Salir del clóset o dejar de ser una abstracción para ser una realidad

Si en Google se escribe “Hermán Duarte”, el buscador sugiere una palabra más: gay. Así ocurrió cuando buscaba trabajo y sus potenciales empleadores quisieron saber más de él. Si hubiera que seguir completando su perfil, “salvadoreño”, “columnista”, “abogado” y “activista” serían palabras que describirían a Duarte, quien dirige un movimiento que busca la modificación de las leyes que excluyen a la población LGBTI en El Salvador.

En su haber personal atesora una fecha: el 18 de octubre de 2010. Ese día, dice, dio su primer paso como activista de los derechos de las personas LGBTI, al salir del clóset. “Ese es el activismo más grande porque uno pasa de ser una abstracción a ser la realidad de una familia: mi hijo-nieto-primo-papá gay”, explica este abogado de 29 años.

Al hablar sobre la discriminación y los discursos de odio de los que las personas LGBTI son víctima, Hermán recurre al “dilema del prisionero”, el modelo de análisis de conflictos de la teoría de juegos desarrollado por Merrill M. Flood y Melven Dresher. El caso hipotético de cuando dos sospechosos son arrestados y, al separarlos, la policía les ofrece liberarlos pero darle la pena mayor al otro. Quien calla, queda condenado. Quien delata, se libra. Si ambos lo niegan todo la condena se reparte y es menor. “Esta teoría se usa para explicar las negociaciones y cómo se comportan las personas. Si ambos colaboran, el golpe es menor porque se reparte. Y eso es lo que pasa con los LGBTI, pocos salen del clóset y el rechazo es más severo para aquellos que sí lo hacen.

Duarte se graduó de abogado en la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) de El Salvador. “Soy liberal y como abogado atiendo a empresarios y a multinacionales. En el ámbito gay, el clasismo y la oligarquía también inciden. En nuestros países, históricamente, muchas cosas se definen por esos factores. La exclusión también”, explica. Hizo una maestría en Arbitraje Internacional en Estocolmo y cuando regresó a su país, se topó con un muro por reivindicar su orientación sexual. “Me dijeron que no tenían escritorios para mí. Y no entendía porque estaba bien preparado para el trabajo. Salir del clóset tuvo consecuencias. Creí que había cometido un error”, recuerda. Luego encontró trabajo en Costa Rica, y La Prensa Gráfica, un diario de amplia circulación en su país, le brindó un espacio como columnista.

El 11 de noviembre del año pasado presentó una demanda a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en la que solicitó eliminar del Código de Familia local los contenidos que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora, formó su propio bufete legal y lo concibe como un emprendimiento social que, a través de la venta de servicios corporativos, le permite financiar Igualit@s —el movimiento que fundó junto a André Solórzano— y patrocinar algunos litigios internacionales y locales a favor del matrimonio igualitario, la identidad de género y la denuncia de crímenes de odio y lesa humanidad contra personas LGBTI.

Hermán Duarte también fue admitido a una opinión consultiva de la CIDH sobre temas administrativos de la identidad de género y el patrimonio de las parejas del mismo sexo. El 17 de mayo de 2016 la vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón solicitó a la Corte una explicación sobre el cambio de nombre de las personas de acuerdo con la identidad de género de cada una y el reconocimiento de los derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo entre personas del mismo sexo. El 1 de diciembre de 2016 Igualit@s pidió unirse a dicho proceso para presentar opiniones escritas y participar en la audiencia. “Lo hicimos ese día porque es una fecha simbólica: el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Muestra nuestra solidaridad”, explica el abogado.

¿Cuál es la función de la CIDH y el impacto de sus decisiones en este caso?

El sistema interamericano de justicia está compuesto por una Comisión en Washington (Estados Unidos) y una Corte en San José (Costa Rica). Ante esta corte, uno de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) puede acercarse para preguntarle cómo debería aplicar algún cambio legislativo. A este proceso se le llama opinión consultiva: una serie de preguntas sobre cómo aplica algún tema de derecho a un país. La Corte convoca abiertamente a las personas que quieran manifestarse al respecto. Participan Estados, clínicas de derechos humanos, organizaciones sociales o personas a título individual.

¿Qué argumentos presentó Igualit@s a la CIDH sobre la consulta que hizo Costa Rica?

