Anacafé, pública o privada según las necesidades

Cuando la mancha empezó a extenderse por las hojas de las plantas de café, en octubre del año pasado, los productores comprendieron que su cosecha resultaría afectada y que los ingresos previstos para este año se reducirían, a menos que se hiciera algo para combatir aquella infección de hongos en sus cultivos.

La Asociación Nacional del Café (Anacafé) se convirtió en el centro de la atención cuando la plaga de roya se extendió por las plantaciones del país y no hubo dinero para combatirla debido a que el Ministerio de Finanzas (Minfin) había retirado parte de un fideicomiso orientado a apoyar al sector cafetalero y lo utilizó para cubrir las necesidades presupuestarias de 2012.

El debate con respecto a la legalidad de la decisión del titular del Minfin, Pavel Centeno, y las medidas para enfrentar el problema aún está abierto, aunque no hay indicios de que el Gobierno vaya a devolver los Q393.49 millones tomados del fideicomiso.

Sin embargo, el Ejecutivo no ha quedado exento de ofrecer ayuda económica a esta entidad cuyas características la hacen diferente a cualquier otra dependencia pública, creada para fortalecer un área específica de la iniciativa privada.

Proteccionismo para un sector

“Anacafé es privada hasta que tiene que recibir recursos del Estado”, expresa Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Sus órganos rectores cuentan con total independencia y la participación del Gobierno se limita a representaciones minoritarias entre delegados empresariales o cooperativistas.

En realidad, Anacafé es una entidad de derecho público. Su origen hay que buscarlo en 1969.

Durante el Gobierno de Julio César Méndez Montenegro, se emitió la Ley del café, reformada en 1972. 

. En ella se establece la creación de Anacafé, sus funciones, su estructura y su financiamiento. Anacafé está conformada por personas individuales y jurídicas dedicadas a la producción de café. Su objetivo: “cooperar con el Estado a la protección de la economía nacional en lo relativo a la producción y comercialización del café; y defender los intereses gremiales de los productores del grano”.

La Asociación sufraga sus gastos con el 1% de las exportaciones de café, según el precio Libre a Bordo -el precio en el país de origen antes de embarcarse. Esto implica que su presupuesto anual depende de los volúmenes de exportación y los precios del mercado internacional. Estos factores determinaron que entre 2010 y 2011, el 1% de estas exportaciones equivalió a Q113.6 millones; mientras que en el período 2001-2002 la cantidad fue de Q25.2 millones.

Los caficultores no están obligados a formar parte de la institución, pero sólo pueden exportar café quienes estén autorizados por ella. Quienes no consigan este permiso, deben conformarse con el mercado local.

Su junta directiva está conformada por 20 miembros, la mitad de ellos son suplentes. Doce de los integrantes son elegidos por los productores. El número de votos se determina según su producción. Quienes producen de uno a 100 quintales, tienen derecho a un voto, Los que producen de 101 a 3 mil quintales tienen un voto adicional por cada 100 quintales. Los productores de cantidades superiores tienen un voto adicional por cada 200 quintales.

Las cooperativas, representadas por la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (Fedecocagua) y la Federación de Cooperativas de las Verepaces (Fedecovera) eligen a cuatro más de los integrantes y los cuatro restantes son delegados del Gobierno y del Consejo de Política Cafetera, órgano integrado por Ministros de Estado y por el presidente de Anacafé.

“Se trata de una ley antigua, que beneficia a los grande productores”, expresa Úrsula Roldán, integrante de la organización campesina Plataforma Agraria (PA). Roldán añade que el sector cafetalero se ha modificado y que se necesita una ley que se adapte a estas nuevas necesidades.

A criterio de Barrientos, la Ley proviene de un momento en el que el café era el producto de exportación más importante para Guatemala, pero que ya no es así. “Lo que refleja es lo bien que funcionó la captura del Estado en esa época por parte del sector privado”, añade.

El café sigue siendo el producto que más exporta Guatemala. Durante los últimos 10 años, su comercio en el extranjero ha generado entre el 6.28 y el 11.28 por ciento del total de exportaciones del país.

