Financista de Vamos apunta a prófugo refugiado en Nicaragua
Financista de Vamos apunta a prófugo refugiado en Nicaragua
El partido oficial reportó en su contabilidad haber recibido tres aportes dinerarios provenientes de Distribuidora Zamoya, S.A., la cual está vinculada al operador político Gustavo Adolfo Herrera Castillo. En 2018 buscó asilo en Nicaragua tras ser acusado por su participación en una estafa de 238 millones de quetzales al Seguro Social durante el gobierno de Alfonso Portillo.
Las Elecciones Generales tendrán lugar el próximo 25 de junio y el partido oficial tiene recursos suficientes para impulsar con fuerza a sus candidatos.
En la última encuesta de Prensa Libre, el presidenciable del partido Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), Manuel Conde, figura en el quinto lugar con solo el 5 por ciento de la intención de voto. Esta baja probabilidad de victoria no necesariamente se traducirá en la elección para el Congreso y alcaldías municipales.
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Por ejemplo, una investigación de Plaza Pública determinó que la asignación de presupuesto para los comedores sociales —un programa de gobierno diseñado para garantizar un tiempo de comida a las poblaciones más vulnerables— favoreció más a los municipios donde los alcaldes son postulados por Vamos, y menos en función de los territorios con los peores indicadores de pobreza extrema.
Por otro lado, el Congreso autorizó en 2022 la asignación de 5,690 millones de quetzales para dar mantenimiento a carreteras e invertir en obras nuevas. La decisión, otra vez, no tuvo parámetros estratégicos y obedeció a beneficiar a sus simpatizantes.
Si utilizar los programas de gobierno para favorecer a sus simpatizantes no fuera poco, el partido también ha registrado aportes privados. Determinar si son de origen lícito es una tarea complicada.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) permite que las agrupaciones políticas reciban aportes dinerarios y no dinerarios provenientes de personas jurídicas o individuales privadas, esto bajo la condición de quedar registrados en un libro de contribuciones. Para hacerlo constar el partido político debe emitir a su financista un recibo contable autorizado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Estos aportes no pueden pasar del 10 por ciento de los límites de gastos de campaña, que en 2023 es de 34.9 millones de quetzales.
Adicionalmente, el Reglamento de Control y Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral (TSE) obliga a las organizaciones políticas a presentar informes trimestrales del financiamiento privado recibido, y en época electoral dichos informes deben ser presentados en forma mensual. La normativa no obliga a investigar el origen de los fondos.
Bajo estas reglas, durante enero, febrero y marzo de este año, el partido Vamos reportó aportes dinerarios procedentes de Distribuidora Zamoya, S.A., por un monto total de 800,000 quetzales.
La empresa tiene vínculos con el empresario y prófugo de la justicia, Gustavo Adolfo Herrera Castillo, conocido por su vinculación a una millonaria estafa al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), y su participación en 2014 en el amaño de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones.
En la actualidad, Gustavo Herrera se encuentra en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega le concedió asilo político desde el 14 de agosto de 2018, en Guatemala tiene pendiente una orden de captura por lavado de dinero y asociación ilícita. El polémico empresario argumentó ante el gobierno nicaragüense que era un perseguido político del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) debido a que le abrieron un caso judicial que ya estaba clausurado.
La empresa del empleado
Vamos es un partido político autoidentificado como de derecha, fundado en 2017 y que llevó a la victoria al actual presidente, Alejandro Giammattei Falla, en las Elecciones Generales de 2019.
Los tres aportes de Distribuidora Zamoya, S.A. al partido de gobierno quedaron registrados en los informes mensuales sobre financiamiento privado que la agrupación política entregó a la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de Partidos (Uecffp) del TSE.
Todos los informes en los que constan los aportes realizados por la empresa cuentan con el aval y firma de Jorge Armando Ortíz Santos, contador general de Vamos; Carlos Antonio Barrios Barrios, secretario de finanzas del partido; Cándido Fernando Leal Gómez, responsable del órgano de fiscalización financiera; y Víctor Alfredo Valenzuela Argueta, secretario general y representante legal de Vamos, este último ocupa la casilla uno del listado nacional del partido en mención.
El primer aporte de Distribuidora Zamoya, S.A. a las cuentas del partido de gobierno fue de 200,000 quetzales y se realizó el 17 de enero del presente año, según el recibo 09GU-00001. La segunda contribución dineraria asciende a 300,000 y se hizo efectiva el 28 de febrero, de acuerdo con el recibo DAA666B9-3720956865. Finalmente, el 14 de marzo, la misma entidad realizó otro aporte de 300,000 quetzales el cual quedó registrado con el recibo 180852CE-2143503756/09GU-00072.
