Fuego y muerte en el hospital Roosevelt

Foto Esteban Biba/EFE

Los supuestos pandilleros que el miércoles 16 de agosto asaltaron el hospital Roosevelt no buscaban solo liberar a Anderson Daniel Cabrera Cifuentes, uno de los líderes de la Mara Salvatrucha que desde diciembre de 2013 guardaba prisión por asesinato y asociación delictiva. También pretendían retar a las fuerzas de seguridad, al Sistema Penitenciario, al Estado; enviar un mensaje de fuerza, de poder, de fuego. Y lo lograron en menos de diez minutos. Armados con fusiles de asalto y al menos uno de ellos protegido con chaleco blindado, ingresaron al centro asistencial, gritaron, amenazaron, insultaron, somataron puertas y mataron a siete personas e hirieron a una docena.

Mientras los atacantes huían en un vehículo que recién habían robado y luego eran capturados —o se dejaban capturar, no está claro— por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Cabrera Cifuentes, quien se había hecho llevar al hospital para ser atendido por supuestos malestares de salud, escapaba frente a las narices de un grupo de agentes que pretendían imponer orden en las enloquecidas salas de urgencias y maternidad del Roosevelt, frente a las cámaras de decenas de reporteros que transmitían el suceso en directo. Al verse descubierto dentro del baño en el que se había escondido minutos antes, en medio del caos Cabrera Cifuentes retiró un panel del cielo falso y huyó por el techo.

Más tarde, el presidente Jimmy Morales pidió a los jueces abstenerse de ordenar el traslado de privados de libertad a los hospitales públicos, y al Congreso apresurar la aprobación de un préstamo millonario con el Banco Centroamericano de Integración Económica, para la construcción de una cárcel de máxima seguridad que incluya un hospital para atender a los reclusos. También aseguró que la PNC y el Ejército darán seguridad a los centros asistenciales.