Decisiones autónomas

En 2008, Anacafé invirtió en el Wachovia Bank, en Estados Unidos, US$11.4 millones de los fondos públicos generados por el impuesto a las exportaciones. La Asociación compró acciones de empresas automotrices como Chrysler y General Motors. Ese año, el banco estadounidense se vio obligado a vender sus activos a Wells Fargo para evitar su quiebra.

Debido a su naturaleza única entre las entidades del Estado, Anacafé tiene la facultad de manejar sus recursos sin que sus inversiones necesiten el consentimiento del Congreso o del Ministerio de Finanzas. Esta libertad no queda libre de polémicas internas y la decisión del Wachovia y el riesgo de la inversión sembraron discordias internas: el sector cooperativista de Anacafé se mostró inconforme con la operación que había liderado Christian Rasch.

Rasch, que presidió Anacafé de 2007 a 2009, tiempo en que la organización se vio implicada en la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, era el único que podía facilitar el acceso a la información sobre aquellas inversiones, según Ulrich Gurtner, presidente de la Fedecocagua, quien asegura que únicamente las mostraba en la pantalla de su computadora.

Nils Leporowski, presidente actual de Anacafé, explica que, aunque el primero en haber invertido dinero en el extranjero fue un presidente cooperativista (José Ángel López, miembro de Fedecocagua y hoy presidente de Banrural, el banco que se vio implicado también en el caso Rosenberg), las dudas de este sector acerca de las inversiones en el extranjero llevaron al sucesor de Rasch a retirar los fondos y contratar una auditoría forense por parte de la empresa estadounidense Ernst & Johns.

Los resultados arrojaron que si bien se habían producido pérdidas en algunas de las inversiones, el balance general fue positivo “por mucho”. Leporowski expone que esas ganancias sirvieron para la compra de terrenos para sucursales en Alta Verapaz y Huehuetenango y se construyeron instalaciones en Barberena, Santa Rosa, se modernizó tecnológicamente la sede de la capital y se mejoró el laboratorio de suelos al punto de convertirlo en uno de los mejores de América Latina.

Leporowski no ve rastro de ilegalidad en colocar fondos públicos en inversiones riesgosas en el extranjero. Anacafé, justifica, se nutre de un impuesto que los caficultores pagan directamente y tiene su propio sistema de compras y contrataciones, por lo que puede hacerlo sin problemas. “Además”, concluye, “todas las decisiones son consensuadas”.

La ley que crea Anacafé dice en su artículo 4, como ya se mencionó, que se trata de una entidad de derecho público. Por ello, está facultada a hacer sólo lo que la Ley le ordena. El reglamento al que hace mención Leporowski no detalla procedimientos para inversiones en el extranjero y se limita a establecer en su artículo 27 que la Junta directiva resolverá los casos no previstos.

Plaza Pública intentó comunicarse con Rasch por medio de Procafé, la asociación que lo llevó a la presidencia de Anacafé. Aún tres semanas después, personal de Procafé informó que no había respuesta. Las llamadas a su celular sólo fueron atendidas en una ocasión, por otra persona, que corroboró la exactitud del número, y después resultaron rechazadas.

Han pasado más de cuatro años desde que las inversiones provocaran esta incertidumbre entre los miembros de la Asociación. Si bien las inconformidades que esto provocó parecen estar resueltas, es un caso que ejemplifica las diferencias en el manejo de recursos que hay entre Anacafé y otras entidades de derecho público.

Conflictos empresariales en el estrato “público”

Leporowski dice que aún no sabe cuál era el origen de la disputa entre el expresidente de la Asociación con los cooperativistas. Sin embargo, recuerda que se dio en la coyuntura del caso Rosenberg.

Antes de su muerte, el abogado Rodrigo Rosenberg grabó un video en el que acusa al presidente Álvaro Colom, a su esposa, Sandra Torres, y a su secretario privado, Gustavo Alejos, de su muerte. En el video, Rosenberg también acusa a miembros de Fedecocagua de haber ordenado la muerte del empresario textilero Khalil Musa, y su hija Marjorie por una disputa por puestos en Anacafé y Banrural.