El vínculo entre Gustavo Adolfo Herrera Castillo y la empresa financista está en su representante legal y presidente del consejo de administración.
Distribuidora Zamoya, S.A., es una sociedad anónima creada el 29 de septiembre de 2011. El presidente del Consejo de Administración, socio fundador y representante legal es Marco Danilo Rojas Morales. Dicho nombramiento fue revalidado el 30 de enero de este año. En los registros del Igss las cuotas patronales del representante son pagadas por la empresa Distribuidora de Químicos Agrícolas, S.A. (Quimagro), la cual es controlada por Gustavo Adolfo Herrera Castillo. Las constancias de pago del seguro social iniciaron al menos desde mayo de 2014 hasta febrero de este año.
Según el Registro Tributario Único (RTU) de la empresa esta «no posee actividad económica». Además, tampoco cuenta con un usuario habilitado en la agencia virtual de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), un hecho que contradice la obligatoriedad tributaria de utilizar esta herramienta tecnológica para darle cumplimiento a las obligaciones fiscales, tanto en persona individuales como empresas.
Rojas Morales, posee en el Registro Mercantil otros nombramientos que refuerzan su vínculo con empresas controladas por Herrera Castillo. Además de ser empleado de una de sus empresas, también se ha desempeñado como gerente general, administrador único y representante legal de la entidad Helechos del Monte, S.A.
Una investigación realizada y publicada por elPeriódico en abril de 2014 documentó que Gustavo Herrera fundó en noviembre de 1996 la empresa Helechos del Monte, S.A., de la que también ejerció como presidente del consejo de administración.
Gustavo Herrera y su influencia en las elecciones de las cortes
En 2019, Cicig junto a la entonces Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), revelaron que Gustavo Herrera participó en el amaño de la elección de Magistrados para Cortes de Apelación y Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2014-2019, un caso judicial conocido como «Comisiones Paralelas II». Los funcionarios electos ese día debieron dejar el cargo hace tres años, no obstante, por una agenda entrampada en el Congreso que dirige el partido oficial Vamos, no han sido relevados.
Dentro de dicha carpeta judicial se encuentra documentación que comprueba que Quimagro, S.A., le pertenece a Gustavo Herrera y su familia.
MP y Cicig hallaron evidencias de que esta empresa financió las reuniones entre el político Manuel Baldizón —condenado por lavado de dinero en EE. UU.— , funcionarios del Partido Patriota (PP) y otros políticos. La sesión ocurrió en el Hotel Vista Real previo a que el Congreso de la República eligiera a los magistrados. Dicha elección se realizó el 25 de septiembre de 2014, una noche antes Quimagro, S.A. hizo una reservación para un evento de ocho personas en el salón Fuego y solicitaron que la actividad no fuera anunciada.
Estas sospechas fueron corroboradas por el mismo Baldizón en un manuscrito que envió a CICIG en un intento por ser colaborador eficaz. Los investigadores utilizaron su declaración para complementar la carpeta acusatoria.
«Según el hotel no hay registro de las personas presentes, pero llama la atención la cifra de comensales registrados por ser similar al número de personas que Manuel Baldizón indicó en su manuscrito de fecha 20 de noviembre de 2018, que se reunieron previo a las elecciones del 25 de septiembre de 2014 con el objetivo de repartirse las magistraturas entre ambos partidos y decidir sobre quienes integrarían la CSJ, es decir: Alejandro Sinibaldi, Gustavo Herrera, Mauricio López Bonilla, Juan de Dios Rodríguez y Manuel Baldizón», consta en la pesquisa.
La reunión tuvo un costo de 6,502.72 quetzales y la factura se hizo a nombre de Erick Oswaldo Us Machic, entonces contador de Quimagro, S.A.. La empresa hizo una segunda reservación para 20 personas en el salón Terraza para la mañana del 25 de septiembre de 2014, esta actividad tuvo un costo de 6,440 y se facturó de nuevo a nombre del contador.
Aunque el hotel no registró los nombres de los participantes, los investigadores sospechan que la cita podría incluir a ocho funcionarios y políticos, más 12 magistrados.
