#CasoIGSS: La CICIG golpea de nuevo

Justo cuando el presidente Otto Pérez Molina esperaba que los ánimos de quienes protestan en su contra empezaran a menguar, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), acertó otro golpe a las estructuras criminales que operan dentro del Estado –y de paso, también a su credibilidad–.

Las investigaciones de la CICIG y el MP revelaron hace casi un mes la existencia de La Línea, una red criminal dedicada a la defraudación aduanera. Ahora, las indagaciones de la CICIG han puesto al descubierto un fraude millonario en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Al menos 13 personas han muerto y 97 están en riesgo de fallecer tras ser aprobado un contrato irregular suscrito con la droguería PISA de Guatemala S.A. para proporcionar servicios de diálisis peritoneal. 

La mañana del pasado 20 de mayo fueron ejecutadas 17 órdenes de captura por instrucción de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público. Estas estaban dirigidas contra el grupo directivo de la empresa Prisa S.A., la junta licitadora del IGSS que avaló la aprobación del contrato, y los miembros de la junta directiva que dirigen esta entidad.

Entre los capturados está Julio Roberto Suárez Guerra, representante de la Junta Monetaria de Guatemala ante el IGSS y presidente del Banco de Guatemala; Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada presidenta de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, y asesor de la Presidencia de la Junta Directiva presidida por Juan de Dios Rodríguez, quien también fue capturado; así como Max Erwin Quirín Schoder, empresario representante del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) ante el IGSS. Rodríguez López, a diferencia de los demás sindicados, no pudo asistir a su primera comparecencia ante un juez competente, ya que se hizo internar en un hospital privado. La Policía Nacional Civil lo trasladaría un día más tarde a la Torre de Tribunales, engrilletado, bajo fuertes medidas de seguridad.

Rodríguez López empezó en este Gobierno como Secretario Privado de Pérez Molina. En diciembre de 2012, llegó a la presidencia de la Junta Directiva del IGSS después de que su predecesor en el cargo, Luis Reyes Mayén, renunciara tras un escándalo sexual. Iván Velásquez, jefe de la CICIG, explicó en conferencia de prensa el día de las capturas, que dentro de la Junta Directiva del IGSS: “hubo permisibilidad y valoración positiva de que el oferente adjudicado careciera de infraestructura real de recurso humano; subcontratara con otra empresa que prestaría los servicios; la inexistencia de un análisis de responsabilidad de las empresas que intervienen en el tratamiento de las personas; la designación de una junta de licitación no idónea e inexperta por parte de la junta directiva; el aval de la junta directiva al aprobar la adjudicación con lo cual incumplió sus deberes legales y probos”. 

Según la CICIG, la Junta Directiva debió defender la prestación adecuada del servicio de salud, y desde la conformación de la Junta de Licitación se actuó con absoluta indolencia en la designación de sus integrantes y en la revisión posterior del contrato. “Existió un interés de funcionarios públicos para que con base en un arreglo con personas afines a la empresa PISA se le beneficiara con la adjudicación del contrato valorado en más de Q116 millones”, aseveró Velásquez. Todos los miembros de la Junta Directiva fueron acusados del delito de fraude.

Intentar esquivar el golpe

Mientras la mañana de capturas llegaba a su fin, el presidente Pérez Molina ofrecía una conferencia de prensa para explicar que el nuevo Vicepresidente, Alejandro Maldonado Aguirre, realizaría cambios en las secretarías a su cargo. “No teníamos pensado hablar de los acontecimientos de esta mañana en el IGSS”, señaló el mandatario. Pero era inevitable. Una vez más se enfrentaba a los mismos cuestionamientos de los reporteros por el caso de La Línea: su responsabilidad de haber nombrado a los altos funcionarios que ahora enfrentan persecución penal.

En el caso de La Línea no se trató sólo de que el exsecretario Privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón —prófugo de la justicia desde el 16 de abril pasado— resultara como cabecilla de la red de defraudación fiscal, sino que también formaban parte de ella el Superintendente de Administración Tributaria, Omar Franco, y su predecesor en el cargo, Carlos Muñoz. Ambos nombrados por Pérez Molina.

