El legado del MP: castigo a la lucha contra la corrupción, la protesta social y a los adversarios políticos

La fiscal general Consuelo Porras ha permitido la reversión de la lucha contra la corrupción en el país. Después de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en 2019, y el despido de Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en 2021, varios acusados de corrupción, incluso confesos, han sido liberados de cargos y se presentan como víctimas. Quienes hicieron las investigaciones y las judicializaron figuran como los criminales. Lo mismo ocurre con opositores clave del estado cooptado. 

Plaza Pública documentó 31 casos que ejemplifican la reversión de la lucha contra la corrupción. En estos se observa cómo el MP se ha convertido en un instrumento para cambiar la narrativa anticorrupción. Se persigue a las disidencias, al periodismo, se arman casos para atacar a quienes investigaron a grupos de poder. 

La clave en varias de las acusaciones es el uso de las leyes contra la delincuencia organizada y la corrupción, que fueron creadas para sancionar a grupos criminales.

Los casos analizados muestran que, en cinco años, el MP ha iniciado pesquisas, presentado cargos o ha pedido el retiro de inmunidad contra 116 personas que ocuparon puestos como fiscales, jueces, mandatarias de la Cicig y personas vinculadas a casos iniciados por esta comisión, activistas de derechos humanos, columnistas, periodistas, estudiantes universitarios, candidatos a elección popular y, lo más reciente, funcionarios del actual gobierno, incluido el presidente Bernardo Arévalo. 

El listado recopilado por Plaza Pública no es absoluto. No muestra a todas las personas que tienen una investigación abierta o sospechan que se abrió un expediente en su contra. En varios no se ha obtenido la información debido a la reserva solicitada por el MP o porque las personas afectadas han preferido que sus datos no sean consignados para evitar más represalias. El MP no ha cesado de presentar casos de persecución con las mismas características que se describen en este reportaje, pero tampoco están incluidos. 

Los datos abarcan los casos abajo identificados,  presentados de 2019 a diciembre de 2023, con las actualizaciones que los procesos han tenido hasta agosto de 2024.

[embedpzp1] Grafica de las carpetas

En 2022, año de la reelección de Porras, el MP incrementó la persecución y presentaron 11 casos. En 2023, el año electoral, la cifra subió hasta 14 procesos, el más significativo fue el llamado «Toma de la Usac: botín político», en el cual fueron señaladas 44 personas, incluido el binomio presidencial electo, lo que puso en riesgo la transición de gobierno. 

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El listado recopilado por Plaza Pública no es absoluto. No muestra a todas las personas que tienen una investigación abierta o sospechan que se abrió un expediente en su contra. En varios de esos casos no se ha obtenido la información debido a la reserva solicitada por el MP o porque las personas afectadas han preferido que sus datos no sean consignados para evitar más represalias. 

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Características de la persecución del MP

En los procesos analizados hay características similares: responden a las denuncias de, por ejemplo, la Fundación Contra el Terrorismo. Surgen de un denunciante que no se hace público o en donde las fiscalías de Asuntos Administrativos y Feci actúan de oficio. En estas causas penales involucran a varias personas, lo que facilita acusar por asociación ilícita, un delito de la Ley contra la delincuencia organizada.

El MP pide la reserva legal, lo cual impide la publicidad de los procesos y se convierte en un obstáculo para la defensa.

Acusa por múltiples delitos, presenta nuevos cargos en una misma causa, pero en diferentes momentos de un proceso, lo que retrasa el inicio de juicios o complica las solicitudes de prisión domiciliar. En la revisión de datos se ha identificado que tres fiscalías se han encargado de armar las 31 investigaciones y tres jueces son los que han conocido las causas penales contra la mayoría de los sindicados. 

La alianza de la Feci con la FCT (como querellante) ha servido para perseguir a 22 personas, entre ellas la exfiscal de la Feci en Quetzaltenango, Virginia Laparra, quien fue condenada en dos procesos. Al presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora y a la exagente fiscal Samari Gómez, quien fue absuelta y reveló que la FCT la amenazó con mantenerla en prisión si no se sometía al proceso de aceptación de cargos. 

La FCT está integrada por militares retirados, los cuales piden amnistía para sus pares acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Desde 2019, esta organización inició un ataque sistemático a través de sus redes sociales en contra del juez Miguel Ángel Gálvez, por el caso Diario Militar. 

