Gobierno de El Salvador negoció con maras reducción de homicidios

Por Óscar Martínez, Carlos Martínez, Sergio Arauz, Efren Lemus, de El Faro. (Ir a publicación original)

El Muchacho recibió una llamada a su celular el viernes por la mañana. La llamada provenía del penal de Ciudad Barrios y la voz en el teléfono llamaba para explicarle las nuevas disposiciones de la Mara Salvatrucha: la cárcel ha decidido que hay que “calmarse”, que en la jerga de la pandilla es lo mismo que decir que hasta nuevo aviso queda prohibido matar y sumar nuevas extorsiones.

El Muchacho es un tipo muy delgado con el que arreglamos una cita en un centro comercial de San Salvador. Él es jefe, o “palabrero” de una “clica” o célula de la MS-13. Las órdenes que vienen de la cárcel son incuestionables, así que a su vez él reunió a sus muchachos y les transmitió el mensaje. “Estamos de vacaciones”, bromea y ríe.

La clica que dirige este treintañero tuvo que suspender algunos de sus planes inmediatos. Según El Muchacho, ese mismo día tenían planificados dos asesinatos que se vieron frustrados por las órdenes de su jefe en la cárcel. A este pandillero la única razón que lo mueve a obedecer las órdenes que recibe es el llano miedo a activar el sistema de castigos de la Mara Salvatrucha: si uno de sus subalternos desobedece, él deberá castigarlo –lo cual puede ir desde una golpiza hasta la muerte-. A su vez, él será castigado, y también su jefe en el penal de Ciudad Barrios. 

Para explicarse mejor intentó el siguiente ejemplo: “Si a usted su jefe le dice: traé este reportaje, usted tiene que rebuscarse por hacerlo, porque de eso depende su trabajo. Pues igual. Una orden es una orden”.

La única explicación que recibió El Muchacho fue que un grupo de jefes pandilleriles presos en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca habían sido trasladados a otros penales y que las nuevas órdenes buscaban mantenerlos ahí. La idea que le expresaron es esta: ha habido una negociación entre algunos líderes de la mara y el gobierno. Así, si la pandilla se calma, el gobierno no tendrá motivos para regresarlos a Zacatecoluca.

El Muchacho repite que desde el sábado están de vacaciones. Ese día se registraron 10 homicidios, cuatro menos que la media que mantenía el mes. El día siguiente, día de elecciones legislativas y municipales, se registraron seis, y algunas fuentes lo adjudicaron al despliegue policial para custodiar los centros de votación. El lunes de esta semana, una cifra sin precedentes en los últimos dos años: dos homicidios en todo el país ya sin el despliegue policial del día anterior. El martes, la tendencia se mantuvo: tres asesinatos en todo El Salvador. Este miércoles, a las 7 de la noche, la tendencia seguía siendo sorprendente: cinco homicidios.

El ministro de Justicia y Seguridad, el general David Munguía Payés, se apresuró el martes mismo a asegurar que el cuidado de los centros de votación podría haber influido, pero que “más que eso, la disminución es por la coordinación, la operatividad de la Policía y la labor de inteligencia que se está desarrollando”. Después, rodeado de fotógrafos y camarógrafos, y junto al director de la Policía, el general en retiro Francisco Salinas, recorrieron la colonia Altavista, en el conflictivo municipio de Soyapango, una reconocida zona de disputa entre las pandillas.

Munguía Payés, al asumir el cargo en noviembre pasado, prometió una reducción de un 30% de los asesinatos al cabo de un año, pero su primer trimestre lo encontró en febrero con una tendencia alcista en lugar de a la baja.

Traslado masivo

La semana pasada, cerca de 30 líderes de la Mara Salvatrucha 13 y del Barrio 18 fueron sacados del régimen de máxima seguridad y trasladados a cárceles donde pueden recibir visitas de parientes y donde pueden tener contacto físico con personas que llegan desde el exterior. La mayoría de los trasladados tenía una década en la prisión de Zacatecoluca.

Entre los trasladados se encuentran algunos de los pandilleros que las autoridades han presentado como unos de los más peligrosos criminales del país: Carlos Ernesto Mojica Lechuga, conocido como “Viejo Lin”; Carlos Alberto Rivas Barahona, “Chino Tres Colas”; Víctor Antonio Cerón García, “Duke”, y Frank William Martínez, “Cholo William”, quienes según las autoridades son los líderes nacionales de las dos facciones de la pandilla Barrio 18.

De los prisioneros de la Mara Salvatrucha, 12 fueron trasladados. Destacan Borromeo Enrique Solórzano, “El Diablito”, y Ricardo Adalberto Díaz, “La Rata”. Según las autoridades de seguridad pública, ambos son los líderes nacionales de la pandilla.  De acuerdo con el organigrama que la inteligencia policial ha establecido, a estos dos líderes les sigue una especie de cuerpo de decisión colectivo al que los pandilleros llaman “ranfla”.  Miembros de la ranfla nacional que salieron del régimen de máxima seguridad son Saúl Antonio Turcios, “El Trece”, y Élmer Canales Rivera, “Croock”.

Este es un movimiento sin precedentes en centros penales. Nunca antes tantos reos de alta peligrosidad que pertenecen a pandillas habían sido trasladados en un solo movimiento a cárceles de menor seguridad. Incluso cuando en julio de 2009, la Dirección de Centros Penales movió de Zacatecoluca a Dionisio Arístides Umanzor, alias “El Sirra”, pandillero de la Mara Salvatrucha, recluido por homicidio y secuestro, el revuelo llegó hasta la Asamblea Legislativa. Unos meses después de ese traslado, el principal partido de oposición, Arena, incluso pidió la destitución del entonces director de Centros Penales, Douglas Moreno, ahora viceministro de Justicia y Seguridad. El argumento de los políticos era que veían con preocupación sacar del régimen de máxima seguridad a alguien a quien consideraban una gra amenaza para la sociedad. “Nos preocupan las medidas irresponsables que han sido tomadas por el director (…) y el traslado de reos del penal de máxima seguridad a otros centros penitenciarios”, decía la petición de Arena. La medida no prosperó.

