La aldea que se agrieta a orillas de la mina San Rafael

Como un mago, Augusto comienza a sacar cosas de la tierra. Un gran trapo, varios palos y una rama. El truco es fácil. Los objetos se esconden dentro de una grieta de aproximadamente seis metros que atraviesa su casa y la tierra disimula el escondite. “La tapé porque se entra la lluvia”, explica Augusto Villagrán, uno de los 269 habitantes de La Cuchilla, una de las 15 aldeas del municipio de San Rafael Las Flores, en el departamento de Santa Rosa, cuyo lindero es el muro perimetral de la minera San Rafael.

En vez de varita mágica, Augusto lleva un machete. La grieta que comienza en el patio delantero atraviesa la mitad de los 10 metros de su casa de adobe, pasa por el corral para conejos ubicado en el salón, cimbrea por debajo de la pila, hasta detenerse en un escalón que hace de trastero y de fogón. La suya es una de las 71 viviendas de la aldea —la mayoría construidas con adobe y algunas con block de concreto — que tienen fisuras en paredes y suelos. En La Cuchilla habitan 92 familias y mucho miedo.

La iglesia rosada, que se llena todos los jueves y domingos, también tiene grietas. En la única calle de la aldea se abrió una hendidura de 30 metros de largo y 1.5 de profundidad, y fue cubierta, a principios de septiembre, por la municipalidad para mantenerla transitable.

Diez de las casas más cercanas a la ladera están en alto riesgo, más que el resto, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Los tres sectores que componen la aldea están en condiciones desfavorables para ser habitadas.

Desde La Cuchilla se puede ver San Rafael Las Flores y las montañas cubiertas de árboles que rodean el municipio. Desde la altura se escucha también, permanente, insistente, el zumbido de la mina.

El ruido, leve pero continuo, se ha escuchado durante los tres años de producción de la mina El Escobal, operada por la empresa Minera San Rafael, filial de la canadiense Tahoe Resources, que el año pasado obtuvo 20.4 millones de onzas de plata, según The Silver Institute.

Los habitantes de la aldea están acostumbrados al ruido de la mina; pero les inquieta uno mayor, que se hace acompañar de un temblor. Los vecinos dicen que se produce de manera sistemática, en el mismo horario. “Estos patojos gritan cuando tiembla. Uno no duerme tranquilo”, cuenta Lidia Divas, quien vive en la entrada de la aldea. “Yo ya no duermo con la luz apagada. Si viera qué grande la factura de luz que me está saliendo por dormir con la luz encendida, pero nomás truena, yo veo dónde está la puerta”, cuenta Santos Villagrán, propietaria de una casa arrinconada entre el camino principal y una ladera inclinada en la que se perciben con claridad los 200 metros de altura que lo separan de la mina.

Los sismos leves se sienten principalmente entre las 6:00 y 6:30 de la mañana y de la tarde. Justo cuando se dan las voladuras, las detonaciones en el subsuelo de los túneles de la mina para que se desprenda material rocoso que contiene la plata. La mina realiza dos tipos de detonaciones: las de tiro corto, de cinco metros aproximadamente, y las de tiro largo que pueden llegar a los 20 metros y que son más sensibles en la superficie. “Tenemos dos voladuras al día cuando hay cambios de turno de nuestro personal”, explica Andrés Dávila, jefe de comunicación de la minera. La empresa, asegura Dávila, cuenta con tres sismógrafos para monitorear que las detonaciones no sobrepasen las líneas base establecidas para el proyecto.

La mina, agrega Dávila, utiliza los mismos criterios que la Dirección de Minas de Estados Unidos, la cual establece una limitación de 0.79 pulgadas por segundo para la aparición de grietas y otros límites dependiendo de la frecuencia del movimiento. Según los datos recolectados por los sismógrafos de la empresa, en los últimos tres años los únicos temblores que han sobrepasado la línea permitida, no sucedieron en el horario en que la mina hace detonaciones.

En el estudio de impacto ambiental (EIA) —que todas las mineras deben realizar antes de que se les otorgue la licencia— se identificó que el ruido y las vibraciones que las comunidades experimentarían  serían de una intensidad elevada, ocurrirán de manera sistemática y certera. Las repercusiones, según el estudio, serían de mediano plazo —lo que significa entre tres y 20 años de duración— y el impacto sería inmediato. Aun así, en el EIA éstos fueron clasificados como de “impactos moderados”.

El estudio fue elaborado por la sociedad consultora Manuel Basterrechea Asociados, y la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente dio el 10 de octubre de 2011 la resolución positiva del mismo. La medición de vibraciones que la minera incluyó en su EIA, indica que los valores que pronosticaban no eran preocupantes para ninguna obra civil, y el Ministerio de Ambiente dio su visto bueno.

