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Pistas en Retalhuleu, Chicago y Texas llevaron a la DEA hasta la presa

“Encontramos recipientes de comida, envoltorios de galletas y papalinas con la etiqueta ‘Hecho en Colombia’”
Si había un problema con la calidad, o se quería más droga de determinada calidad, se podía ordenar, por ejemplo, ‘400 kilos de coca del Demonio de Tasmania’
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Pistas en Retalhuleu, Chicago y Texas llevaron a la DEA hasta la presa

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Durante casi dos décadas, la familia Lorenzana gastó miles de dólares para ocultar sus actividades de narcotráfico en Guatemala. Pero hace un año, la posibilidad de envejecer en una cárcel de EE.UU. llevó a seis de sus ex socios a contarlo todo en la Corte Distrital en Washington, D.C., según el expediente que contiene sus casos. Este fue el resultado de una investigación de diez años, que justificó la captura y extradición de tres Lorenzana. Esos testimonios, y los de cinco detectives, inclinaron a un jurado a declarar culpables a los hermanos Eliú y Waldemar Lorenzana Cordón. Estas son sus historias y la primera de una serie de tres partes.

El 22 de febrero de 2016, la fiscal Emily Cohen, de una unidad especial del Departamento de Justicia en Washington, D.C., dijo ante un jurado que demostraría cómo los hermanos Waldemar y Eliú Lorenzana Cordón tuvieron un papel crucial en el transporte y distribución de cocaína en Guatemala, “un pequeño país en Centroamérica”. El juicio apenas comenzaba. Los hermanos, a diferencia de su padre Waldemar Lorenzana Lima, se declararon “no culpables” después de ser extraditados a EE.UU. en 2014 y 2015. Por eso enfrentaban un juicio, y el escrutinio de un jurado.

La fiscal ofreció probar cómo, entre 1999 y 2009, los acusados fueron parte de una “conspiración multinacional” para traficar cientos de miles de kilos de cocaína hacia EE.UU. “Aprenderán que el narcotráfico era el negocio familiar de los Lorenzana, y cómo trabajaron con otros traficantes para transportar la cocaína desde Sudamérica hasta sus propiedades en Guatemala por tierra, aire y mar”. Los Lorenzana continuaron traficando después de 2009, pero los hechos que sustentan la acusación en EE.UU. acaban ese año, que es cuando las autoridades comenzaron a tratar de capturarlos.

En realidad, el guatemalteco Otto Herrera García lideraba la red de transporte que llevaba la cocaína hasta las manos de los Lorenzana. Herrera (capturado en 2007 en Colombia, extraditado a EE.UU., y excarcelado en 2013) y su red eran una de las bisagras entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Cali, de Colombia, y sólo una de las líneas de suministro de los Lorenzana. La guatemalteca Marllory Chacón Rossell (quien se entregó a las autoridades en EE.UU. en 2014, y cumple una condena de 12 años de cárcel) también les facilitó otras líneas de suministro.

Los testimonios de cinco detectives y seis narcotraficantes comprobaron las afirmaciones de la fiscalía. Eso incluía situar a los Lorenzana como parte de “conspiración para fabricar, importar y distribuir cinco o más kilos de cocaína”, una figura que abría la puerta para endilgarles miles de kilos más. Parte de estos kilos también habían sido suministrados a los Lorenzana por los Valle Valle y José Handal, capturados en Honduras, según los narcotraficantes que testificaron.

Estos testigos, a diferencia de los Lorenzana Cordón, se declararon culpables de sus crímenes (algunos, perdonados a cambio de su testimonio) y cumplen una condena de cárcel. “(Ahora) testifican con la esperanza, más no la promesa, de poder reducir su sentencia”, explicó Cohen. Otros, como los hermanos Otto y Guillermo Herrera, ya están en libertad condicional en EE.UU. con órdenes de deportación suspendidas, sujetas a una evaluación anual.

