La madrugada que 135 nicaragüenses cantaron en un avión
La madrugada que 135 nicaragüenses cantaron en un avión
Guatemala recibió al segundo grupo de presos políticos nicaragüenses: opositores, activistas, estudiantes organizados y ciudadanos críticos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua. A través de la Corte Suprema de Justicia los despojaron de su nacionalidad. De eso hablan Adela Espinoza y Gabriela Morales, dos de las 135 personas en ese vuelo, ahora libres, pero lejos de sus familias y con decisiones que tomar para una vida nueva.
El anuncio: ¡Les llegó la hora, el día que estaban esperando!.
La orden: báñense, vístanse, rápido.
La amenaza: la que grite se queda.
El lugar: el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), conocido como «La Esperanza», en Tipitapa, Nicaragua, donde Adela Espinoza y Gabriela Morales, dos activistas de 27 años, permanecieron recluidas 12 meses y 15 días.
El miércoles 4 de septiembre (2024) a las 7:00 de la noche, Adela, Gabriela y las demás presas políticas del pabellón seis estaban listas para dormir cuando advirtieron un inusual ritmo en la cárcel. El ir y venir de las oficiales que las custodiaban les hizo «presentir» su liberación. ¿Les ocurriría lo mismo que a 222 presos políticos en febrero de 2023, enviados a Estados Unidos de madrugada?
Oraron.
Media hora después escucharon a la directora y subdirectora del penal que, efectivamente, les confirmaron que había llegado su hora, se irían del penal. La pregunta era: ¿a dónde?
De 2007 a la fecha, Nicaragua estábajo el régimen de Daniel Ortega, un político exguerrillero e integrante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que acabó con una dictadura de más de 40 años en 1979, el régimen de la familia Somoza. Pero ahora es un Ortega que «persigue a quienes expresan opiniones disidentes de cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté directamente bajo su control», se lee en un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), del 3 de septiembre de 2024. Eso dice de él y de Rosario Murillo, la vicepresidenta que además es su esposa. Esa persecución incluye a defensores de derechos humanos, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.
Los atropellos van desde intimidación de opositores, malos tratos bajo custodia, ataques contra pueblos indígenas y un aumento de casos de detenciones arbitrarias, entre estas, la de Adela y Gabriela.
No hubo tiempo para bañarse, les dieron algunas prendas para vestirse, ropa sucia con mal olor y no eran de su talla. La instrucción fue dejar sus pertenencias. En el pabellón seis había siete celdas y 13 mujeres; sólo liberaron a seis. Las reunieron en el salón donde recibían visitas. En cuestión de tres horas reunieron a más mujeres, algunas venían de centros carcelarios de otros departamentos.
A falta de información, la intuición preparó a las reclusas. Entre las mujeres que llegaban al salón había rostros conocidos. Una de ellas venía de Granada, un municipio a una hora de ahí. «Si había gente de Granada por deducción sabíamos que nos sacarían del país, pero no imaginábamos que a Guatemala, pensamos que a Estados Unidos», contó Gabriela.
Su referencia eran los 222 liberados en 2023.
A las 11:00 de la noche, las 26 mujeres abordaron un bus con todas las ventanillas con cortinas engrapadas. Las liberaron a escondidas para evitar que alguien las viera.
En los comicios de 2021, en medio de señalamientos de fraude, Ortega fue reelecto por cuarta vez y desde entonces las violaciones a derechos humanos han ido en aumento. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Presas y Presos Políticos en Nicaragua, un grupo de organizaciones de derechos humanos, abogados y familiares de personas criminalizadas, al 30 de junio de 2024, la cifra subió a 147 a partir de una serie de protestas ciudadanas en abril de 2018. Solo 10 fueron judicializadas antes.
En la lista de arbitrariedades cometidas figura la de un comerciante de 70 años. Lo detuvieron en octubre de 2023 por criticar al gobierno en conversaciones informales en su tienda, en el municipio de Terrabona, Matagalpa, relata un informe de Naciones Unidas. Lo condenaron a siete años de prisión por tráfico de armas. O el caso de dos artistas detenidos por intentar pintar un mural artístico en la ciudad de Estelí, en noviembre de 2023. Los sentenciaron a cinco años de prisión por rebelión y conspiración para socavar la integridad territorial del Estado.
Un comentario, un gesto de desaprobación, un like en una publicación que cuestione a Ortega y su gobierno pueden encarcelar a cualquiera. «Es como vivir todo el tiempo con miedo y con ansiedad, ya no sabés ni por qué te van a llevar presa» apunta Adela.
Desde que salieron de La Esperanza en el autobús con ventanas tapizadas, hasta la madrugada del siguiente día, el tiempo transcurrió de manera confusa. Nadie durmió. Las mujeres recibieron sus pasaportes en el Sistema Penitenciario La Modelo, la cárcel para hombres. De ahí a la autopista del aeropuerto para abordar un avión donde ya no solo había mujeres.
