Respuesta a la aclaración de COPREDEH

Más aún lo es que la carta en la que responden al reportaje "Wendy en el país de Nunca Jamás" llegue presidida por el sello de "urgente", calificativo derivado de la premura que para ellos tiene -quiero creer- la resolución de la situación en la que se encuentran varios miles de personas en el Valle del Polochic.

Pero es absolutamente inaceptable que la COPREDEH señale que las fotografías o grabaciones que acompañan al reportaje puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas grabadas.

Hablemos claro.

Si una niña -habitante de una de las fincas desalojadas, y beneficiaria, por tanto, de unas Medidas Cautelares otorgadas para su protección que no se cumplen- sufre un proceso de desnutrición aguda y se encuentra, literalmente, al borde de la muerte, no traten de asesinar al mensajero.

Lo que ha puesto en riesgo la vida de Wendy es la falta de implementación de las Medidas Cautelares.

Esa niña debería haber sido localizada por el estado guatemalteco y trasladada a un centro hospitalario si éste, entre el 20 de junio y el 1 de octubre de 2011, hubiera dado cumplimiento a las Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH para la protección de Wendy. No traten de cargar sobre el periodista que lo denuncia la entrada en la antesala de la muerte de uno solo de los más de 14 mil niños que han llegado al estado de desnutrición aguda en este país.

Según su punto de vista, el reportaje contiene pasajes "inexactos, falaces y descontextualizados".

Comenzaré señalando la idea principal del reportaje. "El estado guatemalteco no ha cumplido las Medidas Cautelares 'urgentes' otorgadas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" para garantizar la vida, la integridad física, la alimentación y el albergue de las familias desalojadas.

Recalco la palabra "urgentes". La CIDH otorgó las medidas el pasado 20 de junio. Y lo hizo señalando una fecha de cumplimiento derivada de su urgencia: el 5 de julio.

Tal y como señala la carta de respuesta y aclaración de la COPREDEH, entre el 26 y el 30 de septiembre tuvo lugar la elaboración del censo que permitiría cumplirlas.

Por tanto, reitero que el estado guatemalteco "no ha cumplido las Medidas Cautelares 'urgentes' otorgadas por la CIDH".

Entrando un poco más al detalle, cuando en Plaza Pública se recibió la primera de las dos cartas que mostraban "su sorpresa" por el reportaje publicado, le pedí, por teléfono y por escrito a la firmante, Gerente de procesos del Sistema Nacional de Diálogo Permanente, la licenciada Mildred López, que gestionase, si así lo consideraba oportuno, entrevistas con las instituciones en las que los actores directamente implicados pudieran darme su punto de vista "correcto" sobre las implementación de las Medidas Cautelares. No recibí respuesta.

Reitero una vez más mi petición de entrevistas a los responsables de COPREDEH, Ministerio de Salud, Secretaría de Salud Alimentaria y Ministerio de la Gobernación. El formulario que les presentaría es extremadamente simple. Se trata de dar respuesta clara y concreta a cuatro preguntas.

Desde que el 20 de junio la CIDH otorgase las medidas cautelares, a) ¿cuántos alimentos se han entregado?b) ¿cuántas láminas para proveer de techo? c) ¿a cuántos policías se ha investigado? y d) ¿qué se ha hecho para impedir que los guardias de seguridad de empresas privadas campen a sus anchas por el Valle del Polochic?

Según la COPREDEH en el reportaje se ha cometido una inexactitud derivada de calificar como "mesa de diálogo" a una reunión física entre los afectados y las instituciones estatales. Desde su punto de vista, el espacio en el que las partes se sientan no es una "mesa de diálogo". Llámenlo como quieran, entonces. Cierto es, también, que el uso de la palabra "evaluación" para referirse a las Medidas Cautelares es inexacto, como ustedes aseguran, ya que no puede evaluarse lo que no se ha hecho.

En el reportaje señalo con claridad que la elaboración de un censo individualizado de beneficiarios constituye la principal dificultad para la implementación de cualquier medida. Lo es. Los campesinos tienen miedo y han expresado sus reticencias a facilitarle al estado un listado detallado de personas afectadas.

Para ubicar dicho miedo en su contexto, el mismo día que tuvo lugar la reunión, me desplacé con ellos a la Finca Paraná, donde pasé la noche, corroborando por mí mismo la existencia de disparos intimidatorios al aire alrededor del lugar en el que dormíamos. Apenas seis horas después de que finalizase la reunión. 

Señalo también que hay un "choque de trenes" entre la posición expresada por los campesinos respecto a su voluntad de debatir el acceso a la tierra y la imposibilidad de que ese debate tenga lugar. Ese "choque de trenes" es, simplemente, consustancial a gran parte de la conflictividad agraria guatemalteca.

Respecto al tiempo dedicado a gestionar la parte procedimental de la reunión, esa que debate el lugar en el que se ubicarán las cámaras o los mecanismos de gestión del pago por transporte para los afectados, se entra en el ámbito de la subjetividad. ¿Cuánto es mucho tiempo? ¿El 10 por ciento de la reunión, el 20 por ciento de la misma?. No es, probablemente, lo más relevante de este caso.

La evidencia de que los traductores de queqchí facilitados por la COPREDEH simplemente no sabían o no querían realizar su trabajo me parece tan incontestable que ni siquiera merece aclaración.

Pero volvamos a Wendy. Centrémonos en lo que considero importante.

¿Habría entrado Wendy en un proceso de desnutrición aguda si el estado guatemalteco hubiese cumplido desde el mes de junio con las Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH y no se encontrase aún estudiando de la manera de levantar el censo de beneficiarios con más de tres meses de retraso?