Aceros de Guatemala: un emporio creado con privilegios del Estado

José Luis Vicente Gabriel Abularach fue un empresario visionario. A mediados del XX, aprovechando que el mercado del acero aún no había sido copado por terratenientes y agroexportadoras —que entonces dominaban la economía nacional—, este hombre de origen palestino identificó un nicho que hizo suyo y sobre el cual se construyó un emporio. A partir de una pequeña empresa importadora de clavos, con ingenio y habilidad creció hasta llegar a formar parte de la poderosa élite empresarial de Guatemala. El apoyo del Estado —de los funcionarios de turno y las instituciones— fue vital para lograrlo.

La familia Gabriel Abularach pertenece a la primera ola de migrantes de oriente medio a Guatemala, la que va de finales del siglo XIX a mediados de los años 30 del siglo pasado, una migración sobre todo de las minorías cristianas bajo el dominio del Imperio Otomano y los territorios tras su desmembración. Los padres del fundador de AG eran Félix Gabriel Tabash (1883-1937) y Regina Abularach David (1889-1973), originarios de “Belén, Turquía Europea”, según denominación de la época recogida en el Registro Nacional de Personas.

Natalio Gabriel, abuelo paterno de José Luis Vicente, a principios del siglo XX fundó el almacén El Tirador, el primer negocio familiar. Se trataba de una venta de telas, calcetines, fósforos, baterías para lámparas que tenía por emblema un jinete con vestimenta árabe disparando un rifle. Estos primeros migrantes de medio oriente se insertaron a la sociedad guatemalteca como comerciantes ambulantes y en pequeños almacenes. Se trataba de una migración de subalternos que se concentraban en la zona 1 capitalina y no eran aceptados del todo por la élite criolla empresarial.

Frente a la inmigración europea alentada por los distintos regímenes de finales del siglo XIX y principios del XX, la migración de origen árabe fue limitada en el gobierno de Jorge Ubico, quien en la Ley de Extranjería de 1936 prohibió el ingreso y residencia de “los individuos, cualquiera que sea su nacionalidad, de raza turca, siria, libanesa, árabe, griega, palestina, armenia, egipcia, afgana, indú (hindú), búlgara, rusa…”.

Los más prósperos de entre esta primera ola conformaron una pequeña burguesía a la que le llevó una generación insertarse entre la élite comercial e industrial del país.

Del comercio a una industria restringida

El negocio matriz del cual se surgió AG fue Distribuidora Universal, una empresa individual fundada el 16 de abril de 1954 por José Luis Vicente Gabriel Abularach en el segundo piso de la bodega del Almacén El Tirador, perteneciente a su familia, según registra la compilación de la historia de la compañía en su 50 aniversario.

En El ascenso de las élites Industriales en Guatemala, Paul Dosal destaca a la producción de cemento (perteneciente a la familia Novella, actualmente Cementos Progreso) como la única industria intermedia que se desarrolló en el país antes de la Segunda Guerra Mundial. En un mercado tan pequeño como era el guatemalteco en esa época, y cerrado por las políticas proteccionistas del régimen de Ubico (1930-1944), la importación de los insumos básicos para la construcción estaba en pocas manos. La fabricación local carecía de incentivos y las élites económicas estaban concentradas en la agricultura, con marginales excepciones en la industria textil, bebidas alcohólicas y cemento con aranceles y privilegios a la medida, durante los sucesivos gobiernos liberarles.

Distribuidora Universal inició como una empresa importadora. Compró un lote de clavos a Alfonso Arreaga, quien a su vez los había obtenido del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), y cambió su empaque por cajas de cartón con el nombre Distribuidora Universal. “De esta manera inunda el mercado con clavos de diferentes medidas con su propia marca”, detallan los anales de la compañía.

