Las muchas frustraciones y las escurridizas glorias del fiscal del patrimonio

El fiscal Edgar Rolando Rodenas tuvo un bautizo de fuego. Recién pasó de encabezar la jefatura de la Fiscalía contra Lavado de Dinero a dirigir la Fiscalía de Sección de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, ubicada en Antigua Guatemala, a finales de mayo de 2014, y recibió uno de los casos más grandes de esa oficina: el robo de seis lienzos del siglo XVIII de Tomás de Merlo, en la Iglesia El Calvario, en la ciudad colonial. El robo ocurrió el 5 de febrero de ese año.

Desde un principio, Rodenas supo que los ladrones no eran principiantes. Dos sujetos permanecieron afuera, en vigilancia, mientras algunos transeúntes se aglomeraban frente a los tres puestos de comida en el atrio de la iglesia, y otros caminantes iban hacia la parada de bus a media cuadra. Dos ladrones más entraron a la iglesia. Fingieron ser feligreses y aguardaron adentro hasta que el sacristán les dijo: “señores, es hora de cerrar”. Este no era el sacristán de siempre, sino un suplente que cubrió el turno ese día. Uno de los hombres se le acercó, le colocó el frío cañón de una pistola sobre la frente y le dijo: “Cerrá pues”. Afuera nadie sospechó nada. Eran las cinco de la tarde, la hora regular de cierre. Los asaltantes le quitaron el celular y lo ataron de pies y manos, al igual que los hijos del sacristán de plaza, que ese día se salvó del asalto, que se encontraban en el lugar. En la iglesia no había cámaras de vigilancia. Los sujetos lo sabían. Ninguno se cubrió el rostro.

“Se supone que brincaron por una pared lateral de El Calvario para una finca, porque encontraron una escalera botada por ese lado, y que allí los esperaba un picop”, revela Rodenas. El fiscal supone que era la misma escalera que usaron para alcanzar los lienzos y cortarlos. Rodenas  volvió a entrevistar a varias personas para llenar algunos vacíos de información, pero los resultados llegaron por otra vía: el celular robado al sacristán suplente.

“Lo que hacen (los asaltantes) es que sacan el chip, tiran el teléfono, y lo introducen a otro y se comienza a rastrear ese chip a través de las antenas (de telefonía celular), y se hace con otro y así sucesivamente; se hace el monitoreo y se interviene la célula”, dice el fiscal. El resultado: la captura de un pez gordo, inesperado. Detrás del robo había una estructura delictiva multidisciplinaria, que confirmó cuanto ya sabe quien investiga casos de crimen organizado: estos delitos no ocurren  aislados de otros crímenes.

“En las escuchas telefónicas se intervienen llamadas donde se habían concertado y conspirado para cometer otros delitos como asesinatos, tráfico de armas, tumbe de drogas, y robo de residencias”, dijo el fiscal. Las escuchas también revelaron la extorsión a un colegio. Todo en la investigación cuajó: las capturas con los peritajes de voz, el rastreo de las llamadas, y los pagos que recibieron; las evidencias condujeron a los sujetos que robaron los cuadros de la iglesia. Un año después del robo, en febrero de 2015, el MP tenía a cuatro personas  capturadas: dos también fueron ligados a proceso y llevados a juicio por la extorsión en el colegio, y el caso pasó a manos de otra fiscalía en la capital. Pero no había rastros concretos de los lienzos de El Calvario.

El caso de El Calvario demuestra por qué las cifras de denuncias, capturas y condenas por delitos contra el patrimonio cultural cuentan una historia a medias. El Departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales (una división del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural, del Ministerio de Cultura y Deportes, MCD) conoce 511 fichas de reporte de robo de 1989 a la fecha. Pero, entre 2010 y 2016, el Ministerio Público (MP) suma sólo 46 denuncias de tráfico de tesoros nacionales; 38 por hurto o robo de bienes arqueológicos, y cuatro, por exportación ilícita de bienes culturales. A nivel nacional solo se han logrado  18 condenas. Las cifras son menores en la fiscalía que Rodenas dirige, debido a que en pocos casos hay suficiente evidencia para perseguir un delito. Hay casos de imágenes robadas no registradas en el MCD, que carecen de fotografías y descripciones fidedignas que permitan identificarlas. Lo mismo ocurre con los robos en sitios arqueológicos a los cuales, por lo remoto y falta de recursos, la fiscalía llega hasta con una semana de retraso y no se encuentra evidencias para iniciar la investigación. El MCD lleva un registro de los casos, pero la falta de evidencias impide una persecución penal.

