La invisibilización perenne de los pueblos indígenas en la administración pública

¿Cuántas personas mayas trabajan en el gobierno? El único dato consolidado que arroja una aproximación se encuentra en la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 2021), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El instrumento refiere que en el país hay 432 mil 899 funcionarios y servidores públicos. De estos 103 mil 556 se autodenominan indígenas.

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De acuerdo con esa información, solo el 23.9 por ciento de las personas que trabajan en la administración pública pertenecen a alguno de los pueblos originarios, que, según el último censo representan un 43.8% de la población del país.

Victoria Tubín, analista en temas de pueblos indígenas, considera que esa baja participación «se relaciona con el poco acceso de los indígenas al ejercicio del poder dentro del Estado».

Los pueblos indígenas, integrados por las culturas maya, garífuna y xinka, han estado históricamente excluidos de la toma de decisiones políticas y sociales. De hecho, el rol de estos pueblos dentro de la administración pública suele limitarse a espacios operativos y secundarios, muy alejados de una participación en puestos estratégicos para la toma de decisiones.

Existe legislación amplia que busca evitar que esto suceda, pero en la práctica termina como letra muerta. Durante la negociación de los Acuerdos de Paz, el Estado de Guatemala asumió una serie de compromisos orientados a propiciar espacios incluyentes a favor de los pueblos originarios. El Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas, parte del reconocimiento de que estos han sido históricamente marginados y despojados de sus derechos políticos y sociales fundamentales.

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Dicho documento instruye al Gobierno a que propicie una legislación a favor de estos pueblos para que puedan gozar del ejercicio de sus derechos, contemplados en convenios y acuerdos internacionales.

En 2002, seis años después de la firma de los Acuerdos de Paz, el Estado de Guatemala creó la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas (Codisra), que busca asesorar a otras instituciones públicas y privadas en la «formulación de políticas públicas e institucionales para erradicar la discriminación y el racismo».

Tan solo un año después, el Congreso de la República aprobó la Ley de Idiomas Nacionales. Esta norma intentó propiciar condiciones igualitarias para el acceso al empleo público a favor de los pueblos. No obstante, tanto la creación de una institucionalidad dedicada a la erradicación del racismo, como la aprobación de esta norma específica se quedaron como tímidas recomendaciones. 

Roles secundarios

A juicio de Tubín, históricamente no se han abierto espacios para la participación plena de estos pueblos. Lamenta que el rol de los indígenas en el aparato gubernamental esté mayormente asociado a temas de carácter operativo y a posiciones de muy bajo perfil. Cita como ejemplo que el actual Gobierno no cuenta con ningún ministro maya.

De hecho, a lo largo de la presente administración solo una mujer garífuna estuvo al frente de un ministerio.  Lidiette Silvana Martínez Cayetano, asumió la cartera de Cultura y Deportes, pero estuvo en el ejercicio del cargo tan solo ocho meses.

«Hablamos de roles más secretariales, de conserjería o limpieza, pero no de puestos vinculados a la toma de decisiones», refiere la analista. Lamenta que muchas de las participaciones de los indígenas se politicen y se asocien convenientemente al interés de los partidos políticos que encuentran en estos pueblos un apoyo político partidista para sus fines electorales. «Si se está a favor del Gobierno o del candidato hay alguna apertura, pero después no entran más».

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Codisra aseguró que, si bien hay algunos esfuerzos para propiciar una mayor participación de estos pueblos, hace falta una mayor sensibilización.

«El racismo y la discriminación son un fenómeno que permea fuertemente la administración pública.  Si bien es cierto que han existido iniciativas, esfuerzos, coyunturas en las cuales se ha visto la participación de estos pueblos en la administración pública, como esta Comisión Presidencial, tenemos y debemos reconocer que hay avances, pero hace falta más sensibilización y acción para que los pueblos indígenas tengan una mayor inclusión, no solo como operadores de la administración pública sino en la toma de decisiones», dijeron en un oficio enviado a Plaza Pública.

En esa línea, la Organización de las Naciones Unidas ha trazado una agenda para el 2030 en la que intenta erradicar la exclusión de los pueblos originarios y adoptar medidas para propiciar su participación en la vida pública y recomienda «adoptar medidas efectivas para asegurar la plena participación en los asuntos públicos de los pueblos indígenas y de afrodescendientes, en particular de las mujeres, tanto en los cargos de decisión como en instituciones representativas».

El Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrito en la ciudad de México el 31 de marzo de 1995, busca reducir la exclusión y promover una mayor participación política de estos pueblos.   «Se reconoce que los pueblos indígenas han sido marginados en la toma de decisiones en la vida política del país, haciéndoseles extremadamente difícil, si no imposible, su participación para la libre y completa expresión de sus demandas y la defensa de sus derechos», dice.

