Barillas reconfigurado

Uno

Quien regresa cada cierto tiempo a Santa Cruz Barillas, al norte de Huehuetenango, se topa con un lugar siempre distinto. Esto a pesar, sí, de que están aquellos problemas que parecen ya permanentes. Por ejemplo, el permiso hidroeléctrico vigente que desde hace cinco años mantiene enfrentados al gobierno, la municipalidad, una empresa y a una parte de las comunidades. Pero a pesar de lo que no cambia, cada vez que se vuelve, Santa Cruz Barillas es un lugar que luce transformado y tenso. La sensación es la de intuir que “algo ha ocurrido”, que “algo pasa”, o también que “algo está a punto de suceder”. Cualquiera de las tres opciones es siempre posible.

A veces la sensación se da tras andar entre enormes piedras y árboles talados que durante varios días bloquearon la entrada a la ciudad y algunos municipios circundantes. El efecto es similar al notar el ajetreo de los agentes de policía, también el de los soldados del ejército, que vienen y que van cada uno –así, cualquier día, todos los días– zumbando como moscas en el interior de un enorme frasco de cristal dentro del Municipio. Saben, a pesar del diálogo, de los muchos intentos de éste, que la oposición de las comunidades ante el proyecto hidroeléctrico Canbalam de la empresa española Ecoener-Hidralia se ha ido consolidando. La negativa es fuerte. El saldo más trágico, hasta hoy, en este conflicto, ha sido la muerte de dos personas. Andrés Pedro Miguel, un comunitario. Y más reciente, Víctor Miguelito Soria, un soldado. Y podría aumentar y seguir aumentando. Aquí, en este lugar a 12 horas de la ciudad capital, nadie puede ser indiferente a los cambios, a lo que ha sucedido y lo que podría estar por suceder.

El mayor de los reacomodos –o al menos el principio de muchos otros–, como identifican los vecinos, ocurrió hace 17 meses. Desde el Estado de Sitio que el 1 de mayo de 2012 impusiera el presidente Otto Pérez Molina en Santa Cruz Barillas, las cosas no han sido ni tan pacíficas ni tan iguales ni tampoco tan normales. Los cambios, algunas veces, han sido radicales, violentos, y otras, sólo espontáneos, como pequeños puntos de inflexión necesarios.

Dos

“La paz se agotó”, farfulla el maestro de escuela Pedro Pedro Díaz. Él platica con otros vecinos en el segundo nivel del Palacio Municipal. Todos esperamos hablar, por turnos, con el alcalde. Lucen gestos preocupados, llenos de desgano. Por el modo en que hablan es posible notar que el tema es recurrente, aunque todavía les es incómodo.

“Acá del diálogo se pasa a la duda, y de la duda no se sale. Al diálogo poco se regresa. Y a lo que sí se llega es al enojo, a la molestia, a los destrozos de la ciudad”, se queja Pedro Pedro.

Los demás que le rodean se declaran neutrales, sin bando, al momento de decir que están “cansados de todos los problemas”. “Hartos”, exclama uno de ellos. Sin pudor dicen, como muchos otros del casco urbano, y como el mismo alcalde municipal, Cándido López, ha dicho: “todo lo que ha ocurrido en Barillas es a causa del tema de la hidroeléctrica”.

“Todo es por la forma en que han hecho y siguen haciendo las cosas: de no ser claros desde el principio”, dice Pedro Pedro y resignado recalca que el Municipio, por eso, se ha jodido.

Hay que ver todo lo que ha ocurrido, dice uno de ellos, para entender mejor las cosas. Basta con hacer un repaso de los últimos dos años. Y el grupo, acá en el interior de la municipalidad, recapitula. Parece una charla de viejos amigos, entre compadres, a pesar de lo que relatan. Y lo mejor de todo es que tienen, a grandes rasgos, la radiografía completa de Santa Cruz Barillas. La muestran:

–A ver –dice uno, el más viejo, como de 60 años, haciendo las cuentas con los dedos de una mano sobre la otra.  –Lo primero: mataron a Andrés Pedro Miguel, en mayo de 2012.

–Sí, pero antes, en febrero, las comunidades entraron a la hidroeléctrica, allá en Poza Verde, y lo quemaron todo. Máquinas, retroexcavadoras, aplanadoras, camiones. Retuvieron a los guardias de la empresa. Todavía todo eso está tirado por allá –contesta Mateo Marcos, otro de los amigos.

