B410: la historia de un fabricante de empresas fantasma y el maestro que prestó su protocolo
B410: la historia de un fabricante de empresas fantasma y el maestro que prestó su protocolo
Aprendió a crear sociedades con el abogado José Arenales. Algunas de esas sociedades se han usado para ocultar patrimonio o para evadir impuestos, una práctica común en el mundo de negocios de Guatemala.
David Barrera era un desconocido cuando estalló el caso La Línea. Su nombre apenas resaltó en aquellos tiempos, aunque según su mentor, José Arenales Farner, se giró una orden de captura en su contra y le obligó a él a presentarse ante el Ministerio Público para explicar que no tenía nada qué ver con las sociedades creadas para ocultar dinero proveniente de la defraudación aduanera.
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Este año Barrera volvió a salir a la luz por el caso B410, con mucha más fuerza y mayor protagonismo. Y no por casualidad vuelve a llamar la atención hacia su antiguo jefe y el hermano de éste.
La madre de todas las defraudaciones
La estructura B410 es el entramado de empresas diseñada para evadir 800 millones de quetzales en impuestos entre 2021 y 2023. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) descubrió la red porque no declaraba el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni el Impuesto Sobre la Renta (ISR), y por la resistencia que pusieron muchas de las compañías para ser fiscalizadas. Argumentaban la pérdida de sus archivos.
Los auditores de la SAT primero detectaron a varias constructoras que incurrían en omisos. Empezaron a investigarlas y encontraron que compartían el mismo notario o representante legal, el número de teléfono, la dirección, colonia Banvi II zona 7, los mismos socios. Además, coincidía en la alteración de documentos (como recibos de servicios) que usaron para registrarse.
Todo eso condujo a los investigadores de la SAT a localizar las 410 compañías que conforman el caso de evasión tributaria más grande, hasta ahora, en la historia del país. Según la SAT, 30 de esas empresas han proveído al Estado y a la vez adquirieron bienes o servicios ficticios de la red B410. La evasión de este pequeño grupo suma hasta la fecha 517.2 millones de quetzales, pero esa cifra puede crecer.
La SAT presentó el 13 de agosto la primera denuncia en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera por la posible comisión de delitos tributarios y potenciales delitos vinculados contra 35 contribuyentes. Envió una copia a la Contraloría General de Cuentas y otra al Ministerio Público. Al día siguiente hizo público el caso en una conferencia de prensa.
Un mes después, el 10 de septiembre, amplió la denuncia penal por la presunción de la comisión de los delitos tributarios del mismo grupo B410, esta vez contra 206 compañías.
«Intentamos hacerle auditoria a estas empresas, pero muchas de ellas se negaron bajo el argumento de una denuncia de pérdida de papelería. Sus ventas son de 5 mil millones de quetzales. El hecho de que su contabilidad no esté al día y que se haya perdido la papelería resultan excusas de verdad tontas», dijo Marco Livio Díaz, jefe de la SAT, en una conferencia del ocho de octubre.
Díaz explicó que, si los empresarios hubieran atendido las auditorías y presentado la papelería incluso hubieran logrado convenios de pago, pero al tratar de evitarlo fueron descubiertas. «Todas las compañías que tienen esos tratamientos ante una fiscalización son tratados como defraudadores de impuestos, evasores de impuestos. Eso significa que si hay una diferencia no los llamamos a una conciliación tributaria, sino que presentamos demandas penales en contra de ellos», señaló Díaz.
La mega estructura está vinculada con Alter Ego, una sociedad constituida en Belice, y con David Francisco Barrera Maldonado el abogado que representa a más de la mitad de las empresas. Él aprendió a constituir sociedades a los 22 años cuando trabajó como asistente del abogado José Arenales Farner, hermano de Alejandro, el decano de la facultad de Derecho de la Universidad del Istmo (UNIS).
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El aprendiz y su maestro
El nombre de Barrera Maldonado no fue revelado por la SAT sino por una nota publicada en eP Investiga dos días después de que se desveló el caso. Según el portal Guatecompras, este abogado tiene representación en 320 compañías.
Se graduó de abogado y notario en la universidad Da Vinci, tiene una maestría en Derecho Mercantil y Corporativo en la Universidad de San Carlos y aparentemente cursa un posgrado en la facultad de Derecho en esa misma casa de estudios, según un listado de alumnos publicado en la página de la Usac. Nació el 11 de marzo de 1984 y creció entre la colonia Amparo y la Bethania, zona 7, a la vecindad de la colonia Banvi II, dirección que años después usó de referencia para el entramado empresarial.
Su bufete se llama Barrera Legal abogados & notarios y estaba ubicado en el sexto nivel de la torre Masval zona 9. La oficina la compartía con su colega José Luis Oropín, también involucrado con las empresas de la red B410, y con José Alexander Ortíz Ruíz, exmagistrado hasta este año de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal. Ortíz también tenía ahí su bufete, «Ortíz, Recinos & Asociados». Se buscó a Ortíz, pero no atendió la solicitud de entrevista.