Se sumaron 109 hombres, presos políticos, asombrados al ver a ese grupo de mujeres en la misma situación que ellos. A las 4:00 de la mañana, los 135 hombres y mujeres nicaragüenses volaron a Guatemala.
Dentro del avión, las más de cien voces corearon una canción popular de Nicaragua:
«Con un pedazo de cielo
mi Nicaragua se formó
por eso es lindo este suelo
el suelo donde nací yo…»
En Nicaragua, quien disiente lo persiguen
Adela y Gabriela se conocen desde antes de compartir prisión, desde 2020 coincidían en marchas y actividades cívicas. Ambas cumplieron 27 años en «La Esperanza», el único sistema penal exclusivo para mujeres en Nicaragua.
Para el régimen son criminales, traidoras de la patria, delincuentes. En realidad, Adela es una comunicadora social egresada de la Universidad Centroamericana (UCA) que ya no existe. Es activista, feminista y madre de dos niños. Una joven que gusta del rap, el arte del tatuaje y los piercings. Gabriela estudió trabajo social en la Universidad Nacional de Nicaragua. Activista desde 2018, laboró en una organización de jóvenes que abordaban temas de salud sexual reproductiva y otros relacionados con la lucha cívica.
Las capturaron la mañana del sábado 19 de agosto de 2023. Cada una estaba en su casa en Managua, la capital. Un día antes participaron en la protesta frente al edificio que fue de la UCA, en rechazo a las acciones del gobierno para cancelar la personalidad jurídica de la universidad y confiscar sus bienes, instalaciones y cuentas bancarias por ser «un centro de entrenamiento para terroristas». En el mismo edificio, el gobierno «inauguró» la Universidad (pública) Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, en honor a un exreclutador de jóvenes para la Revolución Sandinista en la década de los sesenta.
Un grupo de estudiantes quemó una bandera negra y roja del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). «Obviamente –aclara Adela– no se nos juzgó por eso». Pero ese fue el detonante para que el régimen accionara contra ellas.
El relato construido por el Ministerio Público fue el siguiente: Ambas fueron sorprendidas en un taxi. Actuaban de forma sospechosa y eso llamó la atención de un oficial quien detuvo el vehículo para hacer una revisión. Portaban mochilas cargadas de marihuana, siete kilos en total. Las acusaron de posesión de drogas.
En el juicio, la fiscalía mostró unas mochilas cargadas y presentó testigos falsos que, bajo juramento, confirmaron el relato.
Las acusaron de los delitos de terrorismo, ciberdelito, menoscabo al Estado de Nicaragua, daños al patrimonio nacional, exposición de personas en peligro, desacato a la autoridad y tráfico de drogas. Las condenaron a ocho años de prisión.
Adela lo describe como un show montado, algo irreal y ridículo, una novela. Desde 2018, cuando comenzaron las protestas contra el gobierno de Ortega y Murillo, el régimen recurrió a criminalizar a opositores, estudiantes organizados, ciudadanos críticos. La prensa nicaragüense ha documentado cientos de casos de presos políticos acusados de delitos que van desde robo, terrorismo hasta tráfico y posesión de sustancias ilícitas o armas.
«Ortega ve a la juventud como una amenaza a su poder», dijo Valeska Valle, presidenta nacional del Movimiento Universitario 19 de abril (MU19A), una organización estudiantil crítica. Ella vive en el exilio, pero otros, como Adela y Gabriela, fueron capturados. El Movimiento Defensa Estudiantil UCA denunció sus detenciones.
A bordo del avión, a ratos se reían, a ratos les llegaba la tristeza. «Veníamos platicando –dice Gabriela–. Yo le decía a doña Nelly: no piense en el mañana, viva la libertad».
Doña Nelly iba en ese vuelo por pedir justicia.
Se llama Nelly Griselda López García, 41 años, es costurera y madre de dos niñas menores, originaria del barrio Monimbó, en Masaya. El 17 de julio de 2018, su sobrino fue asesinado durante la «Operación limpieza», una jornada violenta en la que decenas de nicaragüenses que protestaban murieron a manos de la policía y grupos paramilitares. La detuvieron en su vivienda en abril de 2023 y recluyeron en La Esperanza por demandar justicia.
La Esperanza es una de las dos cárceles con mayor número de presos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. No cumple con los requisitos mínimos para tratar reclusos. Hasta finales de 2023 había 16 mujeres detenidas. Adela y Gabriela entre ellas.
Ahí fueron agredidas verbalmente, amenazadas e interrogadas frente a alguien que portaba una AK47. En una ocasión una oficial tomó a Adela del cuello, esa fue la única agresión física, el resto fue tortura psicológica, describió: «Ellos te conocen y saben dónde te pueden dar. Amenazaban con secuestrar a nuestra familia, a mi con mis hijos, que iban a detener a mi hermano, a mi hermana».