La Fiscalía de Sección de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación fue creada en 2003, con cobertura nacional y tres agencias. La agencia en Antigua tenía dos vehículos. Diez años después, cuando Claudia Paz y Paz fue Fiscal General, se redujo a una agencia con jurisdicción en Sacatepéquez y Guatemala, aunque también ha llevado casos de Escuintla y Sololá, las Verapaces, Quetzaltenango y Jutiapa. Desde entonces, el trabajo se divide entre tres auxiliares fiscales, un agente fiscal y el jefe de la fiscalía (Rodenas), que tienen solo un vehículo del MP para movilizarse. La única excepción son los casos de Petén, que los investiga una unidad de la fiscalía distrital. Los demás casos los cubren las fiscalías distritales en otros departamentos.

Algunos casos de bajo perfil de delitos contra el patrimonio cultural (de robo, hurto, o tráfico ilícito) se pierden porque la policía los reporta como simples casos de robo, o no los registra en sus estadísticas. Se pidió a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio de Gobernación las cifras de robos de piezas de patrimonio cultural (prehispánicas o coloniales) y de capturas por estos hechos entre 2008 y 2016. Ambos respondieron que era imposible proporcionar la información “por (la) inexistencia de la misma”. No obstante, la PNC capturó a al menos 17 personas que el MP reporta como detenidas entre 2008 y 2016 por tráfico de tesoros nacionales. El 16 de octubre de 2012, la PNC  reportó la captura en la zona 10 capitalina de un sujeto por tráfico de tesoros nacionales. Sin embargo, el MP no registra esta fecha en la lista de capturas clasificada por día, mes y año.

Las cifras en contexto

Las estadísticas del MP y del MCD se quedan cortas considerando que, en los años 70, hubo un saqueo anual promedio de 12 mil piezas prehispánicas, según National Geographic (10,836 fueron recuperadas entre 1998 y 2015; casi un cuarto de ellas, fragmentos). No las protegió ser propiedad exclusiva del Estado de Guatemala desde 1946. Es decir, nadie las puede comprar o vender, y solo se pueden poseer en calidad de préstamo y/o exportar con permiso estatal.

En los últimos 20 años del siglo pasado, hubo 336 piezas coloniales robadas (muchas, de iglesias), según el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH).  En los últimos siete años,  la frecuencia de los robos aumentó. En ese lapso, el MCD reporta 520 piezas coloniales robadas, y sólo 70 recuperadas.

Algunas piezas coloniales robadas estaban registradas; la mayoría de las prehispánicas no lo estaban. Por eso las autoridades desconocían su existencia hasta que las vieron en el catálogo de una subasta o el folleto o portal de un museo: los saqueadores las sustrajeron de sitios arqueológicos todavía no descubiertos en excavaciones oficiales. 

El hecho que el 97% de los sitios arqueológicos carecen de protección, según datos oficiales  de 2014, facilita los robos. También dificulta la recuperación de las piezas y la captura de los saqueadores. Algo similar ocurre con las piezas coloniales sin protección en iglesias de aldeas pequeñas, y hasta en concurridos sitios turísticos, como la Iglesia El Calvario, en Antigua Guatemala.

Segunda prueba de fuego

Rodenas tenía un año en el puesto cuando estalló otro caso de alto perfil: el robo de 300 piezas de la Fundación para las Bellas Artes (Funba) en Antigua Guatemala, en mayo de 2015. Era otro ejemplo con la firma de una banda muy organizada. Un grupo de siete hombres con gorros pasamontañas y empuñando pistolas inmovilizó a unos 12 empleados de la Funba y a la co-fundadora y arquitecta Amelia Weymann de Palacios.