En los primeros años del gobierno de Juan José Arévalo, el Congreso emitió la primera ley de incentivos fiscales a las industrias. El decreto 450 de 1947 eximió todos los impuestos en la importación de maquinaria y materias primas para echar a andar sus plantas de producción a las “industrias integrales nuevas” que se dedicaban a la fabricación de artículos no existentes en el país. También se incluía exenciones o deducciones del impuesto sobre utilidades de las empresas lucrativas y del impuesto a la propiedad. Distribuidora Universal aprovechó los beneficios, compró maquinaria alemana de saldo y empezó con la fabricación de clavos.

Apenas un fabricante local y un puñado de importadores le hacían sombra. “Había en aquel entonces una fábrica de clavos INFENA, que pertenecía al señor Enrique Arzú, (…) cuando el señor Arzú se enfrenta con su competidor (el señor Gabriel), en la línea de clavos, lo llama y le dice: ´en este mercado no pueden existir dos fábricas, o me vende o le vendo´, a lo que el señor Gabriel respondió: le compro”, refiere el libro Aceros de Guatemala del historiador Miguel Alfredo Álvarez Arévalo.

Una vez asegurado el flanco de la competencia de otros productores, Gabriel Abularach se reúne con los importadores, un gremio perteneciente a familias alemanas. Se trata de ferreterías como El Globo, Topke, León Guttmann, Candado Dorado (Fredy Koenisberg) y Almacén Americano (Milton Koenisberg), que vendían materiales de construcción importados. Los dueños de estos negocios, según el relato de la propia historia corporativa de AG, convocaron Gabriel en la ferretería del más importante de estos empresarios, León Guttmann, para comunicarle que “estaba perjudicando el negocio del hierro”. El resultado de ese encuentro fue una "política de ventas” acordada entre productor y distribuidores, de la cual no se ofrecen detalles.

A partir de la contrarrevolución de 1954, el emergente sector industrial se benefició con nuevos incentivos, incluidos en la Ley de Fomento Industrial de 1959. Entre ellos una década de exención de impuestos al importar materiales de construcción, maquinaria y materias primas para las industrias nuevas, y de cinco años para las ya existentes; deducción del 100% de impuestos a las utilidades por cinco años y del 50% por cinco años más, siempre y cuando se demostrara una inversión adicional del 50% de sus activos fijos.

Distribuidora Universal se mantiene en la propiedad de los Gabriel Abularach, quienes inician una nueva marca comercial y una empresa individual que mantendrá la hegemonía en el mercado del acero durante los próximos 50 años. Aceros de Guatemala (AG) fue constituida el 4 de diciembre de 1962.

El ascenso a la élite industrial

En El Proceso de Industrialización en Guatemala, el académico René Poitevin describe cinco etapas: un primer momento a finales del siglo XIX con casos aislados de industrias ligadas a la élite local (la Fábrica de Hilados y Tejidos de Cantel fundada en 1880, la Cervecería Centroamérica fundada en 1882, y la Fábrica de Cementos Novella en 1902) y migrantes europeos; una segunda etapa alrededor de los años 30, caracterizada por el inicio de pequeñas empresas de capital nacional proveniente del comercio, y algunos migrantes del medio oriente sirios, libaneses, palestinos y judíos. Una tercera etapa, entre los años 30 y 50, con el contexto favorable de la demanda de productos agrícolas de la posguerra y las reformas económicas de la revolución de 1944. Una cuarta, de los 50 a los 70, cuando pequeñas fábricas aprovecharon el Mercado Común Centroamericano (Mercomun), para tener más acceso a créditos. Y una quinta etapa caracterizada por la penetración directa de capital extranjero en la industrialización, tanto por su asociación con la burguesía local para transformación de una industria determinada, como por inversión directa en la filial de una compañía multinacional.

AG ha estado presente en cuatro de estas cinco etapas: por sus orígenes comerciales familiares, en la segunda etapa; por su transformación de distribuidor a productor, en la tercera; por su auge, en la cuarta; y por su consolidación, vía alianzas con capital transnacional, en la quinta etapa.

A sus 95 años de edad, José Luis Vicente Gabriel Abularach, sigue siendo la cabeza de AG. De sus cuatro hijos, tres han formado parte de los órganos de dirección de la empresa: Luis Nelson (1955-2002), Mayra Suzette (1956) y Sheila Maritza (1957), según información mercantil de la compañía.