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Ahora ocurría lo mismo: el presidente de la Junta Directiva del IGSS, y el presidente del Banco de Guatemala, ambos detenidos por corrupción, también fueron nombrados por Otto Pérez Molina.

“El error fue confiar”, dijo el Presidente en abril pasado, al referirse a la contratación de Monzón Rojas y los Superintendentes detenidos.

El miércoles 20, Pérez Molina repitió el argumento: “Yo deposité confianza en algunas de estas personas. Pero eso no quiere decir que yo me haga responsable de los hechos. Han defraudado la confianza que yo deposité en cada uno de ellos”, dijo, para desligarse del caso.

En apenas un mes, su gobierno se ha ido a pique. Otto Pérez Molina, en público, se mostró defraudado por cinco altos funcionarios en los que había depositado su confianza. Su postura ahora es complicada, de desencanto, sin credibilidad.

Para Édgar Gutiérrez, analista político del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), las capturas del 20 de mayo cambian totalmente el panorama visto hasta ahora. Antes de éstas, diplomáticos y empresarios abogaban por que el Presidente no renunciara con el fin de mantener la institucionalidad. “Hoy es al contrario —asegura— Ahora él es el obstáculo”.

Según Gutiérrez, la permanencia de Pérez Molina en el puesto ya no tiene valor: “De nada sirve que anuncie que va a realizar cambios en  puertos y aeropuertos, porque ya no tiene credibilidad. Las protestas, que ya no ven frontera ideológica, van a continuar en aumento”.

A pesar de todo, Otto Pérez intenta esquivar los golpes. Uno tras otro, desde la CICIG, desde el reclamo de las protestas ciudadanas, el mandatario defiende que cuenta con apoyo: “No voy a mover personas a mi favor. No quiero hacer movilizaciones, aunque pudiera. Puedo traer 30 mil”, indicó ante las múltiples solicitudes de renuncia en su contra. 

“Él ya no está gobernando, pero es el único que no se da cuenta de ello”, sentencia Gutiérrez.

La licitación ilícita que denuncia el MP

¿Cuán graves fueron las acciones en el IGSS? Si La Línea era un robo al fisco, al dinero del pueblo, esta vez la fiscalía planea demostrar que la corrupción es capaz de matar gente sin reparo.

En el caso del fraude al IGSS, se trató de un negocio dirigido. La Junta Directiva de esta entidad autónoma, avaló la adjudicación de un contrato anómalo para brindar servicios de diálisis peritoneal desde la consulta externa de enfermedades. La empresa beneficiada, Pisa S.A., según las investigaciones de la CICIG y el MP, a pesar de ofrecer un servicio de menor costo (Q116.2 millones frente Q126.2 millones), carecía de infraestructura básica, mobiliario, espacio físico y recurso humano capacitado para atender a los pacientes de insuficiencia renal.

Francisco Sandoval, fiscal a cargo del caso, explicó que el problema empezó desde el momento en que el costo del servicio fue el único parámetro que se tomó en cuenta para beneficiar a Pisa S.A. El fiscal también explicó que la falta de capacidades de esta empresa, la obligó a subcontratar a otras compañías como Medicorp, Sociedad Anónima, a la cual le pagaban Q9 por cada diálisis, mientras que Pisa recibía Q45 del IGSS.

“Subcontratar viola la ley de Compras y Contrataciones del Estado”, dijo Sandoval.

Desde que existe la ley de compras,  mencionada por el Fiscal, las “licitaciones con dedicatoria” o concursos orientados a que el comprador escogido por un interés y no por ser la opción más conveniente para el Estado ha sido una práctica recurrente, denunciada con demasiada frecuencia. Sin embargo, demostrarlo en su totalidad siempre ha sido una tarea muy difícil.

La CICIG, en el caso de fraude al IGSS, no obstante, cuenta con una ventaja. Y es que muchas de las conversaciones que dieron lugar al acuerdo entre Pisa  y el IGSS fueron escuchadas y grabadas, a través de los métodos especiales de investigación previamente autorizados por una autoridad judicial competente.