–Pero el Estado de Sitio fue por la muerte de Andrés Pedro Miguel. Y estamos hablando de cuando todo empezó a cambiar, ¿o no? –replica el más viejo. La muerte de Andrés Pedro Miguel detonó la ira de una multitud que, enojada, destruyó el destacamento militar.

–¿Cambiar? Pues todo cambió cuando vino la hidroeléctrica, en el 2007 más o menos. Hasta una consulta comunitaria se hizo y todos dijeron “no”. Pero ni caso –dice el maestro de escuela.

–¿No fue la consulta para decidir sobre la minería y no para una hidroeléctrica en Santa Cruz Barillas? –le pregunto al grupo.

–Según quién lo entienda. Yo recuerdo que fue por la defensa de los recursos naturales.

Lo que sigue en su conversación está lleno de recuerdos y destrozos. En su charla, la subcomisaría de la Policía Nacional Civil (PNC) ha sido destruida en varias ocasiones. Lo mismo las casas que ha intentado alquilar Hidro Santa Cruz S.A., la empresa subsidiaria de Econer-Hidralia en Guatemala. Lo mismo algunos hoteles, y parecido el destacamento militar. Se ríen maliciosamente al recordar que la PNC ha dicho que ha querido huir y desaparecer de Barillas. Aunque luego regresa la intranquilidad en sus rostros. Uno de ellos dice que la PNC es necesaria, “de cualquier manera, necesaria”.

 –La resistencia está perra, indica el más viejo.

Comentan, aunque sucintamente, la muerte del soldado Víctor Miguelito Soria, ocurrida apenas una semana antes. No obvian que eso fue a causa de algunas capturas. “La gente se molestó”. “La provocaron”. “Creían que se implementaba un nuevo Estado de Sitio y reaccionaron”. “Pero al final no sucedió”.

Desde luego, todo es más complejo que eso.

–Aquí una llamada, un celular que truene y esto se llena. Quizá el cambio más grande a partir del Estado de Sitio es ése, la forma en que la gente está reaccionando. No sólo si lo hacen de modo violento. No. Sino en la forma de organizarse. Lo mejor sería hablar con la resistencia –interviene Pedro Pedro.

–La resistencia está perra, perra.

–Allá, en la entrada de Poza Verde, sobre el camino que llega a la hidroeléctrica, está el ranchito. “Nuevo amanecer”, así se llama la resistencia.

Tres

El camino de Santa Cruz Barillas hacia las instalaciones del proyecto hidroeléctrico Canbalam, de Ecoener-Hidralia, hoy está cortado. No hay paso. Lo que hay, de entrada, es una bandera de Guatemala, gigante, húmeda, que ondea a un costado del río Qan’bala’m. Así se anuncia Nuevo Amanecer.

A primera vista, parece un campamento improvisado en medio de la carretera. Al menos diez postes de madera sostienen la estructura cubierta en su totalidad por plásticos negros. En su interior, personas. A lo sumo unas 20 en este momento. Pero explican que en las asambleas llegan a ser casi 600 o más. Son, en su mayoría, habitantes de las comunidades San Carlos Las Brisas, El Recreo A, B y C, los que permanecen en el lugar al lado de los 14 terrenos de 22 manzanas que pertenecen desde hace seis años a Ecoener-Hidralia. En el día, las mujeres. En la noche, los varones. Los turnos duran 24 horas. Esta tarde el Nuevo Amanecer huele a café recién hervido.

Nuevo Amanecer se parece a otros grupos opositores de la minería y las hidroeléctricas en Guatemala. Entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, en el departamento de Guatemala, La Puya, por ejemplo, se ha convertido, tras casi dos años de resistencia pacífica, en un ícono del rechazo a los proyectos extractivos. No dejar que entren las máquinas, tampoco los empleados, es parte de la consigna. Y ha funcionado. En San Rafael Las Flores, entre los departamentos de Santa Rosa y Jalapa, se quiso implementar algo similar. El jefe de seguridad de la mina San Rafael, Alberto Rotondo, sabía que no podía permitir que sucediera: “No podemos permitir que se establezca la gente de la resistencia; otra Puya, no”,  sentenció.