Le presentamos nuestras dos demandas de igualdad de derechos y matrimonio igualitario, porque es importante que sepan que su decisión nos puede afectar.

¿El resultado de esta consulta es vinculante para el resto de Estados americanos?

No. Sólo para Costa Rica porque ellos lo han pedido. Pero se vuelve un referente para los demás. En el derecho humanitario hay opiniones encontradas, algunos teóricos dicen que estas resoluciones sí son vinculantes, pero otros sostienen que no.

¿Tocaría que las Cortes de cada país lo determinen?

Exacto. Aunque muchos de los jueces constitucionales admiran a los jueces del sistema interamericano y lo que se decide allí se toma como guía en el avance del derecho local.

La posición de Guatemala

Como parte de la OEA, Guatemala respondió ante la CIDH. La Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), el ente encargado en la materia, presentó un compilado de observaciones que sientan la postura del país sobre dichos temas.

En su Constitución, Guatemala establece que el derecho internacional tiene preeminencia sobre el derecho interno.

Sobre reconocer el cambio de nombre en concordancia con la identidad de género, Guatemala opina que los Estados “deben reconocer y facilitar” el cambio de nombre según la identidad de género de cada persona. Sobre los mecanismos para hacerlo, se puede hacer a través de un proceso notarial, uno administrativo o por vía judicial. El Estado admite que el trámite ante el Registro Nacional de Personas es sencillo, aunque no gratuito y que el costo del proceso se aumenta debido a que debe acompañarlo un notario. Lo ideal es que el procedimiento sea expedito y sencillo e idealmente gratuito, anota.

En el proceso también opinó la Fundación Myrna Mack, que señala que algunas personas de la comunidad LGBTI no gozan plenamente de personería jurídica, lo que puede implicar no acceder a derechos básicos como obtener una identificación o votar en elecciones.

¿Qué opina de la respuesta de Guatemala a la CIDH?

Es importante regular bien el cambio de nombre. Hay un argumento en contra, razonable, que hay que analizar. Tiene mucho sentido para el orden de la administración pública tener parámetros que restrinjan de alguna manera el cambio de nombre. Si yo permito que la gente se cambie de identidad de una manera muy simple puede ser muy difícil demandarle después, seguir trámites. Los detractores de esto usarán unos casos específicos para decir que es un problema generalizado, que los cambios de nombre se utilizan para eludir a la justicia u otros ilícitos.

Es un proceso contextual: entender que a esta persona se le conoce así, que no es Carlos sino Carla, y que su identidad de género está muy definida. Y el Estado debería ofrecer opciones para aquellos que no tienen los recursos para pagar un abogado.

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En cambio, al hablar sobre cómo una pareja homosexual puede tener derechos patrimoniales derivados de esa unión, Guatemala recalca que toda persona individual tiene derecho a usar y gozar sus bienes, sin discriminación. Pero sobre el vínculo en pareja, “cada Estado puede legislar de manera interna el vínculo o unión entre personas del mismo sexo”. Además, la COPREDEH insta a que los países creen instrumentos jurídicos que garanticen derechos de los grupos LGBTI como las leyes antidiscriminación, y a que cada Estado abra el debate sobre la creación de leyes nacionales que aborden estos temas.

El pasado 27 de abril, un grupo de diputados del Congreso guatemalteco, encabezados por Aníbal Rojas del partido Viva, presentó una iniciativa de ley para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. La denominada Ley de Protección a la Vida y la Familia, fue respaldada con la firma de 30 mil personas, y apoyada por la conservadora iglesia evangélica. La iniciativa también busca prohibir a las entidades públicas brindar programas educativos en sexualidad que consideraran otras conductas distintas a la heterosexualidad, y sobre la llamada “ideología de género”.

Una semana después, la diputada Sandra Morán, quien ha recibido ataques por identificarse como lesbiana, respondió con otra iniciativa: una Ley para Sancionar los Crímenes por Prejuicio. La propuesta pretende sancionar la homofobia y la discriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género.

Guatemala aboga por que cada país decida en su territorio...

Es un argumento agua-tibia. Ni caliente ni frío; ni sí, ni no. Quien haya escrito esa opinión ha de tener una admiración por la CIDH y no quiere quedar muy mal.

¿Cuál es el siguiente paso en este proceso de opinión consultiva?