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En 1965 la empresa montó su primera planta laminadora (Molino 9) para la fabricación de varillas de hierro para la construcción; antes ya había incursionado en la fabricación de clavos, grapas, alambre espigado, y para 1967 ya había consolidado la marca de láminas “Premiun, la de la estrella”. En su periodo de expansión comercial, importó maquinaria alemana y japonesa, según detalla las memorias de la compañía. Por esos años, la empresa “consigue apilar 200 mil toneladas de chatarra en los terrenos que poseía en San José Villa Nueva”, y se introduce por primera vez en la transformación de chatarra en materia prima, una actividad por cuya simulación de compra fue acusada de evasión fiscal en 2016. Esta investigación documenta tres querellas presentadas en contra de AG por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en 2012, por defraudación tributaria entre el 1 de enero de 2006 al 31 de enero de 2009, y ha sido el punto de partida del caso, aun en marcha, contra la compañía.

Entre 1954 al 1970, la economía de Centroamérica tuvo un repunte como resultado de la integración regional y el desarrollo industrial. “La agro-industria y la industria crecieron espectacularmente, gracias a aranceles proteccionistas, bajos impuestos, inversión extranjera, el Mercado Común Centroamericano y políticas laborales represivas. Para el sector privado, ésta fue la “edad de oro”, en la que el gobierno les cedió la política económica”, explica Dosal en El Ascenso de las élites industriales en Guatemala.

AG creció y se consolidó al amparo de la Ley de Desarrollo Industrial de 1959, y exoneraciones fiscales sucesivas emitidas entre 1964 y 1966, durante el gobierno del general Enrique Peralta Azurdia. De las 371 empresas cubiertas por estos incentivos, según una investigación de tesis de grado de Economía de 1969, el tercer grupo de actividad económica más beneficiados por el tamaño de su capital fue el de “Industrias básicas de hierro y acero”.

Dosal señala que las industrias podían pedir aranceles proteccionistas e incentivos fiscales si se modernizaban o si ampliaban sus instalaciones, lo que les permitía reducir la posibilidad de enfrentar competencia de empresas locales o multinacionales. “Por ende, la ley otorgó a los industrialistas medios ajenos al mercado con el objeto que mantuvieran sus posiciones monopolistas u oligopólicas. La ley favoreció a empresas ineficientes que no podrían competir con productores extranjeros sin una legislación proteccionista”.

Los archivos que contenían la información sobre las empresas que fueron favorecidas con las exoneraciones fiscales indicadas fueron destruidos en 2006 por disposición del Ministerio de Economía.

El gobierno de Peralta Azurdia concedió a los industriales, en ese entonces ya organizados en la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), más que incentivos fiscales. En 1964, mediante el decreto-ley 170, dispuso la creación de un banco para promover la industria del país. El Banco Industrial, del cual Gabriel Abularach se convertiría después en directivo, fue capitalizado con el 10% de las exoneraciones fiscales que el Estado otorgaba a las empresas e industrias que se beneficiaron con ese decreto, y el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial. Con un capital de Q3.9 millones, fruto de las exoneraciones fiscales, nació el Banco Industrial en 1968, y los primeros en obtener créditos fueron los empresarios que lo “financiaron”. Un comité de representantes de la CIG, integrado por Enrique Matheu, Ramiro Castillo Love y Rafael Dávila Abularach, participó en la redacción de los estatutos del banco.

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Al mismo tiempo, la CIG promovía la creación de un banco privado para el desarrollo, denominado Financiera Industrial y Agropecuaria, S.A. (FIASA). A mediados de los 60, en el marco de las políticas de desarrollo de Estados Unidos para Centroamérica, la agencia estadounidense de cooperación para el desarrollo (AID), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la International Finance Corporation, apoyaron la creación de FIASA para inversión en la industria. Dosel incluye en su libro una declaración del gerente de operaciones de FIASA en 1972, Robert W. Scott: “nuestra Junta Directiva domina la industria guatemalteca; son los propietarios de la mayor parte de ésta”.

