El Estado tiene amnesia y no le importa demasiado

Perdida en la profundidad del bosque tropical petenero, devorada por hambrientos saqueadores, y abandonada por el Estado de Guatemala, está cuanto sobrevive de las raíces de una cultura de 3 mil años: los mayas. En la Cuenca El Mirador en Petén, en los años 700 a 600 AC, formaron el primer Estado en América y el primer sistema de calzadas en todo el mundo (de hasta 43 kilómetros de largo), según los hallazgos del arqueólogo estadounidense Richard Hansen. Ahora, esta riqueza arqueológica es amenazada por los depredadores y el narcotráfico, que aprovechan que el Estado apenas dedica menos del 1% de su presupuesto para preservar el patrimonio cultural del país. En 2015, el Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural, tuvo un presupuesto de Q100.7 millones en 2016; de esa cifra, ni un centavo estuvo destinado a recuperar el patrimonio cultural que permanece en el extranjero. Pese a reiteradas solicitudes de información, esa cartera no explicó las razones.

Si en 2014 el Estado sólo protegía 63 de 2,500 sitios arqueológicos, en los años 60 y 70 la situación era peor. De los años 70 data el saqueo mensual promedio de mil piezas prehispánicas. Tan incapaz se sentía el Estado de proteger el patrimonio en 1992 que, según Hansen, el gobierno de la época le pidió que enterraran de nuevo uno de los hallazgos más importantes en El Mirador (un muro de 55 metros verticales con mascarones de colores) para protegerlo de los saqueadores.

Hansen sabía de qué eran capaces: en El Tintal documentó 3,700 túneles que los saqueadores excavaron sólo en el centro cívico. Si una parte de El Mirador se ha preservado, es porque tiene seguridad privada que Hansen paga con patrocinio privado. Uno de sus financistas es la petrolera Perenco, señalada de serios daños al ambiente, aunque ninguna autoridad ha formulado acusaciones en su contra. El arqueólogo afirma que el narcotráfico está detrás de todos los incendios provocados, para establecer fincas ganaderas para el lavado de dinero, un dato que confirma el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Esa expansión destruye los sitios arqueológicos a su paso. Según Hansen, sólo la preservación del bosque puede salvar las ciudades mayas, aunque no con el presupuesto actual. Así, cientos de piezas se guardan en museos en otros países, están en manos privadas y se siguen vendiendo ante la indolencia del Estado de Guatemala.

Una colección olvidada en un museo de Boston

Detrás de un escaparate, bajo llave y un complejo sistema de alarmas, hay 138 testigos de varios delitos. Están en el Museo de Bellas Artes de Boston (MFA, por sus siglas en inglés), en Massachusetts, EE.UU. Son piezas de jade, cerámica, incensarios y efigies prehispánicas de Guatemala; desde 1946, como el resto de tesoros prehispánicos, son —o deberían considerarse— propiedad exclusiva del Estado de Guatemala. Según la Constitución de la República para que una persona particular las posea, las piezas deben estar registradas a nombre del Estado en el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) y el posesionario debe firmar un convenio de préstamo. Si una pieza está en el extranjero, y su préstamo y salida del país no consta en ningún documento oficial, esto significa que la sacaron de contrabando y su posesión es ilegal, como en el caso del MFA de Boston.

Esta colección apareció primero entre 1974 y 1981 en manos de John B. Fulling, un coleccionista de Florida, según una investigación de la arqueóloga estadounidense Donna Yates. “En los (años) 60, John se interesó en el arte maya, y como Indiana Jones, se marchó hacia la selva en Guatemala, con guías y cargado de pistolas, para acumular una de las más grandes colecciones de arte maya en Norteamérica”, escribe Yates. La arqueóloga cita investigaciones de 1997 y 1998, según las cuáles estas piezas fueron robadas de sitios en Petén en los años 70 o principios de los 80, y trasladadas a EE.UU. sin permiso de exportación. Fulling dijo que compró las piezas a intermediarios en los años 70 y no sabía cuándo fueron excavadas.