El 16 y 17 de mayo se conocerá el caso. Y yo creo que la CIDH ya tiene claro qué va a dictar porque el 17 de mayo es el Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia, y no creo que llamen a una audiencia ese día para decir que estas personas no tienen derechos.

¿Debe aprobarse una regulación especial para el matrimonio entre personas del mismo sexo?

Considero que es discriminatorio y en contra del balance entre dignidad y humildad. Decir que yo solo tengo derecho a una regulación especializada es faltarme el respeto. Decir de manera indirecta que yo no tengo la capacidad de criar hijos, aunque sí la tenga: soy un hombre buena gente y a mis hijos los vestiría bien bonito, de Osh Kosh B’Gosh y de Ferragamo. Les daría estudio y formación íntegra. Yo tengo todas las capacidades para ser padre, con un hombre como pareja. Pero no es solo lo que yo crea de mí. Es absurdo que una persona que se case borracha en Las Vegas, tenga más derechos que yo por ser homosexual.

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¿Es preferible, entonces, que la legislación sobre el matrimonio aplique para los homosexuales como lo ha sido para los heterosexuales?

Sólo ampliando la aplicación del matrimonio se tienen por añadidura muchos otros procesos y derechos. Si quisiera regularlo aparte, tendría que escribir muchos artículos y cláusulas. Ni con tanto recurso podría equiparar todo lo que el matrimonio conlleva. El matrimonio, por ejemplo, te da derecho a divorciarte también. Involucra acceder a un campo de normas jurídicas de compartir bienes o dividirlos. En caso de una separación, un proceso difícil, procura tus derechos y una repartición de bienes y responsabilidades durante esa fase traumática de separarte de alguien con quien tuviste un proyecto de vida. Si solo me dan una regulación especializada, no puedo acceder a todo eso. Podrías hacer contratos patrimoniales específicos: revisar estados bancarios, mancomunar bienes, crear una sociedad a nombre de los dos y con reglas de pagos de cuentas y liquidación de ellas. Pero todo eso ya está definido con el matrimonio y el Código Civil.

Algunas parejas del mismo sexo preferirían una ley específica, debido al peso negativo y rechazo que la figura del matrimonio heteronormativo ha representado para la comunidad LGBTI.

Respeto esa opinión, pero para mí, en respeto hacia mí mismo, quiero lo mismo que otros. Además, resultaría discriminatorio en otra vertiente: positivamente, como privilegio. Si soy menos me van a dar menos, o si soy alguien “especial” me cambian la figura jurídica. Creo que no hay ninguna razón para crear una figura especializada. Basta con las instituciones que existen en el Estado, solo se debe ampliar su aplicación

La religión como norma y la homofobia cordial

Al hablar, Duarte es disperso. No puede evitar brincar de un tema a otro en una conversación. Pasa de hablar sobre la legislación del matrimonio a los libros de John Corvino, un filósofo estadounidense famoso por elaborar argumentos y debatir sobre la moralidad de los gays. De abrir su computadora para enseñar la conferencia que expuso en Lambda —la rama LGBTI de la escuela de derecho de Harvard— a discutir las pinturas de Da Vinci o Gauguin.

En “El paraíso en la otra esquina”, el escritor Mario Vargas Llosa alterna las historias del pintor impresionista Paul Gaugin y las de su abuela Flora Tristán, promotora de los derechos de las mujeres y los obreros en Francia. La obra maestra de este pintor “¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos?” se expone en el Museo de Bellas Artes de Boston. Y también así, como el libro de Vargas Llosa, Duarte va alternando la vida por los derechos con la búsqueda idílica del arte y visita esa pintura cuando se encuentra en Boston. 

“Me explica muchas cosas”, dice. El cuadro, hace alegoría a la vida en Tahití, la isla más grande de Polinesia, y en donde antes de la llegada de los primeros misioneros protestantes, la noción de un tercer sexo, personas andróginas que se conocían como mahús, era común. “Es un análisis del origen de la vida, en donde se ve a las deidades nativas que la colonización británica despreció, y también, en el centro, al tercer sexo, el cual también buscaron erradicar”.

Y regresa Duarte a explicar el derecho.