Según información contable del Registro Mercantil, AG adquirió un primer préstamo con el Banco Inmobiliario en 1973; en 1978 obtuvo créditos con FIASA, inscritos por el notario Marco Augusto García Noriega (quien más tarde sería presidente de la Cámara de Finanzas y en varios momentos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif)); en 1974, con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); con el North Carolina Bank, en 1977; y con el Banco Industrial, en 1979. Según Dosal, 30 de los 74 empresarios que recibieron créditos de FIASA, en 1971, tenían inversiones en esa institución bancaria. FIASA financió la ampliación de fábricas existentes, en las cuales sus directores tenían intereses financieros directos. “En vez de financiar proyectos industriales de alto riesgo presentados por aspirantes a empresarios, FIASA financió la ampliación de la oligarquía industrial y agraria existente”, concluye el historiador.

Conglomerado y expansión

En 1982, AG dejó de ser una empresa individual y se transformó en una sociedad anónima. Para ese momento, según información mercantil, la empresa contaba con activos por Q10,622,348.21, pasivos por Q7,132,348.21, y un capital por Q3,490,000.00. Era propietaria de distribuidoras como Distun, en la zona 1 capitalina (originalmente Distribuidora Universal en 1957), y la empresa Hornos S.A., fundada en 1974 y ubicada en su parque industrial en la zona 12, con una capacidad para producir mil toneladas de lingotes de acero partiendo de chatarra.

Con el cierre del Mercomun, en los 70, el recrudecimiento de los conflictos armados en la región, la caída de los precios de los productos tradicionales de exportación y el alza del petróleo, la economía guatemalteca empezó a contraerse. Los mercados nacionales se estrecharon, lo que dio pie a un proceso de reconfiguración de capitales. En su ensayo Elites y lógicas de acumulación en la modernización económica guatemalteca, la economista Mayra Palencia, da cuenta de este proceso con dos tipos de estrategias por parte de la élite económica: “integración horizontal” mediante fusión o sociedades entre empresas que se dedican a la misma actividad (como la fusión de la agroindustria azucarera, licores, energía y banca); y la “integración vertical”, la participación de la misma empresa en diversos puntos de la cadena productiva, con compañías de su misma propiedad o mediante alianzas con otros propietarios.

AG adoptó la estrategia de la “integración vertical” al convertirse en Corporación Aceros de Guatemala, un proceso que arrancó en los años 80 y se consolidó en los 90, y que integró a Hierro AG, Trefilados AG, Perfiles Intupersa AG, Maya Electrosoldada AG, INDETA S.A. y el Parque siderúrgico SIDEGUA. Así como las cadenas de distribución a través de Distun, Despensa Ferretera y Ferretería Ferrominera, también de su propiedad.

La estrategia de expansión también incluyó la adquisición de su competencia. La Industria de Tubos y Perfiles S.A. (Intupersa), fundada originalmente en 1961, fue adquirida en 1968 por la multinacional U.S. Steel, y comprada por AG en 1987, ampliando el alcance de la empresa a la fabricación de tubería industrial. En noviembre de 2008 Intupersa registraba un capital autorizado de Q60 millones.

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La expansión en la cadena de producción, desde la recolección de chatarra para su procesamiento con la empresa Derivados del Metal S.A., el procesamiento en Hornos S.A., o la transformación en varillas de construcción, malla, grapas, clavos, laminas, tubos industriales, prefilados, alambres de púas…

Lo que sigue es una serie de transacciones que ayudan a AG a consolidar su posición en Guatemala y luego en Centroamérica. En 1991, adquirió los puntos de distribución de Ferretería Ferrominera e inició la construcción de su planta de procesamiento Siderúrgica de Guatemala (SIDEGUA), en Masagua, Escuintla, que para 2007 tenía un capital autorizado de Q600 millones; en el mismo año Distribuidora Única S.A. fue tasada en su balance general en Q20.8 millones; Entidad Administradora de Proyectos Industriales S.A., en Q76 millones; Despensa Ferretera S.A., en Q4.62 millones; Minera Industrial S.A. en Q40.69 millones; Hornos S.A. Q299.09 millones. Mientras que Indeta S.A., adquirida en 1995 (y fundada en 1960 por la familia Sabeira para la fabricación de clavos y alambres), registra un capital autorizado de Q317.91 millones, y la propia AG Q800 millones para 2013.