Se le denominó “Colección Noviembre” porque Fulling era propietario de una empresa llamada Art Collectors of November, Inc., una corporación no lucrativa que inscribió en abril de 1981 en Florida. En 1987, Fulling vendió la colección a Landon T. Clay, de Boston, Massachusetts, quien a su vez la obsequió al museo privado de Boston en 1988. De 1987, también data el obsequio de un plato que Fulling hizo al MFA: una pieza del período Clásico (del año 250 al 900 D.C), con la figura de un jaguar rugiendo, “comprado entre 1971 y 1973 en Guatemala” pero descrito como posiblemente originario de Campeche, México. Este no es el único caso de piezas guatemaltecas identificadas como originarias de México.

Para finales de los años 80, la colección tenía mala fama, cuenta Yates. Al enterarse del obsequio al MFA, el arqueólogo y catedrático de la Universidad de Boston, Clemency C. Coggins, le escribió al director del museo, Alan Shestack, para urgirle a que no aceptara el obsequio. Shestack simplemente respondió que la colección no había sido sacada de su país de origen, ni cualquier otro sitio, en violación de ninguna ley. Malcolm Rogers, sucesor de Shestack, reiteró que el museo no había cometido ninguna transgresión. Sin embargo, Weld S. Henshaw, un abogado y asesor legal del museo dijo al diario Boston Globe que desconocía una ley de Guatemala que prohibía desde 1947 la exportación de antigüedades sin permiso, pero conocía otra de 1987 que exigía lo mismo. El abogado admitió que la colección fue exportada sin permisos, pero que dada la inestabilidad por el conflicto armado en Guatemala, las autoridades guatemaltecas no se enteraron que la colección estaba en los EE.UU. Entonces, aconsejó al museo que podía aceptar la donación porque Guatemala no había objetado formalmente la salida de las piezas del país.

El primer reclamo de estas piezas data de 1989, cuando Marta Regina de Fahsen, Viceministra de Cultura y Deportes, escribió una carta al MFA cuestionando la legalidad de su posesión de las piezas. Según el artículo de Yates, la funcionaria le dijo al Boston Globe que Shestack rechazó su petición por medio de la Cancillería y que no pudo dar seguimiento al caso “debido a la inestabilidad política en el país”. Faltaban siete años para la firma de la paz. De Fahsen era funcionaria en el gobierno de Vinicio Cerezo, la primera administración presidencial de un civil después de años de gobiernos militares.

Lee el especial Memoria Robada

El Gobierno de Guatemala continuó exigiendo al MFA que probara que la colección fue exportada legalmente. En 1998, Rogers dijo que la junta directiva del museo “no encontró ninguna base” para que Guatemala reclamara propiedad de la Colección Noviembre porque “el país no tenía un título (o registro) legal de las piezas”. Un artículo de 1998 de The New York Times (NYT) revela que la Colección Noviembre podría haber entrado a los EE.UU. legalmente, aunque salió de Guatemala ilegalmente, porque EE.UU. firmó la Convención de 1970 de la UNESCO (que prohíbe la comercialización de bienes culturales de países signatarios) hasta 1983, “13 años después de su creación” y después de que las piezas fueron ingresadas en su territorio.

El NYT reportó también que para abril de 1991, el saqueo de las ruinas mayas en Petén se había vuelto “tan alarmante” que el Servicio de Aduanas de los EE.UU. prohibió la importación de piezas prehispánicas guatemaltecas al país. La Agencia de Información de los EE.UU. dijo que en ese entonces el robo de antigüedades y arte era un negocio de US$4.5 millardos (unos Q23 millardos en esa época) a nivel mundial y se había vuelto un problema grave para las autoridades.

Pero intentar revertir el daño también presenta otros desafíos. Las características de las piezas no ofrecen certeza acerca de su origen. Yates explica que mientras algunas piezas de la Colección Noviembre tienen glifos emblemáticos de sitios de El Naranjo (entre Guatemala y Belice), otros tienen rasgos de San Agustín Acasaguastlán, o inscripciones con los nombres de El Tintal y Nakbé, en la Cuenca del Mirador. Sin embargo, como estas piezas podían ser obsequiadas por una ciudad a otra, podrían haber sido robadas en cualquier sitio. “Difícilmente se identificará su origen”, dice Yates.

En 1998, Rogers había dicho al NYT que el MFA no apoyaba el saqueo, y que el museo esperaba “que los países en cuestión lo puedan resolver”. También había una disputa con Mali y Perú.