Weymann sospecha que otros cinco sujetos cargaron con cuadros, imágenes y platería colonial, su juego de plata para servir té y candelabros de plata. Escuchó cuando ingresaban un vehículo a la vez al complejo, lo cargaban, lo arrancaban y salían; luego otro, lo cargaban, y salían, y así sucesivamente entre las tres de la tarde y las ocho de la noche. “Se detuvieron cuando, una de las veces que abrieron el portón, un empleado salió corriendo y escapó; entonces suspendieron todo y se fueron”, dice Weymann. La colección completa de la Funba alcanza unas 4 mil piezas, y el daño pudo ser mucho mayor. Pero las piezas no estaban aseguradas. La pérdida fue total.

El fiscal dice que las cámaras de seguridad no funcionaban. Estaban de fachada. Este ardid lo habría dejado sin evidencia crucial, de no ser por un detalle fortuito. Uno de los asaltantes se quitó el gorro pasamontañas y su descripción sirvió para vincularlo, con el auxilio de otros datos, a otro robo de piezas  en Mixco a finales de 2014. Pero este hallazgo también acabó en un callejón sin salida: el hombre apareció asesinado en Jalapa meses después del robo a la Funba. Era el único de los asaltantes al que podían reconocer.

En octubre de 2015, Weymann hojeaba una revista de arte guatemalteco cuando observó una fotografía de la casa de un coleccionista que mostraba un cuadro muy parecido a uno de los robados a la Funba ese año: “La Santísima Trinidad”. De inmediato lo reportó a la fiscalía, que allanó la casa del coleccionista. Esta persona explicó al MP que compró legalmente el cuadro en US$10 mil y lo entregó para que lo examinaran. En efecto, el cuadro tenía muchas similitudes, pero no era el mismo y el MP lo devolvió al coleccionista. Sí llamó la atención del MCD que pertenecía a la misma época del cuadro robado y era del mismo autor.

Un mes después, la policía encontró el cuadro robado y 12 piezas más de la Funba en una casa en Mixco, donde capturó a Raúl Contreras Chávez, a quien Estados Unidos pedía en extradición por narcotráfico. Otra vez, lo que parecía ser una gran revelación en el caso, era un callejón sin salida: Contreras Chávez, quien aseguró que las piezas no le pertenecían, y no vivía donde lo capturaron, fue extraditado sin ser ligado al proceso. Rodenas no ofrece más detalles. No hay rastro de las otras 287 piezas robadas en la Funba.

¿Cuáles son los principales retos para procesar casos en esta fiscalía?  

De los casos relacionados con el tráfico y depredación de bienes arqueológicos, casi nadie se percata porque no hay denuncias,  y cuando se dan cuenta de la depredación, no hay ninguna evidencia que seguir. Por eso a veces nos damos cuenta de que aparecen piezas (guatemaltecas) en otro país. Pero, ¿Quién hizo eso? ¿Cómo llegaron esas piezas hasta allí? No se sabe.

Rodenas se refiere a piezas prehispánicas. “Usted puede haber presentado 60 denuncias por tráfico ilícito de piezas. El tema es la temporalidad del robo. ¿Dónde fue? Y eso no es justificar al MP, (pero) creo que la fiscalía de Petén la tiene muy difícil porque me contaba un fiscal de allá que cuando un guardabosques les avisa que una pieza fue sustraída, a veces para llegar al lugar se tardan tres días. Entonces, mientras se llega, ¿qué evidencia se puede encontrar?”.

En Petén, la fiscal auxiliar Yuliza Ponce afirma que la unidad encargada de estos casos no tiene vehículo todo terreno ni equipo de campamento, menos botiquín de primeros auxilios  para desplazarse en zonas selváticas, y verificar saqueos en sitios remotos. Los tres días en que los guardabosques demoran en reportar el robo, y los tres que el MP demora en llegar al lugar (si tiene los medios), le ubica allí seis días después del hecho.  