El libro Caso Rosenberg, firmado por Roberto Oliva, describe una situación de competencia interna entre los grandes productores y los pequeños, organizados principalmente en cooperativas. El autor describe a Rasch como alguien que “masticaba, pero no tragaba” a los cooperativistas y que no entendía el papel de las cooperativas en el desarrollo económico.

En su libro, Oliva no recoge la versión de Rasch al respecto. No obstante, los conflictos entre pequeños y grandes productores llegaron a manifestarse hasta en el Congreso, al que Rasch y los cooperativistas fueron citados para aclarar la situación de Anacafé.

En esa época, los representantes del Gobierno de Álvaro Colom en Anacafé eran también del movimiento cooperativista. Aun así, este sector seguía siendo una minoría en relación con el resto de productores.

Para entonces, los problemas internos ya le habían abierto a Rasch un frente con el partido oficial en 2008. Los entonces diputados oficialistas Mario Taracena y Elizabeth Donis presentaron una denuncia ante el exfiscal general, Juan Luis Florido, contra Rasch. En la edición de Prensa Libre del 4 de junio de ese año, se establece que la razón fue “irregularidades” en su gestión.

Las inconformidades no se limitaban a la gestión financiera, sino que también a su puesto de presidente. El argumento de Donis era que como miembro de una empresa dedicada a la exportación del grano, la Ley del café no le permitía presidir la institución.

Taracena recuerda que sí había señalamientos fuertes contra Rasch, pero que la razón para la denuncia es que no se presentó a rendir cuentas ante los congresistas, a pesar de estar obligado por la Ley.

Los cafetaleros y el fisco

Gurtner señala que el conflicto de Fedecocagua no es contra la institución ni contra productores más grandes. Simplemente expresa que había inconformidad con la forma en que Rasch dirigía la institución. Sin embargo, las rivalidades entre pequeños y grandes productores tenían antecedentes debido a una desventaja expuesta por los cooperativistas. En 1992 se estableció, como una forma de impulsar la actividad agrícola, un sistema de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en exportaciones a varios sectores, entre ellos el cafetalero.

El descontento de los integrantes de Fedecocagua por esta regulación ya había estallado públicamente por esta situación en 2006, cuando protagonizaron una turbulenta discusión con algunos diputados en el Congreso.

La Confederación Guatemalteca de Federaciones de Cooperativas (Confecoop) solicitó ese mismo año que se eliminara esta práctica y en su lugar, simplemente se dejara de cobrar el tributo. Señalaban que sólo los grandes productores se beneficiaban con este sistema. La acción dentro de la Confederación estuvo a cargo de Fedecocagua, según confirmó el presidente de Confecoop, Rodolfo Orozco.

Las quejas por este sistema ya se habían hecho sentir, no sólo con el café, sino también en productos como el cardamomo y el ajonjolí.

Gurtner explica que el problema consiste en que se crean empresas falsas para presentar facturas por operaciones inexistentes y que luego se presentan a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Es por esta razón que Roberto Oliva describe en su libro esa práctica como “el negocio del siglo” y expone que la devolución del impuesto se convierte al final en un subsidio por parte del Estado. Esta situación no involucraba a las cooperativas, ya que se encuentran exentas del IVA y por lo tanto, no tenían la posibilidad de recurrir a acciones de este tipo.

El ministro de Finanzas durante el período de Álvaro Colom, Juan Alberto Fuentes Knight, menciona esta práctica en su libro Rendición de cuentas. El exfuncionario explica que una de las medidas que se tenían previstas para aumentar los ingresos por el pago del IVA, era impedir el uso de facturas falsas, para que el Estado no reembolsara un impuesto que nunca se había pagado.

“Supuestos productores les dan facturas falsas que estos ‘exportadores’ usan como ‘pruebas’ de que han pagado impuestos”, agrega Fuentes Knight. Debido a que las exportaciones no pagan IVA, la SAT debe devolverles este dinero.