El cerebro de la estafa al Igss
Durante la campaña electoral de Alfonso Portillo en 1999, Gustavo Adolfo Herrera Castillo organizó una reunión en Cobán, Alta Verapaz, a la que asistieron el mismo Portillo, Francisco Reyes, Zury Ríos, Carlos Wohlers y otras figuras prominentes del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). El propósito de la reunión era ofrecerles su apoyo como financista.
En 2002, Alfonso Portillo nombró como presidente del Igss al entonces diputado eferregista Carlos Wohlers, quien también fue amigo de infancia del mandatario. Además, el entonces Presidente designó como gerente general al abogado César Sandoval, quien tenía como antecedente haber guardado prisión por vender visas falsas de Estados Unidos.
Tras asumir la presidencia del Igss, Wohlers y Gustavo Herrera idearon un proyecto para construir complejos habitacionales destinados a los trabajadores afiliados al seguro social bajo la promesa de una recuperación significativa de la inversión realizada.
Wohlers y Sandoval aportaron 350 millones de quetzales del Igss al fideicomiso de vivienda de Grupo Uniserv, el cual era administrado por Marco Antonio Mendoza Gramajo, trabajador de las empresas agroquímicas de Gustavo Herrera.
En mayo de 2003 saltaron las alarmas cuando la Intendencia de Verificación Especial (IVE) denunció que 238 millones de quetzales de la inversión habían sido utilizados para la compra de cinco fincas por medio de las offshore Escabel Management Group, Helesburg Inc., Gateville Holding Corp. y Galente Traving Limited, las cuales tenían un denominador común: estaban ligadas a Gustavo Herrera.
De acuerdo con las investigaciones de la época realizadas por el Ministerio Público (MP), el valor real de las cinco fincas era de 40 millones de quetzales.
Regalo a Giammattei
El aporte económico que Distribuidora Zamoya, S.A. hizo a Vamos no es el único regalo vinculado a Gustavo Herrera hacia el partido de gobierno.
El 4 de marzo de 2020, el sitio Soy502 publicó una investigación en la que dio a conocer que en Casa Presidencial se había instalado un ascensor para uso personal del presidente Alejandro Giammattei. De acuerdo con el medio, dicho ascensor fue una donación que realizó la empresa Corporación GAP, S.A.
La nota periodística revela que los socios fundadores de Corporación GAP, S.A., son Abel Estuardo Roldán Gordillo, Aldo Steevens Álvarez Castañeda y Gustavo Adolfo Herrera Acevedo, este último hijo de Gustavo Adolfo Herrera Castillo.
Gustavo Herrera también ha sido señalado de dedicarse al narcotráfico. En 2004, el entonces Comisionado Presidencial de Seguridad, Otto Pérez Molina, declaró ante los medios de comunicación que este tenía vínculos con el narcotráfico y que poseía recursos para el transporte aéreo, terrestre y marítimo de drogas.
Una publicación del desaparecido diario Siglo 21, develó que un helicóptero de Gustavo Herrera había sido identificado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) como medio de transporte de ilícitos en complicidad con el narcotraficante Otto Roberto Herrera García.
«Corresponderá aclarar esos aportes»
Consultado al respecto, Víctor Valenzuela, secretario general del partido Vamos, indicó que los 800,000 quetzales en financiamiento entregados por Distribuidora Zamoya, S.A., fueron gestionados por Óscar Estuardo Recinos Aldana, candidato a diputado por el Distrito Central y Mario Méndez Montenegro, candidato a alcalde de la capital.
«Eso le corresponderá a Oscar o a Mario Méndez aclararlo. A mí nunca se me informó de los vínculos sobre esta empresa. Tengo un total desconocimiento sobre ese tema», expresó Valenzuela.
El representante legal de Vamos también indicó que cada secretaría departamental es responsable de las donaciones que ingresan en su distrito. «Nosotros recibimos y literalmente pasamos el informe de los aportes al Tribunal Supremo Electoral. Yo no sé si él (Marco Danilo Rojas Morales) es o no empleado de la persona que usted me dice (Gustavo Herrera). Si algo le puedo asegurar es que todos los aportes que recibimos, los recibimos de forma legal y los reportamos de forma legal».
Plaza Pública, llamó a Óscar Recinos y Mario Méndez a sus teléfonos móviles para pedir su versión de los hechos, sin embargo no respondieron a las llamadas realizadas.
En las reformas a la LEPP que el Congreso de la República aprobó en 2016, se estableció que los secretarios generales de los comités ejecutivos nacionales, departamentales y municipales, serán personalmente responsables del manejo y administración de los fondos recibidos.
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Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
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