Manuel Retureta, un abogado cubano-estadounidense, y defensor de Eliú Lorenzana Cordón, dijo que la fiscalía se esforzó por llevar “el mayor número de testigos que tratarían de entrampar a todos porque su vida estaba en juego”. Era la verdad. Para testigos como Herrera y Chacón, sus declaraciones contra los Lorenzana y otros acusados podrían hacer la diferencia entre su permanencia en EE.UU. y su deportación a Guatemala, donde han dicho que estarían vulnerables a represalias por las revelaciones que hicieron en la corte.

No obstante, Retureta afirmó que los testigos (narcotraficantes) no podían comprobar que hubo una conspiración. “Si (los Lorenzana) tenían una organización, era porque importaban melones a los EE.UU., tenían un negocio legítimo y una familia que mantener en medio del caos del narcotráfico (en la región)”, explicó. Este negocio explica ahora por qué el Departamento del Tesoro los incluyó en 2012 en la lista de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de EE.UU., que prohíbe a empresas estadounidenses hacer negocios con quienes integran dicha lista.

Los abogados defensores insistieron en que sus clientes no tenían una conexión de narcotráfico a los Estados Unidos, pero la fiscalía respondió con una prueba reina: la evidencia de que kilos de cocaína con etiquetas de Pokemon y Taz, el Demonio de Tasmania, incautados en Chicago, Illinois, y en San Antonio, Texas, en EE.UU. en 2001, eran iguales a las etiquetas de kilos de cocaína que salieron de las bodegas de los Lorenzana Cordón en Zacapa. Otra prueba clave fue el hallazgo de US$14.4 millones de dólares en 2003, en una casa que Otto Herrera alquilaba en la zona 14 capitalina en Guatemala, donde las autoridades también encontraron registros contables de operaciones multi-millonarias que involucraban a los Lorenzana.

Los fiscales tenían otras evidencias: reportes de laboratorio, y fotografías de bodegas y de muelles de carga. Sin embargo, los testimonios fueron clave para revelar algunos de los secretos mejor guardados de los Lorenzana, y del narcotráfico en Guatemala.

El epicentro: 1999

Hace 18 años, G. Martínez pertenecía al Departamento de Operaciones Anti-Narcóticas (DOAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) en Guatemala. En la madrugada del 20 de febrero, lo enviaron a Retalhuleu. Por radio, su jefe lo guió hasta San Andrés Villa Seca: Línea C Sís, Centro Dos. “Cuando llegué, había varios policías; mi jefe, un fiscal y un representante de la DEA (Agencia Antidrogas de EE.UU.)”, recuerda. “Sobre la carretera había un pickup y un camión, y cinco personas bajo custodia”.

Martínez y cuatro oficiales revisaron los vehículos. El camión, de metal y madera, parecía fabricado para transportar ganado o productos agrícolas. En la cabina, atrás del asiento, encontraron un fusil M16 y un fusil Galil (cuya portación está prohibida para civiles). Debajo de la plataforma encontraron una caleta vacía. En el pickup, detrás del asiento, encontraron otros dos fusiles M16.

En la comisaría, elaboraron un informe para el juzgado. El informe registró que a los detenidos se les incautaron dos pistolas. Dos tenían permisos de portación del Departamento de Control de Armas y Municiones a nombre de Eliú Elixander y Ovaldino Lorenzana Cordón. Otros dos sujetos no portaban documentos y el quinto, un colombiano, llevaba su pasaporte.

“Un año después, todos los oficiales presentes en la captura fuimos citados a un juzgado en Retalhuleu; el citatorio sólo decía que era por el caso Lorenzana”, recuerda. “En la corte nos dijeron que había una acusación en nuestra contra por violación de derechos humanos y haber robado dinero (a los detenidos)”. Martínez no dijo que el reporte de la incautación incluía dinero, pero un agente de la DEA declaró después que habían encontrado US$500 dólares en uno de los vehículos.

