El caso Mack: la historia que no termina

Es viernes, es de noche y Helen Mack Chang, por enésima vez en las últimas horas, se quita y pone los lentes. Apunta algo; vuelve a quitarse los lentes. Lleva 17 años luchando por cerrar el círculo de la justicia alrededor del asesinato de su hermana Myrna, quien fue asesinada en septiembre de 1990 por las fuerza de seguridad del Estado. Este viernes 31 de marzo, una cansada Helen, espera que el Tribunal C de Mayor Riesgo dicte sentencia en el proceso judicial iniciado por ella, como querellante adhesiva, y el Ministerio Público, en contra de los exintegrantes de la Policía Nacional, acusados del asesinato del investigador que esclareció el crimen de Myrna.

En la sala de debates del tribunal, justo frente al sitio donde Helen se encuentra sentada, hay una carceleta de metal pintada de negro. Adentro de éstas, cuatro hombres viejos, de mirada perdida y aspecto preocupante, tratan de evadir la mirada de los jueces y fiscales. Son los expolicías acusados de participar en una operación de inteligencia que tenía como objetivo asesinar a un colega: José Miguel Mérida Escobar. Helen espera que en los próximos minutos concluya la lucha que inició años atrás, con el fin de que se haga justicia por el asesinato, por parte del Estado guatemalteco, del policía que descubrió que el crimen de su hermana fue un “crimen de Estado”, ordenado y ejecutado por el Ejército.

Esta allí, sentada, cansada, convencida de que este juicio era necesario para demostrar que el asesinato de Mérida Escobar también fue ordenado y ejecutado por el Estado, por sus aparatos represivos, en castigo por haber determinado que el autor material del crimen de su hermana fue Noel de Jesús Beteta, un sargento del Ejército de alta en el Estado Mayor Presidencial.

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Tras varias horas de espera, el tribunal anuncia su sentencia: los tres expolicías (de un grupo de cuatro) acusados del asesinato del investigador Mérida Escobar no contribuyeron en su muerte, lee, pausado, el juez Pablo Xitumul, presidente del tribunal.

José Miguel González Grijalva, Julio David López Aguilar y Alberto Encarnación Barrios Rabanales, los tres exmiembros del Departamento de Investigaciones Criminales (DIC) de la extinta Policía Nacional, no contribuyeron al asesinato de su compañero. Quedan absueltos por el delito de asesinato.

Según la fiscalía, la operación no incluyó solo el asesinato de Mérida. Dos hombres inocentes también fueron culpados por ese crimen. Uno de ellos fue obligado a grabar un vídeo en el que se le veía torturado. Con un golpe evidente en el tabique de la nariz, Gonzalo Cifuentes Estrada fue obligado a declarar ante las cámaras cómo supuestamente mató a Mérida.

Entre las pruebas, un informe de Christian Tomuschat, exrelator de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, confirmó que Cifuentes fue capturado aleatoriamente y que la detención y tortura fueron utilizadas durante el conflicto armado para obtener información, y para usar a las víctimas con fines políticos o exculpar al Estado de las ejecuciones arbitrarias.

El 27 de agosto de 1991, Gonzalo Cifuentes Estrada fue capturado cuando se bajaba de una camioneta en El Trébol. Cinco hombres armados no uniformados, lo vendaron y secuestraron. Recibió amenazas de torturas y muerte, en contra de él y de su familia. Se vio obligado a hacer lo que fuera, como confesar en una grabación que mató a alguien que no mató.

Los tres policías acusados consignaron su captura y firmaron el parte con el que se le apresó. El tribunal valoró las pruebas presentadas por la fiscalía por esos hechos, con base en las cuales los declaró culpables de los delitos contra los deberes de la humanidad en contra de Cifuentes Estrada. Los condenó a 25 años de prisión.

Según el tribunal, los policías Grijalva, López y Barrios atendieron a un plan especial de inteligencia. “Con el fin de garantizar impunidad los señalados desviaron la investigación e inculparon a Cifuentes Estrada… y realizaron actos inhumanos en contra de él” durante un interrogatorio extrajudicial, señala la sentencia.

