Exministro Felipe Aguilar cobró renta a hoteles en Tikal fuera de los controles del Estado
Exministro Felipe Aguilar cobró renta a hoteles en Tikal fuera de los controles del Estado
El exministro de Cultura hizo un acuerdo con seis comercios para evitar firmar contratos de arrendamiento tal como lo pidió la CGC en una auditoría. En su lugar, celebró «convenios de cooperación» cuyas cláusulas violan el reglamento del parque, evaden los controles que el Conap debe aplicar a todos los negocios en áreas protegidas, y benefició a los propietarios con rentas de aproximadamente 200 veces menores a las fijadas en otros parques arqueológicos. El pago no ingresaba a las arcas del Estado y se entregaba a los proveedores que el Ministerio designara.
En el Parque Nacional Tikal hay 38 comercios instalados, pero destaca la historia reciente de tres hoteles y tres restaurantes que operan en las instalaciones mediante «convenios de cooperación» cuyas cláusulas evidencian diversas anomalías.
Operan ahí, dicen los propietarios, desde que iniciaron las excavaciones. Durante décadas no hubo un marco legal que avalara su funcionamiento en un área protegida. Por eso, sin mucho ánimo y más por obligación, en 2022 firmaron un convenio en el que aceptan pagar un porcentaje de sus ingresos a cambio de regular su situación legal.
El Parque, ubicado en Flores, Petén, se creó en 1955 y delimita el área donde se encuentran vestigios arqueológicos de la civilización maya. Fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco y a la fecha es una de las 344 áreas protegidas que registra el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap) del Conap.
Con 576 kilómetros cuadrados de selva, es uno de los lugares turísticos más visitados en el país. Ahí operan negocios de comida, hotelería, artesanías y tiendas con artículos diversos. Solo en 2023, el Parque recibió 27.2 millones de quetzales por el ingreso de 276,668 turistas nacionales y extranjeros.
Desde la creación del parque, ninguno de los comercios había firmado contratos de arrendamiento con el Ministerio de Cultura y Deportes, tal como lo ordena el reglamento del parque.
En 2019, la Contraloría General de Cuentas (CGC) realizó una auditoría en la cual ordenó al Ministerio firmar contratos administrativos con todos los hoteles y establecimientos comerciales.
Al ser consultado por Plaza Pública, el Ministerio informó que se han acercado a los propietarios de los comercios para iniciar con la firma de los contratos.
Uno de los primeros pasos fue requerir a la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles (Dicabi) del Ministerio de Finanzas que estimara el costo de arrendamiento por el espacio que ocupa cada negocio. A la fecha, se han recibido 24 de 38 comercios que deben ser valuados.
Sin embargo, el exministro Felipe Aguilar hizo una excepción con los hoteles Tikal Inn, Jaguar Inn S.A., Jungle Lodge S.A. y los comedores Tikal, Imperio Maya y restaurante Ixim Kua que en total abarcan más de 95,000 metros cuadrados -9.5 hectáreas- del Parque Nacional Tikal, equivalentes a 15 canchas de futbol.
Aguilar hizo un acuerdo con cada propietario de estos seis comercios para que no firmaran contratos de arrendamiento. En su lugar, celebraron «convenios de cooperación» cuyas cláusulas violaron el reglamento del parque, evadieron los estudios de impacto ambiental que Conap solicita a comercios ubicados en áreas protegidas, y benefició a los propietarios con rentas de aproximadamente 200 veces menores a las fijadas en otros parques arqueológicos.
Una cláusula para «cooperar»
Los convenios de cooperación suscritos se componen de 15 cláusulas, en las cuales el Ministerio autoriza a los hoteles y comedores que continúen utilizando, por tiempo indefinido, la fracción de terreno que actualmente emplean. A cambio, estos debían «cooperar» con el 5 % de sus ingresos netos en 2022, y el 10 % a partir del 2023, excluyendo el Impuesto de Valor Agregado y cualquier otro impuesto que grave sus ingresos en el futuro.
En la cuarta cláusula establece que, para hacer efectiva la «cooperación», debe notificar por escrito cada mes el valor de los ingresos netos y el porcentaje que debe pagar. Una vez establecido el monto, el Ministerio podrá decidir el uso de este recurso y, «en aras de agilizar el procedimiento», faculta a los establecimientos comerciales a realizar compras de bienes y servicios directamente a los proveedores.
Ninguna de las adquisiciones pactadas se publica en el portal Guatecompras. Es decir, el Ministerio cobra una renta que no ingresa a las arcas del Estado y se ejecuta sin los requisitos de transparencia establecidos por ley.