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El MP tiene eficacia en tribunales porque los grandes casos que ha presentado son conocidos por jueces dispuestos a validar sus peticiones. En esta gráfica se puede observar que Fredy Raúl Orellana Letona, Jimmi Rodolfo Bremer Ramírez, Sergio Mena y Víctor Manuel de la Cruz Rivera han quedado a cargo de los casos emblemáticos de esta persecución dirigida. 

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Al mismo tiempo que el MP ha conducido estas acusaciones, a lo interno de la institución se ha creado un régimen que somete a los empleados a través de un pacto colectivo que facilita el despido de fiscales de carrera sin necesidad de un proceso administrativo previo. 

Los delitos más utilizados por el MP en los 31 casos documentados son el incumplimiento de deberes, que figura en la Ley contra la Corrupción y se aplica a quienes han ocupado un puesto público; la asociación ilícita y la obstrucción a la justicia, que se registran en la Ley Contra la Delincuencia Organizada; el abuso de autoridad, la sedición y el tráfico de influencias, enlistados en el Código Penal.

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La regresión: el nombramiento de Consuelo Porras y su reelección

Consuelo Porras asumió el cargo en mayo de 2018 por elección del presidente Jimmy Morales. Bajo su mandato, el MP ha sido señalado de «antidemocrático» y «golpista». Antes de Porras, la institución tenía reconocimiento local e internacional por luchar contra la corrupción. La Cicig y la Feci del MP evidenciaron los actos y a los actores que contribuyeron en la cooptación del Estado desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También desvelaron la participación de grandes consorcios empresariales en actos de defraudación aduanera. 

Durante la presidencia de Jimmy Morales, la Cicig y la Feci alcanzaron un impacto mayor cuando sus investigaciones desvelaron la forma en que la élite empresarial financia a candidatos presidenciales. Por este tipo de investigaciones, el mismo presidente quedó sujeto a un juicio político, del que salió librado por sus alianzas en el Congreso. 

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En su historia, la Cicig presentó 120 casos en los que hubo 1,540 sindicados. Tocar las fibras del poder implicó un contraataque que se formuló desde varios frentes. El legado de la Cicig fue torpedeado desde el Ejecutivo, pero también desde el Congreso, que creó una Comisión de la Verdad para cambiar la narrativa y colocar a los acusados como víctimas de un sistema de justicia «manipulado» por la Cicig. Un discurso que se mantiene vigente, que ha polarizado al país y que ha servido para atacar los casos y a quienes los investigaron. 

La comisión internacional dejó el país el 3 de septiembre de 2019 y casi cinco años después se ha desvanecido la lucha contra la corrupción, mientras crece la criminalización y la instrumentalización de la justicia. 

En 2022, Porras fue reelecta, lo que la convierte en la primera persona que logra extender su mandato, aunque esto no sucedió en un juego limpio.

La Corte de Constitucionalidad obligó a los postuladores a que la incluyeran en la nómina de candidatos que entregaron al presidente y hubo rumores de amenazas a integrantes del gobierno de Alejandro Giammatei, si le negaban el apoyo a la candidata que les ofrecía protección penal. 

Una política de venganza contra fiscales y jueces independientes

La Feci fue el bastión que quedó para dar seguimiento a los casos que dejó la Cicig al finalizar su mandato. Aunque varios de los procesos penales se habían resuelto por aceptación de cargos cuando la comisión dejó el país, la mayoría tenían pendiente la fase de juicio. Así que el papel de la fiscalía era determinante para defender las investigaciones. 

Al cierre del primer año sin Cicig, Porras rechazó contratar al personal nacional que trabajó con la Comisión. Hizo traslados del personal de la Feci para debilitarla. El MP fue ágil para armar el caso contra la exfiscal general Thelma Aldana, por la contratación de una supuesta plaza fantasma en el MP. Esta acción le impidió participar como candidata presidencial y que contrastó con la lentitud con la que el MP actuó en la causa por financiamiento ilegal contra la candidata Sandra Torres.