En cambio, el modelo acá en el norte de Huehuetenango, en Santa Cruz Barillas, ya es un hecho. Es igual, en esencia, a La Puya de San José del Golfo. Apenas tiene seis meses de estar operando y no ha pasado de ser descrito en los medios de comunicación como “un bloqueo más en una carretera”. Pero no es exactamente así.

“Acá estamos porque nos sentimos burlados, no se nos escucha. Así resistimos. Todo es pacífico. Si quieren construir la hidroeléctrica no podrán hacerlo por acá. Ya no confiamos en nada que venga de esa empresa”, dice, casi al final de su turno en el Nuevo Amanecer, Antonio Juan Juan.

Dominga Pablo, la encargada de la cocina esta tarde, explica que desde el 7 de abril de 2013, el campamento se instaló frente a la aldea Recreo B. Levantaron los postes, los cubrieron con láminas, bloquearon el camino y nació el Nuevo Amanecer. “Conmemorábamos un año de la muerte de Andrés Pedro Miguel. Lo asesinaron a pocos metros de este lugar. Entre todos, ese día, se decidió resistir pacíficamente”. No querían repetir la violencia que habían protagonizado en meses anteriores. 

Ni las máquinas ni la policía ni la municipalidad se han atrevido a entrar hasta este lugar. Sin embargo, los comunitarios están conscientes de que es algo que puede suceder, en cualquier momento. “Acá estaremos esperando. No problema”, dice Cándido Mateo, uno de los encargados de que no falte nada en la resistencia.

Antonio Juan Juan quiere dejar algo claro: “La resistencia no existiría si no hubiera muerto Andrés Pedro Miguel. Tampoco si no se hubiera decretado el Estado de sitio. Si el gobierno no hubiera empezado a capturar a nuestra gente. Y tampoco si se nos escuchara. Si la hidroeléctrica no se burlara de nosotros”.

Nuevo Amanecer es, en parte, una de las secuelas de los reacomodos dados en Santa Cruz Barillas. Uno no violento, claro, entre lo violento que ha sido el terreno donde está instalado. Las máquinas retroexcavadoras, los camiones y aplanadoras, todo calcinado a su alrededor, forman parte del paisaje. La evidencia de que también las comunidades puede reaccionar no tan pacíficamente. La hidroeléctrica ha pedido que se desmantele este campamento pero su solicitud no ha encontrad eco en las autoridades. La fundación del Nuevo Amanecer se dio en medio de varios acontecimientos: Las órdenes de captura de los líderes comunitarios y la ruptura del diálogo con la municipalidad y los representantes legales de Hidro Santa Cruz en Guatemala.

Cuatro

Ser líder comunitario, tener una voz dentro de una comunidad de Santa Cruz Barillas, después del 1 de mayo de 2012, ya no fue una tarea tan sencilla. La representación comunitaria entró en crisis. Decenas de órdenes de captura crearon un vacío, y se volvió difícil encontrar a alguien que quisiera asumir esa responsabilidad que te podía llevar a la cárcel acusado de allanamiento, coacción, amenazas, incendio, actividad contra la seguridad de la Nación, secuestro, detención ilegal, atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública y hasta por terrorismo.

Incluso el presidente, Otto Pérez Molina, igual que en el caso de la Mina San Rafael, aseguró que el narcotráfico estuvo detrás de los disturbios que obligaron al gobierno a decretar Estado de Sitio en el norte de Huehuetenango. Como en el otro caso, nunca lo pudo probar.

Juan Salvador, concejal II de la municipalidad de Santa Cruz Barillas, era visto hasta hace 15 meses como una pequeña voz desde las comunidades ante el alcalde municipal. Tenía, en aquel momento, una buena comunicación con la mayoría de los líderes de las 16 microrregiones del Municipio. “Después de la emisión de órdenes de captura, a diestra y siniestra, muchos líderes se escondieron. Muchos huyeron a la montaña”, dice. “En medio de las persecuciones penales, el diálogo entre la municipalidad, la empresa hidroeléctrica y distintas entidades del gobierno fue iniciado. El objetivo era firmar un convenio en el que el Municipio resultara beneficiado”, agrega Salvador.

En la resistencia Nuevo Amanecer ven allí un punto de inflexión que evalúan como un error. “No teníamos a nadie de nosotros en el diálogo. Los líderes eran perseguidos. Y así no podíamos hablar, presentar propuestas. Nada”, recuerda Juan Juan.