Las compras pueden incluir estudios de impacto ambiental para remodelaciones en el parque, madera y materiales de ferretería, entre otros.
Según información pública del Ministerio, el comercio que mayor espacio ocupa es el Hotel Tikal Inn, cuya representante legal es Rosanda María Ortiz Kreis, con 45,706 metros cuadrados. Esto equivale a siete canchas de futbol con medidas internacionales.
El Ministerio reportó que, a cambio de hacer uso de este terreno en 2023, el hotel hizo compras de bienes y servicios para el parque por un monto de 66,671 quetzales. De ser así, quiere decir que los ingresos netos del hotel en todo el año habrían sido de 666,710 quetzales.
Pese a que era parte de sus compromisos, el Ministerio no estableció los mecanismos para corroborar que los ingresos reportados fueran reales.
En el primer trimestre del 2023, la CGC advirtió que la cartera a cargo de Aguilar omitió nombrar a una persona encargada de supervisar que los comercios cumplieran con el convenio, tal como se había acordado en la cláusula quinta. Por ello, los auditores consideraron que se puso «en riesgo la recepción de los ingresos reales» que le corresponden a Cultura y Deportes.
En su defensa, la directora general del Patrimonio Cultural y Natural, Jenny Barrios Vital, a quien se le impuso una multa de 2,737.25 quetzales por el incumplimiento, argumentó que en los convenios no está consignada la fecha en la cual debe nombrarse al funcionario supervisor.
El Hotel Tikal Inn ofrece diversos servicios. Un bungalow o suite para cuatro o cinco personas puede costar desde 60 hasta 90 dólares por noche. Adicional a los alojamientos, también cuenta con restaurante, bar y distintos tipos de tours.
A cambio de ocupar el espacio en el Parque, únicamente pagó 0.12 quetzales por metro cuadrado al mes en 2023. Esto es casi 240 veces menos de lo que se paga en otros parques donde se han firmado contratos de arrendamiento, como el Arqueológico de Quiriguá, donde el MCD cobra 29 quetzales por metro cuadrado.
Sin embargo, al tratarse de convenios de cooperación y no contratos de arrendamiento, el Ministerio fijó el costo del arrendamiento sin ningún criterio específico y tampoco hubo un avalúo de la fracción de terreno que utilizarían los comercios por parte de Dicabi, tal como lo ordena la Guía de Requisitos y Lineamientos Generales de Procedimientos Administrativos de Arrendamiento del Ministerio de Finanzas que cita la auditoría de la CGC.
Un comercio no pagó nada
El segundo hotel que más espacio ocupa es el Jungle Lodge, representado por Roberto Puga Ortiz, con un área de 34,342.06 metros cuadrados, equivalentes a poco más de cinco canchas de futbol.
Este negocio pagó 804,968.71 quetzales en el 2023, equivalentes al 10 por ciento de los ingresos netos reportados, es decir, unos 8 millones de quetzales. Aunque, al igual como sucedió con el Hotel Tikal Inn, el MCD no nombró a un funcionario que supervisara la veracidad de estas cifras hasta el primer trimestre del 2023.
Los servicios para los visitantes tienen precios similares a los del Hotel Tikal Inn. Un hospedaje puede costar desde 42 hasta 182 dólares si es una máster suite. Además, cuentan con tours y restaurantes.
Le sigue el hotel Jaguar Inn, representado por Gerardo Edmundo Solís Marshall, que ocupa 9,543 metros cuadrados, alrededor de una cancha y media de futbol. Reportó pagos de 119,369 quetzales, es decir, 1 quetzal por metro cuadrado, aproximadamente.
Un caso particular es del restaurante Ixim Ku’a, el cual ocupa 1,577 metros cuadrados. Este incumplió el convenio y no ha reportado ningún pago ni compra de bienes y servicios a la fecha, según información pública del Ministerio. El comercio es propiedad de Carlos René Caal, exalcalde de Flores, Petén, entre 2008-2012 con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y 2016-2020 con Lider, fundado por el excandidato a la presidencia Manuel Baldizón, oriundo de ese departamento.
Mientras que el Comedor Imperio Maya es de su hermano, Rolando Caal. Este ocupa 4,041 metros cuadrados y en 2023 reportó pagos por 5,561.16 quetzales, alrededor de 0.11 quetzales por metro cuadrado.
La cláusula octava establece que los convenios se pueden dar por terminados si los comercios «sin causa debidamente justificada» dejan de cumplir con la entrega de la cooperación. En reiteradas ocasiones, Plaza Pública intentó consultar a la anterior administración por medio de la oficina de comunicación social si daría por finalizado el convenio, pero no respondieron a las consultas.
