¿Quiénes cuidan y educan a los menores en los hogares del Estado?

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), de la cual dependen los centros de atención a niños y adolescentes desprotegidos, no cuenta con protocolos que definan los perfiles profesionales, psicológicos y técnicos del personal contratado para trabajar en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Tampoco investiga y sanciona a los empleados señalados de maltratar a los chicos, y se niega a brindar información sobre la cantidad de personas, puestos, salarios y calidades de quienes conviven con los menores.

“Los ‘profes’ nos obligan a hacer ejercicio, nos pegan, nos abusan”, se quejan como letanía los niños internos en ese lugar —y algunas adolescentes que han huido de ese sitio—, al ser preguntados sobre el trato que reciben de parte del personal de ese hogar.

Las puertas del hogar permanecen cerradas a cal y canto para los periodistas —“por la seguridad de los niños”, según las autoridades—, y los archivos con la información sobre el personal y la forma en que es manejado, inaccesibles.

Durante tres meses, Plaza Pública solicitó a la Oficina de Información Pública de la SBS el listado de puestos, salarios, nombres y calidades profesionales de las personas que laboran en esa institución. La información no fue proporcionada bajo el argumento de que “los datos son sensibles” por tratarse de personas que trabajan con niños. Silvio Gramajo Valdés, académico especialista en acceso a la información pública, asegura que al negar esa información, la SBS viola la Ley de Acceso a la Información Pública, que obliga a todas las instituciones del Estado a informar sobre sus manuales de procedimientos así como el número, nombre y salarios de los empleados públicos. La única información que puede considerarse reservada, precisa el experto, es la relacionada con los niños y adolescentes.

Tras las denuncias de maltratos, agresiones sexuales y posibles casos de trata de personas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Gloria Castro, defensora de la niñez de Procuraduría de los Derechos Humanos, señaló que se evaluaría al personal que atienden a los menores para identificar su personalidad y su experiencia en el tratamiento con niños y adolescentes. Sin embargo, según la funcionaria, esa evaluación nunca se realizó, y en la investigación hecha por esa institución se determinó que no existía ningún tipo de protocolo para la contratación de personal desde su creación.

Leonel Dubón, director de El Refugio de la Niñez, una asociación no gubernamental que trabaja en la protección y cuidado de niños y adolescentes desamparados, afirma que el personal de ese hogar estatal no está preparado para atender un centro “tan complejo” como el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. “Lamentablemente el personal tiene muchos años de estar ahí, pero no ha sido formado adecuadamente y que tampoco tienen el enfoque de Derechos Humanos que se necesita. Es una herencia de varios gobiernos en los que se ha acumulado personal sin las calidades ni cualidades necesarias”, expone.

Los múltiples perfiles de los niños que atienden en ese sitio, explica Dubón, dificulta la adecuada atención para los menores. “En el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, detalla el experto, se encuentran internados, “revueltos”, niños y adolescentes que fueron abandonados por sus padres y familiares, los rescatados en la calle, los que consumen sustancias psicoactivas, las víctimas de violencia sexual, las víctimas de trata, los niños con discapacidad cognitiva, los que ya cumplieron una sentencia pero sus padres no los quieren recibir. El centro, subraya, debería de contar con personal especializado para atender las diferentes necesidades de cada uno de estos grupos. “No se le puede pedir al personal que atienda una problemática tan diversificada en un solo centro”, señala.

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El psicólogo Marcelo Colussi, de la Liga de Higiene Mental, considera que tratar con niños y adolescentes con perfiles tan complejos como los del Hogar Seguro, puede generar un “estrés extremo” en los empleados, lo cual tendrá impacto negativo en los menores. Trabajar con una población que fue vulnerable, afirma, “es duro pues las posibilidades de reinserción para ellos son escasas”.

Gloria Castro y Harold Flores, procurador de la niñez de la Procuraduría General de la Nación, coinciden en que los monitores —las personas que tienen el contacto directo con los niños—, cómo mínimo deben ser maestros o estudiantes universitarios de psicología o trabajo social.

Dubón considera que el Estado de Guatemala incumple las directrices emitidas en 2009 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que prohibía el internamiento de menores de edad en macroinstituciones, porque estas terminan siendo instancias de violaciones a derechos humanos. Lo que la ONU acordó, explica, es que se debe privilegiar el derecho del niño de vivir en una familia, y que la institucionalización debe ser la última instancia a considerar y por períodos cortos.

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El Ministerio Público investigó el abuso sexual de dos menores de 14 años por uno de sus cuidadores, así como la violación de una adolescente de capacidades especiales por un trabajador subcontratado por la SBS. Además, la Procuraduría de los Derechos Humanos, en los dos últimos años ha conocido al menos 28 denuncias de abusos sexuales, maltratos y vejámenes en contra de los menores por parte de personal del Hogar Seguro.