“En la mayoría de denuncias, los hechos se cometen en áreas lejanas, o protegidas (donde) no existe control del acceso, no en el área núcleo sino en las periferias, lejos de los campamentos o áreas de guardianía”, dice Ponce. “Por lo regular, en los sitios (protegidos) una o dos personas vigilan grandes extensiones, no tienen medios para defender sus vidas, y descubren el hecho ilícito cuando realizan recorridos cada cierto tiempo. En la mayoría de los casos, no hay testigos y las evidencias se pierden por las inclemencias del tiempo, lo cual dificulta su esclarecimiento”.

Sin embargo, llegar al sitio del saqueo con una semana de retraso no es lo peor. “Después los informes administrativos de los saqueos (de piezas prehispánicas) dan una vuelta de hasta unos 45 días para llegar a un órgano como el MP”, dice Oscar Mora, exjefe de la Dirección de Patrimonio Cultural y Natural. “Transcurren (a veces) casi dos meses después de cometido el hecho para que el MP lo conozca e inicie investigaciones, cuando ya no hay evidencias, o las han alterado”, afirma Mora, quien hizo este hallazgo como consultor de USAID, en un proyecto de seguridad y justicia.

Las posibilidades de averiguar quién saca las piezas de la zona y cómo las transporta también son mínimas. Para Rodenas, la situación es frustrante. “Es muy difícil hacer una investigación y encontrar una buena evidencia, testigos”, agrega el fiscal. “Aquí no tenemos cámaras, arma homicida, por ejemplo, un pedazo de hacha con huellas”. La captura en flagrancia es una utopía.

Pero si las capturas son un desafío, conseguir una audiencia de primera declaración para un detenido puede demorar un mes o más, según Rodenas. “En un caso de principios de 2016, programaron la primera audiencia para marzo de 2017”, revela el fiscal. “Yo entiendo que los jueces están rebalsados porque miran nuestros casos, y los de otras fiscalías, pero tenemos que esperar esa audiencia para ligar (a proceso) a la persona y buscar una salida alterna o acusarla; hasta ese momento, tenemos las manos atadas”.

Atajos legales

Rodenas explica que se enfrentó con dos problemas cuando llegó a la fiscalía: el primero, la lentitud para procesar los casos por la sobrecarga en los juzgados; el segundo, la acumulación de procesos abiertos hace más de una década. Encontró una respuesta en los procedimientos abreviados, que pueden reducir considerablemente el lapso del proceso (si la pena es menor), y permiten utilizar recursos y tiempo en casos más complejos.

Un ejemplo es el caso de un ciudadano estadounidense capturado en el Aeropuerto La Aurora en 2016, porque meses antes intentó enviar una caja con piezas prehispánicas de Guatemala a los EE.UU. El sujeto declaró que compró las piezas en Sololá y una tercera persona las envió desde Guatemala a su país, a su nombre. En su defensa, el detenido explicó que desconocía la prohibición legal para comprar piezas prehispánicas, y para exportarlas sin permiso estatal. “El detenido dijo que si su intención hubiera sido exportar las piezas, sabiendo que lo prohíbe la ley, no habría hecho enviar la caja a EE.UU. a su nombre”, dijo el fiscal. Rodenas llevó este caso por procedimiento abreviado. El estadounidense obtuvo una medida sustitutiva, y el MCD recuperó las piezas.

El fiscal explica que el procedimiento abreviado permitió cumplir una de las prioridades de la actual fiscal general, Thelma Aldana: los casos en mora, los inmóviles o que parecían no tener salida. Rodenas afirma que cuando llegó a la fiscalía en Antigua en mayo de 2014, había aproximadamente 20 casos en mora. Los más antiguos eran de 1999. “No todos (eran) de robo, sino de otros delitos (relacionados con el patrimonio cultural)”, afirma Rodenas. El fiscal se refiere a casos en los que durante la construcción o remodelación de edificios en Antigua Guatemala se incumplió con el reglamento que norma o limita los cambios a realizar dentro del casco urbano.