Desde mayo, habían sido detenidos Saúl Méndez, Joel Gaspar Mateo, Diego Juan Sebastián, Antonio Velásquez López, Amado Pedro Miguel, Andrés Juan Andrés, Ventura Juan, Pedro Vicente Núñez Bautista y Marcos Mateo Miguel.

Y sin líderes, otros debieron asumir. Otros se adjudicaron esa responsabilidad. Los nombres de Francisco Palacios, Ermitaño López y Adalberto Villatoro, consolidados en un colectivo que llamaron Sociedad Civil, empezaron a sonar en las comunidades. Algunos de ellos son conocidos como terratenientes en la zona, tienen una o dos caballerías en las afueras de la ciudad. Villatoro es dueño de un hotel en el centro de Barillas Y Ermitaño López apoyó al partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO) en el proceso electoral de 2011. También el nombre de Mynor López sonó en ese momento, un poco al margen, un migrante deportado conocido por ser violento, impulsivo, pero con la capacidad de que con tan solo un grito podía hacer que varios cientos de personas le siguieran hasta el fin del mundo. Todos ellos vivían en el casco urbano, fuera de las comunidades en conflicto. “Eran los únicos que nos quisieron apoyar”, dice María Mateo, en el campamento. Bajo estos nuevos liderazgo, las comunidades del Nuevo Amanecer señalan que lograron articular la oposición al proyecto hidroeléctrico.

–¿Por qué ocupar ese lugar de liderazgo?

–Nosotros éramos la auditoría de la Sociedad Civil –contesta Ermitaño López. –Fiscalizamos al anterior alcalde de Barillas. Fue por eso que las comunidades, con sus líderes capturados o con orden de aprehensión, se acercaron a nosotros. Hasta hoy somos portavoces de estas comunidades.

Cinco

Mynor Manuel López se acercó a las comunidades a finales de mayo de 2012. Llevaba consejos, compartía información de todo lo que ocurría con los líderes capturados. Poco a poco, fue ganando la confianza de la gente. En cada reunión entre la hidroeléctrica, la municipalidad y algunos funcionarios de gobierno, siempre permanecía cerca, esperando alguna noticia sobre lo que se discutía en torno al convenio. Según algunos en el Nuevo Amanecer su forma de actuar era impulsiva. Podía reaccionar no muy bien ante algunas noticias. Así era su personalidad. Cuando la fecha de firmar el Convenio se acercaba, a mediados de diciembre de 2012, fue uno de los que decidió coordinar una asamblea comunitaria. En parte, esa asamblea fue la que terminó interviniendo para que nadie de la municipalidad ni la hidroeléctrica firmaran el acuerdo. “Siempre ha estado de parte de las comunidades. Nos apoyó cuando más lo necesitábamos”, dice una mujer en el campamento.

Cuando lo capturaron en mayo de 2013, un año después del Estado de Sitio, la gente decidió respaldarlo. Lo acusaban de allanamiento, coacción, amenazas, actividad contra la seguridad de la Nación. López, no obstante, no era visto como un líder comunitario como tal, no como un portavoz, pero su talento para insuflar ánimos era envolvente. Contagiaba. Estuvo cerca el día en que Nuevo Amanecer fue creado. Se ganó el respeto de las comunidades. Aunque muchos no pueden terminar de describir el porqué de su interés en la resistencia.

El sábado 28 de septiembre de 2013 fue capturado de nuevo. La forma en que se lo llevaron no pudo pasar desapercibida. Primero, porque hubo violencia. Los agentes, asegura un vecino, no estaban uniformados. Esta versión fue respaldada por la Sociedad Civil en un comunicado. Mynor López fue golpeado frente a la iglesia católica, cerca del mercado de la cabecera municipal. Y segundo, porque se montó todo un operativo. Lo trasladaron de Santa Cruz Barillas a otro municipio en helicóptero.

Un día después, el Municipio estalló en disturbios. El reclamo era por la forma en que habían capturado a López. La multitud pasó por la subestación de la PNC y la dejó destrozada. Pasó a la oficina de la hidroeléctrica y esas instalaciones tuvieron la misma suerte.