Anahi Keller, subsecretaria de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adolescencia de la SBS, se queja de que los juzgados de menores ordenan la institucionalización (internamiento) de los niños sin considerar otras posibilidades ni el hacinamiento que existe en el hogar, el cual tiene capacidad para albergar 500 menores de edad, y no los 800 que tiene en la actualidad. Además, señala la funcionaria, los problemas se empeoran por el poco personal asignado al hogar, así como la mezcla de niños y adolescentes con diferentes perfiles.

Mareny Mérida, titular de la SBS, máxima autoridad de los hogares de protección, ha asegurado desconocer los señalamientos en contra del personal del Hogar Seguro, el que asevera es “especializado”.

Un fallo judicial y el cisma que podrían cambiar el rumbo

Una resolución emitida el pasado dos de noviembre por el Juzgado Metropolitano de Niñez y Adolescencia, a petición de la Procuraduría General de la Nación (PGN), podría cambiar para bien el rumbo del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

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Es 28 de octubre. Un portón de un poco más de seis metros se abre con timidez. Es la entrada principal del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Ese día, una comisión del Congreso de la República, la PDH y la ONU llegan al albergue para realizar una inspección de las condiciones en las que se encuentran los niños que lo habitan.

Unos 30 metros después de la entrada principal aparece un grupo de adolescentes formado en dos hileras. Caminan en orden —como una especie de marcha marcial— hacia San Gabriel, una de las áreas para hombres del refugio estatal. Es mediodía y se dirigen a comer; son el primer turno.

Dentro de este espacio hay varias pequeñas casas de block en la que viven, aprenden mecánica, comen, hornean pan. En tres de las habitaciones comunales el piso es blanco y limpio. Las literas están cubiertas con sábanas del mismo color. Hay más niños que camas.

—¿Siempre está ordenado? —se le pregunta a uno de los chicos.

—No. Hoy nos levantaron temprano para limpiar.

Varios de los adolescentes tienen una respuesta similar.

“No se olviden de nosotros”, gritan los niños a los visitantes. Después, entre dientes, como un murmullo, como un lamento, uno de ellos agrega: “siempre se olvidan”.

En otro salón hay un niño de 9 años que espera integrarse a la fila en la que recibirá su comida. “Hay un profe que nos pone a hacer ejercicio hasta que ya no podemos levantarnos”, responde cuando se le pregunta sobre el trato que recibe. Lo dice mientras muestra sus manos con alegría. En ellas tiene puestas varias pulseras de elástico de colores fluorescentes. Las aprendió a elaborar en este lugar donde sus días pasaron e hicieron que olvidara hace cuánto tiempo entró.

Afuera, en uno de los pasillos, un niño de unos ocho años, está sentado en el suelo, alejado de los demás. Llora. Una de las psicólogas lo atiende y trata de llevárselo. El pequeño se resiste, inclina su rostro y brazos hacia las rodillas. Se queda solo.

Mientras algunos de los menores comen, otros permanecen dentro de las habitaciones comunales que tienen como título nombres de santos católicos. Los adolescentes observan a través de las rejas de las ventanas y puertas a los visitantes que caminan por los corredores del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Una de las salas de fue adecuada para funcionar como panadería. A esta hora, pasado el mediodía, cuatro adolescentes limpian el piso y lavan los instrumentos que utilizaron para cocinar. Ya han terminado de hornear el pan dulce que comerán en la noche. Su rutina es preparar pan para el desayuno y para la cena, explican dos de ellos. Se entretienen y les gusta hacerlo, cuentan.

En otra área alejada de San Gabriel, una fila de al menos 40 niñas espera recibir sus alimentos en uno de los salones. Están recostadas sobre una pared que tiene ventanas por las que se cuela la luz de mediodía. Sus rostros apenas se distinguen porque están a contraluz, pero no sus siluetas que se definen con las sombras; dos parecen estar en estado de gestación.

“¿Cuántas niñas están embarazadas?”, se pregunta a la monitora a cargo. “En este grupo tengo a cinco”, contesta mientras las observa y controla la puerta de la entrada del salón. En este grupo también hay adolescentes con bebés en sus espaldas y en sus brazos. Sus compañeras juguetean con los pequeños dedos de los bebés mientras esperan su turno para comer.

Entre esas niñas hay dos que visten camisas blancas. En una se lee “No debo ser grosera” y en la otra “No debo mentir”. Los mensajes ocupan todo el frente de las camisetas y están plasmados con marcador azul, la palabra “No” resaltada con tinta roja.

Los niños de 3 a 6 años, están afuera en dos filas. Son al menos 100. Todos vestidos en tonos azules. La mayoría sonríe. Algunos ya botaron sus primeros dientes. Piden ser fotografiados, pero las autoridades están atentas a que eso no ocurra, porque, dicen, se pone en riesgo su integridad. Pero los pequeños insisten y reúnen a sus compañeros para posar en grupos y mostrar sus zapatos rotos.