Denuncias concentradas en fiscalía de Sacatepéquez

Entre 2008 y julio de 2016, el 86% de las denuncias de delitos contra el patrimonio cultural de la Nación se hicieron en Sacatepéquez, donde también ocurrieron 75 de las 86 capturas en el mismo lapso. El resto fueron en el departamento de Guatemala. El MP no reporta capturas en otros departamentos, aunque hay denuncias en otros 14.

En el mismo período la mitad de los casos de depredación de bienes culturales se denunciaron en el departamento de Guatemala (que la fiscalía en Antigua cubre) y Petén.  Ambos fueron el segundo y tercer departamento con más capturas por ese delito. El primero fue Izabal, que no tiene una fiscalía especializada.

El MP también recibió 1,303 denuncias a nivel nacional por delitos relacionados con el patrimonio cultural. La mitad corresponde a Sacatepéquez, y la fiscalía en Antigua ha atendido al menos una cuarta parte del total  desde que funciona con cinco personas. Esto no incluye las denuncias de otros departamentos también asignados a la oficina de Rodenas maneja. El MP actúa sobre la base de denuncias de la PNC, o el MCD.

La fiscalía consiguió resultados en el caso de la captura en marzo de 2015 de un sujeto en la aldea Santa Catarina Bobadilla, en Antigua Guatemala, y la incautación de las 12 piezas prehispánicas que ofrecía en Internet. El responsable fue sometido a un procedimiento abreviado. Sin embargo, el origen de las piezas no se estableció, como sucede con la mayoría de piezas incautadas.

En algunos casos, los hallazgos no son producto del trabajo del MP o la Policía. Un ejemplo es la devolución del lienzo “Los Cinco Señores con Arcángeles”, robado de la Iglesia de San Agustín en la capital en 2009. La versión oficial es que la persona que lo compró, al saber que era robado, lo devolvió a un sacerdote de la Iglesia del Santuario de Guadalupe. Hernández sospecha que lo devolvieron porque quienes lo cortaron le provocaron daños severos al lienzo, al mutilar una sección superior, y al doblarlo, en lugar de enrollarlo. Además reveló que la devolución ocurrió en secreto de confesión, lo que impidió a las autoridades indagar más acerca del robo. Hernández reveló que no es el único caso de devolución en secreto de confesión.

Denuncias y condenas

Los resultados de las denuncias también cuentan una historia incompleta.

Por tráfico ilícito de tesoros nacionales, el MP registra cinco condenas entre 2008 y 2016, período en que recibió 46 denuncias y capturó a 17 personas.   De 38 denuncias por hurto de piezas prehispánicas, logró 12 condenas. Por exportación ilícita de bienes culturales, tiene cuatro denuncias de 2009 y una condena en 2016.

Si las condenas son por cinco años o menos, son conmutables. Este fue el caso de un sujeto de 65 años capturado en 2012 en Santa Lucía Cotzumalguapa después de un año de investigación, que permitió sorprenderlo en su casa con 14 piezas y 2,500 fragmentos prehispánicos. El detenido compraba piezas a los saqueadores de la zona y las vendía a comerciantes del mercado de Chichicastenango. La condena conmutable lo arraigó, pero le permitió hacer servicio comunitario a cambio de una condena de cárcel: ofrecer charlas a escolares sobre la conservación del patrimonio cultural.

El caso de Santa Lucía Cotzumalguapa ocurrió dos años antes de la llegada de Rodenas a la fiscalía. Desde entonces, un caso que destaca entre las victorias de su equipo de trabajo es el uso del Teatro Nacional como pista de carreras de motoenduro en junio de 2014. El hecho llevó a la destitución de Carlos Estrada, director del teatro, porque autorizó el evento sin consultar al MCD. Mora encabezaba la Dirección de Patrimonio Cultural y Natural, y emprendió una denuncia en el MP contra Estrada, que implicaba tres años de cárcel conmutables por el pago de Q5 diarios, y el extrabajador de la Municipalidad capitalina Pedro Bardales, para quien se buscó una pena de cuatro años de cárcel conmutables por Q5 diarios. Ambos fueron procesados por incumplimiento de deberes. El MP también pretendía que Bardales pagara una multa de Q88,632 por cometer el delito de depredación de bienes culturales.