Tras la destitución de Juan Francisco Sandoval, en 2021, la Feci vivió una reestructuración bajo el mando de Rafael Curruchiche. Nombró a nuevo personal, reasignó los expedientes y se convirtió en la entidad que promueve los procesos contra los operadores de justicia que persiguieron la corrupción. Su primera acción fue pedir la captura contra Sandoval por el supuesto de revelación de información confidencial, luego que el exfiscal denunció en conferencia de prensa que había recibido una denuncia de sobornos para la campaña de Giammattei, en lo que algunos medios bautizaron después como «La trama rusa».

Aldana y Sandoval fueron figuras emblemáticas del MP, por lo tanto son los más denunciados. La exfiscal general tiene cinco casos y Sandoval suma seis e igual número de órdenes de captura. La Feci que dirige Curruchiche está a cargo de varias de las acusaciones. Aunque la fiscalía ha pedido la captura internacional de ambos, gozan de la protección como asilados en Estados Unidos. 

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Entre las 116 personas perseguidas hay 25 que tuvieron un vínculo con la Cicig. Con excepción de dos, los demás fueron fiscales, jueces o integrantes del MP durante la gestión de Aldana. Una de las acusaciones contra Sandoval corresponde al caso Odebrecht y este ejemplifica el impacto en la reversión de los casos contra la corrupción. 

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La reversión de casos emblemáticos

Sandoval dirigió las investigaciones contra el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi y consiguió la declaración su exempleada y exabogado. Incluso había recibido declaraciones del propio Sinibaldi en las que aceptaba haber recibido sobornos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht a cambio de favorecerlos con contratos de obra pública durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. 

En un giro de la historia, la Fundación contra el Terrorismo inició una campaña de acoso y amenazas en redes sociales para argumentar que los convenios eran ilegales y lesivos para el país. La Feci a cargo de Curruchiche tomó la denuncia, gestionó la anulación de los convenios de colaboración con los tres brasileños, exfuncionarios de Odebrecht, e inició la persecución contra jueces, fiscales y otras personas que participaron de la negociación. Gracias a esto, Sinibaldi y el excandidato presidencial, Manuel Baldizón han quedado libres de cargos.  

En cambio, Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval, la exsecretaria del MP, Mayra Véliz, la exfiscal Siomara Sosa, y los exmandatarios de Cicig, David Gaitán y Leily Santizo, así como los exrepresentantes de Odebrecht, Juan Pablo Carrasco y Francisco Gallardo, tienen órdenes de arresto o están ligados a proceso. Los han acusado, incluso, por pedir que el caso fuera conocido por el juzgado que dirigía Erika Aifán, quien tenía el control del proceso. 

Curruchiche tenía toda la intención de iniciar acciones legales contra el extitular de la Cicig, Iván Velásquez, y Adriana Camargo, quien fue su segunda al mando, pero ambos gozan de inmunidad por haber sido empleados de la Organización de las Naciones Unidas. Tanto Velásquez como Camargo son colombianos y actualmente fungen como ministro de Defensa y Fiscal General en Colombia, respectivamente.

Esta situación casi provoca un conflicto diplomático porque el presidente colombiano, Gustavo Petro, salió en defensa de su ministro cuando fue señalado por Curruchiche. «Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga», afirmó el mandatario. 

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El caso de José Rubén Zamora

Por el trabajo conjunto de la FCT y la Feci, en el caso de Zamora han sido acusadas 11 personas, entre abogados, la exgerente financiera de elPeriódico, un primo y el empresario que le facilitó el dinero por el que se le acusa de lavado de dinero. La Feci acordó acceder a procedimientos abreviados con los sindicados, con lo cual pudieron optar por condenas breves, pero algunos tuvieron que declarar en contra de Zamora. 

La Feci mantiene la presión sobre Zamora. Le ha presentado un caso más en donde le han acusado de sostener comunicaciones con el exfiscal Sandoval para negociar con la información de casos a cambio de no publicarlos en elPeriódico, e incluso de falsificar su propia firma en las boletas de registros migratorios que entregaba al entrar o salir del país en 2015. 

Aunque Zamora fue condenado, una Sala de Apelaciones ordenó la repetición del juicio y un Tribunal le permitió el arresto domiciliario. Sin embargo, la oposición de la Feci y las otras acusaciones pendientes le impiden gozar del beneficio. Su caso es el más emblemático de un periodista privado de libertad en el continente, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras. El periódico de Zamora señalaba actos de corrupción de varios gobiernos y en especial el de Giammattei, por el caso de la trama rusa, del cual no se conocen avances por parte del MP. 