Para finales de 2001, la cónsul de Guatemala en Nueva York, Rosa María Mérida de Mora, era el enlace del gobierno para el reclamo que el Estado hacía al MFA por medio de una firma de abogados neoyorkina, que también representaba a Perú. Era la administración de Alfonso Portillo, que antes de llegar a su fin, trasladó a Mérida a otro consulado. Yates afirma en su artículo que una investigación de 2004 menciona que funcionarios guatemaltecos revelaron que “representantes del MFA les preguntaron cuánto estaba dispuesto el país a pagar para que les devolvieran la colección”. Ellos dijeron que se negaron a pagar por recuperar las piezas.

Perú sí recuperó una pintura de la colección en el MFA  en 2008. El caso de las piezas de Guatemala fue olvidado. En diciembre de 2015, el caso era desconocido por Eduardo Hernández Herrera, jefe del Departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, en el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD). Se enteró que había piezas arqueológicas de Guatemala en el MFA cuando el periodista Malcolm Gay del Boston Globe le escribió para preguntarle el estado del reclamo. El primer reclamo ya cumplía 26 años, pero para Hernández era noticia. Desde su llegada al departamento en 2009, no ha visto ningún rastro del caso.

“No había ningún reclamo vigente (en los registros del departamento)”, dice Hernández, refiriéndose a las piezas en el MFA de Boston. Su antecesor, Óscar Mora, quien sostuvo el cargo entre 2003 y 2010, tampoco encontró rastro alguno en los registros de la oficina. Según Mora, el Museo de Arqueología seguía los casos de reclamo, así como el encargado del Departamento Jurídico: un abogado contratado en renglón 0-29 (cuyo nombre Mora se reserva) que trabajaba en su casa y quien, al finalizar su contrato, no entregó al MCD los documentos relacionados con los reclamos que conoció.

¿Y las 138 piezas? “Eso se manejó a nivel del museo (de Arqueología) y el ministerio (de Cultura) y a nosotros no nos dieron acceso”, explica Mora. Agrega que para 2006, “todo se centralizaba en el asesor jurídico” y las autoridades se desinteresaron. “Empezamos a buscar documentación en Cancillería y el Ministerio de Cultura, y al preguntar: ‘¿Y aquí qué pasó?’ (respecto a información de un caso específico), nos respondían: “Ah, sí, aquí la tenemos; se nos había olvidado”. No había seguimiento.

En enero de 2016, y con base en el artículo de Yates, Hernández solicitó a la Dirección de Relaciones Bilaterales de Cancillería (con copia a la Dirección de Asuntos Culturales y Turísticos), por medio del Viceministerio del Patrimonio Cultural y Natural (del MCD), “un acercamiento con las autoridades del museo para obtener información de la denominada Colección Noviembre”. La respuesta de Cancillería tardó ocho meses en llegar. Hernández la recibió en agosto de 2016. “Me dijeron que, en la Embajada de Guatemala en Washington, D.C., designaron a una persona bastante proactiva para buscar un acercamiento con el museo”. No le dijeron si había rastros del reclamo. Hernández desconoce el tipo de piezas que involucra este caso (salvo por artículos de prensa que citan el número y una descripción general) para formular un nuevo reclamo. Los datos de la colección completa no están disponibles en el portal del museo, aunque sí aparecen parcialmente en otros sitios y aparecen algunas fichas individuales. Ahora Hernández sólo confía en que el acercamiento de la Embajada de Guatemala le permita saber de qué piezas se trata.

Mientras tanto, Jenny Alvarado, encargada de la Dirección de Asuntos Culturales, del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que no tenían información de la Colección Noviembre. Ofreció buscarla y enviarla, pero no lo hizo. También se solicitó a ese ministerio la copia de documentos relacionados con procesos pendientes de recuperación de piezas en el exterior, pero se negó a entregarlas; indicó que la Cancillería “sólo es un intermediario”, y los documentos debían ser solicitados al MCD.

Recursos proporcionales a resultados

Los desfases en el caso del MFA quizá se explican, en parte, porque Hernández es una de las tres únicas personas, junto a un asesor legal y un secretario, que integran el departamento cuya misión es prevenir y controlar el tráfico ilícito de bienes culturales de Guatemala. Cuando el departamento fue creado en 2003, Mora era el jefe y su único integrante. Cuando lo dejó por una dirección técnica y luego por la jefatura de la Dirección del Patrimonio Cultural (en el Viceministerio de Patrimonio Cultural, en el MCD), había logrado contratar a dos personas más. Eso fue en 2008. Desde entonces, sigue sin presupuesto propio salvo el asignado para salarios.