“Lo logramos resolver con unas condenas en procedimiento abreviado y el pago de Q85 mil en reparación de lo que se hizo”, dice Rodenas. “Mucha gente cree que es muy poco, pero (cubrió) el daño que se causó tangiblemente, y se sobrepasó el valor que nosotros estimábamos (conseguir)”. El fiscal cree que, pese a las limitaciones con las que trabajan, la fiscalía ha dado “pasos pequeños pero seguros”.

Hernández sostiene que algunos jueces se refieren a los casos del robo de piezas prehispánicas como a los casos de “piedras mayas”. Este desconocimiento no se limita a los jueces. En un pedido de información pública de casos en proceso por delitos contra el patrimonio cultural, el Organismo Judicial produjo una lista en la que incluyó la captura de personas en posesión de imágenes de la Santa Muerte, sacos de minerales y rieles de la vía férrea —revelando desconocimiento acerca de qué es patrimonio cultural (capítulo 4 de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural).

¿Produce frustración que en el caso del Cristo Yacente una jueza dijo que un geólogo debió examinar la imagen?

Sí (ríe). Lo que pasa es que se desconoce el marco jurídico aplicable al patrimonio (cultural). El caso es complejo, no como otros en los que hemos manejado de salidas alternas.

¿Valdría la pena promover reformas a las leyes existentes para casos que lo requieran?

La Ley de Protección de Antigua Guatemala solo contempla un delito contra el patrimonio, cuya pena es de cinco meses de arresto a cinco años totalmente conmutables. La Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, la ley general, regula 13 delitos  cuyas penas van de seis años a un máximo de 15, y las multas van de 20 a 40 veces el salario mínimo de actividad comercial. Puede ser desde Q5 mil hasta Q1 millón. Tengo entendido que hay un proyecto en el Congreso de modificación para la ley de Antigua Guatemala para crear varios delitos: delito de depredación, y las penas ya van más o menos parejas con cuanto incluye la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural: penas mínimas de seis  hasta nueve años, y multas hasta de Q1 millón.

Rodenas explica que intentó promover una reforma en la que las penas mínimas comenzaran en cinco años en lugar de seis años, pues la primera opción permite negociar una pena conmutable a cambio de información que podría permitir avances en la investigación. La segunda opción no lo permite porque la pena no es conmutable de seis años en adelante, un obstáculo en la mayoría de los casos cuando el procesado se niega a hablar, y la ley no permite opción alguna a negociar. La propuesta de Rodenas fue impopular entre los diputados que promovieron la iniciativa.

El caso Patterson

En 2009, el MCD aseguraba que unas 300 piezas prehispánicas de Guatemala estaban en manos del exdiplomático y coleccionista costarricense Leonardo Augusto Patterson, en Europa. Pero siete años después, el caso se desmoronó y las piezas permanecen irrecuperables.

El fiscal afirma que si las investigaciones son “un poco” complejas, más compleja es la recuperación de las piezas. “Las altas autoridades deben poner mucha atención a la recuperación de nuestro arte, nuestra cultura, (que) se frustra por falta de recursos, registros, y trámites, cuando en otros países no escatiman gastos para (ello)”, dice el fiscal. El caso Patterson lo hizo evidente.

Una exposición donde se ubicaron las piezas (entre otras de varios países), en Compostela, España, a mediados de los años 90, desencadenó una persecución penal que llevó a Guatemala a pedir la extradición de Patterson en 2009. Mora explica que el costarricense trasladó la colección a España para venderla. Guatemala se enteró que había piezas del país en manos de Patterson en 2006, cuando un oficial de Interpol Perú abordó a autoridades guatemaltecas en un diplomado en España, para instarles a hacer un reclamo como lo hacía Perú, que pidió el embargo de la colección en 2007.