El proyecto minero El Escobal es el resultado de la licencia de exploración “Oasis”, la cual determinó que a 2.5 kilómetros de San Rafael Las Flores se encuentra un yacimiento de plata, plomo, zinc y cantidades menores de oro. A pesar de que la empresa sostiene que no tiene interés por explotar los terrenos de La Cuchilla, la aldea forma parte del área de la licencia de explotación SEXT-015-11 que otorgó a partir del 2013 los derechos a la explotación por 25 años.

La mina de la discordia

Los primeros días de la mina fueron tensos.

A partir de que el Estado otorgó los permisos de explotación a la Minera San Rafael en 2012 hubo conflictos: protestas, cierre de carreteras; casas, equipo y vehículos de la empresa quemados, robo de explosivos; hubo más de medio centenar de heridos y cuatro fallecidos, entre ellos una agente de la Policía. Se decretó Estado de Sitio por siete días y  la Policía hizo capturas. Algunos opositores a la mina retuvieron a 23 agentes para forzar una negociación. Secuestraron a tres líderes comunitarios y días después uno apareció muerto. El exjefe de seguridad de la mina —ahora prófugo— dirigió un ataque contra seis activistas y un menor de edad.

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La población de San Rafael Las Flores y sus alrededores se divide entre aquellos que se oponen a la mina y los que la apoyan.

En 2013 se llevó a cabo una consulta comunitaria en La Cuchilla para determinar si los vecinos estaban a favor de la explotación minera de la zona. El 96% dijo que no.

A este descontento, se sumó la denuncia de los vecinos de La Cuchilla. Hace dos años la comunidad informó a las autoridades municipales de los temblores: “Se están rajando nuestras casas, ya que son humildes de material de adobe”, se lee en una carta firmada por una veintena de habitantes de La Cuchilla. Este fue el primer grito de auxilio.

Siempre en riesgo

Para llegar a la Cuchilla desde El Escobal hay que subir 200 metros a lo largo de un camino de tres kilómetros en forma de zigzag, con pendientes inclinadas, lodo resbaladizo y curvas pronunciadas que sólo un auto con doble tracción logra pasar.

A la orilla del camino que lleva a La Cuchilla se observan desprendimientos de tierra que fueron arrastrados por corrientes de agua, depósitos de roca y lodo de deslizamientos previos. En la aldea, las inclinaciones de los terrenos van desde los 19 hasta los 51 grados, y los tres sectores de viviendas se encuentran en áreas empinadas. Estas observaciones las recoge un informe de la Conred.

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El proceso de atención empezó con la municipalidad, la Conred, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la Gobernación departamental, explica Héctor Zuleta González, encargado de relaciones públicas de la Municipalidad de San Rafael Las Flores.

En septiembre de 2015, por solicitud de la minera, la Conred departamental hizo un análisis de riesgo, y a principios de 2016  entregó un informe sobre la habitabilidad de La Chuchilla, en donde concluye que “no es apta para vivienda o algún tipo de desarrollo de estructura formal”. Entre las razones que menciona el informe como posibles causantes se encuentra la condición de los terrenos, su pendiente y su material volcánico. También destaca los movimientos sísmicos naturales, y “la posibilidad de sismos antrópicos”, o sea, causados por actividad humana. El problema se acrecienta en época de lluvia.

“El dictamen informa que podría ocurrir un deslizamiento de suelo y podrían soterrar a algunas viviendas y la vida de las personas corre riesgo”, explica Renato Echeverría León, delegado departamental de Conred y encargado del estudio.

La Cuchilla ha sido clasificada como una de las 27 áreas de riesgo por las que el gobierno declaró un Estado de Calamidad, debido a los daños que pueden ocasionar las lluvias de la temporada.

La tierra comprimida que hace de piso en muchas de las casas de La Cuchilla se hidrata con facilidad. Por cada metro cúbico mojado, el peso se eleva a los 22 quintales aproximadamente. “El suelo absorbe el agua y por sus pendientes ocurre un desprendimiento”, explica el delegado de Conred.

Sin embargo, el estudio no determina si la actividad de la mina incide en el agrietamiento de las construcciones de la aldea. La Conred no contaba con un acelerógrafo, un aparato que registra el aumento de velocidad del suelo durante un sismo y que permitiría determinar la manera en que las detonaciones subterráneas —los temblores con horario producidos por la mina— inciden en materiales de construcción como adobe o cemento.

René Muñoz, síndico primero de San Rafael las Flores, se queja de que en el informe la Conred no quiso esclarecer el rol de la empresa en el problema. “Es un informe gallo-gallina”, dice Muñoz pues  no determina ni evalúa si la mina es un factor que aumenta el riesgo.

