Un solitario buscador de los tesoros robados

En 1946, cuando se creó el Instituto de Antropología e Historia (Idaeh), la normativa jurídica en la Constitución de la República establecía la protección de los tesoros nacionales de Guatemala y la recuperación de piezas robadas. En papel, la ley señala que toda pieza arqueológica es propiedad del Estado, y sólo la puede poseer un particular por medio de un convenio de préstamo. En la práctica, y siete décadas después, estimaciones oficiales indican que el 97% de los sitios arqueológicos de Guatemala está desprotegido. Según National Geographic, en los años 70, el saqueo de bienes arqueológicos alcanzó el millar de piezas cada mes.

El encargado de recuperar piezas robadas es el Departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de la Nación, un apéndice de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, y del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural, en el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD). El nombre del departamento tiene más palabras que personas que lo integran: tres (el jefe, un asistente legal, y el secretario). El jefe, el abogado Eduardo Enrique Hernández Herrera, llegó al departamento hace siete años como asistente. Desde entonces, intenta recuperar piezas en la mayoría de casos sin más presupuesto que su salario mensual. El MCD tiene sólo el 0.3% del presupuesto general de la nación 2016. El Viceministerio del Patrimonio recibe menos de la cuarta parte (23%). Es decir, Q100.7 millones, que no incluyen un rubro específico para la recuperación de piezas.

En los reclamos internacionales, el MCD determina si las piezas son guatemaltecas únicamente por medio de fotografías. La falta de presupuesto impide viajar al país en cuestión, y hacer un análisis in situ. Con estas limitaciones, el departamento debe buscar apoyo en la vía diplomática, la única posible para recuperar bienes sin presupuesto para hacer gestiones y viajes. Es decir, el departamento reclama las piezas a casas de subastas, coleccionistas privados, galerías, museos o autoridades locales (en caso de una incautación) sin acudir a la vía judicial porque no puede costear un abogado. No obstante, entre 1998 y 2015, las autoridades recuperaron 9,650 piezas arqueológicas (de estas, al menos 2,500 son fragmentos) y 1,186 piezas de arte colonial u otro. La mayoría, en Guatemala.

Entre las piezas arqueológicas recuperadas en el extranjero entre 2010 y 2016, hay 29 piezas que el Estado dejó en custodia de sus embajadas por falta de fondos para repatriarlas al país: cinco piezas recuperadas en Turín (Italia), que según el departamento están en la embajada de Guatemala en Roma desde 2010; una escalinata en el Lowe Art Museum, en la Universidad de Miami, pendiente de repatriación desde 2014; once piezas están en Bruselas (Bélgica), disputadas en un proceso judicial por el que un abogado defensor cobró al Estado la suma simbólica de 2 mil euros (que aún se le deben); nueve piezas arqueológicas están en embajada de Guatemala en Suiza, devueltas voluntariamente por el poseedor en febrero de 2016; y tres piezas que serían subastadas en 2015 están en la embajada de Guatemala en Alemania, después de que su poseedor las entregó en forma voluntaria en Berlín (Alemania), en junio de 2016.

El 17 de noviembre, dos fragmentos de estela fueron recuperados en El Salvador, después que un reclamo de tres años por la vía diplomática se cumplió con una orden de la Corte Suprema de Justicia de ese país, que llevó a incautar las piezas al Museo Pablo Tesak en San Salvador.

Peor suerte corren otras 511 piezas con reporte de robo que no han sido recuperadas. Las actas de robo se guardan en papel en el departamento que dirige Hernández. El reporte más antiguo data de 1989; el más reciente de 2015. Entre estas piezas figuran objetos prehispánicos, escudos de cofradías, pinturas o imaginería colonial, placas conmemorativas, y bustos de bronce, entre otros. Si se tiene una denuncia de robo es porque estaban registradas y numeradas en el Departamento de Registro de Bienes Culturales, de la Dirección del Patrimonio Cultural y Natural. Hernández afirma que otro número indeterminado de piezas, producto de saqueos en sitios arqueológicos o iglesias, no estaban registradas ni fotografiadas, lo cual impide formular una denuncia de robo.