El documento garantiza el derecho a la creación y dirección de sus propias instituciones, así como «al control de su desarrollo y a la oportunidad real de ejercer libremente sus derechos políticos, reconociendo y reiterando asimismo el libre ejercicio de estos derechos les da validez a sus instituciones y fortalece la unidad de la nación».

Oportunidad de inclusión desperdiciada

De esa cuenta, en el 2003 se aprueba la Ley de Idiomas Nacionales Decreto 19-2003 del Congreso de la República. Dicha norma buscaba el reconocimiento y la promoción de los idiomas de los pueblos mayas, garífuna y xinka. En su artículo 16 establece las: «Calidades para la prestación de los servicios públicos».

«Los postulantes a puestos públicos, dentro del régimen de servicio civil, además del idioma español, de preferencia deberán hablar, leer y escribir el idioma de la comunidad lingüística respectiva donde se realicen sus funciones. Para el efecto, deberán adoptarse las medidas en los sistemas de administración de personal, de manera que los requisitos y calidades en las contrataciones contemplen lo atinente a las competencias lingüísticas de los postulantes».  

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Alejandro Argueta, analista experto en administración pública, asegura que ese apartado fue en su momento muy importante. «Este artículo debemos dividirlo en dos, por una parte, regula el acceso al empleo público y por otro lado su permanencia. Vemos que alude a ambas fases del empleo. Se buscaba fomentar la igualdad en la sociedad, lo que técnicamente se denomina una acción afirmativa».

A criterio de Argueta debe implementarse desde las convocatorias a cargos públicos, de modo que pueda valorarse en una tabla de gradación el uso del idioma y de esa cuenta competir por una posición.

A juicio del experto, en el país se privilegia la elección por afinidad. Se pregunta qué pasaría si se presentaran acciones de amparo ante nombramientos de servidores y funcionarios públicos en las delegaciones departamentales donde predominan diferentes grupos lingüísticos. «Se podría establecer que se priva del acceso a personas que pertenecen a estos pueblos. Entonces desde que no se aplica el artículo 16 de esta ley en las convocatorias, hablamos de la violación directa de los derechos humanos», explica.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, suscrito por el Estado de Guatemala, hace una serie de consideraciones alrededor de incorporar a los pueblos indígenas.

El artículo 20 de ese tratado establece que, «los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general».

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El numeral 2 del convenio instruye a los gobiernos a «hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a: a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso; b) remuneración igual por trabajo de igual valor; c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo…».

Eurocentrismo

A criterio de Marta Juana López Batzín, docente de la Escuela de Historia y magister en Política y Gestión Pública, el Estado de Guatemala está organizado en la racionalidad céntrica, occidental y hegemónica que excluye a los pueblos indígenas y no los considera sujetos de derechos colectivos.

Considera que el país se fundamenta en el eurocentrismo (corriente que considera los valores sociales y culturales europeos como universales) y que la clase hegemónica cree que, «existe solo una forma de organizar la salud, la educación y la justicia en el quehacer de la función pública», y que, aunque haya leyes y convenios internacionales ratificados, «todo eso queda en letra muerta». 

«Hay un racismo institucional dentro del Estado que se refleja en la función pública. Son escasos los indígenas que están en puestos de toma de decisión. Esto tiene que ver con la misma estructura del sistema educativo desde el nivel primario hasta la universidad, pues los indígenas no son formados para comprender la realidad de los pueblos. Debido a esa racionalidad eurocéntrica muchos niegan que son indígenas. Esto les ocurre especialmente a los hombres. Vemos toda una lógica monocultural que excluye a los pueblos indígenas porque se apega a las normas del Estado».  

La analista asegura que la administración pública debe pasar por la comprensión del Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas el cual establece los compromisos y las leyes marco que reconocen los valores científicos de los pueblos maya, garífuna y xinka. «La formación universitaria debería tener un enfoque de ciencia y tecnología de los pueblos indígenas para que los profesionales de todas las carreras comprendan esa realidad. No basta decir que somos un país multicultural, hace falta tener una visión del modelo de desarrollo y gestión pública que visibilice a los distintos pueblos».

López Batzín considera imperativo iniciar el camino para construir un Estado plurinacional, lo que requiere de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que pueda aprobar una nueva Constitución Política donde exista una representación real de los pueblos indígenas, garífuna y xinka.

A casi tres décadas de la suscripción del Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas y tras la creación de instituciones y aprobación de leyes creadas para frenar la discriminación en contra de los pueblos originarios, estos siguen siendo excluidos y relegados a roles secundarios dentro de la administración pública.