Las cosas se habían calmado cuando, casi al medio día, un helicóptero del ejército atravesó el cielo de Santa Cruz Barillas. Alguien gritó que se impondría un nuevo Estado de Sitio. La molestia se recargó. La multitud se volvió a juntar. Corrieron, con palos, piedras, y mucho enojo, hasta donde aterrizaría el helicóptero.

–El helicóptero venía a abastecer de alimentos al destacamento militar –dice el coronel Francisco Perea, encargado del destacamento en Santa Cruz Barillas.

–¿No se analizó el caos en Barillas? ¿Si era prudente en todo caso que un helicóptero, y más del ejército, sobrevolara el área?

–Bueno, era la única opción que teníamos de abastecernos. Las carreteras estaban bloqueadas.

–La gente lo vio como una provocación.

–Alguien fue el irresponsable de gritar que se trataba de otro Estado de Sitio. No era nada de eso.

Entre los soldados que fueron delegados para traer el alimento, iba Víctor Miguelito Soria. Tenía 26 años, dos hijos pequeños. Había llegado a Santa Cruz Barillas desde una aldea de Quiché. Sus compañeros en el destacamento lo recuerdan tranquilo, callado, y flaco. Llegó al helicóptero antes que aquellos que protestaban por la captura de Mynor López. Iba, como argumentan las autoridades, completamente desarmado. Era parte del protocolo de seguridad en estos casos, explica Perea. “El mismo protocolo que se cumplió con los elementos que llegaron a la cumbre de Alaska el pasado 4 de octubre en Totonicapán. Únicamente portan equipo para defenderse”. “Era una operación de abastecimiento. No un operativo antidisturbios”.

–Algunos comunitarios dicen que al soldado le explotó una granada.

–Para nada. Murió por arma de fuego. No murió en la pista de aterrizaje, murió en el camino, cuando lo trasladaban al destacamento, al que está en la entrada del Municipio.

–¿Por qué no lo llevaron al hospital distrital, a tan sólo dos cuadras de los disturbios, y sí al destacamento a casi 2 kilómetros?

–La turba lo impidió. No se podía salir –dice Perea.

En el hospital distrital de Santa Cruz Barillas, German Velásquez, su director, confirma que Víctor Soria nunca llegó a las emergencias. En contraste, indica que uno de los elementos de la PNC, de los que llegaron a disolver a la multitud, resultó herido por una de sus propias bombas lacrimógenas. Según el hospital, el saldo en esos tres días de disturbios fue de once heridos o intoxicados. Unos por arma de fuego en el tórax. Otros con traumas en el cráneo o la cara, o contusiones. Y otros intoxicados por el humo de las bombas lacrimógenas.

La muerte de Víctor Soria todavía no es clara. Uno de los compañeros que lo acompañó a traer la carga del helicóptero recuerda que la bala le dio en el corazón. La gente de la multitud había disparado. Ese sábado por la tarde se acusaba a uno de los hermanos de Mynor López de haber sido el que llevaba arma de fuego. Ese sábado, en la noche, en el Nuevo Amanecer se llegaron a reunir más de 2 mil personas a la espera de cualquier intervención. Ese sábado otros municipios aledaños, como Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y San Juan Ixcoy, bloquearon los accesos a Santa Cruz Barillas. Se había formado un círculo de seguridad regional para defender la resistencia. Los liderazgos funcionaron de manera coordinada. El Ministerio Público mantiene toda la investigación en reserva.

Seis

El diálogo y el reacomodo de liderazgos en Santa Cruz Barillas avanzaron, cada uno, en paralelo luego del Estado de Sitio de 2012. Mientras unos intentaban llenar un vacío en las comunidades, ese mismo vacío era algo que no se discutía en el diálogo entre la municipalidad y la hidroeléctrica. Era el 16 de julio de 2012.

Juan Salvador, concejal II de la corporación municipal, dice: “Primero pedimos Q10 millones de quetzales. La empresa ofrecía sólo un millón de regalías voluntarias. Bajamos a Q8 millones. Ellos ofrecieron medio millón más. Nunca dieron a conocer las ganancias totales del proyecto. Y finalmente, luego de casi una docena de reuniones, acordamos Q2 millones de regalías voluntarias anuales por 50 años. El convenio se firmaría en diciembre. Pero los nuevos líderes de las comunidades no estaban de acuerdo”.