Mientras el juez leía la sentencia, Barrios Rabanales lo observaba atento; González Grijalva perdía su mirada en el piso, y Julio López esquivaba, dubitativo.

Por la acusación de los delitos contra la humanidad, según la fiscalía cometidos en contra de Alfredo de Jesús Guerra Galindo, el segundo chivo expiatorio acusado erróneamente de matar a Mérida Escobar, los tres exagentes y el cuarto procesado Martín Alejandro Mejía García, primer jefe de la DIC cuando ocurrieron los hechos, también fue absuelto. “Dentro de las pruebas no se estableció que la víctima haya sufrido actos inhumanos con el propósito de que aceptara haber matado a Mérida”, sentención el tribunal.

Una sentencia sin escalones hacia arriba

Martín Alejandro Mejía fue arrestado después que los otros acusados. Por eso, aunque también estaba acusado por participar en torturas y delitos contra la humanidad de Cifuentes Estrada, su causa penal era distinta, y por eso fue absuelto.

Sobre los cargos en su contra, el tribunal dijo que quedó establecido cómo hubo comunicación a través del canal de inteligencia con una institución represiva conocida como “El Archivo”. Pero, señaló, la investigación presentada por la fiscalía no estableció que Mejía García haya utilizado su posición de mando para facilitar o planificar algún delito.

El tribunal absolvió al exjefe de la DIC, argumentando que él no tuvo culpa en los hechos, sino que sólo cumplió con sus funciones administrativas: recibir al capturado —quien portaba un arma sin permiso— y firmar los papeles necesarios.

Según el Tribunal, no se demostró la coordinación con sus subalternos, no quedó probado que él planificara arrestar a alguien sin orden de juez, o que lo secuestrara al bajarse de la camioneta, o que lo torturara para obligarlo a inculparse.

Cuando el juez Xitumul decía esto, en la sala de audiencias se escuchaban unos sollozos incesantes, que aumentaban con el paso del tiempo. Eran la esposa y la hija de Mejía García, juntando sus manos, como en rezo. En el razonamiento del a sentencia, el tribunal anotó que haber firmado los papeles que consignaban la captura de Cifuentes Estrada no es un delito ni una violación de sus derechos, por parte de Mejía García. “No se demostró que las órdenes hayan venido de él”, dijo el juez aduciendo a los peritajes que la fiscalía presentó para explicar cómo funcionaba la jerarquía lineal y funcional en las fuerzas de seguridad de ese entonces.

Eran pocos los familiares de los acusados que llegaron a escucharla sentencia. Al finalizar la lectura de la sentencia, ya entrada la noche, los familiares lloraban, pero no todos lloraban igual. Las lágrimas de los familiares de los tres policías condenados eran de desconsuelo; las de los familiares de Martín Mejía García, de alivio.

Vestido con un saco beige y con los ojos lagrimosos, un Martín Alejandro Mejía con las manos liberadas de los grilletes, dijo que pasó un año y ocho meses en prisión. “Yo esperaba que esto llegara a debate… Me ligaron a proceso y no tenían ni si quiera el delito por el que me acusaban… No habían pruebas, la aprensión en mi contra fue política”, dijo.

Edgar Ortiz y Rudy Hernández, los abogados que en conjunto defienden a González Grijalva y López Aguilar tienen previsto apelar la sentencia, ya que argumentan que la investigación no determinó cómo, cuándo, ni dónde ocurrió la supuesta tortura de Cifuentes Estrada. “Este es un proceso muy delicado históricamente y entendemos que hay personas importantes involucradas”, dijo el abogado Hernández, para justificar el fallo de los jueces con el que no está de acuerdo.

La investigación del caso estuvo a cargo de Jorge García, fiscal del Ministerio Público que también ha participado en investigaciones como la del asesinato de monseñor Juan Gerardi, o la de la muerte de tres estudiantes de la Universidad del Valle. “Estamos totalmente en contra porque se deja en la impunidad el asesinato de Mérida Escobar”, y los hechos en contra de Guerra Galindo, dijo.