La organización ecologista Madre Selva intentó el pasado agosto realizar una medición de las vibraciones subterráneas junto a un equipo de expertos en geología y minería de Estados Unidos. Ana González, bióloga del colectivo, dice que durante la semana que duró el monitoreo las detonaciones de la mina se detuvieron y sólo pudieron detectar una corta el último día del estudio. Es decir, hasta ahora ni el Estado ni la organización ambientalista han podido probar que las vibraciones de la mina son las causantes de las grietas.

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La tarde del 19 de abril Rosaura Cruz, vecina de la aldea, salió a comprar tostadas. Se quedó platicando en el camino, hasta que un niño vecino le advirtió que su casa se había derrumbado.

Cuando llegó encontró a su esposo, cubierto de polvo y muy asustado. Al lado de él, una pared de adobe destruida.

“Aquí había una pared”, dice Rosaura y comienza a recorrer lo que fue su casa y ahora solo es un tiradero de escombros rodeado de cuatro paredes de adobe. Explica cómo estaban distribuidos los cuartos y los muebles de la casa que tuvo que abandonar.

La casa —o lo que queda de ella— ya no es de Rosaura. El 12 de septiembre su esposo aceptó un ofrecimiento de la empresa minera para comprarle el terreno, y darle un monto extra para “que pueda encontrar vivienda digna y segura en otro lugar”, según un documento que le dio la empresa.

La “Nota para que sepa sus derechos” es el único documento que certifica la venta. Según Andrés Dávila, vocero de la minera, esto se debe a que la mina promueve los tratos rápidos y dejaron el trámite de escrituras y títulos para hacerlos después.

Las mesas de negociación entre los vecinos y la empresa empezaron en abril y se han realizado en la sede del Instituto de Fomento Municipal y en restaurantes de la capital. Al principio la municipalidad, la Conred y la PDH acompañaban las negociaciones. Luego los vecinos negociaron directamente con la empresa y dejaron fuera a las instituciones que acompañaban.

Según un estudio sobre la situación en La Cuchilla realizado por la mina, en sus 287 mil metros cuadrados habitan 273 personas, hay 66 casas, 16 arrendatarios y 96 propietarios de tierra. El estudio muestra un mapa de todas las viviendas del área y un plan de compra a través del catastro del terreno.

La propuesta de la minera consistía en comprar los terrenos con vivienda por Q45 el metro cuadrado. E iniciaron el proceso de compra.

Hasta ahora, según los vecinos y la empresa, aún no se tienen las escrituras y la mayoría de vecinos permanece en los terrenos por los que ya pactó la venta.

Ante el riesgo detectado por los estudios, el 5 de mayo pasado, la Municipalidad y la Conred pusieron a disposición de los vecinos un albergue en el salón municipal. “Lo habilitamos y desde esa fecha tenemos comida envasada, camas y todo lo necesario para un albergue temporal”, comenta Zuleta, ya que esperaban que la gente se mudara a partir de que se declaró en riesgo la aldea.

El proyecto también incluía la construcción de diez casas temporales en la parte norte del cementerio para los habitantes de las diez viviendas en mayor riesgo. “Nosotros construimos esas casas” explica el vocero de la mina. Pero los vecinos no quisieron moverse.

“El equipo está disponible desde hace cuatro meses pero ellos dicen que buscan vender su tierra y culpan directamente a la empresa de que sus casas se rajen”, dice Zuleta.

Negociar ante la caída

Don Trinidad Pinto, 52, estaría dispuesto a vender su propiedad a la empresa, pero a condiciones diferentes de las propuestas por la minera

Los vecinos de La Cuchilla se organizaron en un Comité de Resarcimiento por los daños que adjudican a la mina. Por más de un año, han buscado que la Minera San Rafael les compre sus terrenos. Juan José Sasvin, su presidente, asegura que ellos no participaron en las protestas para la instalación de la minera. “Cuando hicieron huelgas para oponerse, no nos metimos”, recuerda. “Pero hoy sí lo hacemos y no es por gusto, sino porque peleamos un derecho”, explica.

El Comité de Resarcimiento sostiene que lo que les ofrece la mina no es un precio justo. Según Sasvin,  los vecinos no dejarán las tierras hasta que la empresa se haga responsable de los daños y se comprometa a resarcirlos. Los precios de la tierra en los alrededores de la mina, agrega, es de Q500 el metro cuadrado.

Negociar con la minera no ha sido fácil. “Hay gente que ya ha vendido su terreno, que no analiza ni hace cuentas. Y la empresa incluso le ha comprado a gente que dice tener vivienda allí, pero solo tenían terreno. Somos al menos 62 propietarios”, agrega el presidente del Comité al insistir en que ellos no buscaban vender, sino que se ven obligados a hacerlo ante la situación de riesgo.

