En 15 horas, el juez Orellana y la Feci «cancelaron» a Semilla

A las 8:00 horas del 27 de noviembre, el juez Séptimo Penal Fredy Orellana realizó una «autorización judicial» dentro del caso contra el Movimiento Semilla, con el que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) intentó anular los resultados electorales.

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Ocurrió 15 horas después que el Congreso hizo una reforma al Código Penal que, a corto plazo, beneficia a la Bancada Semilla poniendo un límite a la estrategia legal usada por el MP para acusarles.

La «autorización» quedó registrada en la agenda del Juzgado Séptimo, según el portal electrónico de Consultas Externas del Organismo Judicial (OJ). Pero los detalles se difundieron un día después, cuando la Feci notificó a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso que «se decretó la cancelación definitiva» de Semilla. Pese a que, en el Legislativo, la resolución no cambia nada pues los diputados electos por el partido oficialista continúan como «independientes».

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Sin embargo, la orden de Orellana perdió fuerza cuando notificó su fallo al Tribunal Supremo Electoral (TSE). El juez dio un plazo de 12 horas al registrador de ciudadanos, Sergio Escobar Antillón, para cancelar al comité pro formación y al partido Movimiento Semilla.

La organización está suspendida con base en la Ley Contra la Delincuencia Organizada desde agosto de 2023, cuando el entonces registrador Ramiro Muñoz Jordán lo decidió por orden de Orellana, pese a que aún no habían finalizado oficialmente los comicios.

Después de ser notificados de la solicitud de cancelación a Semilla, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, dijo a periodistas que, en primera instancia, será el director del Registro de Ciudadanos (RC) el que decida sobre el requerimiento de Orellana y que, de existir alguna impugnación, debe ser el pleno de magistrados electorales quienes definan el futuro del partido oficialista.

No obstante, Alfaro adelantó una opinión sobre este nuevo momento político que pone otra vez contra las cuerdas al partido que llevó al poder a Bernardo Arévalo y Karin Herrera:

«Son momentos muy dolorosos para el país, recordemos que estamos llegando exactamente a la misma época cuando en 2023 pasábamos, como TSE, los momentos más difíciles de la historia de la vida democrática del país y pareciera que hoy estamos celebrando nuevamente y haciendo aniversarios con las mismas herramientas que dañan la democracia, que enlutan el proceso más sagrado que tiene un país, que es la alternancia del poder donde yo puedo decidir quiénes son mis gobernantes».

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La  victoria fugaz de Semilla

La noche del 26 de noviembre parecía épica para la bancada Semilla. Después de un intento fallido en el que varios diputados incumplieron la promesa de aprobar una reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, la bancada reunió 127 votos, de 160 posibles, para aprobar «de urgencia nacional» la prohibición explícita a un juez penal para suspender o cancelar a un partido político.

La aprobación de la reforma, que se inició a las 17:13 horas según el registro electrónico de votos del Congreso, tiene como beneficiario inmediato al Movimiento Semilla, aunque sus integrantes sostienen que el cambio en la ley va dirigido a todos los partidos porque un juez ya no los puede cancelar de forma arbitraria.

Andrea Reyes, diputada de Semilla, dijo a Plaza Pública que en el primer intento por cambiar el artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, varios de sus colegas que habían pactado con el oficialismo, denunciaron haber sido amenazados desde el Ministerio Público (MP): serían perseguidos penalmente si decidían apoyar la iniciativa de los oficialistas.

No obstante, las amenazas esta vez no surtieron efecto. Pero esta reforma aún no ha cobrado vigencia, pues debe seguir un trámite burocrático dentro del Congreso antes de que llegue a manos de Arévalo para que la ratifique.

El presidente celebró la aprobación en su cuenta de la red social X. Sin embargo, así como fue en la victoria del balotaje en 2023, esta otra celebración también deberá esperar.

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La reacción inmediata del jefe de la bancada Semilla, Samuel Pérez, fue una declaración sarcástica sobre la decisión de Orellana.

«No se cancela al partido Semilla, todo lo contrario, ahorita con esta reforma que aprobamos en el Congreso tenemos instrumentos suficientes para poder recuperar el partido y los derechos de bancada. Ahora, quien va a tener consecuencias fuertes por prevaricato es Fredy Orellana por estar emitiendo órdenes ya desesperado, pero va a asumir consecuencias en el sistema de justicia», dijo Pérez mientras esbozaba una sonrisa.

Porras a la carga

En octubre de 2023, la Corte de Constitucionalidad (CC) abrió la puerta para que un juez penal pudiera suspender a un partido político basado en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, pese a que estos únicamente deben ser regulados por la Ley Electoral y de Partidos Políticos.  

A partir de entonces, creó una nueva categoría de suspensión de partidos: la ordenada por un juez, además de la existente sobre la que únicamente tiene potestad el TSE.

Bajo esa resolución, el MP dirigido por Consuelo Porras ha mantenido la suspensión del partido, además de la persecución penal contra otros integrantes de la organización como la exdiputada Ligia Hernández —quien aceptó cargos por financiamiento electoral no reportado— y el exministro de Comunicaciones Félix Alvarado, acusado por supuesto lavado de dinero.

El MP sigue siendo un actor político determinante en esta historia, es el antagonista del partido Semilla. En palabras de la propia fiscal Consuelo Porras, el ente encargado de la persecución penal es «el obstáculo» del presidente Arévalo y su gobierno.