Leporowski, sin embargo, confía en que este problema haya quedado solventado con la aprobación de la Ley de actualización tributaria, aprobada en 2012. Con ella se crea la factura especial. El mecanismo consiste en permitirle al comprador facturar a nombre de su proveedor cuando éste no es contribuyente y así se evita que los intermediarios declaren un IVA que nunca pagaron.

Aun así, el Estado mantiene una deuda de cerca de Q600 millones con los productores de café por la devolución del IVA. La razón para devolver el IVA es evitar la doble tributación, con base en acuerdos internacionales orientados a evitar el pago de impuestos en dos países diferentes. A criterio de Barrientos, esto ha dado lugar a que los empresarios lleguen a considerar la devolución como un derecho, cuando en realidad se trata del resultado de consensos.

El fideicomiso de la discordia

La postura de Anacafé con respecto al pago de impuestos ha sido similar a la expresada frecuentemente por el sector privado organizado. Después de la aprobación de la Ley de actualización tributaria, la Asociación solicitó al presidente Otto Pérez Molina que se dejara sin efecto el incremento del cinco al siete por ciento en el Impuesto Sobre la Renta (ISR). El argumento era que afectaba a los pequeños productores.

No obstante, los aportes del Estado al sector cafetalero no se limitan al 1% de las exportaciones que le concedió la Ley del café de 1969. En 2001, se constituyó en el Banco de Guatemala (Banguat), el fideicomiso Apoyo Financiero para el sector cafetalero, con valor de US$100 millones, mediante la emisión de bonos en el extranjero.

El remanente de ese fondo eran Q395.84 millones. El Ministerio de Finanzas utilizó en julio del año pasado Q393.49 millones de ellos para financiar el presupuesto del Estado para el año 2012. Centeno contaba con un aval jurídico. Antes de utilizar estos recursos solicitó un dictamen del departamento legal de la institución que dirige. La respuesta fue afirmativa.

Además de que a su juicio no cometían una ilegalidad, nadie se percataría del uso de estos recursos que llevaban años sin ser tocados. Pero la crisis provocada por la roya desencadenó la demanda por parte de los caficultores y no había forma de retribuirles.

Carlos Barreda, quien fungió como viceministro de Finanzas en tiempos de Álvaro Colom, afirmó que durante el Gobierno pasado también se tomó en cuenta la posibilidad de echar mano de esos recursos ante la crisis provocada por la baja recaudación de 2009. Sin embargo, no lo hicieron porque en su opinión sí era ilegal: se trataba de recursos con destino establecido. Según el congresista, el procedimiento legal apropiado debió incluir la solicitud al Congreso para modificar el destino de los fondos, o al comité técnico del presupuesto.

Sin embargo, la discusión sobre quién es el responsable de las dificultades para enfrentar la plaga también recaen sobre los caficultores. La versión de Elmer López, Ministro de Agricultura Ganadería y Alimentación, es que trata de falta de previsión de los caficultores por no haber renovado plantaciones ahora debilitadas por la edad.

El Gobierno declaró estado de emergencia ante la crisis de la roya y anunció apoyo económico. Además, desde hace un mes se bajó la tasa de interés para otro fideicomiso de apoyo al sector cafetalero ubicado en Banrural, cuyo monto es de Q226 millones. La cercanía con la fecha del cierre de este fideicomiso es otra de las preocupaciones de la Asociación, por lo que hay una solicitud al Congreso para su ampliación.

Es decir que, sin importar la autonomía para el manejo del impuesto de exportaciones de café, la dependencia respecto del Estado en asuntos financieros mantiene a este sector productivo oscilando de lo privado a la dependencia pública, gozando de varias maneras de la protección del Estado o distanciándose de él y de sus reglas de acuerdo con sus intereses del momento.

Nota de edición: En el artículo original se leía que la Ley del Café se había emitido durante la presidencia de Miguel Ydígoras. Sin embargo, el presidente en ese momento era Julio César Méndez Montenegro, por lo que se modificó el párrafo.
Edición: 11 horas del 25 de abril de 2013