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Durante la audiencia, los hermanos Lorenzana Cordón observaron a los agentes y dijeron que nunca los habían visto, y el juzgado cerró el caso. El hecho de que Eliú permaneciera libre hasta 2011, y que Ovaldino siga prófugo, implica que tampoco fueron procesados por portación ilegal de armas. Una parte del testimonio de Martínez, no admitida como evidencia, revelaba que el DOAN descubrió que los fusiles habían sido robados después de un asesinato, y que el fusil Galil fue robado a un soldado en un destacamento militar. El ex policía aclaró que la posesión de esas armas era ilegal. El Departamento del Tesoro de EE.UU. vinculó a Ovaldino y Marta Julia Lorenzana Cordón a las actividades de narcotráfico de la familia hasta 13 años después.

Un sujeto que el expediente de los Lorenzana en EE.UU. identifica como “testigo tres” (identificado por sus antecedentes como Byron Gilberto Linares Cordón), afirmó que en 1999 Lorenzana Lima pagó entre US$40 mil y US$50 mil para sobornar a las autoridades y sacar de la cárcel a sus hijos, que habían sido capturados con un cargamento de armas.

En febrero de 2016, la fiscal Cohen le preguntó a Martínez si podía identificar a los hermanos Lorenzana Cordón en la corte. Estaban sentados frente a él, cara a cara, pero el policía retirado dijo que no. “Han pasado 17 años, las personas cambian y sería difícil reconocerlos a estas alturas”, respondió. Martínez sólo los había visto dos veces: el día de la captura, y cuando se encontraron en el juzgado en 2000 y estaban libres.

La pista de Herrera que llevó a la DEA a los Lorenzana: 1999

El agente de la DEA Daniel Moren recibió tamaña tarea cuando llegó a Guatemala. Debía investigar la red de Otto Herrera en 1999, una época en la que operaban en el país los carteles mexicanos Arellano-Félix y el de Sinaloa. Moren sabía que Herrera tenía nexos directos con traficantes colombianos y mexicanos (de Sinaloa) para almacenar y traficar cocaína en Guatemala y transportarla hacia EE.UU. En Guatemala, sus socios incluían a su hermano Guillermo (alias Willy), un sujeto llamado Ricardo Bravo Isaza (un colombiano que EE.UU. vincula con las operaciones de Herrera en El Salvador) y la familia Lorenzana, en especial, Eliú y Waldemar Lorenzana Cordón.

“En febrero de 1999 nos enteramos de que los Herrera y Bravo enviarían un cargamento de unos 1,200 kilos de cocaína, desde Colombia hacia la costa del Pacífico de Guatemala”, dijo Moren. “La organización de Herrera facilitaría motores para las lanchas que recogerían la droga en un barco en alta mar y combustible para el retorno del barco a Colombia”.

Durante los siguientes dos días, agentes de la DEA y el DOAN vigilaban una reunión entre Otto Herrera y Bravo, con un sujeto identificado como Edwin López Mazat, a quien entregaron dos motores. Siguieron a López Mazat hasta Retalhuleu y lo abordaron respecto a sus planes para los motores. El sujeto cedió rápido: ofreció la dirección a donde el cargamento había sido o sería llevado. El DOAN y la DEA enviaron vigilancia al lugar. Lo vigilaron toda la noche, y consiguieron una orden de cateo para el día siguiente: 20 de febrero de 1999. Estaban en San Andrés Villa Seca, Centro 2, Retalhuleu, el mismo lugar a donde Martínez fue enviado.

“Mientras amanecía, el DOAN y una fuerza de tarea entraron a la propiedad y capturaron a cinco personas que intentaban marcharse en dos vehículos”, relató Moren. “Estaban en una parcela con una construcción sencilla rodeada por una cerca de alambre y madera, sobre una calle de terracería, en un sitio bastante remoto”.

—¿Recuerda los nombres de los detenidos? —le preguntó la fiscal Cohen.

—En el camión estaban Ovaldino Lorenzana Cordón y Eliú Lorenzana Cordón. Había otro guatemalteco de apellido Echevirra (podría ser Echeverría), y un colombiano de apellido Benavides. También se encontraron armas de fuego y US$500 dólares en efectivo —respondió Moren.