El sábado 10 de marzo, El Faro consultó al director general de Centros Penales, Nelson Rauda, sobre la razón de los traslados y la identidad de los prisioneros que obtuvieron ese beneficio. Sin embargo, el funcionario aseguró que por órdenes superiores esa era información confidencial y que el único vocero autorizado para hablar de ello era Munguía Payés.

Diversas fuentes de varios cuerpos de inteligencia del Estado aseguran que los pandilleros de la Mara Salvatrucha fueron trasladados al penal de Ciudad Barrios, mientras que oficiales del sistema de registro de la Corte Suprema de Justicia confirman que “Viejo Lin” fue trasladado al penal de Cojutepeque. El destino y la identidad del resto de trasladados sigue siendo un secreto.

Los prisioneros de Zacatecoluca viven en un régimen de restricciones en el que nunca tienen contacto físico con sus visitantes, con quienes conversan a través de un vidrio. Viven en sus celdas con apenas tres horas de sol a la semana. Cada vez que uno de ellos sale a una audiencia judicial o a una diligencia médica deben permanecer en una celda de aislamiento, y no son introducidos a su celda hasta que no defequen frente a los custodios, para asegurarse de que no introduzcan ilícitos en sus entrañas. Es el único penal en el país con un régimen tan severo.

Según las fuentes de inteligencia, los traslados no son solo una noticia sin precedentes, sino una pieza dentro de las negociaciones que mantiene el gobierno.

El pacto de los homicidios

La primera información escrita de inteligencia sobre los traslados llegó al periódico el viernes 9 de este mes. Se trató de unas líneas de un informe generado en el Centro de Inteligencia Policial (CIP). Ahí se leía que los “verdes”, en referencia a los militares, habían trasladado a “toda la ranfla” de la Mara Salvatrucha. “La información se confirma”, cerraba el extracto, que también hablaba de oferta de miles de dólares a los pandilleros de más alto rango si bajan los homicidios en el presente mes.

Ese mismo día, un agente de inteligencia del Estado aseguró que, según le habían revelado fuentes directamente involucradas en la planificación, la estrategia es dirigida por el coronel Simón Molina Montoya, quien asesoró en inteligencia al actual ministro de Seguridad y Justicia, David Munguía Payés, cuando este último era ministro de Defensa. Molina Montoya es el segundo al mando en el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

Consultado este miércoles en llamada telefónica, Molina Montoya se limitó a decir: “Lo siento, no sé nada”. El Faro solicitó desde el martes una entrevista con el general Munguía Payés para conversar sobre los traslados de reos. No hubo respuesta. Este miércoles se marcó en reiteradas ocasiones al teléfono celular del ministro y tampoco respondió. El Faro llamó a uno de los oficiales de comunicaciones del Ministerio, se le comunicó el contenido del artículo y se le pidió una respuesta de las autoridades. Este oficial aseguró a El Faro que había trasladado el mensaje al ministro, pero aún así no hubo respuesta.

Las información del CIP y la versión de la fuente de inteligencia apuntan a que el plan se encuentra en una especie de período de prueba durante este marzo, y a que los traslados tienen una única razón: llevar a los líderes más importantes de las dos principales pandillas a penales donde las medidas de seguridad son más laxas, para que ellos tengan más facilidad para difundir el mensaje a los demás palabreros encarcelados, que a su vez deben comunicarse con sus líderes en libertad para que ellos bajen el mensaje a los demás.

Una fuente del OIE confirmó a El Faro todo lo anterior. El informante agregó que hay preocupación dentro de los organismos de seguridad, pues consideran que la información se ha filtrado más de lo esperado a pesar de que las conversaciones con los líderes pandilleros empezaron hace menos de un mes.

El Faro conversó además con un agente del Estado que hace labores de inteligencia penitenciaria y su versión coincidió en que existen negociaciones entre gobierno y pandilleros con el propósito de bajar los homicidios mediante este acuerdo. Sin embargo, hay discrepancias sobre lo que se ha ofrecido a los pandilleros encarcelados. Dos fuentes mencionan la entrega de 10 mil dólares a los familiares de cinco líderes de la Mara Salvatrucha, mientras que esta última fuente habla de beneficios más sencillos, como comodidades en los penales a los que han sido trasladados.

Las dudas de El Muchacho

En el restaurante, el pandillero flaco nos confiesa que tiene más dudas que certezas sobre la naturaleza del trato que sus líderes han establecido con el gobierno, y de lo duradero que esto puede ser en las aguas de la inestable “política” interna de la Mara Salvatrucha. 

—¿Qué creés que les han dado a ellos? –preguntamos.

—A mí solo eso me dijeron, que había que calmarse para que no regresaran a los homeboys a Zacatecoluca. Pero mínimo que algo tiene que haber.

—¿Y si la pandilla se entera de que ellos se están beneficiando solos?

—Pues sí, pueden tener problemas. Y además está esto otro ve: ¿qué les vamos a decir a los de Guatemala o de Honduras? ¿Qué negociamos con el gobierno?

—¿Creés que a ellos les importe?

—Hasta de la USA preguntan. La onda es que cuando esto se acabe, los bichos van a estar, ¡puta, bien grrrrrrr! Va a haber una gran lista de personas, que esta vieja puta, que este viejo cerote… ¿cómo van a explicar después esa gran subida de homicidios?_