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En total, según información pública del Ministerio, cinco de los hoteles y restaurantes hicieron compras de bienes y servicios equivalentes a 320,277.23 quetzales en 2022, y 998,625 quetzales en 2023. En todos los casos, el costo de la renta por metro cuadrado durante 2023 fue menor a los 2 quetzales mensuales.
Plaza Pública requirió vía información pública el detalle de los bienes y servicios que los comercios adquirieron con los fondos provenientes de los convenios. El Ministerio envió 40 facturas por compra de materiales de ferretería, madera, estudios socioeconómicos y de impacto ambiental para remodelaciones en el parque, elaboración de presupuestos, y adquisición de otros insumos y servicios. La mayoría son por montos inferiores a 90 mil quetzales.
Ninguna de estas compras cumple con estándares de transparencia ni se publicó en el portal Guatecompras.
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Ilegalidades y vacíos
Una de las primeras ilegalidades en la suscripción de los convenios fue señalada por la CGC en su último informe de auditoría.
En el hallazgo 16 al Ministerio, los auditores advirtieron que la firma de los seis «convenios de cooperación» no eran suficientes para autorizar sus operaciones.
En principio, porque el Reglamento Administrativo del Parque Nacional Tikal, que data de 2001, dice en su artículo 38 que los negocios que existen en el parque y los que en el futuro se establezcan «deberán legalizar su situación mediante la formalización de un contrato administrativo de arrendamiento», y no mediante un convenio.
Lo que la auditoría no advirtió es que, además de no haber firmado un contrato, los comercios y el Ministerio también evadieron otros controles que establece la Ley de Áreas Protegidas y su reglamento.
Si bien el Parque Nacional Tikal se encuentra sobre una finca que es propiedad del Instituto de Antropología e Historia, adscrito a la cartera de Cultura, este no tiene la facultad legal para disponer, por sí solo, de la autorización de los comercios que operarán en el mismo. Para hacerlo debe contar con los avales del Conap.
Así lo establece el artículo 20 de la Ley de Áreas Protegidas y su reglamento, el cual dice que cualquier empresa privada que desarrolle actividades comerciales o turísticas dentro del perímetro de un área protegida —como es el Parque Nacional Tikal—, debe celebrar un contrato de mutuo acuerdo con el Conap en el que se establezcan las condiciones y normas de operación, determinadas por un estudio de impacto ambiental presentado por el interesado. A partir de ahí, el Conap debe emitir una opinión y remitirla a la Comisión Nacional del Medio Ambiente para su evaluación.
Al ser consultado el director jurídico del Conap, Juan José Berges, confirmó que los comercios no han presentado ningún estudio de impacto ambiental.
«Ciertamente se debe cumplir con lo estipulado en la norma jurídica. Sin embargo, el Conap no es un órgano contralor o de investigación, sino que trabaja a requerimiento de parte (...)», comentó en un correo electrónico.
Raúl Maas, director del Instituto de Ambiente y Recursos Naturales (Iarna), comenta que el problema es que los hoteles y restaurantes empezaron a operar antes de que entrara en vigencia la Ley de Áreas Protegidas y demás reglamentos administrativos, creada en 1989.
«Los estudios de impacto ambiental (que establece la Ley de Áreas Protegidas) se hacen previo a que entre en operaciones un comercio. Cuando ya se está operando, se debe realizar una evaluación del impacto ambiental de la operación. Hay un agujero negro porque las obras ya están construidas, entonces se requieren otros instrumentos de evaluación», comentó.
Maas considera que quien debería promover estas evaluaciones es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Conap o el Idae, pero no lo hacen por debilidades institucionales.
Sanciones de la CGC
En su informe de auditoría la CGC únicamente impuso sanciones económicas al director de Cooperación Nacional e Internacional del Ministerio de Cultura, Obdulio Ramos, por 10,261 quetzales; al director General de Cultura y Deportes, Jenny Barrios, por 10,949; al viceministro de Patrimonio Cultural y Natural, Mario Maldonado, por 12,773; y al ministro de Cultura, Felipe Aguilar, por 42,125.
Marvin Flores, analista en temas de transparencia, explica que «los convenios se suelen firmar entre entidades del Estado o agencias internacionales, pero si son negocios deben firmarse contratos de arrendamiento para que los ingresos sean acorde a los precios del mercado y cualquier interesado pueda competir por ese espacio. Además, al ser un parque nacional, debe salvaguardarse la arquitectura, la flora y la fauna. Debe haber un proceso abierto que permita precios adecuados, que convengan tanto a la institución como al comerciante».