Detrás de esa danza de cifras, está el peso de AG como el actor preponderante en el mercado del acero y sus derivados. En 1992 adquirió la Corporación Ferretera S.A. de C.V. (Corfesa), con la que bajo el nombre de Aceros Comerciales S.A. de C.V., desde octubre de ese año inició con la comercialización y distribución de materiales de construcción de sus productos en El Salvador. En 1996, AG incursionó al sector de la energía al inaugurar el Centro de Energía Escuintla (CEE), una planta de generación de energía eléctrica de 40MW utilizando combustible bunker.

Su primera conexión con el capital transnacional en calidad de socio se registró en 1998, cuando formó el holding SICSA, integrado por Corporación Aceros de Guatemala, la financiera hondureña Grupo Ficohsa (con participación en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos) y Grupo Charur (de capital mexicano) que compra la compañía Trefica y Diacesa, dedicada a la fabricación de alambre y sus derivados, en el departamento de Choluteca, Honduras, al grupo mexicano de productos de acero Grupo Cominsa. Para 2005 la administración completa de Intrefica&Diacesa (nuevo nombre de Trefica y Diacesa) pasó a control de Corporación Aceros de Guatemala.

En 2006 compró la marca “Premium, la de la Estrella”, a la empresa IMSA de México (Industrias Monterrey S.A. de C.V.), operación que es seguida en 2008 con una “alianza estratégica” con la empresa familiar brasileña Gerdau. Con el Grupo Gerdau, Aceros de Guatemala pasa a llamarse Corporación Centroamericana del Acero en América Central. Con una participación de US$180 millones (unos Q 1,333.71 millones), la empresa brasileña adquiere el 30% de las acciones de la compañía guatemalteca.

“La alianza con Corporación Centroamericana del Acero posiciona al Grupo Gerdau como uno de los más grandes players en Centro América y el Caribe. Centro América es una región estratégica y pasa a ser una importante operación, junto con las unidades de México y de la República Dominicana, para la atención de las demandas del mercado local. Además, Centro América ha presentado un excesivo crecimiento económico en los últimos años”, dijo André Gerdau Johannpeter, director presidente (CEO) del Grupo Gerdau, en un comunicado interno de la compañía respecto a esta adquisición.

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En un irónico juego de simetrías con su hermano menor, Grupo Gerdau, una de las principales empresas siderúrgicas de Latinoamérica, enfrentó tres meses después del escándalo de evasión de Aceros de Guatemala, su propia acusación por defraudación tributaria y sobornos a funcionarios estatales. La acusación de la fiscalía brasileña en este caso estima una defraudación de US$429 millones (unos Q 3,178.67 millones) en medio de una investigación denominada “Operación Zelotes", que sigue la pista a algunos de los principales empresarios brasileños por casos de defraudación estimados en US$6 mil millones (alrededor de Q 44,457 millones, más de la mitad del presupuesto nacional del gobierno de Guatemala en 2017).

Ambos casos, el de Grupo Gerdau y el de Aceros de Guatemala, se encuentran siguiendo el desarrollo teórico de Palencia: estrategias de concentración financiera que han echado mano de su relación patrimonial con el Estado para garantizarse privilegios fiscales, protección arancelaria, y, en algunos casos extremos, estructuras paralelas de poderes ilícitos para garantizar su expansión y diversificación capitalista. Con un pie en los despachos de los Ministerios de Economía, para diseñar las políticas de incentivos fiscales, y otro en las agencias tributarias para garantizarse evasión fiscal, las investigaciones judiciales apuntan a casos paradigmáticos de “captura del Estado” por las élites económicas.