Sin embargo, nada se ha desechado. El convenio aún podría tener validez, recuperarse. Para Luis Castro Valdivia, representante de Hidro Santa Cruz, no hay pérdida todavía. “Yo no creo que el convenio fracasó. Lo único que ha pasado fue que se interrumpió violentamente su firma”, dice.

“El convenio era la posibilidad de paz en Barillas”, afirma Mateo Sebastián, presidente de uno de los consejos comunitarios de desarrollo (Cocodes). Los Cocodes forman un grupo que ha cuestionado los nuevos liderazgos de Santa Cruz Barillas. Cuestionan, desde luego, su representatividad, el hecho de que los líderes de la Sociedad Civil no fueron nunca electos democráticamente. Cuestionan su legitimidad. “Se involucraron en el conflicto pero no les correspondía hacerlo. Pretenden con eso representar a comunidades y relegar la organización formal que el Estado sí reconoce, como los Cocodes”, señala Sebastián.

En toda la oposición, sin embargo, los nuevos liderazgos son aceptados pero se desconfía de los Cocodes, dice Cándido Mateo. “Para nosotros cada vez es más difícil confiar, confiar en algo, en el Estado, en sus instituciones. Nunca los hemos visto por acá. Y nunca nos han escuchado”.

¿Pero qué pide la oposición? ¿Es únicamente la lucha por los recursos naturales? ¿Piden una cifra más abundante en las regalía voluntarias? Ermitaño López, el portavoz de la oposición desde la Sociedad Civil, reitera un “no”, un no rotundo a la empresa, pero sin mayores explicaciones. “O se va la hidroeléctrica o se va la hidroeléctrica”. ¿Por qué? La respuesta más común es a causa de tanto engaño, de tan poca claridad en el proceso de instalación del proyecto hidroeléctrico. Nadie confía en la empresa española.

–¿Por qué se opusieron a la firma del Convenio en diciembre de 2012?

–Primero, porque no fuimos incluidos, dice Mateo en la resistencia.

–Y segundo, porque también allí la hidroeléctrica jugó chueco. Hasta los Cocodes fueron engañados. Pocos saben que tres días antes de que se diera el acto de firma del convenio, Hidro Santa Cruz empezó los trámites de una segunda hidroeléctrica. No es un proyecto tan pequeño, no es sólo la hidroeléctrica de 5MW que tanto defienden. Hay una más de 12 MW. Y esa última no fue incluida en el convenio. Los Q2 millones de regalías voluntarias para la municipalidad se generará desde la parte pequeña del proyecto, no de todo Canbalam I y II. No de los 17 MW que les dará la ganancia completa defiende Juan Juan.

En efecto, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) recibió la solicitud de Hidro Santa Cruz II el 11 de diciembre de 2012. Tres días antes de que se firmara el convenio con la municipalidad de Santa Cruz Barillas. Será una hidroeléctrica de 12 MW. Se pedía permiso para los estudios eléctricos de flujo de carga y cortocircuito del proyecto Cambalam II.

–Nos engañaron. Engañaron a la muni, se queja una mujer en la resistencia.

–¿Ahora entiendes la resistencia? Ese es el Nuevo Amanecer –dice Juan Juan.

Luis Castro Valdivia admite que el proyecto Canbalam, en su totalidad, “será de dos turbinas. Una de 5 y otra de 12 MW. Eso fue público, siempre lo ha sido. Está en todas partes”, defiende.

Lo cierto es, al principio, hace 5 años, el proyecto fue socializado en conjunto como dos turbinas de 5MW. Así fue expuesto en varios videos de la empresa. Debido a esos rangos de potencia, el Ministerio de Energía y Minas, consideró a Hidro Santa Cruz como algo pequeño, de muy bajo impacto. Valdivia dice hoy que todavía, con 17 MW, el proyecto sigue siendo pequeño, y el conflicto que vive Santa Cruz Barillas, no corresponde a la falta de información sino a otros intereses, oscuros, que todavía no comprende.

“Si la hidroeléctrica ha causado algún inconveniente en Santa Cruz Barillas, pedimos disculpas”, indicó Valdivia en una reciente reunión con los comunitarios, el Presidente, la municipalidad y otras autoridades.

Siete

Una vez que no se pudo firmar el convenio, la municipalidad de Santa Cruz Barillas decidió recular casi en su totalidad de su participación en el proceso de diálogo. “Este problema nos queda corto a nosotros. Si el permiso hidroeléctrico lo ha dado un ministerio, el gobierno debe ser quien se haga responsable. Nuestra función ha sido superada”, lamenta el alcalde municipal Cándido López.

