Narcotráfico y corrupción policial, una mirada desde el Mingob

El pasado 6 de marzo, la agente antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC), Elda Carina Castillo Barahona, fue capturada por investigadores de la Inspectoría General de esa institución, sindicada de los delitos de responsabilidad de funcionarios y obstrucción de la justicia. Tras una investigación de varias semanas, las autoridades establecieron que Castillo Barahona filtraba información a bandas del crimen organizado sobre operativos y órdenes de captura. Un mes antes, el 5 de febrero, autoridades del Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Gobernación (Mingob) desarticularon una banda dedicada al robo (tumbe) de droga, lavado de dinero y asesinatos, entre otros, denominada “Los Marrocos”, la cual integraban agentes de la PNC, entre otras personas. Ese día, fueron detenidas 31 personas, entre ellas nueve agentes y un exsubcomisario. Los hechos ocurrieron en San Marcos, Escuintla, El Progreso, Jutiapa y Zacapa, aunque los operativos de captura se realizaron también en Retalhuleu, Sacatepéquez y el departamento de Guatemala. Esta entrevista con Dávila se realizó antes de este operativo. Dos años atrás, el 10 de marzo de 2016, la Inspectoría General capturó a dos policías frente al Centro Comercial Santa Clara, en Villa Nueva. Viajaban en una motocicleta y llevaban una mochila con 400 colmillos de cocaína. Un día antes, en el Centro Comercial Plaza Florida de la zona 19, otros dos policías fueron capturados cuando llevaban un kilo de cocaína en una mochila, con un valor mínimo de Q100 mil. Uno de los detenidos estaba de servicio en Mixco; el otro, en la Comisaría 16.

El año pasado, un funcionario del MP dijo a Plaza Pública que la corrupción en la policía, en todas las comisarías y subestaciones del país, es uno de los desafíos que la Fiscalía de Narcoactividad enfrenta al investigar casos de narcomenudeo y narcotráfico. No dijo que todos los policías son corruptos, sino que los distribuidores de droga y los traficantes tienen suficientes contactos en cada comisaría para filtrarles información clave. ¿Cómo lo sabe? Explicó que cuando solicitan información acerca de determinado sospechoso, no reciben respuesta porque se trata de alguien conocido, o que cualquier operativo planificado con policías de las comisarías arroja cero resultados.

El viceministro de Asuntos Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación (Mingob), Óscar Dávila Mejicanos, que hasta 2015 fue fiscal de narcoactividad, dice que los señalamientos hacia la policía son una exagerada generalización. “Yo fui fiscal, y como tal, también promoví acciones puntuales para la detención de policías, de expolicías, de auxiliares fiscales, de agentes fiscales. Por eso no estoy de acuerdo con las declaraciones que generalizan a una institución, porque no es bueno hacerlo, y si tienen información puntual, ¿por qué no denunciarlo?”.

Esta entrevista con Dávila se realizó antes de que la cúpula de la PNC, encabezada por el comisario Nery Ramos, fuera destituida por el ministro del Interior, Enrique Degenhart, el pasado 27 de febrero.

Algunos antecedentes

Un mes después de las capturas de los policías en Villa Nueva y la zona 19 en 2016, el primer año de la gestión de Dávila como viceministro, el Departamento de Estado de los EE.UU. publicó un informe que señalaba el involucramiento de la Policía en Guatemala “en delitos graves como el tráfico de drogas”, entre otros. El informe, el más reciente del tema, se sustentaba en referencias de la administración que concluyó en enero de ese año. Además, indicaba que el gobierno (uno de transición, después de la renuncia del presidente Otto Pérez Molina) cooperaba con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y “dio pasos significativos” para hacer justicia en el caso de los funcionarios corruptos. Sin embargo, señalaba que “la corrupción e investigaciones inadecuadas” complicaban la persecución de los crímenes.

El problema persiste, a juzgar por las declaraciones del funcionario del MP. Dávila lo reconoce, pero también afirma que el Mingob sí ha tomado acciones concretas contra la corrupción. “Es innegable que el crimen organizado ve posibilidades de cooptar autoridades, sobre todo donde efectúan sus actividades ilícitas, a pesar de que la Inspectoría General, de la Policía Nacional Civil, genera investigación al respecto”, dice el viceministro.

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El jefe de la Sección de Operaciones de la Inspectoría, Adelfo Reyna Tema, informó que los registros de esa oficina indicaban que 19 policías fueron capturados entre 2008 y 2017 “por casos relacionados con drogas”. Sin embargo, cifras del MP indican que entre 2009 y 2017 se capturó y dictó auto de procesamiento contra 153 policías: a 70, por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas; 51, por posesión para el consumo; 17, por promoción o estímulo a la drogadicción, y 15, por promoción y fomento (a la producción, tráfico, o consumo de drogas). De 144 policías con auto de procesamiento, entre 2012 y 2017, hubo 32 condenas—el 22%.