De entrada, recuera que los países se constituyen en función de sus habitantes. Siempre lo escriben explícito en su Constitución, ese marco que le da vida a sus atribuciones y deseos. Muchos humanos forman una sociedad y al centro de ella está la familia, compuesta a través del matrimonio y del parentesco. “Sin embargo, en Guatemala y en El Salvador, el matrimonio está fijado para que solo se puedan casar un hombre y una mujer”, lamenta.

Como abogado, siente vocación por responder de manera técnica a las personas que lo discriminan con lo que llama una homofobia cordial: no dar insultos en su contra por ser gay, sino excluirlo o separarlo, hacerlo ver anormal. “En una democracia, no solo gana la mayoría (heteronormativa). Las minorías se respetan porque son parte esencial de la pluralidad de pensamiento”, acota.

“Nadie ve la discriminación contra la población LGBTI como el gran problema social” y por eso no se atiende, dice Duarte. “Nuestros esfuerzos surgen de la necesidad. Nos han excluido tanto que tenemos que buscar de manera más activa, como activistas, nuestros derechos”.

El pasado 10 de marzo se reunieron la fiscal de Guatemala y el fiscal de El Salvador a platicar sobre la impunidad. Allí, al salvadoreño Douglas Meléndez le preguntaron sobre los crímenes contra las personas LGBTI y el reconoció que no podía hacer mucho porque solo llevaba un año en el cargo y le tocaba luchar contra la mentalidad que ha imperado en la institución por más de 30 años. Además, indicó que no podía verse como un delito grave porque sólo un par de casos se han demostrado.

—Esa es la máxima expresión de la homofobia cordial: No, pero si solo son unos cuantos casos. ¿Qué vamos a hacer con eso?— comenta Duarte, quien siempre ve limitadas las respuestas institucionales en estos temas.

—En 2013, cuando la OEA se reunió en Guatemala para firmar una convención antidiscriminación, el entonces presidente Otto Pérez se negó a firmar dicho documento y dijo que no permitiría el matrimonio igualitario— se le comenta.

—No lo iba a permitir porque es un machote ¿No? También dijo que no iba a permitir la corrupción en su gobierno, ¿no? —responde, y ríe.

El litigio como balance

Al hacer un recorrido por los poderes del Estado, el rechazo a medidas a favor de la igualdad de derechos para las personas que se auto-identifican dentro del espectro LGBTI parece la norma.

En el Ejecutivo, el presidente Jimmy Morales también se ha mostrado en contra del matrimonio igualitario. Recién electo, en 2015, dijo que “no creía en eso” y que estas medidas generan desorden social.

¿Qué ventaja tiene como vía de acceso a estos derechos el litigio judicial versus la creación de leyes?

Un estado democrático tiene poderes distribuidos, pesos y contrapesos entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Cuando no funciona el Estado representativo, hay un factor democrático que utiliza el litigio de alto impacto. Un ejemplo es como en Estados Unidos, luego de que el presidente Trump se extralimita en sus disposiciones migratorias, abogados particulares, jueces y otros entes de justicia limitaron ese marco de decisiones.

Yo utilizo el litigio porque es lo que sé hacer. No soy congresista. Pongo una demanda diciéndole al Estado: usted me ha hecho una promesa por medio de la Constitución. Pero la realidad es que yo no soy igual a los demás y las leyes me discriminan.

Me parece excelente que en Guatemala haya una congresista abiertamente lesbiana, representando a este sector. Pero me parece mentira lo que dicen sobre cómo ella tiene un conflicto de intereses por eso, en cambio, ella es una respuesta a la promesa democrática: la riqueza de este sistema político es la diversidad de pensamiento.

Viendo este panorama, ¿es el litigio la solución? ¿Ante un Congreso en el que la representatividad no te favorece porque perteneces a un sector excluido de la sociedad?

Es importante respetar a las minorías. Los heterosexuales no pierden nada. Nadie en ningún país del mundo se ha suicidado porque a otra persona le otorgaron el mismo acceso a las instituciones civiles que él ya tenía. Tampoco se les está creando una regulación especial —que resultaría discriminativo— solo, mi matrimonio tendría la misma validez que el suyo. Nada tiene que ver la iglesia acá porque las reglas religiosas deben regular solo ese ámbito, y lo civil regular lo civil. El litigio a favor de los derechos de las personas LGBTI es una herramienta democrática ideal cuando las otras vías no están funcionando.