«No firmamos ningún contrato»
Según consta en los convenios de cooperación, los seis comercios se instalaron entre 1950 y 1960, cuando la Universidad de Pennsylvania realizaba estudios y excavaciones que tuvo como resultado un mapa topográfico de un área de 16 kilómetros cuadrados en Tikal y la localización de más de 4,000 estructuras.
En ese período, los grupos de excavación requerían albergues y provisión de alimentos para el personal de campo. Por tal motivo, se le concedió a vecinos de Petén un área para hospedarlos. Una vez creado el Parque Nacional Tikal, el acuerdo era que estas fracciones de terreno fueran administradas por los vecinos para atender a turistas.
La representante legal del Hotel Tikal, Rosanda María Ortiz Kreis, comentó que pese a que la CGC pidió que se firmaran contratos de arrendamiento, los dueños de los comercios no están en disposición de hacerlo.
«No sé si (los convenios) se van a revocar con el nuevo gobierno o no, pero nosotros no vamos a firmar ningún contrato de arrendamiento con el parque porque tenemos más de 60 años de estar aquí. Ni siquiera existían esas leyes que nos están tratando de imponer (cuando se instalaron en el parque)», dijo.
Respecto al reglamento que establece que todos los comercios deben firmar contratos de arrendamiento, Ortiz Kreis asegura que esto debe aplicarse únicamente a los nuevos comercios que se instalen.
«Estos hoteles fueron hechos en 1950 y 1960 cuando no existían carreteras para traer cemento ni arena. Para la construcción de este hotel del que usted está hablando se trajeron máquinas de compresión para hacer blocks de tierra caliza. La estructura mayor apenas tiene hierro porque no se podía traer si ni siquiera estaba asfaltada la carretera», comentó.
De la misma forma justifica Roberto Puga Ortiz, representante legal de Jungle Lodge, su operación en las instalaciones. «Mi familia invirtió recursos importantes en la construcción y desarrollo de las facilidades e instalaciones del Hotel, así como en la conservación del entorno. Conscientes del valor cultural de esta joya arqueológica, hemos colaborado a lo largo de nuestra historia estrechamente con las autoridades del Parque, no solo en la promoción del mismo, sino en el desarrollo de facilidades para beneficio de los visitantes, incluso fuera del área que fue asignada a mi abuelo desde antes de 1955», dijo.
Respecto a la falta de supervisión, Puga Ortiz explicó que «el Ministerio nombró al administrador del Parque como supervisor y al subadministrador como suplente. Es con ellos con quienes yo, como representante del Hotel Jungle Lodge, y los representantes de los otros establecimientos que también suscribieron convenios, nos reunimos periódicamente y conformamos la mesa técnica para velar por el cumplimiento del convenio», dijo.
El hotel Jaguar Inn no respondió a las consultas realizadas para este reportaje. Al Comedor Imperio Maya se le intentó contactar por medio del hermano del representante, quién también posee una propiedad en el parque, pero no respondió a los mensajes enviados. En cuanto a Comedor Tikal, se intentó contactar por medio de la administración del parque pero aseguraron que no podían referirlo.
Plaza Pública se comunicó con el director del Parque Nacional Tikal, Luis Enrique Pinelo, para consultarle sobre la falta de estudios de mediciones ambientales y la razón por la que se regularizó la operación de los seis comercios mediante un convenio de cooperación y no un contrato de arrendamiento. Sin embargo, indicó que no tenía autorización para dar declaraciones.
La única explicación que dio el exministro Felipe Aguilar fue ante la comisión de auditoría de la CGC. Aseguró que se firmaron convenios de cooperación a plazo indefinido porque estaba en trámite la formalización de un mandatario especial que tuviera la facultad para celebrar los contratos de arrendamiento. Sin embargo, dijo que cuando estos trámites concluyan, los convenios podrán ser revocados y se procedería a realizar los contratos.
«Se normó conforme a la ley el uso de espacios físicos pertenecientes al Estado de Guatemala que a lo largo de la existencia del Ministerio de Cultura y Deportes no se había alcanzado. La celebración de los convenios está legítimamente establecida en el artículo 7 del Reglamento Orgánico del Ministerio (...)», comentó Aguilar.
Sin embargo, el titular de la cartera no explicó por qué se obviaron los estudios de impacto ambiental y por qué no se requirió el aval del Conap, tal como lo establece la Ley de Áreas Protegidas.
Plaza Pública intentó en reiteradas ocasiones solicitar una entrevista pero la solicitud no fue atendida.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
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