Existe, además, poca coordinación interinstitucional para abordar los casos de tráfico. El robo sólo es reportado al Departamento de Registro de Bienes Culturales, y no al de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Este departamento tampoco consigue documentar otros casos que la Policía Nacional Civil (PNC) reporta como un simple robo, sin indicar que entre los bienes robados habían piezas del patrimonio cultural. En un pedido de información pública a la PNC respecto al número de piezas en esa categoría incautadas entre 2008 y 2016, respondió que “no era posible brindar esa información porque no existía” en sus archivos. No obstante la Policía ha capturado sujetos a quienes les han incautado estas piezas en fechas tan recientes como noviembre de 2015.

La PNC dio la misma respuesta cuando se le pidió una lista de las capturas por tráfico ilegal de tesoros nacionales, aunque consta en un blog de la PNC la captura de al menos un sujeto en la zona 10 el 16 de octubre 2012 por este delito. No obstante, este caso no consta en la lista del Ministerio Público (MP) de 17 capturas entre 2008 y 2016 por el mismo delito, aunque reporta 46 denuncias. El hurto y robo de objetos arqueológicos registra 38 denuncias más. La exportación de bienes culturales, otras cuatro. El contraste parece alto con las 511 denuncias de robo irresueltas en 26 años (1989-2015) en el departamento que dirige Hernández.

Los registros públicos del Organismo Judicial (OJ), ilustran mejor el desfase de información. En la lista de detenidos por delitos relacionados con el robo, tráfico o exportación de patrimonio cultural entre 2008 y 2016, incluye a sujetos capturados en posesión de rieles de tren, sacos de minerales y estatuas de la Santa Muerte. Además, hasta julio de 2016, el Almacén Judicial del OJ entregó a la Dirección de Patrimonio Cultural 20 bienes culturales religiosos que fueron decomisados en 1998. La cifra contrasta con el reporte de robo de 520 bienes culturales de la iglesia católica y particulares, y la recuperación de sólo 70, entre 2010 y 2016, así como el robo de 32 piezas prehispánicas (un subregistro) y la recuperación de 5,014 (que incluye fragmentos).

Por ahora, cuanto se interpone entre los traficantes y la ruta de los guatemaltecos hacia su pasado es un puñado de funcionarios que intentan rescatar el patrimonio saqueado, con apoyo de los países que alertan a Guatemala de las subastas internacionales de piezas arqueológicas guatemaltecas, y los arqueólogos que las ubican expuestas en el interior o el extranjero. Hernández está en las trincheras de esta lucha. Comenzó en 2009 como asistente del departamento, del cual era jefe Óscar Mora, a quien sucedió en 2010.

“Empecé a fijarme en cómo hacer las cosas para que los procesos tuvieran un mejor resultado, a atreverme a hacer planteamientos de cómo poder mejorar los métodos, y producto de ello, mejoró la formulación de los reclamos”, afirma. “Como no está establecido cómo hacerlo, debe uno ingeniárselas para ver cómo lo hace, tomando como base la legislación”.

La cantidad de bienes arqueológicos reclamados en 24 subastas internacionales, entre 2010 y 2016, asciende a 211, según registros del MCD. Del total, 16 se realizaron en Europa (con 167 piezas), principalmente en París, Francia, y el resto en EE.UU., especialmente en Nueva York. Hernández afirma que sólo recuperaron tres piezas que serían subastadas en 2015 en Berlín, Alemania, pero que el poseedor decidió entregar voluntariamente en junio de 2016 (y permanecen en la Embajada de Guatemala en Alemania). Las demás fueron subastadas y les perdió la pista. Además, hay otros 370 bienes culturales que Guatemala reclama en el extranjero fuera de las subastas.