Juan Salvador también está de acuerdo con la postura municipal. “Se intentó, de verdad que se intentó, pero el convenio no pudo ser firmado”.

En tanto la Municipalidad ha decidido quitar las manos del fuego, desde hace varios meses, en Santa Cruz Barillas nadie en realidad puede cuantificar el número de habitantes que defienden el proyecto y los que se mantienen en contra. No hay, por ejemplo, una propuesta de consulta, mucho menos se tiene pensado pedir un referéndum. Eso sí, cada una de las partes maneja sus propios números.

Para el alcalde López, un 80 por ciento de los 137 mil habitantes de Barillas está a favor del proyecto hidroeléctrico.

En la oposición, Ermitaño López, de la Sociedad Civil, dice en cambio que “el 60 por ciento está en contra”.

La Policía apoya esta cifra. Edwin Vásquez Morales, subcomisario del Municipio, cree, por sus sondeos, que la oposición es del 60 por ciento. “Basta con patrullar cerca de las comunidades para medir las circunstancias”, dice. Y en contraste, el coronel Francisco Perea, encargado del destacamento militar en Barillas, considera que la oposición sólo es de un 30 por ciento, “un grupo pequeño”.

Pero en realidad todos los números que ofrecen las autoridades son corazonadas. Nadie, ni los a favor ni en contra, maneja datos ni estadísticas, únicamente pálpitos.

“La aprobación o no aprobación ha servido de discurso para todo en Barillas”, dice el maestro de escuela Pedro Pedro Díaz. “Las cifras han complicado el panorama”. ¿Cuántos a favor, cuántos en contra? Responder esa pregunta es algo necesario. “El debate sería democrático; resolvería muchas dudas”, agrega Pedro Diaz.

“Si en la municipalidad, las autoridades están tan seguras de sus cifras, deberían llamar a votación. Es sospechoso que no lo hagan. Tienen miedo de perder”, dice Antonio Juan Juan, en la resistencia.

El subcomisario Velásquez por lo menos admite que gran parte del conflicto es esta indecisión que no marca una inclinación para el pulso en favor de ninguna parte. “Se podría tener un mejor manejo de la situación. La gente aceptaría lo que diga la mayoría”.

–¿Se evitarían las órdenes de captura, por ejemplo?

–En parte sí. No habría tantos disturbios. Pero en parte no, porque la mayor parte de las órdenes de aprehensión son a causa de denuncias hechas en años anteriores –explica Velásquez.

El coronel Perea analiza la coyuntura y dice que en algún punto ambas partes deben de ceder. “Las comunidades no pueden decir solamente que no, no sin argumentos”.

Desde que la Municipalidad se ha declarado neutral, desde enero de 2013, y sin visos de acuerdo posible, en Santa Cruz Barillas las “órdenes de captura, por ejemplo”, o “nuevos permisos a la empresa”, dice Cándido Mateo, de la oposición a Hidro Santa Cruz, han agitado el malestar de las comunidades.

La subcomisaría de la PNC ha sido destruida en dos ocasiones desde el 1 de mayo de 2012.  La resistencia fue creada en abril de este año. Las órdenes de captura en contra de algunos líderes continúan vigentes. La más reciente que fue cumplida en contra de Mynor López, tuvo como consecuencia la muerte de Víctor Miguelito Soria, un soldado que custodiaba el abastecimiento al destacamento militar de Santa Cruz Barillas. El Presidente se ha visto obligado a entablar un diálogo con las comunidades. Un círculo de seguridad ha sido construido para proteger desde afuera, en toda la zona norte de Huehuetenango, en el área q'anjob'al, en los municipios de San Juan Ixcoy, San Mateo Ixtatán, Santa Eulalia y el Nuevo Amanecer de Santa Cruz Barillas.

La única propuesta de la oposición, la única con la que se sentirían conformes, es que la hidroeléctrica desista. “Que desaparezca. La resistencia se mantendrá hasta que eso suceda”, dice Ermitaño López.

 Un “no” que mantiene en un impasse de 30 días cualquier propuesta del gobierno, que tampoco ha podido dar algo concreto, claro, al conflicto entre la municipalidad, la empresa, y los comunitarios.