Lee también Un solitario buscador de los tesoros robados

“El Licenciado Hernández y yo luchamos, hacíamos milagros y debíamos ver cómo nos las ingeniábamos (para lograr resultados) sin una partida presupuestaria, cuando es una obligación del Estado”, dice Mora. Hernández afirma que los artículos 59 al 61 y el 65 de la Constitución de la República establecen que es función primordial del Estado proteger, fomentar, divulgar la cultura nacional, emitir las leyes que tiendan a su enriquecimiento, restauración, preservación y recuperación. Pero esta ley existe sólo en papel.

El caso de Boston no es el único caído al vacío. Una memoria de labores, del Departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de 2009, registra que esa oficina hizo gestiones para recuperar piezas arqueológicas que una persona particular tenía ilegalmente en Venezuela. Pero para julio de 2016, Hernández decía que ningún archivo en su oficina registra las gestiones en ese caso.

Mora, que estuvo en la jefatura hasta 2009, afirma que las últimas noticias que tuvo fueron que un coleccionista llegó a vender las piezas a un museo en Venezuela y que éste las rechazó porque su procedencia era dudosa. “Nos consultaron si era patrimonio guatemalteco (se concluyó que sí), y ellos lo decomisaron”, dice Mora. “Hasta donde recuerdo, las piezas estaban en el museo (no la Embajada de Guatemala)”. Ningún país sudamericano, salvo Perú, tiene un convenio bilateral de cooperación con Guatemala para la devolución de piezas consideradas patrimonio cultural. Venezuela no figura en la lista de países donde hay piezas en resguardo de las embajadas de Guatemala, que abarcan Italia, Alemania, Suiza y Bélgica, además de otras en resguardo privado en EE.UU., según Hernández. El Ministerio de Relaciones Exteriores no corroboró esta información. No reveló, bajo solicitud de información pública, qué embajadas tiene piezas de patrimonio cultural en resguardo ni de cuántas piezas se trata, aduciendo que el MCD podía proporcionar los datos. 

Pero la recuperación de piezas en el extranjero es sólo la mitad del reto. Hernández afirma que el Estado de Guatemala no tiene un presupuesto específico asignado para su repatriación al país. La falta de presupuesto para prevenir y controlar el tráfico ilícito explica por qué, en casos de reclamos internacionales, el Estado de Guatemala debe tratar los casos por la vía diplomática y no judicial. El Estado, por ejemplo, todavía debe 2 mil euros a un abogado que cobró esa suma simbólica por representar al país en un reclamo en Bélgica en 2015. También debe costas procesales en otro reclamo en Alemania, en 2014, por un caso que perdió. Con la vía diplomática, el desafío es contar con la buena voluntad de los poseedores de las piezas, o de las autoridades locales, para llegar a una resolución favorable. En la mayoría de casos, esa buena voluntad es escasa o nula.

La piñata de las subastas

Hernández cree que las piezas que aparecen en casas de subastas, museos o galerías en Europa y EE.UU., son producto de los masivos saqueos en sitios arqueológicos en Guatemala durante los años 70. Ocasionalmente, las autoridades interceptan algunas piezas en registros aduanales en Guatemala o el país de destino. Sin embargo, mientras que los hallazgos en aduanas dependen de minuciosas inspecciones o de tecnología, en los museos o galerías dependen de una visita fortuita o pistas que conduzcan a una inspección de la Interpol. En el caso de las subastas, se requiere del acceso a catálogos que las casas de subastas venden entre US$150 y US$200  (entre Q1300 y Q1500  quetzales). El departamento de Hernández no tiene fondos para la compra de los catálogos, pero consigue acceso a ellos por medio de las alianzas que formó con funcionarios en otros países latinoamericanos que trabajan en el rescate del patrimonio cultural saqueado. “Cualquier persona que consigue una pista de una subasta donde puede haber patrimonio cultural robado, lo comunica al resto del grupo y comparte el catálogo”, explica Hernández.