 “Hemos tenido casos complicados con las subastas (en el extranjero)”, admite Hernández. “En 2013, fui a una reunión extraordinaria en París, de Estados parte de la Convención de la UNESCO de 1970, que vela contra la exportación ilícita de bienes culturales. Es una situación diplomática hasta cierto punto, pero uno cree que allí encontrará la apertura para (mitigar) tanto saqueo de nuestro patrimonio cultural. Al regresar al trabajo, me entero de una subasta (de piezas arqueológicas guatemaltecas), reclamamos, y las mismas personas en la asamblea de la UNESCO nos responden que para devolver las piezas debemos presentar el registro de los bienes, o la denuncia del robo, cuando (en la reunión de 2013) de viva voz les expusimos, como en otros foros internacionales, que el problema del tráfico ilícito de los bienes arqueológicos prehispánicos de Latinoamérica es producto de saqueos clandestinos, que las piezas robadas no estaban registradas, y en muchos casos se desconocía su robo hasta que aparecieron en la subasta. Se les ha expuesto que personas inescrupulosas saquearon el material, lo exportaron y se enriquecieron ilícitamente, o se pretenden enriquecer con las subastas. Entonces, que nos limiten a presentarles estos requisitos sí lo frustra a uno”.

¿Cuál fue la primera subasta que descubrió después de la reunión de 2013?

Fueron varias de 2014 en las casas de subastas Sotheby’s, en París, Francia, y en los Estados Unidos. Además, nos percatamos de que sí escuchan nuestras peticiones porque en uno de nuestros reclamos argumentamos que ellos, como casa de subastas, aceptaron que la propiedad era del Estado de Guatemala porque en la descripción de los bienes se leía “Guatemala, Centro América”, o “Cultura Maya, Guatemala”. Entonces, les dijimos, “ustedes aceptan tácitamente que (las piezas) son propiedad del Estado de Guatemala, por lo tanto, las deben devolver”. Eso fue en Sotheby’s París, meses después de la reunión en París. En la siguiente subasta, de Nueva York, en la descripción de las piezas sólo aparecía “procedencia: Cultura Maya”.  

¿Recuperaron las piezas a raíz de ese reclamo?

No. En la mayoría de subastas en París, no obtenemos una respuesta positiva porque ellos defienden que sus normas (nacionales) les permiten comercializar este tipo de bienes. No ven nuestra legislación como una restricción que prohíbe a sus ciudadanos comprar o vender nuestro patrimonio cultural.

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¿Hay algún caso, con buenos resultados, que le motivó a continuar en su puesto?

Un decomiso en Turín, Italia. Allá una policía especializada, dentro del Comando Carabinieri, tiene tutela del patrimonio cultural y hace verificaciones en puestos de antigüedades. Si carecen de documentación de respaldo, la policía incauta el material. En 2011 nos pidieron reconocer si nos pertenecían cinco piezas arqueológicas incautadas. Mandan fotografías, y los expertos del Registro de Bienes Culturales o Monumentos Prehispánicos determinaron que eran prehispánicas de tierras bajas de Guatemala (Petén, Alta y Baja Verapaz), y se preparó la documentación para el reclamo. Aquí me involucré porque antes en una hoja mandaban a decir, “sí, es nuestro” y ya. En la vía diplomática, esto no satisfacía una posición de Estado. Se designó la Embajada de Guatemala en Roma para recibir notificaciones. Se armó un expediente más completo con los antecedentes del caso, el fundamento legal, y las pruebas. En Italia, la policía presentó nuestros argumentos ante autoridades judiciales; allá ellos se encargan de esa gestión. El juez accedió, y entregaron las piezas a nuestra embajada. Yo tenía dos años en el trabajo. Este fue un expediente que trabajé directamente y el resultado fue una recuperación. Eso me marcó.

Italia entregó las piezas el 15 de junio de 2011, a manos del General de Brigada Pasquale Muggio, Comandante del Núcleo de Carabinieri para la Tutela del Patrimonio Cultural. Recibió las piezas el personal de la Embajada de Guatemala en Roma encabezado por el Embajador Alfredo Trinidad Velásquez. El acta indica que los objetos descritos (un plato polícromo, un cuenco trípode polícromo, un cuenco trípode bicromo, un cuenco trípode monocromo, y un cuenco polícromo, todos de cerámica y del período clásico (250-900 D.C) serían “remitidos al Ministerio de Cultura y Deportes de la República de Guatemala cuando se cuente con los fondos necesarios para el seguro, embalaje y transporte a Guatemala” y quedarían “en depósito en la sede de la Embajada de Guatemala en Italia”. Cinco años después, siguen allí.

“No hay repatriación”, dice Hernández, mientras sonríe, entre incrédulo y apenado. El funcionario explica que desde 2011, no hay fondos para devolver las piezas a Guatemala, un denominador común en el caso de la recuperación de piezas en Europa y EE.UU.