El lugar fue allanado por el MP en agosto como seguimiento a la denuncia de la SAT. Después de esas diligencias judiciales cambió su dirección a unas ofibodegas en Mixco y retiró su perfil público de la página del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Mantiene un silencio escrupuloso y aunque fue buscado por Plaza Pública para que ofreciera su visión en esta nota, prefirió no hablar.
Su mentor fue José Arenales Farner y le enseñó el oficio cuando Barrera todavía era universitario.
Arenales Farner se graduó de abogado y notario en 1997 en la Universidad Francisco Marroquín. Es hermano menor de Alejandro, el decano de la facultad de Derecho de la Universidad del Istmo (Unis) y exintegrante de las Comisiones de Postulación para Cortes de este año y de Fiscal General, tres años atrás.
Luego de graduarse José trabajó para su hermano en el bufete Arenales & Skinner-Klee entre 1997-2002. Después se independizó e instaló su propia oficina en zona 10. En 2006, aproximadamente, publicó una convocatoria para contratar asistente. Después de entrevistar a varios aspirantes decidió contratar a David Francisco Barrera Maldonado el ahora notario del caso B410.
Barrera era entonces estudiante de segundo año de Derecho en la universidad e iniciaba su carrera. «David Barrera aprendió mucho de ser abogado conmigo. Estuvo siete años conmigo», dijo el abogado, José Arenales Farner, en una entrevista con este medio.
Crear sociedades y venderlas a quien las solicitara era una de sus principales actividades. Por aquella época tenía clientes eventuales y fijos, Legalsa era uno de esos. «Yo las armaba relativamente fácil. Una constructora me pedía como una sociedad al mes más o menos porque compraba terrenos que quería desarrollar», contó.
Para cumplir con la demanda de sociedades anónimas que le pedían sus clientes utilizaba como socios fundadores o representantes legales a Barrera, su asistente; Oswaldo Enrique Balaña Portillo, el contador: y a una mujer que trabajaba con Arenales en la Escuela de Buceo.
«(Barrera) ni siquiera sabía hacer sociedades, pero yo lo tenía como representante legal (...) Yo siempre le daba algún incentivo porque el sueldo era muy bajo. Siempre se quejó del sueldo. Él decía que era casado y tenía un hijo», recordó.
Arenales explicó que tomar a cualquier persona y colocarla como socio o representante no era ilegal y que al vender las sociedades ya era el nuevo cliente quien las cambiaba o no de nombre, pero como asegura que sus compradores eran de «buena fe» no le ve problema a este mecanismo.
Sin embargo, ese aprendiz se convirtió en su hombre de confianza porque con el tiempo se encargaba de todo. Ya sabía que la dirección que se utilizaba para registrar las empresas, que era la del bufete, en zona 10, y las personas que debía usar para inscribir las sociedades. Así que, Arenales solo llegaba dos o tres veces por semana a firmar el protocolo. El abogado pasaba más tiempo, según comentó, vendiendo pallets de madera en un local entre El Progreso, y el cruce para las Verapaces y dejaba la oficina a cargo de Barrera.
El negocio quebró y regresó a atender su bufete. En 2015, cuando sucedió la captura de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, y el encarcelamiento del expresidente, Otto Pérez Molina, a causa del caso de defraudación aduanera, La Línea, Arenales Farner dice que entre las sociedades implicadas en la evasión apareció una vinculada a David Barrera.
Según el abogado, Barrera vendió dos sociedades a dos de sus clientes y las registró en la dirección que usualmente utilizaban, pero las facturó y cobró a escondidas suyas. Él se enteró cuando fue citado por el Ministerio Público (MP) junto a un constructor y a otra firma de abogados, quienes adquirieron esas sociedades, para establecer la relación que todos tenían con Barrera.
Arenales dijo al MP y a sus clientes que esas empresas no fueron registradas en su protocolo y que aparentemente las constituciones se realizaron sin su conocimiento. «Me generó tantos problemas. Él dejó de ir a mi oficina porque ya sabía en el lío que me había metido. (Barrera) Tenía dos órdenes de captura en ese entonces», aseguró.
Se solicitó el registro de denuncias contra David Barrera en el MP a través de un correo enviado a la Unidad de Acceso a la Información, pero respondieron que se tenía que presentar una carta autorizada por él para poder entregar los datos. También se le pidieron esos mismos datos al jefe de prensa del Ministerio, Juan Luis Pantaléon, pero al cierre de la nota no contestó.
Además, se intentó contactar a Barrera vía telefónica, por correo y en la nueva dirección que hasta hace unos días aparecía pública en el directorio del Colegio de Abogados para conocer su versión y no respondió.
