De contratista del Estado a alcalde, y de diputado a acusado de asesinato

El diputado Julio Antonio Juárez Ramírez pagó Q25 mil a una estructura de sicarios para matar al periodista Danilo Zapón López, según la teoría de los investigadores del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). ¿El móvil? Se plantean dos: Una publicación en la que Zapón López acusaba al entonces candidato a diputado de no pagar Q195 mil en impuestos; y un supuesto desacuerdo entre ambos, por el futuro político local del partido Líder en Suchitepéquez.

Ambos tenían intereses en las elecciones que se acercaban. Juárez había renunciado en enero de 2015 a su puesto como alcalde de Santo Tomás La Unión para dedicarse a la campaña. Encabezaba el listado de candidatos a diputados por Suchitepéquez.

“Danilo yo lo considero mi amigo… pero… ya no puedo esperar más”, fue el mensaje de texto que le envió Juárez al periodista seis días antes de su muerte. Así lo evidencia el registro telefónico que la fiscalía presentó. Danilo Efraín Zapón López era corresponsal de Prensa Libre, y también publicaba noticias locales en El Sur, una página de Facebook que él administraba. Desde las 8:56 del 4 de marzo de 2015 discutió por teléfono con Juárez. No se ponían de acuerdo sobre a quién apoyar como candidato del partido Líder a la alcaldía de Cuyotenango.

Érick López Posada —empresario de Cisa Constructora, que entre 2008 y 2015 recibió Q82 millones en contratos del Estado— era el favorito del periodista; y Débora Borrayo Lima, la del diputado. Por eso, Julio Juárez sugirió una alianza que Danilo Zapón rechazó:

—No vamos a poner en riesgo la imagen de aquél a la par de la señora…

—Por qué se porta así mano, si yo lo considero un amigo —respondió por mensaje de texto Juárez.

Al día siguiente Zapón López contraatacó. Su historial de teléfono muestra que se comunicó con José Ángel Ramírez Morales, auxiliar fiscal de la agencia No.3 de Derechos Humanos y le pidió información sobre Juárez. Tenía sospechas de que Juárez se dedicaba al lavado de dinero. El 6 de marzo de 2015, en el perfil de El Sur señaló que Julio Juárez Ramírez estaba demandado porque se negaba a pagar Q195,892 en impuestos, que su deuda había aumentado por moroso y que por eso estaba demandado por el delito de desobediencia.

Según el registro telefónico presentado por el MP y la CICIG, el 7 de marzo, los líderes de una estructura de sicarios negociaron con unos intermediarios el pago de Q25 mil por la muerte de Zapón López.

Tres días después, el martes 10 de marzo, Zapón López fue atacado en la plaza central de Mazatenango, Suchitepéquez. Según testigos, 20 minutos antes de su muerte, había discutido con Juárez. En el ataque también murió Federico Salazar Jerónimo, otro periodista que le acompañaba y Marvin Túnchez Ayala resultó herido. Según la Fiscalía, el ataque iba dirigido a Zapón y los otros fueron víctimas colaterales. Ese día la Policía capturó a uno de los supuestos sicarios, Sergio Waldemar Cardona Reyes, quien en diciembre del año pasado fue enviado a juicio por asesinato y asociación ilícita.

La detención de Cardona llevó a las autoridades   hasta Marco Antonio Paredes Palacios y Marco Tulio Cano Reyna, quienes habrían mediado entre la banda de sicarios y Juárez. Los dos fueron capturados el 26 de enero, acusados de participar en el asesinato del periodista, y fueron ligados a proceso por asociación ilícita, asesinato y tentativa de asesinato.

Uno de ellos, Paredes, es el esposo de Débora Borrayo, la  candidata a alcaldesa favorecida por Juárez. El registro de llamadas teléfonicas, muestran cómo, luego de platicar con ella, Juárez intercambió múltiples comunicaciones con su esposo. La candidata de Lider fue detenida el mismo 26 de enero porque en su vivienda encontraron un automóvil robado, según el MP.

La Fiscalía asegura que el registro de llamadas y mensajes entre los negociadores, los sicarios y Juárez, muestran un amplio flujo de comunicaciones durante la planificación y el asesinato del periodista, y señala que la publicación del incumplimiento tributario de Juárez pudo ser percibida por éste, como un riesgo para su candidatura como diputado.

El pasado 8 de febrero, la Corte Suprema de Justicia admitió para su trámite la solicitud de antejuicio presentada por la Fiscalía y la CICIG en contra de Juárez, para que sea despojado de su inmunidad y pueda enfrentar a la justicia.

Los registros de diferentes instituciones públicas demuestran el recorrido de Julio Juárez, quien pasó de ser dueño de empresas contratistas del Estado, a alcalde de Santo Tomás La Unión a través de la estructura del partido Lider, con el que llegó al Congreso. En febrero de 2016, Juárez abandonó a Lider para unirse a la bancada del partido oficial, FCN-Nación.

El diputado se rehúsa a hablar sobre los señalamientos en su contra: “Puedo decir que soy inocente y respetuoso de la ley… hasta el momento en que esté frente a un juez voy a aclarar mi situación”, explica a Plaza Pública. “Danilo López era mi buen amigo”, señala.