“En Europa, la mayoría de las piezas recuperadas se quedan allá paradas”, admite el funcionario. “Hay tres en Alemania entregadas a nuestra embajada este año. Se les ha sugerido a nuestros diplomáticos que ellos traigan las piezas a Guatemala de forma personal, pero no… ”. Los diplomáticos se han negado. En Bélgica, hay otras diez piezas desde diciembre de 2014. Hernández explica que es un caso en el cual un abogado cobró a Guatemala la suma simbólica de 2 mil euros “porque le gustaba el tema y quería ayudar”, y no se le pagó por falta de fondos. Incluso hubo molestia de la Embajada de Guatemala en Bélgica porque ésta debió explicarle al abogado que el MCD ya no podía pagarle. “Entonces no nos informó la resolución del caso, aunque en lo personal las considero recuperadas”, dice optimista. “Aparte hay una máscara de jade que la policía belga en aduanas incautó con las otras piezas, y también vinculó al caso de dos franceses que traficaron las piezas desde Guatemala”. El funcionario admite que no recibió más información.

Los únicos datos públicos disponibles de las piezas devueltas, que están en diferentes embajadas en Europa, o en consulados u otros resguardos en EE.UU. por falta de fondos para la repatriación, la facilitó Hernández. El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) no respondió a una petición de información pública en que se solicitó el listado de las piezas en resguardo en las embajadas y consulados de Guatemala. De hecho, pese a que el MCD canaliza todos los procesos de reclamo y repatriación por medio del Minex, con un nutrido intercambio de oficios y notificaciones, la oficina de información pública del Minex dijo que sólo es un intermediario y que el MCD tenía esos datos, no entregó ninguna información relacionada a las gestiones y al personal encargado de procurar la recuperación y repatriación de las piezas.

Una oficina de capacidades limitadas, como la que dirige Hernández, no puede hacer verificaciones en  tiendas de antigüedades u otros comercios en Guatemala, como los hace el Comando Carabinieri en Italia. Aun así, consigue esporádicos pero sorpresivos resultados.

“Hubo un caso en el Mercado de Artesanías de Antigua Guatemala, en 2009”, recuerda el funcionario. “Yo recién había ingresado al Departamento. Se organizó un equipo de unas 15 personas (incluyendo personal de otras secciones). Del Ministerio Público eran unas 10 o 15 personas. Pedimos apoyo policial y del Ejército, y caímos. Fuimos a unos 15 puestos comerciales que tenían piezas arqueológicas. Fue emocionante aunque (la situación) se nos volteó porque empezamos la diligencia tarde, al medio día, mientras salía la orden de allanamiento. Eran las seis de la tarde y no terminábamos. Tipo 6:30, cuando ya estaba oscuro, nos dimos cuenta que la policía y los soldados se habían retirado. Quedaban pocos elementos, y cuando las personas del mercado se dieron cuenta, quisieron intimidarnos. Incluso se animaron a decirnos que les estábamos robando. Eran unas 20 o 30 personas. Nos lanzaron envases (de vidrio) y golpearon a una persona en la cabeza. Nos sacaron corriendo. Si las personas se nos iban encima, la instrucción era dejar el material. Aun así, ese día recuperamos 1,800 objetos (de las tierras bajas),. En un mercado de Santiago Atitlán, en 2012, recuperamos 2,165 piezas (la mayoría, piezas y pocos fragmentos). Antes, en 2005 en Chichicastenango, se recuperaron 918. También se han hecho incautaciones en ventas de antigüedades. En la 12 calle, entre 3a y 4a avenidas (de la zona 1) hay muchos puestos de anticuarios, donde se han dado casos en los que se encuentran imágenes religiosas, no solo piezas arqueológicas”.

¿De qué depende que se hagan estas incautaciones?