Según varios vecinos, antes de que iniciara la operación minera, y cuando la empresa compró, se dieron ventas que iban desde Q18 por metro cuadrado hasta alcanzar Q200 o Q550, ya que las características cambian y los precios los fija el vendedor. “A partir de que la empresa se estableció, nuestros terrenos se han devaluado”, continúa Sasvin. Plaza Pública contactó a seis valuadores de la región pero ninguno pudo dar un precio de referencia sobre los terrenos en La Cuchilla.

A pesar de que la minera niega su responsabilidad sobre las rajaduras, presentó un plan de compra a los vecinos, en el Juzgado de Paz de San Rafael. La propuesta de entrada era dar Q150 mil para cada uno de los propietarios que decidiera vender. Si realizaban la venta antes del 14 de septiembre, podían contar con un bono extra de Q30 mil. A esto añadían la suma de los metros cuadrados de terreno de cada propiedad, a un precio de Q45 el metro cuadrado.

Para aquellos habitantes de La Cuchilla que alquilan y no poseen tierras, el ofrecimiento para que desalojaran era de Q40 mil.

En cambio, la propuesta del Comité buscaba eliminar cualquier bono ya que consideran que al ofrecer un monto total a los pobladores que lo incluye se disimula el precio real por la compra. Pretendían vender a US$100 el metro cuadrado, y un resarcimiento de Q400 mil para aquellos que tenían casa. Además, los vecinos le solicitaron a Gobernación departamental y a la municipalidad que asignaran un terreno lo suficientemente extenso como para trasladar la aldea.

Sobre cómo la minera clasificó los aportes ofrecidos, Andrés Dávila sostiene que es una ayuda humanitaria, que esos montos no forman parte de la venta y que los precios que ellos ofrecen están al doble de como compraron en la zona en 2011, a Q21 el metro cuadrado.

Según el registro de terrenos de la mina en la Direccion de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles (DICABI), el precio más alto que ha pagado es de Q76 por  metro cuadrado. El valor promedio pagado en los 17 terrenos que suman 342 mil metros cuadrados es de Q31 por metro. En total, el precio registrado por la mina asciende a Q10,312.000. En una de estas fincas, ubicada en La Cuchilla y la aldea cercana de Las Nueces, el precio registrado es de Q20 por metro cuadrado. Al revisar los terrenos que la Minera San Rafael tiene como copropiedad, los precios registrados por metro van desde Q0.06 hasta Q17 el metro.

A pesar de las acciones del Comité de Resarcimiento, el 75% de las familias de La Cuchilla ya ha vendido sus tierras, según las cuentas de la mina al 5 de octubre. De las 92 familias en riesgo que Conred identificó, 69 han iniciado procesos de compra-venta con la empresa, explicó Dávila.

Armando Morales Aquino y su padre, Armando Morales Montenegro, tienen terrenos en La Cuchilla, pero no viven allí. Como parte del Comité de Resarcimiento, Armando hijo se opone a los precios que la mina otorga a las tierras. El pasado 22 de septiembre —junto a otros vecinos de La Cuchilla— lideraba una manifestación en el Congreso para exigir la intervención del Legislativo. El comité se reunió con la Comisión de Energía y Minas del Congreso y se estableció una mesa técnica para alcanzar acuerdos.

Los diputados de la comisión se han reunido en varias ocasiones para dar seguimiento al tema y algunos visitaron la aldea. El Ministerio de Energía y representantes de la Minera han sido citados y cuestionados. Las reuniones continúan y no se ha dado un acuerdo entre ambas partes.

Ante la imposibilidad de determinar si las grietas y derrumbes eran ocasionados por las detonaciones de la mina, el pasado 27 de septiembre, la Municipalidad anunció que la instalación por parte del Insivumeh de una estación sísmica que registra las actividades sísmicas naturales o producidas por actividades industriales a 92 kilómetros a la redonda. Con dicha acción prevén determinar si la Mina San Rafael es responsable de las vibraciones. En caso que lo fuera, las autoridades tendrían que determinar la reparación digna, o se aplicarían las medidas que los comunitarios han solicitado. 

Mientras tanto los habitantes viven allí. “No es que la gente no sepa que está en riesgo. Ellos no se salen mientras que la mina no les compre las áreas en donde ellos residen”, explica el delegado departamental de la institución que vela por la gestión de riesgo en Guatemala.

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El 3 de noviembre los vecinos de La Cuchilla iniciaron un plantón en la entrada de las instalaciones de la mina. Permiten el paso de los trabajadores de Minera San Rafael pero no el de camiones con cemento o concentrado de minerales.

Dos días después Juan José Quesada, de la firma de abogados Quesada & Asociados, difundió una solicitud de cese de la protesta en la que advierte que demandará por daños y perjuicios a Juan José Sasvin, Fernando Monterroso y a cualquier otra persona que bloquee el paso.

En La Chuchilla sigue temblando.