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La Feci llegó al punto de buscar el aval judicial para someter a proceso penal a periodistas y columnistas de elPeriódico por el supuesto de obstrucción a la justicia debido a sus publicaciones sobre el caso de Zamora. Un juzgado y una Sala de Apelaciones resolvieron que no correspondía seguir una acusación penal contra los comunicadores, pero la Feci insistió y presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). elPeriódico cerró operaciones y varios de los periodistas resolvieron salir del país en un autoexilio preventivo debido a la persecución penal y las pocas garantías para defenderse. 

Por el caso de Zamora y el de Laparra, Guatemala está bajo vigilancia y supervisión por dos mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas. 

El caso «Corrupción Semilla»

En 2023, el MP fue instrumento para bloquear los resultados electorales. La Feci entró a escena después de que los secretarios generales de nueve partidos políticos se aliaron para pedir el recuento de votos e, incluso, la anulación de resultados de la primera vuelta electoral.

Después de superar el tiempo de impugnaciones y, previo a que el Tribunal Supremo Electoral pudiera oficializar los resultados, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó repetir la verificación de reclamos. Por primera vez desde el inicio de la era democrática en 1985, las elecciones fueron interrumpidas por acciones judiciales. La CSJ emitió una resolución para confirmar que el TSE había cumplido con lo que ordenaba el amparo de la CC, pero dos días después la Feci irrumpió con el caso «Corrupción Semilla». 

La investigación se basa en la denuncia de una persona que aseguró que la afiliaron al partido sin su consentimiento, con el fin de llegar al número mínimo de adeptos para constituir la agrupación política. El caso contra el Movimiento Semilla llevaba casi un año en la Fiscalía contra Delitos Electorales sin tener mayores avances, pero la historia cambió cuando el expediente fue trasladado a la Feci. Para el 12 de julio, la fiscalía tenía armado un caso que narraba un entramado criminal que incluía afiliación de personas fallecidas, 5,000 firmas falsas y lavado de dinero. Semilla se constituyó en 2018 y participó en las elecciones de 2019 sin inconvenientes, aunque sin presidenciable por el caso que el MP abrió contra Thelma Aldana.

La presentación del caso de 2023 dio pie a la judicialización del proceso electoral. El juez Fredy Raúl Orellana Letona avaló la suspensión del partido con base en un artículo de la Ley contra la Delincuencia Organizada, cuando una decisión como esa solo compete al TSE. Los magistrados electorales se negaron a obedecer al juez y eso abrió la puerta a una persecución que incluyó allanamientos a las sedes del TSE, secuestro de documentos y persecución penal contra sus integrantes.

El partido Semilla logró un amparo de la CC para mantenerse vigente durante el proceso electoral, como lo estipula la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pero la CC señaló que un partido político no podía escapar de la jurisdicción penal. Otra resolución inédita para un proceso electoral. 

Bernardo Arévalo y Karin Herrera participaron en el balotaje y fueron electos, lo cual intensificó las acciones de la Feci, que secuestró las actas electorales, con lo que rompió la custodia constitucional que le corresponde al TSE.

Las insistentes acciones de una fiscalía bajo el control de Porras hizo que varios funcionarios de su administración fueran sancionados por diferentes gobiernos. El país estaba en la mirada mundial y Curruchiche, Porras y el secretario general, Ángel Pineda, fueron nombrados actores corruptos, enemigos de la democracia y sus acciones fueron catalogadas como golpistas por la Organización de Estados Americanos.

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El nuevo enfoque: perseguir a personas vinculadas  al proceso electoral

En 2023, el MP dedicó la mayor parte de su atención al proceso electoral. Cuando no logró interrumpir las elecciones o la toma de posesión del binomio electo, armó un nuevo caso en donde el presidente y la vicepresidenta aparecen vinculados. A este proceso se le llamó «Toma de la Usac: botín político». A todos se les acusó de sedición por intentar evitar que el rector Walter Mazariegos ejerciera el cargo luego de una dudosa elección. Se utilizó este proceso para solicitar el retiro de inmunidad del binomio electo y evitar que pudieran tomar posesión. 

Los ojos del MP se centraron en señalar supuestas acciones delictivas, vinculadas a la toma de la universidad en rechazo a la elección de Walter Mazariegos como rector de la Usac, pero han estado cerrados para investigar los señalamientos de fraude en esa elección, en donde Mazariegos y otros directivos universitarios anularon toda oposición y competencia. 