Los presos comunes las reconocían. «Ni yo que cometí un delito, ¡déjenlas!», gritaban.
El momento de la liberación fue agridulce porque hubo compañeras de celda que se quedaron. Y porque querían volver a casa con sus familias, no ser expulsados de su país. «Veíamos por última vez nuestro país, a mi me quebró el alma y el corazón, quería llorar», sintió Gabriela. Cantó con alegría en el avión al mismo tiempo que melancolía.
«¡Qué linda, linda es Nicaragua!
bendita de mi corazón
si hay una tierra en todo el continente
hermosa y valiente…»
Decidir en 90 días
A las 6:00 de la mañana arribaron a Guatemala donde los instalaron en cuatro hoteles de la ciudad capital.
Las autoridades de la cancillería guatemalteca y la Embajada de Estados Unidos, informaron que ambos países, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estarían a cargo de la alimentación, asistencia médica, alojamiento y servicios básicos de los refugiados durante 90 días. El tiempo que Guatemala concedió para regular su situación migratoria.
Les ofrecieron la opción de establecerse en Guatemala o en Estados Unidos.
Su liberación, explicó el subsecretario de Estado Adjunto, Eric Jacobstein, fue producto de una negociación y presión a nivel público y privado, de tres meses entre Estados Unidos y Nicaragua. La intención es brindar refugio a estas personas y la posibilidad de solicitar vías legales para que rehagan sus vidas fuera del país.
Entre los 135 nicaragüenses hay activistas como Adela y Gabriela; periodistas, estudiantes, campesinos, defensores de derechos humanos, laicos y líderes religiosos. Trece de ellos eran miembros de la organización religiosa «Puerta de la Montaña». Organizaciones de derechos humanos documentaron que el 17 de diciembre de 2023, la policía anunció que la investigaba por lavado de dinero. Tres días después, el Gobierno canceló su personalidad jurídica y confiscó sus activos estimados en 5 millones de dólares.
Sin minimizar el dolor, Gabriela habla de lo vivido y aprendido en «La Esperanza». Desde comunicarse por señas hasta sobrevivir a una celda sin ventilación en un clima de hasta 35 grados celsius, donde conoció personas y a ella misma.
Lo bueno: están libres. Lo malo: están lejos de casa y despojadas de su nacionalidad. El dilema: ¿Estados Unidos o Guatemala? Aún no deciden.
«Soy puro pinolero
nicaragüense por gracia de Dios
soy puro pinolero…»
Apátridas, resolvió la CSJ
El 11 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua despojó a los 135 nicaragüenses de su nacionalidad y ordenó la confiscación de todos sus bienes. ACNUR tiene una definición de qué es una persona apátrida «no es considerada como nacional por ningún Estado conforme a su legislación». En consecuencia, tienen dificultades para ejercer sus derechos fundamentales como la educación, la salud, el empleo y la libertad de movimiento.
Adela tiene otra en términos propios, más vivenciales: «prácticamente es como que nada de lo que hiciste antes tiene valor en ningún otro lugar ni tus documentos, nada, ¿qué vamos a hacer ahora?». Interpretan la medida como una forma del régimen de asfixiarlas e infundirles temor a la distancia. Es un mensaje claro del régimen, según Gabriela: «Todavía tengo el control de ustedes y de sus familias, cualquier cosa que hagan o digan puede afectarles».
El sistema está coludido para ejercer represión a las voces disidentes.
En Nicaragua, el régimen acabó con todos los controles institucionales y contrapesos. En la Asamblea Nacional, el equivalente al Congreso en Guatemala, de los 90 diputados, 75 son del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido oficial; el Poder Judicial lo representan los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la prensa nicaragüense reporta que al menos 10 de 16 togados son funcionarios leales a la vicepresidenta Murillo. Adicionalmente, los siete magistrados del Consejo Supremo Electoral (el equivalente al TSE en Guatemala) los seleccionó la Asamblea Nacional, de una lista que incluyó propuestas del Presidente del país, según la normativa actual.
Al arribar al Aeropuerto La Aurora, cada uno de los 135 recibió ropa limpia y un celular nuevo para contactar a sus familias. Algunos llevaban meses sin hablarles. Los dispositivos debían activarse después de una hora. Ya habían esperado más de un año, esa hora les pareció eterna. «Me hice un facebook falso y la llamé». Gabriela sonrió orgullosa de su ingenio para hablar con su mamá.
En Nicaragua, supieron a través de publicaciones de medios locales no afines al gobierno, que un grupo sería liberado, nada más. El régimen niega que existan presos políticos. Pero existe «La Esperanza», el penal de mujeres, donde recluyeron a Adela y Gabriela.
Para ellas, ahora, la esperanza es un estado de ánimo, el de alcanzar lo que desean. Ser libres en su país.
«Y luce altiva en su frente
los esplendores de su sol
solo en Darío se explica
la inmensidad de su creación»
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