El agente de la DEA dijo que se dirigieron a un sitio a unos 48 kilómetros del lugar de las capturas, donde supuestamente habían descargado la cocaína. Estaba a la orilla de un río, donde había numerosas huellas de llantas y zapatos, y la evidencia de que algo pesado había sido sacado del agua, algo como un bote por los trazos sobre la tierra. “Encontramos recipientes de comida, envoltorios de galletas y papalinas con la etiqueta ‘Hecho en Colombia’”, relató Moren.

El expediente no indica qué ocurrió con López Mazat, pero sí revela que también facilitó a la DEA otros datos: tres días después, Herrera esperaba otro cargamento en una propiedad cerca del Lago de Izabal (el expediente no indica si lo incautaron), y el 16 de marzo de 1999, tres camiones trasladarían cocaína desde El Salvador hacia Guatemala. Lo sabía porque debía manejar uno de los camiones que el DOAN sí interceptó. Como resultado, incautó 2,556 kilos de cocaína ocultos en las plataformas, una mínima parte de cuanto sí llegó hasta los Lorenzana.

Sálvese quien pueda: 2000

El 29 de febrero de 2016, Byron Gilberto Linares Cordón, de 31 años de edad, se encontró cara a cara con sus primos Eliú y Waldemar Lorenzana Cordón en una corte distrital, en la capital de EE.UU. Linares, el primero de los tres en ser capturado (el 6 de junio de 2011), tenía 17 meses de estar en una cárcel (en Taft, California). Se había declarado culpable en 2015 de conspirar para llevar cocaína a EE.UU., como cómplice de Otto Herrera.

En la corte, el fiscal Michael Lang le preguntó a Linares si reconocía a sus familiares en ese recinto. Linares respondió que reconocía a Eliú a la izquierda de la mesa frente a él, con chaqueta negra y camisa blanca y verde, y a Waldemar, con chaqueta azul y camisa blanca y roja.

—¿Les llamó alguna vez por otros nombres? —preguntó Lang.

—Sólo con un apodo —respondió dubitativo Linares—. Cariñosamente los llamábamos Negro o Negrito (a Eliú) y Chiquitín (a Waldemar).

Mientras respondía las preguntas del fiscal y los abogados defensores, Linares relató una historia que sus primos conocían bien: sus inicios en el narcotráfico.

En 1998, otro de sus primos, Haroldo Lorenzana Cordón (hermano de los acusados), lo contrató para vigilar en Zacapa y Jalapa los aterrizajes de aviones que transportaban 500 kilos de cocaína cada uno desde Colombia, alejar a la policía con sobornos o avisar de cualquier problema. Dijo que era su primer trabajo en narcotráfico. Por cada vigilancia, Haroldo le pagó mil dólares. También recogía droga de Haroldo en la capital e Izabal, la vendía en Petén y pagaba al proveedor: Otto Herrera. Movió unos 300 kilos para Haroldo, hasta que un comprador mexicano trató de matarlo y robarle el dinero. Cuando Herrera le ofreció trabajo en 1999, Linares aceptó de inmediato.

Comenzó vigilando aterrizajes para Herrera, pero a principios de enero de 2000 también lo acompañó a El Salvador. Herrera la confió que iban a coordinar la recepción de cargamentos a bordo de lanchas rápidas, a 48 kilómetros de la costa. En esa ubicación, sujetos a bordo de lanchas de pescadores recibirían entre 1,500 y 2,000 kilos de cocaína, y abastecerían las lanchas rápidas de combustible para volver a Colombia. Operarían a media noche o de madrugada para no ser detectados. Esta operación, a cargo del ex diputado salvadoreño William Eliú Martínez (capturado en noviembre de 2003, extraditado a EE.UU. y condenado a 25 años de cárcel), era similar a la que el agente Moren había descubierto en Guatemala.

Herrera le explicó que había movido sus operaciones de Guatemala a El Salvador porque tuvo “una situación con un barco en Guatemala y Eliú Lorenzana”. Linares no reveló de qué situación se trataba, pero podría haber sido la incautación fallida en 1999 de la que hablaron Moren y Martínez, ex investigador del DOAN.