Parte de la colección de Patterson fue retenida en Alemania y Patterson fue capturado en España. En 2013 una corte local decidió que el reclamo de Guatemala no tenía sustento.

Rodenas supo que, antes de su llegada a la jefatura de la Fiscalía de Sección de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación en mayo de 2014, el MCD autorizó un viaje a Alemania para identificar las piezas (entonces, como ahora, la identificación se hacía sólo por fotografías, por falta de fondos). Luego, contrató a un abogado en Alemania para llevar el proceso a juicio.

“Pero el abogado no garantizaba ganar el juicio y recuperar las piezas”, recuerda Rodenas. Alemania pedía que Guatemala comprobara que las piezas estaban registradas y le pertenecían. “Tengo entendido que (al final) lo único que hicieron fue una revisión mediante fotografías, y los expertos comprobaron (que eran de Guatemala)”, comentó. Rodenas no duda de la evaluación a distancia, aunque no fortaleció el reclamo.

México y Perú recuperaron sus piezas porque sus peritos viajaron a reconocerlas in situ. En 2016, Rodenas pidió el archivo del caso porque  no hay sustento para solicitar la extradición de Patterson: nadie puede probar que estuvo en Guatemala (su nombre no consta en los registros migratorios de ingreso o salida), ni que extrajo las piezas del país. “No tengo un testigo que me diga ‘yo vi cuando él llegó al lugar tal, y esas piezas eran de la estela tal y vi cuando él las quitó  y se las llevó’; tampoco descubrimos vínculos entre él y saqueadores locales”.

Entonces, ¿por qué pidieron la extradición en 2009? “Nos la jugamos”, reconoce Mora, en ese entonces, antecesor de Hernández como jefe del Departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. El MCD, Cancillería y MP esperaban que bastara el peritaje de las piezas por fotografías para conseguir resultados. Pidieron una alerta internacional vía Interpol, que lo ubicó en México, Costa Rica y luego, en España. Los españoles lo detuvieron y pusieron a disposición de Guatemala para que pidiera su extradición, que un juez español denegó.

Pero no había certeza de que todas las piezas guatemaltecas fueran originales. Entre 1,029 piezas de origen diverso, varios peritos identificaron 252 réplicas. En 2015, una corte de Münich condenó a Patterson a tres años de arresto domiciliario y al pago de US$40 mil dólares, por estafa y tráfico de piezas robadas, porque trató de vender la réplica de una cabeza tolteca como original.

Según Hernández, una arqueóloga alemana con experiencia en civilizaciones precolombinas analizó las piezas reclamadas y determinó que 69 son de Guatemala.

Las autoridades alemanas también compartieron con Guatemala el catálogo y una base de datos de la colección de Patterson. Con base en el estudio de las fotografías y otros datos, arqueólogos en el Departamento de Registro de Bienes Culturales en Guatemala establecieron que otras piezas que la arqueóloga alemana identificó como mexicanas eran de Guatemala. Entonces, el número de piezas guatemaltecas reclamadas se elevó a 248, según Hernández.

México comenzó el proceso para recuperar 691 piezas. Guatemala recuperó cero. El Estado se quedó con las manos vacías: sin las piezas y sin acusado que perseguir. Por razones distintas, el caso Patterson es tan paradigmático como el de El Calvario: este no dejó a Rodenas y a su equipo sin evidencias ni capturados, pero no ha llevado hasta los lienzos robados.

“Creo que nuestro país necesita estar más informado de la importancia de  proteger el patrimonio cultural”, reflexiona Rodenas. “Se está destruyendo nuestro pasado, y un pueblo sin historia no tiene nada que contar”. Lo dice un fiscal a quien no le faltan relatos de los desafíos en la búsqueda de justicia, que sólo las frías cifras de denuncias, capturas y condenas son incapaces de narrar.