Iván Velásquez aseguró que las comisiones recibidas por los funcionarios del IGSS en esta negociación anómala fueron de entre el 15% y el 16% del costo total del contrato, es decir, más de Q17.4 millones.

Como en La Línea, las escuchas telefónicas son elementos probatorios clave: Los primeros en tener intervenidas sus teléfonos fueron Molina Stalling, graduado de Contador y Auditor Público, y Herberth Rodolfo García Granados, Administrador de Empresas. Este último fue identificado por el fiscal Sandoval como “un particular interesado” en formar parte de los contratos dirigidos desde el IGSS. En una conversación del 31 de octubre de 2014, como señaló el MP, estos dos sindicados evidencian el acuerdo común de exigir un porcentaje de la comisión del millonario contrato adjudicado a la empresa: 16% para García Granados, y 15% para Molina Stalling.

El MP expuso los motivos de la detención mismo 20 de mayo en el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal. La jueza Silvia Violeta de León Santos, autorizó únicamente una exposición de motivos generales para justificar las 17 capturas realizadas el 20 de mayo.

En 2012, la CICIG había catalogado a Silvia de León como una de los “jueces de  la impunidad”, en un controversial documento revelado por el entonces jefe de esa comisión, el fiscal costarricense Francisco Dall’Anese, luego de un análisis con base en documentos públicos sobre las resoluciones de los jueces. “Los jueces de la impunidad incurrieron en la violación de la ley en sus resoluciones al dictar fallos contrarios al derecho, violaron la ley y favorecieron redes criminales”, dijo entonces Dall'Anese. Un año después, el magistrado colombiano, Iván Velásquez, quien lo sustituyó en el cargo, contradijo el informe, y aseguró que las acusaciones en contra de Silvia de León se habían realizado con base a rumores: “En muchos de esos casos se actuó digamos por rumores, información de difícil verificación; además, generó muchas contradicciones, específicamente, con el ­Organismo Judicial”, indicó Velásquez para reivindicar a los jueces, entre ellos, la juez encargada del caso del IGSS.

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Según el MP, García Granados y Molina Stalling planearon una reunión con Edgar René de la Peña, gerente de compras de Pisa S.A., la mañana del 5 de noviembre en una cafetería de la zona 10. En el lugar se pactaron las comisiones a cambio de que la Junta Directiva aprobara el dictamen de la junta licitadora. “Ese mismo día en la tarde apareció en Guatecompras la aprobación de la Junta Directiva”, añadió Sandoval. El documento apareció subido en ese portal el 5 de noviembre, aunque la fecha de aprobación es de un día anterior a la reunión con Édgar de la Peña.

El contrato se firmó oficialmente el 17 de diciembre.

Además de este concurso, existe otro en el que se expone un contubernio similar. Éste tenía como fin contratar el servicio de hemodiálisis para varios departamentos del interior del país. Juan de Dios Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del IGSS, ya movía a sus operadores. Según el fiscal Sandoval, García Granados, ante la imposibilidad de formar una sociedad anónima que participara en la contienda por el contrato, logró conseguir una nueva que le permitiera competir por esta licitación.

A pesar de que García Granados aseguraba tener la certeza de que iba a conseguirlo, el contrato se firmó con otra empresa. Según el MP, esto se debió a que se alcanzó un acuerdo similar al de PISA con la otra compañía, lo que conduce a los fiscales a otra investigación aún pendiente de concluir, en el que el MP considera que se movieron Q8 millones en comisiones.

La corrupción mata

Con La Línea, según los cálculos de la CICIG, fueron cerca de 2.5 millones por semana los que el Estado dejó de percibir.

En el caso Pisa, el monto es menor, pero con consecuencias mortales. Entre el 11 de marzo y el 13 de mayo de este año, el MP recibió dos denuncias del Procurador de Derechos Humanos (PDH) por la muerte de pacientes atendidos por la empresa contratista del IGSS.

La fiscal general, Thelma Aldana, explicó que el caso está en manos de la Unidad de Delitos Contra la Vida e Integridad de las Personas. La instrucción que tiene la fiscalía es determinar si hubo negligencia médica, o incluso homicidio culposo.