Esta no fue la única empresa relacionada a Arenales y Barrera que tuvo problemas.
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Mismo problema en otras sociedades
En archivos hemerográficos se encontró que al menos dos empresas que fueron constituidas por el abogado Arenales Farner y una más que vinculaba a estas tuvieron problemas judiciales en 2016. Canyon Group, S.A. fue investigada por la fiscalía contra el lavado de dinero luego de que intentó comprar por 285 mil 289 quetzales los aguacates Hass que subastaba la Secretaría Nacional de Extinción de Dominio de la finca del expresidente Otto Pérez Molina.
La representante legal de Coral Gables Business Group, Rebeca Cordón, fue ligada a proceso penal por el arrendamiento de un edificio al Seguro Social por 1.8 millones de quetzales por unas instalaciones que nunca llegaron a ser utilizadas.
Mientras que, Halifax Limited, S.A. registrada por otro notario, pero que compartía dirección con Canyon Group fue acusada en el caso Cooperacha por ser la arrendataria de dos helicópteros que pertenecían al binomio presidencial (Pérez Molina y Baldetti) a pesar de que no tenía capital para ser propietaria de las aeronaves. Ambas empresas estaban ubicadas en una casa particular en la que nadie atendió ni a los fiscales ni a la prensa.
En cuanto a David Barrera su nombre figuró en medios en 2019 cuando Corporación Klondie, S.A. de la que era representante legal presentó una licitación por más de 110 millones de dólares para construir, instalar y operar cinco parques fotovoltaicos para el Instituto Nacional de Electrificación (INDE). La empresa actuaba en nombre de Scatec Solar, una compañía noruega que participaba en el evento. El negocio no se consumó debido a varios señalamientos de corrupción durante el proceso y la Corporación fue liquidada y clausurada en julio de 2022.
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El hermano del mentor de Barrera
Alejandro Arenales Farner es decano de la Facultad de Derecho de la UNIS desde hace dos años. Es abogado y doctor en Derecho con 69 años de edad. En su extensa carrera ha integrado comisiones de postulación en cuatro ocasiones. En 2019 y 2024 para elegir magistrados para Cortes y en 2008 y 2022 para Fiscal General.
Además es asesor legal del Banco Promerica una entidad financiera con presencia en Latinoamérica y El Caribe. Aunque no tiene ninguna vinculación con la red B410 ni con el bufete de su hermano, Promerica también ha tenido problemas con la SAT. En 2022 la Superintendencia acusó a Edgar Rolando Bran Alvarado, gerente general y representante legal del Banco de defraudación tributaria y casos especiales de estafa, según consta en un boletín de la Corte de Constitucionalidad (CC). Así que, solicitó el arraigo de Bran; el embargo precautorio de cuentas bancarias monetarias, de ahorro y de plazo fijo en moneda nacional y extranjera, y el embargo con carácter de intervención de la empresa, pero la CC denegó la petición.
Aparte de ese caso entre 2018 y 2022 Promerica tuvo cuatro procesos más en el Juzgado de Primera Instancia Penal especializado en Materia Tributaria y Aduanera en los que se le impusieron varias multas e intereses que suman Q43 millones 646 mil 937. Consultadas al respecto, tanto la gerencia del banco como el Departamento de Comunicación de la SAT prefirieron no responder.
El Departamento Jurídico de la SAT indicó que no atendería la solicitud de ampliar la información respecto a estos casos.
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Empresas de Arenales y el B410
Aunque José Arenales explicó que se separó de David Barrera hace alrededor de 10 años, el caso B410 puso en duda ese extremo porque una empresa que denunció la SAT fue constituida por él hace 18 años.
La sociedad es Calakmul que facturó 420 mil quetzales al Estado por arrendamientos a la Municipalidad de Guatemala y la Dirección General de las Artes. El abogado reconoció que constituyó esa empresa en 2006, pero que después la vendió a su colega, Rafael Humberto Garavito Gordillo, quien a su vez la puso al servicio de otro cliente.
Calakmul, S.A. tiene registrada su dirección en zona 10 donde anteriormente estaba el bufete de José Arenales. Otra compañía denunciada por la SAT es Kaizen Inc. la cual vendió al gobierno 2 millones de quetzales. Esta se encuentra en la colonia Banvi II en donde también se registra el domicilio de Arbenz S.A., y donde se registró la mayoría de las empresas involucradas en el caso B410.
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Arbenz, S.A., es otra sociedad que también aparece constituida por Arenales, según datos del Registro Mercantil, pero él niega haberla constituido. «Esa no está en mi protocolo. Jamás, si yo soy contrario a Arbenz. Cómo voy a dejar que hicieran una (sociedad) con nombre Arbenz si yo soy de derecha 100% (...) Eso me preocupa muchísimo, que David me pasara algo para firmar», respondió.