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En El Salvador, se reunieron con colombianos representantes del Cartel de Cali, para discutir el almacenaje de la droga en Guatemala (parte de la cual permanecería en propiedades de los Lorenzana en Zacapa). El arreglo fue tan rápido que a finales de enero de 2000, en El Salvador, cargaron los primeros tres camiones con un total de  1,500 kilos de cocaína, y los condujeron hasta una finca de Waldemar Lorenzana Cordón.

Primero los camiones salían cargados desde Izabal, con banano rechazado para exportación, para vender en El Salvador; los descargaban y les llenaban las caletas con cocaína y los enviaban a Zacapa. Linares dijo a la corte que esto le constaba porque lo presenció en compañía de los hermanos Herrera, y Andrés Alvarenga (cuñado de Waldemar). “Los camiones salían a las tres de la madrugada de El Salvador, la mejor hora para cruzar la frontera porque no había operativos policiales a esa hora”, admitió Linares. “Entraban a Guatemala por Chiquimula; el viaje duraba unas cinco horas”.

Linares y Herrera viajaban en un automóvil sedán, como vehículo de avanzada, de 30 a 45 minutos delante de los camiones. Al cruzar la frontera, Herrera le pidió a Linares que llamara a Waldemar Lorenzana Cordón para avisarle que se encontraran cerca del límite entre Chiquimula y Zacapa. “Waldemar guiaría los camiones por una desolada carretera de terracería hacia La Reforma, a unos 15 kilómetros”, continuó Linares. “Waldemar viajaba con Guillermo Herrera (en un vehículo de doble tracción)”.

Otto Herrera y Linares tomaron la cinta asfáltica hasta La Reforma, donde esperaron los camiones. En los siguientes días, descargaron los camiones y contaron la droga—algo imposible en El Salvador, donde la descarga marítima y carga terrestre eran contrarreloj. Entonces, embodegaron la cocaína en la finca de Waldemar después de repartirla en sacos en grupos de 25 kilos cada uno, que la hacían más fácil de cargar. Durante esos menesteres, Eliú estaba en la propiedad, pero nunca permanecía en la bodega.

Parte de la cocaína que los Lorenzana almacenaban era para clientes colombianos o mexicanos de Herrera. Linares dijo que él mismo arregló una reunión entre Herrera y Waldemar Lorenzana Cordón para acordar cuánto cobraría por almacenar cocaína en sus propiedades: entre US$50 y US$100 por kilo almacenado. Otra parte de la droga almacenada era de los hermanos Lorenzana Cordón y el padre, que vendían a clientes guatemaltecos o mexicanos. Esta era la única cocaína a la que los Lorenzana podían ponerle las manos encima.

Para mover la coca de Herrera, necesitaban un equipo de seguridad y el permiso de Herrera, que llegaba por medio de un visto bueno de Linares. Vendían cada kilo entre US$4,500 y US$5,500 (según el Ministerio de Gobernación, en ese entonces el precio por kilo era US$12,000, o Q100 mil).

“Cuando iba a las fincas de Eliú y Waldemar, yo me encargaba del inventario; contábamos kilo por kilo”, explicó Linares. “Yo desempacaba cada uno para una inspección física”.

Después del primer envío desde El Salvador en enero de 2000, siguió otro dos semanas más tarde. Linares estimó que hicieron al menos 20 viajes, con cargas mínimas de 1,500 kilos y máximas de 1,800. En total, llevaron un mínimo de 30 mil kilos. Irónicamente, 2000, el primer año del gobierno de Alfonso Portillo en Guatemala, las incautaciones de cocaína se desplomaron de casi 10 mil kilos el año anterior a escasos 1,620 kilos—es decir, a cuanto los Lorenzana recibían en un solo flete de cocaína desde El Salvador.

El trasiego entre El Salvador y Guatemala continuó hasta 2002, aunque en 2001 comenzaron a almacenar la cocaína en una propiedad de Haroldo por seguridad—y usaron las de Waldemar y Eliú solo para emergencias. Eliú compró mil kilos en el transcurso de seis meses en 2000. Cuando Herrera se marchó a México en 2003, según Linares, Eliú ya había dejado de comprarle droga. Para entonces, ya tenía otros proveedores.