Las capturas del pasado 5 de febrero son casi la mitad de las realizadas en 2017, un total de 19. Según Reyna Tema, los casos de “conducta irregular” se investigan o se les abre un “expediente disciplinario administrativo” en el Tribunal Disciplinario de la PNC. La resolución de este depende de que quede en firme una sentencia en el ramo penal, como lo dicta el Reglamento Disciplinario de la PNC.

Las cifras del MP también muestran que incrementó el número de capturas de policías en los últimos cinco años, aunque decreció en 2017. Además, el año pasado fue el año con menos policías procesados, pero también con más ex policías condenados: 17. Hasta 2016, el número anual de condenas no había sido mayor a cinco. Dos de ellas correspondieron a los policías detenidos en Villa Nueva con los 400 colmillos de cocaína: el 9 de septiembre de ese año un tribunal los encontró culpables de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, y los condenó a 20 años de cárcel y al pago de una multa de Q100 mil cada uno.

Casos de policías procesados por casos relacionados con drogas

Nota: Los ligados a proceso en un año no necesariamente son los mismos condenados el mismo año. Por ejemplo, un acusado detenido en un año pudo ser condenado o absuelto al año siguiente. El total de casos entre 2009 y 2017 suma 153 casos de policías detenidos y procesados. Fuente: MP.

Nota: Los ligados a proceso en un año no necesariamente son los mismos condenados el mismo año. Por ejemplo, un acusado detenido en un año pudo ser condenado o absuelto al año siguiente. Fuente: MP.

La SGAIA, recurso clave y escaso

Las cifras oficiales indican que los policías detenidos por casos relacionados con drogas son menos del 1% de los 35 mil efectivos de la PNC. “Es bastante reducido, gracias a Dios”, dice Dávila. Sin embargo, los casos tienen un alto impacto en las operaciones antinarcóticas. La fuente del MP afirma que la corrupción en la fuerza regular de la PNC les obliga a trabajar exclusivamente con las unidades especiales de la PNC, como la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

La SGAIA básicamente tiene, por turno, a un elemento por cada 23 mil habitantes. Dávila admite que no es suficiente. “Aunque Guatemala es un país relativamente pequeño en comparación con otros, estamos muy limitados en el tema de policía antinarcótica”, señala. “Actualmente la SGAIA tiene 1,200 y pico de policías, entre ellos hay elementos de descanso, vacaciones, y destinados a unidades especiales, en apoyo a otras actividades ajenas a acciones antinarcóticas, cuando se hacen algunos operativos masivos. Entonces dar cobertura, con los 1,200 efectivos en las calles a nivel nacional, aunque los tuviéramos a todos a la vez, es una nada; por turno, si bien nos va, hay un aproximado de 750”. Entre estos hay personal administrativo, binomios caninos (agentes con perros entrenados), de patrullaje y unidades especiales de investigación.

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Los elementos de la SGAIA conforman los equipos que investigan cada caso junto a fiscales y otros investigadores y analistas del MP. La confidencialidad y efectividad de la SGAIA ha sido esencial para obtener resultados. “En los operativos contra el narcotráfico, las unidades especiales antinarcóticas impulsan y lideran investigaciones y operaciones relacionadas, para preservar la información en primer término”, explica Dávila. “En caso de ser necesario, se involucra a las comisarías durante el desarrollo del operativo o diligencia una vez que se cuenta con una orden judicial”.

Algunos investigadores de la SGAIA dan seguimiento a la erradicación; otros, a la producción de la mariguana, o al narcomenudeo, o las estructuras criminales. Las fuerzas de tarea tienen sus propios investigadores en cada una de sus áreas; un grupo de investigación sensible también tiene un área de análisis e investigación, que apoyan agencias internacionales. Son grupos separados, pero la información que generan se concentra en el Mingob.

La SGAIA también efectúa un sondeo regional para trasladar información al MP y judicializar los casos, según el viceministro. En 2017, sólo por la línea antinarcótica la PNC y el MP recibieron un promedio de cuatro denuncias por día, y abrieron un promedio de 30 casos por mes. Estos se investigan por región en la Fiscalía de Narcoactividad en la capital, en una sede en Chiquimula para nororiente, y en otra en Quetzaltenango, para el occidente.

Mejoras en incautaciones y lucha contra la corrupción

Casi dos años después de publicado el informe del Departamento de Estado, las cifras de decomisos aumentaron, pero también hubo un mayor flujo de drogas por Centroamérica como lo señaló el Departamento de Estado de los EE.UU. en marzo de 2017. La incautación de cocaína se disparó. En 2009 casi se alcanzó el segundo año con el mayor decomiso anual en el último decenio, pero en 2016 y 2017 la cifra casi se duplicó. El decomiso de la mariguana también aumentó desde 2016, pero todavía no supera los años de más incautación: 2009 y 2010. Coincidentemente, 2009 fue el año con el menor número de policías con auto de procesamiento por delitos relacionados con drogas desde entonces.