De una denuncia. Nosotros vamos a los comercios y nos hacemos pasar por turistas. Se observa si hay piezas arqueológicas porque se tiene que identificar bien el puesto, y se empieza a coordinar. Entonces, se presenta la denuncia (al Ministerio Público) y se hacen diligencias previas de investigación. Ahora ya valdría la pena ir a dar otra vuelta al Mercado de Artesanías de la Antigua. Esa es la otra parte. Este departamento debería tener dos secciones más, una de prevención y una de control. La de prevención para impartir cursos de capacitación. La otra, para determinar las obligaciones de los coleccionistas privados. Tendríamos que dedicarnos a ver eso, pero no hemos podido porque no hay (suficiente personal). Muchas veces la información llega directamente a la fiscalía. En nuestra página de Facebook incentivamos a las personas a que nos trasladen información (bajo la condición de) que nosotros haremos la investigación y presentaremos la denuncia. Otras veces la información llega en forma de chisme (hasta oficinas de la institución), y el personal viene con nosotros y nos dice, “fíjese que me contaron tal cosa”... y nosotros hacemos nuestra investigación.

Hernández tuvo a su cargo un caso en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, en 2012. Un arqueólogo de esa región reveló  que una persona del lugar vendía piezas que la gente le llevaba. Su oficina elaboró la denuncia, y la presentó al Ministerio Público. La investigación llevó casi un año. La DEIC (División Especializada en Investigación Criminal, de la Policía Nacional Civil) ubicó a la persona, y la fiscalía pidió la orden de allanamiento. Era Roberto Fong Chang, un taxista guatemalteco, o que había trabajado como tal; se le identificó como el Caso del Taxista. Lo capturaron en su propia casa, a donde pedía que le llevaran material arqueológico de sitios en la Costa Sur, especialmente de El Baúl, que está sumamente depredado, según Hernández. Fong Chang armó una estructura para vivir de esto. Llevaba las piezas a Chichicastenango, o Sololá, y las vendía a personas en el mercado. En su casa se incautaron 14 piezas y 2,500 fragmentos. “Fue muy feo ver cómo traficaba todo eso”, reconoce Hernández. “Esta persona fue condenada. El caso fue impactante porque se recuperó bastante”.  Pero, ¿fue suficiente para que Fong Chang permanezca en la cárcel?

“¡Noooo! Eso es lo triste de esto”, admite Hernández. “Hay que trabajar mucho con el Organismo Judicial porque a los jueces se les explica que es un caso de protección de bienes arqueológicos, y dicen  ‘Ah, ¿y eso qué es? ¿Piedras mayas?’, o cosas por el estilo. Al no comprender, aceptan que los argumentos se lleven en un procedimiento abreviado, y condenan a tres años, cuatro años conmutables, (que permite a los procesados) pagar la conmuta. Hay personas que fueron ligadas a proceso, pero por lo regular las penas no han sido mayores de cinco años para que sean conmutables”.

Hernández lo ve como una falta de priorización del patrimonio cultural como una fuente de ingresos al país, como algo que se debe explotar. “Por ejemplo, el ministro (de Cultura) actual es de la idea que el patrimonio se debería explotar, pero cuando (se) aterriza en la situación presupuestaria, la realidad de los trabajadores, los compromisos con los trabajadores o la parte sindical, y ven que no queda dinero para funcionamiento, empiezan a darse cuenta de que no es posible, aunque entiendo que el actual Ministro con su equipo están trabajando en eso”, afirma.

Sin embargo, el MCD no ha anunciado ninguna medida concreta para incrementar el presupuesto y la inversión en protección de patrimonio. Tampoco respondió por qué el departamento que dirige Hernández tiene fondos asignados sólo para salarios, aunque el presupuesto del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural tiene asignados Q100.7 millones este año (el 23% del presupuesto total del MCD). Un asistente de prensa del Viceministerio, Gabriel Leal, ofreció una respuesta del área financiera pero no la envió aunque le fue solicitada en al menos tres ocasiones.

En casos como el del Museo de Bellas Artes de Boston, EE.UU. (un reclamo de 138 piezas de hace al menos 20 años),  o el Museo Tesak en El Salvador (dos estelas y 287 piezas reclamadas hace tres años), es difícil identificar qué hace más falta para lograr resultados: voluntad política o dinero.

