de Bienestar y la SOSEP estaban afuera (de la Fuerza Aérea), para asegurarse que todas esas mujeres fueran a un lugar (seguro), porque se sabía que mientras había más jovencitas (que es en una minoría de los vuelos de deportados), al nada más llegar a La Terminal o la 18 calle, les caían. Y ellos (Leal y SOSEP) quizá supieron, por Inteligencia Militar, que (quienes esperaban a las deportadas) eran tratantes. Esto es lo que ha aflorado en este sistema de porquería.