Arbenz, S.A. tiene como representante a David Barrera y comparte número de teléfono con Commerce Madness, S.A. otra integrante de la estructura B410. Mientras que, Corporación I.T.C. S.A. (Intercentro.tv) que no está involucrada en el caso de defraudación y que fue fundada en 2005 tuvo a David Barrera como representante legal hasta 2021.
«Ninguna de esas empresas inscritas en mi protocolo tienen ninguna vinculación con el acto defraudatorio porque son empresas que yo le vendía a gente de bien. Conozco hasta cierta medida a los clientes, pero qué hagan ellos con sus sociedades ya no es un tema del abogado. Si de repente sale un criminal y yo le hice la sociedad, I’m sorry yo no sabía que era un criminal», contestó.
El abogado José Arenales dijo que analizaba denunciar a Barrera porque continúa utilizando direcciones y teléfonos -de su antigua oficina- para las sociedades que vende y por la creación de Arbenz, S.A..
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Sociedades para evadir impuestos
Abelardo Medina economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) explicó que la compra-venta de sociedades es legal y es una práctica común en Guatemala y en otros países, pero que la falta de control por parte del Registro Mercantil, la SAT y la Contraloría General de Cuentas permite que abogados, contadores y tramitadores usen a cualquier persona como socios fundadores o representantes legales y coloquen direcciones falsas para registrar una compañía.
«Lo que sucede es que estos esquemas de empresas que son más fantasmas que Gasparín son montados con el propósito expreso ya sea de defraudar al Estado o a alguna empresa privada para simular ventas que no se realizaron o con el propósito expreso de evitar el pago de impuestos a través de aparentar que hay muchos compradores y vendedores», comentó.
Otra debilidad de las instituciones dijo es que se toman acciones legales solo cuando descubren a los contribuyentes y las sanciones se diluyen porque no hay medidas drásticas para frenar esa práctica. Eso permite a los creadores de empresas como a quienes las adquieren a jugar un poco con la suerte de pasar o no desapercibidos por las autoridades.
En relación a los notarios indicó que, aunque como dijo el abogado José Arenales los notarios no son responsables del uso que sus clientes les den a las sociedades, por ética no deberían incurrir en la construcción de estas redes.
Según el experto la implementación de medidas rigurosas, como la verificación de las direcciones fiscales y la confirmación personal con los socios o representantes legales debería ser obligatorio para la conformación de una empresa. Sin embargo, aunque la SAT audite y sancione a los evasores estos pueden borrar sus faltas con solo ponerse al día en el pago de impuestos. Medina teme que las penas no sean más drásticas porque probablemente alcanzarían a grandes empresarios.
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La SAT tiene esperanzas
Marco Livio Díaz aseguró en octubre que la SAT ha inhabilitado a 30 contribuyentes del régimen del IVA y del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), pero que 11 de esos ya fueron rehabilitados. Nueve por un amparo que obtuvieron de una Sala de Apelaciones y dos porque solventaron su situación tributaria.
Sin embargo, hay 21 amparos más presentados de los cuales solo uno ha sido negado. «Tenemos una discrepancia muy seria con la Sala sobre las facultades que tiene la SAT de deshabilitar a los contribuyentes en el régimen del IVA, a pesar de que la Ley Orgánica y el Código Tributario nos dan esa potestad», señaló.
La Sala del Ramo Penal en materia Tributaria y Aduanera que ha amparado a los empresarios es presidida por Luis Fernando Aroche Arrecis. El magistrado integra esa Sala desde 2017 cuando quedó como vocal II, en 2023 fue electo por primera vez como presidente y en octubre de este año obtuvo la reelección.
Díaz explicó que en Guatemala solo hay dos tribunales especializados en materia tributaria por lo que se deberían crear más para atender la demanda. Confía en que la Corte de Constitucionalidad en repetidas ocasiones les ha dado la razón para sancionar a quienes tienen omisos por lo que ya apelaron los amparos otorgados a las sociedades y esperan tener un fallo a su favor.
«Este amparo yo creo que es provisional que la Corte nos va a dar la razón y los vamos a volver a deshabilitar así que esto será un compás de espera mientras ejercemos las acciones legales que corresponden», reiteró. También comentó que el MP ha hecho allanamientos y les ha requerido más información por lo que la investigación está en marcha.
Hasta el ocho de octubre, la SAT había realizado embargos que ascienden a 106.4 millones de quetzales y 440 mil en dólares; y contabilizaban 24.1 millones de quetzales recaudados en pago de impuestos de las empresas del B410 que se acercaron a solventar sus casos.
A pesar de esos avances, David Barrera continúa libre y hasta la fecha el MP no ha girado orden de captura en su contra, por lo que todavía no se puede establecer quién fue el principal cliente de las sociedades que creó para evadir impuestos y simular compra ventas.
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