De nuestra parte, tenemos que mover los casos incluso sin ningún presupuesto. ¿Por qué? Porque sí contamos con el apoyo del personal técnico que puede establecer la procedencia (de las piezas reclamadas). Teniendo la procedencia, el resto es puro papel e intelecto lo que se vierte en ese tipo de documento. Nuestras autoridades se encargan después de trasladarlo: el MCD a la Cancillería y está a la embajada respectiva. El tope en los casos internacionales siempre será la respuesta del otro país, aunque existan convenios de cooperación. La UNESCO recomienda blindar el patrimonio con convenios bilaterales, además de con legislación nacional. Con México, Estados Unidos, Perú y Egipto, tenemos este tipo de instrumentos. En Centroamérica también tenemos convenciones con Costa Rica, Nicaragua y El Salvador.

Sin embargo, este instrumento poco ayudó a agilizar el caso Tesak en El Salvador. 

Según Hernández, el artículo 3 de la Convención señala que los signatarios: “se comprometen a decomisar en sus respectivos territorios los bienes que hayan sido sustraídos o exportados ilícitamente de cualquier país de la región. Se entenderá así cuando el tenedor no acredite la autorización para su exportación del estado de origen sin perjuicio de lo que disponga la ley de cada país”. Guatemala así lo argumentó ante el Estado de El Salvador, con documentación de respaldo, desde julio de 2013. Pero fue hasta junio de 2016 cuando el Museo accedió a entregar las estelas.  “Sólo esperábamos que nos dieran una cita para ir a traerlas, o que la Secretaría de Cultura nos dijera si las recuperábamos en el museo o en la Secretaría”, explica Hernández. “Por eso nos sorprendió la noticia del allanamiento (del pasado 4 de octubre al museo), aunque sabemos que en una resolución de julio o agosto, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador instruyó a la Fiscalía General de la República en ese país tomar las acciones necesarias para la recuperación de las estelas”.

El Salvador finalmente devolvió los fragmentos de las estelas a funcionarios de Guatemala el pasado 17 de noviembre, en el Museo Nacional de Antropología de San Salvador, y se llevaron a resguardo en la Embajada de Guatemala. La repatriación al país se fijó para el 24 de noviembre. Los fragmentos fueron sustraídos de Guatemala entre 1992 y 1993. Las estelas son originarias de Aguateca y Dos Pilas, en Petén. El gobierno salvadoreño informó que la denuncia anónima de un ciudadano guatemalteco permitió el hallazgo de las estelas en el Museo Pablo Tesak en 2013. Sin embargo, El Faro reportó en mayo pasado que un investigador de la Interpol de El Salvador ubicó las piezas en julio de ese año y lo informó a la oficina de Interpol en Guatemala, que inició la alerta del caso. Esta gestión dio inicio al reclamo. Las otras 287 piezas todavía están en disputa.

El caso de Boston demuestra otros desfases. Esas piezas, conocidas como la Colección de Noviembre, se reclamaban en 1998. Pero, usted no se enteró del caso hasta diciembre de 2015. ¿Por qué?

“Yo no sabía nada de este caso”, admite. “No había ningún reclamo vigente (en los registros del departamento). Yo me entero cuando un periodista de Estados Unidos me pregunta del caso en diciembre del año pasado. Le dije que no había mayor información, pero gestioné obtenerla en enero de este año. Le pedí a la Dirección de Relaciones Bilaterales que se realice un acercamiento con el museo para obtener más datos. Incluso les adjunté un enlace de un artículo de (la arqueóloga estadounidense) Donna Yates, sobre el tema, en el cual indica que sí hubo un reclamo (de 1989, y una negativa del museo en 1998). Yo les dije, ‘Miren, si dice ella que hay un reclamo, ustedes tendrían que tener algo’. Me respondieron que se designó a una persona para que se acerque al museo”.

Óscar Mora, el antecesor de Hernández, y quien inauguró el departamento siendo el único miembro del mismo en 2003, tiene en 2016 un vago recuerdo de alguna gestión del caso. Sin embargo, tampoco recuerda que encontró expediente alguno cuando se creó el departamento, 14 años después del primer reclamo al MFA de Boston.