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Sanciones internacionales y el señalamiento por  violación a los derechos humanos

Cuando el expresidente Alejandro Giammattei reeligió a Consuelo Porras, tanto ella como su secretario general, Ángel Pineda, fueron incluidos en la Lista Engel de 2021, que designa a actores corruptos del triángulo norte de Centroamérica. El día en que Giammattei la juramentó para un segundo periodo consecutivo, en mayo de 2022, el Departamento de Estado la designó como actora corrupta con base en la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado. Esta designación alcanzó a su esposo, Gilberto de Jesús Porres de Paz. 

A esto se sumó la sanción de la Unión Europea en febrero de 2024, por «socavar la democracia» al buscar impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala. Canadá y Suiza también emitieron sanciones para impedir que los señalados ingresen a estos países. Los funcionarios afectados son José Rafael Curruchiche Cucul, jefe de la Feci; las agentes fiscales Leonor Eugenia Morales Lazo y Cinthia Monterroso; el secretario Pineda y los jueces Jimmy Bremer y Fredy Raúl Orellana. 

Debido a las acciones del MP y algunos jueces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado preocupación por la criminalización e instrumentalización de la justicia. 

En la visita que realizaron en julio pasado, luego de siete años desde su última gira, encontraron que la situación del país no ha variado. El grupo de la CIDH remarcó que la corrupción continúa como un problema «estructural y endémico» y que permanecen las amenazas al Estado de Derecho.

Desde 2022, el país está clasificado en el capítulo IV.B del Informe de la CIDH debido a las acciones de persecución judicial y el deterioro de la institucionalidad democrática. Un estatus en el que también se encuentran Venezuela, Nicaragua y Cuba. Los comisionados de la CIDH indicaron, en su visita a Guatemala, que varias organizaciones sociales solicitaron mantener el estatus del país, a fin de que pueda haber observación y seguimiento.

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Luego de escuchar a organizaciones, activistas, expertos constitucionalistas, la CIDH llegó a la conclusión de que no existe un mecanismo de rendición de cuentas del MP y recomendó que se lleve adelante una «evaluación independiente sobre el funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos», para lo cual ofreció su acompañamiento. La fiscal Porras le reclamó al presidente Arévalo por aceptar las recomendaciones preliminares de la Comisión.

Plaza Pública consultó al MP por qué, bajo la administración de Porras, dejó de perseguir estructuras corruptas y si la Feci seguía al pie de la letra las instrucciones de la Fiscal General. También se le pidió que explicara su constante asociación con la Fundación Contra el Terrorismo y si permitiría, como lo sugirió la CIDH, que el MP pueda ser sometido a una evaluación independiente sobre el impacto de sus acciones en los derechos humanos. Juan Luis Pantaleón, vocero de la institución, dijo que enviaría respuesta pero, al cierre de esta publicación, no fue recibida. También, se pidió una entrevista con la Fiscal General, pero tampoco respondió a esta solicitud

En noviembre de 2023, una representación de las 45 personas que el MP ha perseguido se presentó ante la CIDH para exponer la situación de Guatemala. Flor Gálvez, quien trabajó como mandataria de la Cicig y que fungió como abogada de su colega Leily Santizo, también acusada por el MP, pidió poner atención a la situación de quienes han tenido que dejar su país. 

«En nombre propio y en representación de mis compañeras y compañeros, quiero compartir el drama y dolor que vivimos producto de esta encarnizada venganza. Hemos sido estigmatizadas, nos han violentado física y psicológicamente a nosotras y a nuestras familias. Nos han desarraigado; nos han dejado sin patria». 

Quienes decidieron quedarse para enfrentar la justicia, como lo hicieron Zamora, Virginia Laparra (quien se exilió después de su segunda condena ante el peligro de más acusaciones) y otros más, han tenido que soportar largos periodos de prisión y un retraso constante en las audiencias. Quienes decidieron huir de la cacería, llevan el peso de haber dejado atrás familia, carrera, pasivos laborales, un proyecto de vida. 

Aunque la llegada del nuevo gobierno alentó los ánimos para volver, pronto se dieron cuenta de que el sistema al que se enfrentan es más fuerte, al menos por ahora. El regreso es una quimera.