AI pide que se investigue el asesinato de dos indígenas en Guatemala

Uno de los campesinos murió y dos resultaron heridos el pasado 12 de octubre, cuando un hombre armado, no identificado, disparó contra una multitud de trabajadores rurales indígenas que se manifestaban en la ciudad de Guatemala para protestar contra la política agraria del Gobierno, según la información de organizaciones de defensa de los derechos.

Anteriormente, el 27 de septiembre, un indígena murió a manos de guardias de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), filial de la empresa canadiense HudBay Minerals Inc, según informaron testigos.

El homicidio se produjo cuando los residentes de la zona se agruparon para protestar ante un posible desalojo forzado.

Testigos y activistas de defensa de los derechos humanos han manifestado que, durante aquel incidente, los guardias dispersaron violentamente a los vecinos en El Estor, departamento de Izabal, en el nordeste de Guatemala, apunta Amnistía.

Según declaraciones de testigos, los guardias de seguridad de CGN apuñalaron a un maestro local, Adolfo Ich Chamán, con un machete, y luego dispararon contra él y lo mataron.

Otras siete personas de la comunidad local resultaron heridas de bala, según indican los informes.
Por su parte, HudBay Minerals Inc. niega haber amenazado o efectuado desalojos forzados en la zona y sostiene que los manifestantes atacaron vehículos gubernamentales, saquearon una comisaría, robaron armas, atacaron un hospital patrocinado por CGN e hirieron a miembros de sus fuerzas de seguridad.

La empresa también ha dicho a Amnistía Internacional que no cree que el personal de CGN estuviera implicado en la muerte de Chamán.
"La violencia debe investigarse y los responsables no pueden quedar impunes", afirma en un comunicado Javier Zúñiga, asesor especial de AI.
Amnistía Internacional ha escrito a las autoridades guatemaltecas para instarlas a investigar e identificar a todos los responsables de actos violentos producidos en el contexto de la disputa en El Estor.

Demandante de Hudbay dice que "es difícil que en Guatemala se haga justicia"

 Angélica Choc, una de las guatemaltecas que presentó una demanda en Canadá contra la minera canadiense Hudbay, dijo hoy que ha tenido que acudir al país norteamericano porque es difícil que en Guatemala "se haga justicia".

Choc, viuda del líder indígena Adolfo Ich que fue asesinado en septiembre de 2009 en Guatemala presuntamente por agentes de seguridad de la mina Fénix, asistió hoy en Toronto al inicio del juicio contra Hudbay, cuya subsidiaria Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN) era la propietaria de la explotación minera.

Durante un descanso del juicio, Choc declaró a Efe que quiere que "se haga justicia y que paguen por todos los daños que han hecho. Que acepten su error porque ellos son responsables".

"Confiamos mucho en las autoridades de aquí porque en Guatemala es muy difícil que seamos escuchados y se haga justicia. Creo en Dios y tengo fe de que se haga justicia y que paguen por los daños", añadió Choc.
El bufete de abogados de Toronto Klippensteins Barristers & Solicitors acusan a Hudbay de "negligencia" por el asesinato de Ich por parte de los agente de seguridad de CGN así como por la violación de 11 mujeres indígenas y del ataque contra Germán Chub Choc que le dejó paralítico en una silla de ruedas.

En declaraciones, el abogado Murray Klippenstein destacó que el caso de Choc y los otros demandantes guatemaltecos contra Hudbay es "histórico", porque es la primera vez que una compañía minera canadiense se enfrenta a un juicio en Canadá por supuestos abusos ocurridos fuera del país norteamericano.

"Es una increíble victoria para los derechos humanos", dijo Klippenstein quien añadió que sienta un precedente importante.

Graham Russell, de la organización de defensa de los derechos humanos Rights Action, coincidió con Klippenstein y añadió que puede tener implicaciones en la política canadiense en Latinoamérica.

"Es un caso único aunque debería haber cientos de casos como éste en los tribunales canadienses porque de lo que se acusa a Hudbay es muy corriente en muchas otras partes del mundo. Pero es el primer caso que está en los tribunales", declaró Russell.

Russell destacó "el desequilibrio" entre el poder de Hudbay, "que ha contratando uno de los mayores bufetes de abogados de Canadá, gastando millones de dólares para pelear legalmente contra unos clientes humildes y pobres, con abogados que están trabajando de forma gratuita".

"Esto va a tener implicaciones sobre la actuación de las compañías y tarde o temprano tendrá implicaciones en cuanto a los inversionistas y en la política de nuestro gobierno", añadió Russell.

"Dicen en Guatemala que la embajada canadiense sirve como una oficina de relaciones públicas para las compañías mineras. Ahora que este caso está sirviendo de precedente, va a tener implicaciones", terminó señalando.

Durante la vista de hoy, los abogados defensores de Hudbay argumentaron ante la jueza Carole Brown, del Tribunal Superior de Ontario, que rechace el caso porque no tiene base, excede las limitaciones y porque los tribunales canadienses no tienen jurisdicción.

El abogado Robert Harrison argumentó que de acuerdo con las leyes canadienses, ninguna empresa matriz es responsable por las acciones de empresas subsidiarias.

La mina Fénix, situada en la localidad guatemalteca de El Estor, era propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel. El 88,2 % de CGN estaba bajo control de HMI Nickel, subsidiaria de Hudbay Minerals.
Hudbay vendió Fénix en septiembre de 2011 a la empresa rusa Solway Group, operación en la que, según indicó Russell, la compañía canadiense perdió 290 millones de dólares.

Harrison indicó a la jueza Brown que "no encontrará ningún caso en Canadá" en el que una compañía matriz ha sido condenada por actos cometidos por alguna de sus subsidiarias. "Esa es la ley", añadió.
Mañana está programado que los abogados de Choc presenten su caso ante la jueza Brown.