El MP aún tiene pendiente determinar de quién es la responsabilidad penal. Sin embargo, en una entrevista transmitida en Canal Antigua, el fiscal Óscar Shaad, jefe de la FECI, indicó que, dependiendo del rumbo de las investigaciones, los dos casos podrían llegar a juntarse.

Mientras tanto, Sandoval cuestiona que una empresa encargada de brindar el servicio de diálisis no cumpla siquiera con el requisito legal de tener Licencia Sanitaria. Según los datos revelados durante la exposición de motivos de la captura de los sindicados, hay 13 muertos por la negligencia de los funcionarios.

El golpe más fuerte al Presidente

La confianza de Otto Pérez Molina sobre Juan de Dios Rodríguez tiene larga data. Una confianza ciega hasta ayer, como confesó el propio mandatario. Se conocieron en el Ejército. Trabajaron juntos en la Dirección de Inteligencia Militar a inicios de los años noventa. Rodríguez, años más tarde, tras su salida de las Fuerzas Armadas, se convertiría en empresario —entre 2010 y 2011, según Guatecompras, a la constructora Jumar, de su propiedad, se le adjudicaron Q3,033 millones—. A lo largo de estos años, Rodríguez y Pérez Molina, no perdieron contacto. Rodríguez fue uno de los financistas del Partido Patriota, fundado por el actual Presidente, en las elecciones de 2011.

En 2008, según un reportaje de elPeriodico, cuando la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), denunció que Pérez Molina había recibido “un préstamo” por Q688.500 de parte de Raúl Girón, gerente de Mercado de Futuros, provenientes de los Q82 millones que esta Casa de Bolsa le estafó al Congreso, su hombre de confianza, Juan de Dios Rodríguez, salió defenderlo. Rodríguez y otro militar retirado, el diputado del Partido Patriota, Estuardo Galdámez, lo protegieron al aportar el dinero que Pérez Molina dejó consignado en un juzgado. “Una investigación posterior de la IVE determinó que el dinero provenía del pago de un contrato otorgado por el desaparecido Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) a una empresa constructora de Galdámez, que a su vez había subcontratado a Rodríguez. Ante dicha denuncia, Rodríguez presentó una escritura mediante la cual Pérez Molina le vendió un terreno de 817 metros cuadrados ubicados en el condominio Hacienda Real, en la zona 16 de la capital, por un monto de Q650 mil”, señala el reportaje.

Tras el trabajo de dos campañas electorales —Rodríguez a cargo de la agenda del candidato presidencial— y con una cauda de 1,597,937 votos que los llevarían al frente del Gobierno, Pérez Molina lo nombró como su Secretario Privado, el puesto de mayor confianza del Presidente.

A finales del primer año de gobierno, Pérez Molina nombraría a Rodríguez como presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La mitad del presupuesto del IGSS entra en circulación a través de inversiones, compras de medicamentos, contratos con laboratorios privados, y proyectos públicos de infraestructura. Su presupuesto es de más de Q15,000 millones. La mayor parte del dinero del IGSS es gastado en contratos para los que no hay un proceso de licitación.

Estos contratos hacen del IGSS una herramienta política importante para quien lo controle. Desde su puesto, Juan de Dios Rodríguez en 2014 se convirtió en el principal operador del Ejecutivo para colocar jueces y magistrados dentro del Sistema de Justicia, al intervenir en la integración de las Comisiones de Postulación que se encargarían de elegir y proponer el nombre de quienes ocuparían los puestos más altos en el Organismo Judicial.

El 20 de mayo, cuando la CICIG y el MP iniciaron la búsqueda de Rodríguez para capturarlo, el hombre de confianza de Pérez Molina, se refugió en un hospital privado de la zona 13. Pero 24 horas fue trasladado a la Torre Tribunales. “Nosotros como junta directiva no hacemos negociaciones. Soy inocente”, alegó a su ingreso dentro de las carceleras.

La audiencia de primera declaración de los 17 detenidos, está programada para el viernes 22 de mayo. El MP dará detalles de la actuación individual de cada uno de los implicados. Como consecuencia de la estafa, al menos un centenar de enfermos ranales corren peligro.