Atando cabos: 2000

Linares Cordón explicó que, en las fincas de los Lorenzana Cordón, los trabajadores organizaban los kilos por marca o color de empaque. “Podían tener una calcomanía, un número, el dibujo de una muñeca, letras, el logo de Toyota, o una caricatura, como el Demonio de Tasmania o Pikachu”, reveló.

En el juicio, en 2016, el fiscal Michael Lang le mostró varias fotografías a Linares, y le preguntó si reconocía lo que observaba. “Sí los reconozco”, dijo Linares. “Son el sello de la cocaína con la que trabajamos en 2000, y que Otto Herrera recibía en El Salvador. Ese año se trabajaba con el logo del Demonio de Tasmania; reconozco el protector amarillo, una cobertura de hule para que la droga no se mojara en caso fuera trasladada por vía acuática. Le llamábamos ‘el condón del kilo’”. También habían recibido droga con la caricatura de Pikachu.

Linares explicó que diferentes laboratorios o cocinas producían la droga, y cada una tenía un sello diferente. “Si había un problema con la calidad, o se quería más droga de determinada calidad, se podía ordenar, por ejemplo, ‘400 kilos de coca del Demonio de Tasmania’, o se podía rastrear el origen de un kilo en particular a un laboratorio específico”, explicó.

San Antonio, Texas, y Chicago, Illinois: 2001

El 7 de marzo de 2001, en San Antonio, Texas, el agente de la DEA Calloway Fowler investigaba una red de trasiego en San Antonio, Georgia y Nueva York. Tenía un informante confidencial que le confió que una persona le había ofrecido venderle cocaína. Fowler le pidió al informante llamar a su contacto y gestionar una compra. El informante recibió las instrucciones de reunirse con otras cuatro personas en un vehículo al oeste de la ciudad. El informante utilizaba un micrófono bajo la ropa. Cuando vio la cocaína, les dio la señal con una palabra clave. En el vehículo de los sospechosos los agentes observaron un kilo de cocaína en el suelo, a simple vista. La DEA los capturó cuando intentaban huir. Entonces, Fowler y otros agentes fueron a la residencia de uno de los detenidos en Canon Street (oeste de San Antonio). Encontraron cuatro kilos más de cocaína en el ático, y una pequeña cantidad bajo un colchón. Los envoltorios de los kilos tenían un dibujo de Pokemon. En 2016, cuando la fiscalía le mostró las fotografías de la droga incautada, Fowler reconoció los kilos.

Tres meses después del hallazgo en Texas, el detective policial Fernando Carvajal descubrió algo más en Chicago, Illinois. El 30 de junio, Carvajal tenía información de que había droga almacenada en una casa en la dirección 3439 West 63rd Place. Durante un cateo en el garaje, encontró una caja de cartón con 15 kilos de cocaína envueltos en plástico transparente. Uno de los kilos tenía una etiqueta con el dibujo del Demonio de Tasmania impreso en verde. Días después, el FBI tomó el caso y Carvajal le perdió la pista, hasta que un mes antes del juicio contra los Lorenzana Cordón, la fiscalía en Washington, D.C. le pidió que testificara.

En el mismo juicio, el fiscal Lang le mostró a Linares las fotografías de la cocaína incautada en San Antonio, Texas, y en Chicago, en 2001. El fiscal quería demostrar que la droga había salido de las bodegas de los Lorenzana. Linares admitió que no tenía nexos en San Antonio o Chicago, pero reconoció las etiquetas. Sin embargo, no explicó si un mismo laboratorio vendía droga a diversos clientes, de manera que los kilos con la etiqueta de Taz y Pikachu hallados en Chicago y San Antonio, Texas, no tenían que ser necesariamente los mismos kilos que Linares vio en las fincas de los Lorenzana—aunque hubieran salido del mismo laboratorio en Colombia.

 

Esta es la primera parte de reportaje. Lea las demás en los próximos días.

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