La diferencia ha sido marcada en las capturas en general desde el informe del Departamento de Estado: en narcomenudeo, 2017 es el año en con más capturas (3,014) desde 2006, cuando hubo 3,520, según cifras de la PNC. “Logramos bastantes capturas, identificamos varios puntos de distribución, se les ha dado seguimiento, se vuelven a allanar aisladamente, y se han logrado buenos resultados. Hemos hecho el trabajo hormiga y detectado muchos más puntos en zonas rojas, y otros lugares donde no creíamos que también había venta, pero que identificamos y se ha dado una investigación periódica”, dice Dávila. “Siempre estamos tocando la puerta del MP para hacer los allanamientos correspondientes, y el MP ha pedido aumentar ciertos detalles en las investigaciones, para poder darnos cobertura, y hemos tenido buen trabajo”.

Un contraste entre enero de 2016 y enero de 2017 muestra que subió el porcentaje de casos de decomisos de crack (la segunda droga más vendida después de la mariguana) en los que hubo capturados, de 5.3% a 94.7%. No obstante, al mismo tiempo, la cantidad de crack incautado se desplomó de 961 gramos (casi un kilo) a 507 gramos (medio kilo) en ese mes, según datos de la PNC, que publica la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (Seccatid). El año pasado también fue el año con menos detenidos (92) por narcotráfico seguido de 2006, con 93, aunque datos policiales indican que en 2017 hubo la mayor incautación anual de cocaína en la historia del país: 13,508 kilos.

Dávila no atribuye la falta de capturas y decomisos a la corrupción policial, si no a cómo en algunos sectores, las redes de vigilantes de los distribuidores les alertan antes de la llegada de las autoridades. En la zona 3, por ejemplo, hay recuentos de testigos que han visto la venta de droga en la calle a tan solo una cuadra de donde la PNC instalaba un puesto de control. Hasta antes de la destitución del ministro Francisco Rivas, el Mingob tenía planes para introducir agentes encubiertos de las unidades especiales para poder tener más incidencia en los sitios de distribución más conocidos, como el Barrio El Gallito, en la zona 3; la zona 18, y San José La Chácara, en la zona 5.

El viceministro asegura que hay un esfuerzo coordinado e interinstitucional para capturar a cualquier funcionario o empleado público involucrado en actos de corrupción, en la PNC o cualquier institución del Estado. Dávila dice que la Inspectoría General tiene un protocolo de prevención y de reacción en la PNC.  Según Reyna Tema, la Inspectoría también implementó un plan de capacitaciones para todo el personal en todas las dependencias de la PNC, con temas como “ética y moral policial”, “derechos humanos”, “ley contra la corrupción”, y “educación financiera”, entre otros. Mientras la reacción abarca las capturas, el viceministro afirma que la prevención también incluye otras acciones.

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“La Inspectoría tiene presencia sobre todo en los procedimientos de incautaciones mientras se están efectuando”, afirma. “No es lo mismo que una comisaría de algún área lleve a cabo una actividad en solitario que lo haga con la presencia de Inspectoría. Desde hace un tiempo hemos adoptado medidas para que Inspectoría siempre esté presente en incautaciones de droga, dinero o cualquier otro estupefaciente. Esto ha generado resultados”.

Al parecer, los traficantes también han tomado nota de la participación de la Inspectoría en los operativos porque en diciembre pasado la PNC capturó en Escuintla a un hombre y una mujer en posesión de dos kilos de cocaína (valorados en al menos Q100 mil cada uno), y tres chalecos con las siglas de la DEIC y la Inspectoría General. Portaban además una pistola y dinero en efectivo. Los capturaron los verdaderos agentes de la DEIC. Ninguno de los dos detenidos era policía.

Dávila dice que la información triangulada les ha ayudado mucho en las capturas, entre fuentes humanas y métodos especiales, así como información que genera el MP. En 2017, por ejemplo, las autoridades erradicaron plantaciones de mariguana en la zona 5 después de captar información clave en escuchas telefónicas. La estrategia también tiene un impacto en la captura de policías. El año pasado, la captura y auto de procesamiento de 19 policías incluyó: 14 por posesión para el consumo; tres por promoción o estímulo a la drogadicción, y dos por promoción y fomento (del cultivo, tráfico, elaboración o de su uso).

“Hemos apoyado al MP en las gestiones para las aprehensiones de policías, pero no sólo de policías, también de miembros de otras instituciones del país”, dice el viceministro. En 2017, también cayó un bodeguero de la SGAIA que facilitó el acceso a la bodega de un exmilitar que trató de sustraer varios kilos de cocaína. Ambos fueron capturados después de ser sorprendidos por medio de las cámaras de vigilancia.

Entre los primeros policías detenidos de 2018 figuran dos capturados en enero pasado en la ruta entre la cabecera de Chiquimula y Esquipulas, uno de servicio en Suchitepéquez, y otro de la capital. Ambos dijeron que realizaban una diligencia judicial pero no pudieron explicar cuál, ni la posesión injustificada de gorros pasamontañas y chalecos similares a los que usa el MP. Las autoridades sospechan que realizaban allanamientos ilegales. Aún no revelan si estas capturas tienen relación con el caso de Los Marrocos, que desencadenó las capturas del pasado 5 de febrero y que el MP sospecha que involucra a una organización más grande.