Antes de 2013, las casas de subastas publicaban los catálogos hasta dos meses antes de la subasta. Este margen permitía al Departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales pedir a los peritos de Registro de Bienes Culturales reconocer si había patrimonio de Guatemala entre las piezas a ofertar, para iniciar un reclamo. Sin embargo, cuando los reclamos se volvieron más frecuentes, Hernández dice que algunas casas de subastas comenzaron a publicar o vender los catálogos dos semanas antes de la subasta. En otros casos, Hernández se entera de la subasta uno o dos días antes del evento, cuando el margen de tiempo es insuficiente para identificar las piezas y reclamarlas antes de la subasta. “Cuando nos enteramos uno o dos días antes, consideramos las piezas perdidas porque no podemos hacer nada para detener la subasta, o para que el dueño o comprador devuelva las piezas”, admite el funcionario.

Explora la herramienta para buscar recuperaciones, tesoros y subastas

Guatemala también se queda con las manos vacías aun en algunos casos cuando identifica las piezas como guatemaltecas y las reclama a la casa de subastas por medio de la embajada de Guatemala más cercana, que a su vez las reclama a las autoridades del país donde opera la casa de subastas. La respuesta usual es que exigen que Guatemala produzca un registro de la pieza como originaria de Guatemala, o la denuncia del robo de la pieza, porque en Europa y EE.UU. no es ilegal la comercialización de piezas arqueológicas. “Supuestamente antes de las subastas hacen un estudio previo de legalización, para establecer el origen de la pieza antes de subastarla o venderla”, dice Hernández. En la práctica, esto no sucede. Al menos, el Estado de Guatemala no ha sido consultado al respecto en ninguno de los casos descubiertos.

El proceso no se facilita para países cosignatarios de la Convención de UNESCO de 1970, que prohíbe el tráfico del patrimonio cultural de los estados miembros. Esto incluye a países como EE.UU. y Francia. Con EE.UU. además hay un convenio bilateral, que no siempre ha servido para que las autoridades locales respalden la devolución de piezas robadas a Guatemala y que fueron ingresadas de contrabando a EE.UU. El caso del MFA de Boston es un ejemplo.

Desde 2010, Guatemala ha hallado 208 piezas en 23 subastas en cuatro países: EE.UU., Francia, Alemania, y Bélgica. La mayoría son presenciales. Al menos dos, una en Alemania y otra en Colorado, EE.UU., eran virtuales o por Internet. Las piezas se recobran, a veces, cuando no todas las piezas son subastadas el día del evento, y se logra persuadir al dueño de las piezas a devolverlas. Estos casos son la excepción: Hernández sólo tiene registro de tres recuperadas así, en un caso de Alemania. Pero las piezas no avanzan más allá de la embajada de Guatemala más cercana por falta de fondos para trasladarlas a Guatemala. Este es el caso de las tres piezas en Berlín, Alemania, que sobraron de una subasta en enero de 2015.

En 2014, Guatemala reclamó piezas que serían subastadas en Sotheby’s de París, Francia. Sólo un año antes Hernández había atendido una reunión de Estados miembros de la Convención de UNESCO 1970 en París, donde expuso las dificultades de Guatemala para recuperar las piezas: no hay registro de muchas piezas, ni alerta de robo, porque las autoridades desconocen cuáles y cuántas piezas robaron los saqueadores en sitios desprotegidos. No obstante, el reclamo de Guatemala en 2014 fue inútil, aunque el catálogo de Sotheby’s identificó el origen de las piezas como “Maya de Guatemala”. La casa subastó las piezas y su rastro se perdió. Cuando Sotheby’s en Nueva York subastó otras piezas de Guatemala, después del reclamo por el caso en París, el catálogo sólo identificó su origen como maya, omitiendo el nombre del país. Guatemala tampoco recuperó ninguna pieza en este caso.

Hasta ahora, no se vislumbra un cambio en cómo el Estado responde a la desprotección del patrimonio cultural. Permanecen en abandono las piezas en el MFA de Boston, en Venezuela, y otros sitios insospechados alrededor del mundo (Yates dice tener indicios de un caso de piezas guatemaltecas en Australia). Mientras tanto, en Guatemala, los vacíos legales y la negligencia de algunas autoridades permiten que ciertos coleccionistas privados guatemaltecos se conciban como un muro de contención frente al contrabando de piezas hacia el exterior del país. Pero no reconocen que así  se promueve  el comercio local que también estimula el saqueo como actividad lucrativa. Que las piezas acaben en un escaparate afuera o dentro de Guatemala da lo mismo, según Hansen. El daño está hecho.