Juárez asegura que como todo ciudadano, ha tenido problemas con la SAT. “La publicación que hizo Danilo no me iba a afectar en nada”, dice. Un mes antes, recuerda, Prensa Libre ya había publicado listados de morosos.

De proveedor para las municipalidades a alcalde municipal

A través de cinco empresas individuales a su nombre, entre 2005 y 2015, Julio Juárez obtuvo adjudicaciones y compras directas del Estado por más de Q111,900,000.

Cuando llegó a la alcaldía de Santo Tomás La Unión, en 2011, sus empresas dejaron de ser contratadas porque la ley lo prohíbe. Pero el Grupo Corporativo del Sur, una sociedad anónima de la cual, según el Registro Mercantil, Juárez era el único administrador y representante legal  recibió compras directas por Q1,883,000, y adjudicaciones por Q973,344. Durante los cuatro años que Juárez estuvo al frente de la comuna de Santo Tomás La Unión, esta sociedad obtuvo 48 compras por Q1,166,000.

Juárez asegura que el Registro Mercantil está desactualizado. “Me desvinculé de esa empresa (Grupo Corporativo del Sur) desde hace años y tengo los documentos que lo prueban”, dijo al ser cuestionado.

José David Marroquín Canjura fue registrado en Guatecompras como representante legal de esa sociedad anónima, en diciembre de 2015, cuando Juárez ya había renunciado a la municipalidad.

Entre 2007 y 2010, las empresas de Julio Juárez fueron favorecidas con compras directas y adjudicaciones por Q 9,347,000 en la municipalidad de la que luego sería alcalde, cuando Pedro Vicente Gutiérrez de la Democracia Cristiana fungía como jefe edil

Casi Q69 millones de todo lo recibido por sus empresas y sociedades,  fueron obtenidos a través de las municipalidades de Suchitepéquez.

A pesar de que el artículo 164 b de la Constitución de la República prohíbe a los contratistas de obras públicas optar por el cargo de diputado, Juárez Ramírez fue electo por el partido Líder y asumió la representación de Suchitepéquez en 2016.

¿Un proveedor de fiar?

Las empresas de Juárez tienen un historial de cobros ilícitos,  quejas de proyectos sin terminar, fraccionamiento de ventas y faltas administrativas. Según la Contraloría, en 2006, cuando la constructora de Juárez fue contratada para mejorar un camino en Santa Bárbara, Suchitepéquez, no ejecutó todo el trabajo pactado, utilizó material deteriorado, y cobró un reglón improcedente como “imprevistos”. El valor total de los fallos ascendía a Q125,678. La Contraloría ordenó el reintegro de dicha suma.

En 2008, la municipalidad de Chicacao, Suchitepéquez, fraccionó el arrendamiento de maquinaria a la empresa través de cuatro facturas por un valor total de Q93,406, según la auditoría municipal de Contraloría. El mismo ente determinó que en San Antonio Suchitepéquez, la empresa no construyó todo lo declarado, y cobró Q129,715 que no le correspondían.

En el trabajo de remodelación del Parque Central de Patulul, en 2012, Construservi Zoe reportó un avance de 40.5% a pesar de que la auditoría de la Contraloría General de Cuentas demostró que la obra —que valía Q1 millón— estaba suspendida, por lo que se multó con Q10 mil a la empresa. Y por no haber mostrado la declaración jurada, se les multó con Q4 mil más.

Debido a la falta de pagos de multas y de IVA, el Grupo Corporativo del Sur está entre los deudores fiscales que han sido llevados a juicio, según la SAT. El monto se desconoce debido a la protección a la información tributaria. Esta misma instancia registra tres inhabilitaciones por adeudo tributario a la sociedad de la que Juárez era administrador único, según expedientes del 2013, 2014 y 2015, por lo que ya no puede ser proveedora del Estado.

Las compras del alcalde Juárez

Cuando Juárez estuvo a cargo de la municipalidad de Santo Tomás La Unión, tuvo 11 proveedores con 20 contratos. Cuatro de los proveedores han sido candidatos a cargos municipales en municipios de Suchitepéquez, y uno figura como servidor público y encargado del mercado de Santa Bárbara Suchitepéquez.

Según la municipalidad de Santa Bárbara Suchitepéquez, Noe Elías Pérez Cardona —un proveedor cuyos contratos ascienden a Q6 millones— trabaja para esa  comuna como encargado del mercado. La municipalidad de Juárez también le dio un contrato a Milton Moreno Pacheco, quien fungió como supervisor de obras en su empresa, Construservi Zoe, según señala un reporte de auditoría de la Contraloría.

Entre los proveedores durante la administración de Juárez, también se encuentra José Mauricio Valdez Monroy, quien fue candidato a síndico titular del municipio de Mazatenango por el partido Lider.

—¿Cómo explica que se haya otorgado contratos a gente que está relacionada con su mismo partido, Líder? ¿No hay un conflicto de interés?

—Siento que no, que no hay problema. Todos los procesos son transparentes y se publican en Guatecompras —responde Juárez.

Juárez insiste en reclamar inocencia en el asesinato de Zapón López, mientras suma apoyos políticos a su causa: los diputados de su bancada, el FCN-Nación, invocan el principio de inocencia y acusan al MP de pretender presionarlos; y el presidente Jimmy Morales, dice que no le pedirá que renuncie al partido, porque no le hacen caso.