La información que el MCD sí tiene la lista de las piezas en resguardo de custodios privados, por ley debe tener un inventario de las piezas y de quienes las poseen,  la identificación de los mismos, desde personas particulares hasta fundaciones, pero no la divulga a pesar que nada en la legislación del libre acceso a la información pública le impide hacerlo. Plaza Pública solicitó al Ministerio de Cultura el inventario de todas las piezas registradas ante el Estado, y el listado de los posesionarios que las tienen registradas, pero se negó a dar la información aduciendo motivos de seguridad para coleccionistas y fundaciones. El jefe del Departamento de Registro del Patrimonio Cultural, Fernando Paniagua, dijo que divulgar esta información ponía en riesgo a los coleccionistas dado el valor de las piezas prehispánicas que resguardan o de las piezas coloniales que poseen.

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Para Hernández, el hermetismo en cuanto a los coleccionistas privados es usual.

“No cabe duda de que ellos en su afán de tener este tipo de bienes en sus colecciones, como hobby o llámelo como quiera, invierten, pagan, y siempre habrá quién se beneficie”, afirma. “Es una cadena de acciones delictivas. ¿Cuál es el destinatario final? No es una exhibición pública. En muchos casos los coleccionistas privados adquieren los bienes para sí, y [los tienen en] casas a donde uno no puede entrar. A mí me pueden decir: ‘en la casa de tal persona hay miles de miles de piezas arqueológicas’, pero mire si nos autorizan una orden de allanamiento para ingresar. Eso, jamás. No se va a poder”.

Pero hay coleccionistas que exhiben piezas arqueológicas y reciben ingresos por ello. ¿Alguna ley ampara a quienes lucran con patrimonio cultural propiedad del Estado?

No… Aunque si va a haber algún reconocimiento económico, tendría que ser para el Estado.

¿Y eso no está normado?

No, pero los coleccionistas negocian. En el caso de las colecciones del Museo de Arqueología, muchas veces una entidad privada requiere una colección para exponerla en el extranjero. Me han comentado que alguna vez han pagado con proyectos. Por ejemplo, les dicen: “por el préstamo que ustedes van a hacer, ¿qué necesitan?”. Luego, el museo dice si necesita mejoras, paredes, una oficina. Pero los coleccionistas privados, que tienen la posesión de piezas, también negocian para un proyecto en particular, o que les den dinero. Eso me parece totalmente fuera de ley.

¿Y no es un beneficio que va al Estado?

No. Es para ellos, los coleccionistas. Y aquí a lo interno una vez comenté: “mire usted, pero eso no es legal” y me respondieron: “claro que sí, por su derecho de posesionario”. De eso no hay nada en ley. Hasta ahorita hay un acuerdo ministerial que establece una normativa (pero no autoriza al “posesionario” para lucrar con las piezas). Aquí se hace un convenio general que firma el Ministro, o el Viceministro, para que salga la colección como tal, pero a veces los coleccionistas privados promueven la exposición y nosotros sólo servimos como intermediarios para (oficializar) el procedimiento (de traslado afuera del país). Y ellos ya negociaron con las personas con las que van a hacer la exposición.

Pero, ¿qué mueve a Hernández a trabajar en condiciones tan precarias? Esa privilegiada conexión con la historia. La posibilidad de salvar algo.

Los compañeros de la institución y yo coincidimos en que, hasta llegar a nuestros puestos, conocimos (la dimensión) de la riqueza cultural (del país). Lo apasiona a uno darse cuenta lo que significa nuestra labor: proteger los bienes culturales del Estado. Una vez en Chichicastenango, le entregamos un museo a la municipalidad indígena. En la verificación de la colección, nos encontramos con piezas increíbles: unas piedras de jade de este tamaño (Hernández forma con las manos un objeto casi del tamaño un balón de fútbol), collares y de todo. Poder tocar las piezas, y tener ese acercamiento en ese tipo de diligencias, no a través de una vitrina, como un visitante, lo hace a uno admirar lo que hacían nuestros antepasados con estos materiales. Mientras un arqueólogo nos explicaba de qué material eran las piezas, a qué época podían pertenecer, uno se transportaba a cuando las personas usaban estos objetos en su diario vivir. Esto lo manda a uno al pasado. Le da a uno una ilusión de (saber) cómo vivían nuestros antepasados.

Por eso, Hernández asegura que aún cree en proteger lo que sobrevive de ese privilegio, aunque dependa de un aparato burocrático que se autosabotea.