Los niños no dejan de reír y eso hace olvidar por un momento las violaciones y maltratados. Hace olvidar que un mes atrás, 31 adolescentes escaparon de lugar, y que unas semanas después ocho niños albergue las imitaron. Los niños no saben que los extraños que los visitan llegaron a conocer la situación en que los tratan sus cargados; ellos solo buscan un abrazo.

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El caso de los niños y adolescentes que huyeron del hogar, fue la causa de la denuncia que Harold Flores, Procurador de la Niñez de la PGN, presentó ante la judicatura. En otras ocasiones le dieron acompañamiento a denuncias, no por las condiciones generales del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, sino por hechos específicos, como un posible maltrato contra uno de los menores de edad.

—¿Por qué actúan hasta ahora, si los niños siempre han huido de ese lugar? —se le pregunta a Flores.

—Es diferente que se escape una a la semana, porque no son centros carcelarios, a que se escapen 30 o 40. —responde.

Flores asegura que la PGN no tiene obligación de investigar las denuncias en contra del personal del hogar por los vejámenes que sufren los menores.. Sin embargo, explica que verifican denuncias y le dan el acompañamiento por mandato de juez.

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En los primeros días de noviembre el Juzgado Metropolitano de Niñez y Adolescencia ordenó una investigación masiva dentro del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. La resolución fue emitida para el MP, PGN, PDH, Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Consejo Nacional de Adopciones y la Secretaría de Bienestar Social. Esta última es la encargada del albergue señalado.

El juzgado ordenó a las Fiscalía de la Niñez y Adolescencia y la Fiscalía Contra la Trata de Personas, investigar el abandono masivo de los menores de edad. Hasta el momento han localizado 18 de los 40 que huyeron, según la PGN. Los menores han declarado sobre cómo y por qué escaparon, pero sus testimonios se encuentran bajo reserva, pues forman parte de las investigaciones de las fiscalías. Las dos unidades no descartan un caso de trata de personas por la cantidad de menores que huyeron esos días. También sospechan que algunos pudieron ser reclutados por grupos criminales que se dedican a cometer extorsiones.

El día del escape ocurrió una especie de motín en el área donde se encontraban las adolescentes. De esa manera consiguieron que los monitores se alejaran. Una puerta blanca y oxidada fue a abierta a golpes. Esa fue la ruta de escape. Según uno de los investigadores, no todas las que participaron en el bullicio se fueron.

En este grupo existen diferentes perfiles. Desde adolescentes señaladas de pertenecer a una pandilla, hasta algunas que sufrieron maltratos familiares. Una de esas adolescentes localizadas denunció que en lugar se sufren violaciones sexuales por los mismos adolescentes. Los mayores someten a los de menor edad, dijo. También los obligaba a tomar desinfectante para limpiar pisos. La chica, de 17 años, también relató que las monitoras la golpeaban cuando no obedecía, y que esa fue una de sus razones para huir.

El 28 de octubre, Miguel Ángel Herrera, el director del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ante el diputado Luis Antonio Alonzo, y la vicepresidenta del Comité del Derecho del Niño de la ONU, Sara Oviedo, y representantes de PDH, acusó a las niñas y adolescentes de ser violentas, y de no contar con suficiente personal para atenderlas.

“El hecho de estar privados de libertad, no estar con su familia y amigos, hacer las actividad que un adolescentes regularmente requiere, es motivo para que ellos frecuentemente abandonen su derecho de protección”, dijo el pasado 15 de noviembre la titular de la SBS, Mareny Mérida, durante una citación de la diputada Nineth Montenegro, sobre las desapariciones de los niños y adolescentes. En la segunda quincena de noviembre, Herrera fue despedido por la fuga masiva de adolescentes, y Mérida fue removida sin informarse la razón. Como directora interina del Hogar Seguro Virgen de la Asunción fue nombrada Sandra Siguenza.

Carlos Antonio Rodas Mejía, quien fungía como subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, fue designando como titular de la SBS. Su primera tarea será entregar los dictámenes solicitados por el Juzgado Metropolitano de Niñez y Adolescencia sobre la condiciones del albergue.

Una de las recomendaciones emitidas por la PDH y El Refugio de la Niñez, es que proceda el cierre sistemático del lugar, para que los niños sean ubicados con familias sustitutas o en centros de atención más pequeños en el que sean atendidos de acuerdo con su perfil. Por el momento la judicatura ordenó a la SBS realizar un análisis de los menores para determinar quiénes ya pueden abandonar el hogar y reunirlos con sus padres o familiares cercanos de manera inmediata.

Por su parte, el Inacif deberá realizar evaluaciones médicas a los menores recluidos en ese sitio, para determinar cuántos sufren o sufrieron maltrato físico, psicológico o sexual.

Con base en esos informes y dictámenes, el juzgado decidirá el próximo 12 de diciembre el futuro del Hogar Seguro y de los 800 menores ahí recluidos.