El primer presupuesto de Menkos: ofrece crecimiento económico con rubros cuestionados
El primer presupuesto de Menkos: ofrece crecimiento económico con rubros cuestionados
La asignación de recursos a los Consejos Departamentales de Desarrollo y al Ministerio de Comunicaciones ha sido la más criticada para el plan de gastos de 2025, históricamente son los «bolsones de corrupción». Como respuesta el ministro de Finanzas proyecta un crecimiento de hasta 4.2% y que no debería existir un solo hoyo en la carretera.
«Es un presupuesto potente» es la frase que usó el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, para defender los recursos aprobados por el Congreso la madrugada del 27 de noviembre a mitad de una turbulenta sesión.
Según el ministro Menkos, la potencia de este plan de gasto por más de 148,526 millones de quetzales permitirá alcanzar en el mediano plazo crecimiento económico de hasta 4.2%, casi un punto más de los últimos años en los que se alcanzó 3.5%.
Menkos señala que, se trata de un cambio en la política fiscal, con un aumento en el gasto de inversión, que permite un mayor dinamismo en la economía y en la generación de empleo, además de enfocarse en la reducción de las brechas en los indicadores sociales que afectan a la población.
El costo del presupuesto se financiará principalmente con recursos provenientes del pago de impuestos, préstamos contratados con organismos internacionales, saldos de caja y 25 mil millones de quetzales de deuda en Bonos del Tesoro, que representa un 16% del presupuesto aprobado.
Entre las críticas que recibió el presupuesto estatal está la asignación de los fondos aprobados para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), este último tiene recursos para infraestructura por 17,193.9 millones de quetzales. Además, se incluyó a solicitud de la bancada oficialista un artículo adicional para elevar el techo del CIV por 3,500 millones que se destinará a un plan extraordinario de rehabilitación de puentes y carreteras.
Los Consejos de Desarrollo y el CIV han sido cuestionados por la baja ejecución y opacidad en la contratación para la construcción de las obras. Aun así, el Congreso adicionó 4 mil millones de quetzales como aporte ordinario a los Codede y una asignación extraordinaria de 5 mil millones, sin conocerse el listado de obras a las que se destinarán. Con el saldo que se deja de este año, tendrán un disponible de 12,500 millones de quetzales. A la fecha, han ejecutado del total de lo asignado para 2024 el 29.76%, equivalente a 1,524.7 millones de quetzales.
Necesidad de vigilar
Guillermo Díaz, investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas (Icesh) de la Universidad Rafael Landívar indica que los recursos destinados a este rubro «son una oportunidad para dinamizar las economías locales y proveer infraestructura orientada a la solución de problemas que aquejan a la población, como la falta de acceso a agua potable, drenajes, pavimentación o apertura de caminos rurales».
El académico considera que la sociedad civil debe realizar monitoreos a fin de garantizar la calidad y transparencia del gasto que realizarán las alcaldías, ministerios y los Codede. La primera línea de fiscalización es la participación ciudadana en los Consejos desde el momento en la asignación de los proyectos; la verificación de toda la información que se publique y poder realizar inspecciones in situ y revisar que no se fraccionen los pagos en montos pequeños para el mismo proyecto.
Para Díaz, el gran problema en este caso es que se asignaron montos, no obras y eso permite más discrecionalidad en la ejecución.
Al respecto, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) señala que los Codede tendrán en 2025 la disponibilidad de 12,500 millones de quetzales, de esa cuenta es «indispensable que el Gobierno asuma la responsabilidad que quienes se desempeñan en la Gobernación Departamental, Dirección Ejecutiva de los Consejos y las unidades técnicas departamentales» además del apoyo político cuenten con capacidades técnicas, conozcan la normativa vigente para la ejecución de fondos públicos y estén sujetos a evaluación y certificación de resultados.
[frasepzp1]
Los auditores y sus asignaciones
Parte de la tarea de la marcha de la ejecución en estos fondos corresponderá al apoyo que se tenga desde la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) a cargo de Carlos Mendoza; la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), que dirige Víctor Hugo Godoy; la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam) y las asesorías contratadas por la Secretaría Privada de la Presidencia en temas municipales.
Menkos durante la conferencia de presentación del presupuesto 2025 indicó que a la Contraloría General de Cuentas (CGC) se le asignaron 110 millones de quetzales adicionales para que cumpla con la fiscalización del gasto, en particular fiscalizar físicamente las obras públicas y de infraestructura.
La entidad que dirige Godoy pasó este año de un presupuesto de 67 millones a 71.5 millones de quetzales, y la Segeplan mantiene su asignación de 140 millones. Para el próximo ejercicio fiscal, la SCEP tiene previsto 86 millones y un monto adicional para fortalecimiento de capacidades y funcionamiento de 25 millones, es decir, suma 111 millones.
Para Segeplan la asignación de 2025 es de 143 millones de quetzales, y para el Instituto de Fomento Municipal se destinan 19 millones adicionales a su presupuesto.
El CIV elabora el plan extraordinario que se financiará con los 3,500 millones de quetzales adicionales, pero con la puesta en marcha de las obras, el titular del Minfin aseguró que no deberá haber ni un hoyo en las carreteras del país. En el presupuesto «no hay un solo artículo que entregue un cheque en blanco», asegura al comentar que con el buen manejo de los recursos lo que antes alcanzaba para hacer un kilómetro ahora deberá alcanzar para 1.5 kilómetros.
[frasepzp2]
Críticas al déficit fiscal
Las condiciones macroeconómicas para el plan de gastos estatal también recibieron críticas, el déficit fiscal previsto es de un 3.1% respecto del Producto Interno Bruto (PIB), el presupuesto aprobado lo cubrirán con 109,309.5 millones de quetzales de ingresos tributarios.
En 2024, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) estima un cierre de 101.6 mil millones de quetzales, aunque el convenio de metas de recaudación suscrito con el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) sigue sin una adenda para elevar el monto inicial de 85,765 millones.
El saldo de la deuda pública con respecto al PIB, hasta octubre de este año, era del 27%, el porcentaje más bajo de la región. El Salvador registra un 85%, el más alto. El límite crítico para este indicador para países emergentes es del 25%.
El nivel del saldo de la deuda con respecto a los ingresos tributarios superó el 266%, según el informe de Crédito Público. El año pasado situó este indicador en 232.9% y estuvo en el punto más alto en 2020 con 313.9% derivado de las medidas para mitigar el impacto de la pandemia. El valor crítico para este dato es de 250%, es decir que el país ya ha superado estos niveles.
No obstante, en un escenario menos pesimista, María Antonieta de Bonilla, exministra de Finanzas Públicas en declaraciones en un programa de radio dijo que el déficit fiscal que presenta el presupuesto 2025, aunque es más alto que el parámetro adecuado,« no será tan exagerado si los recursos van a infraestructura para que la economía crezca más».
Más de este autor