Según el fiscal, la lógica del fallo no tiene sentido. “No es posible que quede como si a estos tres policías solitos se les ocurrió capturar a Gonzalo Cifuentes Estrada. Ellos eran subalternos. El tribunal no quiso jalar la pita, no quiso tocar las estructuras de poder que ejecutaron esta operación de inteligencia", indicó. “No podemos estar de acuerdo con que sentencien a tres policías por deberes contra la humanidad, pero todo el entorno alrededor de la operación quede impune… no entendemos por qué el tribunal falló así y obviamente impugnaremos la medida”, agregó.

Junto a su abogado, Helen Mack discutía lo que acababa de pasar. Ya es tarde y las luces de la Torre de Tribunales están apagadas. Afuera del recinto, más calmada, Mack comienza a explicar las contradicciones que, aseguró, contiene la sentencia.

Uno. El tribunal acepta que hubo desviación en las investigaciones, pero sostiene que no se probó que hubiera una intencionalidad de cometer el asesinato de Mérida Escobar o las capturas aleatorias de Cifuentes Estrada y Guerra Galindo, alegó. “A Mérida Escobar lo matan en agosto de 1991, a los implicados en el asesinato de La Chata (como llama a su hermana) los arrestan hasta en diciembre, y la primera condena fue hasta en 1993. No pueden decir que no hubo intenciones de matar a Mérida porque cuando lo mataron no estaban arrestados y el plan seguía en marcha”, explica.

Dos. El tribunal reconoce que existió una operación especial de inteligencia pero sólo participaron policías de un rango medio. Su superior no estuvo implicado. “El tribunal acepta que hubo un plan, pero ¿Quién lo coordinó? ¿Quién dirigió? ¿Quién autorizó los recursos que usaron? No pueden decir que fue un plan y resolver como si hubiera sido una ocurrencia de los policías”, cuestiona.

Tres. Se absuelve a Martín Alejandro Mejía García (exjefe de la DIC) para que los señalamientos del caso no continúen la cadena de mando hacia arriba. “En la sentencia aceptan que hubo desviación de la investigación, y que hubo comunicación en el canal de inteligencia. Pero al absolver a Mejía García se ve que la intención es otra, que este caso (que es un caso derivado de otro caso más grande) ya no siga, ya no suba”, denuncia, enojada.

Esta trama, que comenzaba a desenredarse, sigue enmarañada.

El asesinato de Myrna Mack y los crímenes siguientes a su alrededor, son una historia prolongada, una cadena. Tres asesinatos que son etapas de una gran operación. La antropóloga Myrna Mack fue asesinada con saña, al salir de su trabajo en 1990. A José Miguel Mérida Escoba —el policía que se encargó de investigar su muerte— lo mataron un año después, afuera de su trabajo, a escasos metros del Palacio de la Policía Nacional que no era civil. Por este último asesinato fueron falsamente implicados Cifuentes Estrada y Guerra Galindo; uno de ellos fue asesinado al año siguiente. Al otro nadie lo ha visto en 22 años.

En la historia por conocer la verdad del asesinato de Myrna Mack se suma un juicio más que se va acumulando junto a una serie de asesinatos, desapariciones, exilios y miedos a declarar. También incluye fugas. Juan Valencia Osorio —condenado como responsable intelectual del asesinato de Myrna— huyó con ayuda del Ejército. Y Lucas Edgar Martínez García —quien también debería de estar en el juicio por el asesinato contra Mérida Escobar—, está prófugo.

El caso Mack fue el primero de los crímenes políticos durante el conflicto armado interno que terminó en juicio. Y no resultó en una condena, sino en dos. Tanto en contra del autor material, Noel de Jesús Beteta, como en contra del autor intelectual, el coronel Juan Valencia Osorio, exjefe de ese mismo ente.

Hace 15 años, ante el tribunal conformado por Morelia Ríos, Yasmín Barrios y Rudy Chin Rodríguez, Helen Mack daba su alegato final en contra de los acusados de planear el asesinato de su hermana y desviar las investigaciones. “Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para construir y hay un tiempo para destruir… yo espero que el día de hoy sea un tiempo para la verdad y la justicia”, dijo entonces, citando la biblia, una Helen Mack apenas conocida en el país, una agente de bienes raíces, conservadora, que hoy es una de las activista por los derechos humanos más conocidas en el mundo.

El reloj sigue corriendo.