99 audiencias y 150 testigos después, una sala de apelaciones dice que otro tribunal debe juzgar a Lucas García
99 audiencias y 150 testigos después, una sala de apelaciones dice que otro tribunal debe juzgar a Lucas García
La Sala de Apelaciones Primera de Mayor Riesgo, aceptó la recusación solicitada por la defensa de Benedicto Lucas García. El ex jefe del Estado mayor del Ejército es acusado de cometer genocidio, violencia sexual y desaparición forzada durante 1981 y 1982.
Es el segundo juicio que se realiza por genocidio en Guatemala y el tercer juicio de Lucas García. La recusación llegó en la etapa de conclusiones del debate oral y público, cuando estaba cerca de una sentencia.
El juicio contra Benedicto Lucas García comenzó el 5 de abril de 2024. Siete meses después, el siete de noviembre, luego de escuchar a testigos, víctimas y peritos, el Ministerio Público (MP) solicitó 2,860 años de prisión para el exmilitar: 30 años por el delito de genocidio, 30 más por deberes contra la humanidad y 40 por cada una de las 70 personas desaparecidas durante su mandato.
En la etapa de conclusiones del juicio, el 13 de noviembre, la defensa de Lucas García dijo al tribunal que ahora gozaban de un amparo provisional para que se conociera una solicitud de recusación. La defensa, que está a cargo del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), pedía el cambio de juzgado porque a su criterio se había mostrado parcialidad durante una de las audiencias.
Ese día, el juzgado de mayor riesgo A, presidido por el juez Gervi Sical, decidió continuar con la audiencia. Era la número 99, ya se habían escuchado a algunas de las víctimas de violencia sexual y testigos de las masacres cometidas. Mientras la defensa exponía sus conclusiones, la jueza vocal, Lilian Patricia Ajam se desmayó y la audiencia se suspendió.
Aunque se había programado continuar el día siguiente, Sical anunció que no se haría porque la jueza Ajam no se había restablecido completamente. La audiencia no fue retomada.
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Defensa de Benedicto Lucas logra recusación
El 26 de noviembre se realizó una vista pública para conocer el amparo interpuesto por la defensa del caso. La abogada Jovita Tzul Tzul, quien es parte de la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJV), parte de los querellantes adhesivos, dijo: «estamos ante una acción constitucional evidentemente frívola que lo único que busca es dilatar el acceso a la justicia de las víctimas, víctimas sobrevivientes de grandes violaciones de derechos humanos».
La abogada también solicitó que la sala de apelaciones tomara en cuenta que entre los más de 150 testigos que se presentaron durante el juicio hay personas de la tercera edad que son sobrevivientes de violencia sexual.
Dos días más tarde la sala de apelaciones integrada por la magistrada presidenta Miriam Regina Brolo Salazar y los vocales Marco Tulio Pérez Lemus y Jorge Emilio Morales Quezada, aceptó la recusación.
Ahora el Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos Cruz conocerá el caso.
Castellanos presidió el tribunal que absolvió a José Mauricio Rodríguez Sánchez en la repetición del primer juicio por genocidio. Castellanos Cruz y el juez vocal Jaime González explicaron en ese momento que las pruebas contra Rodríguez Sánchez no demostraban que hubiera cometido genocidio.
Mientras que para la otra jueza vocal, Sara Yoc Yol, el exmilitar sí era culpable pues había sido nombrado desde el primer día del mandato de Ríos Montt como director de inteligencia.
En esta ocasión, además de Castellanos Cruz en la presidencia del tribunal que juzgará a Lucas García, estará la jueza vocal Marling Mayela González. Sin embargo, aún no hay reemplazo para la otra jueza vocal, Elia Raquel Perdomo Ruano, quien fue electa como magistrada de sala.
Si la recusación no es detenida, el caso tendría que esperar a que la Corte Suprema de Justicia nombre a un nuevo vocal.
Una bofetada a las víctimas
«Una recusación no significa necesariamente la anulación de un proceso», explicó Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODHAG. Esta organización es querellante adhesiva en el juicio.
Rodenas dice que las pruebas deben presentarse frente a los jueces para que las evalúen y tomen una decisión. Por eso la recusación significa que el debate debe hacerse de nuevo. «Un nuevo tribunal no puede tomar una decisión porque no se produjo la prueba frente a ellos, prácticamente significa reproducir todo un debate».
Hasta ahora se habían realizado 99 audiencias en siete meses. Más de 150 testigos explicaron lo que vivieron o vieron, debiéndose movilizar para ello desde sus comunidades hasta la capital. Con el cambio de tribunal, se debe repetir.
Sin embargo, la decisión de la sala de apelaciones puede ser impugnada por los querellantes. «Todavía existe un plazo que se puede utilizar, estaremos dentro de ese plazo realizando la impugnación correspondiente», dijo Rodenas.
También calificó como una bofetada la decisión de la sala de apelaciones. «Es darle la espalda a la población ixil, que son quienes han estado buscando justicia. Es decir, para ellos no hay justicia. Fue una estrategia de parte de la defensa para obstaculizar que el tribunal tomara una decisión».
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