Biden y los migrantes: el equilibrio que no pudo ser

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Este 11 de mayo llegó a su fin el controvertido Título 42, la restricción migratoria que aplicó Estados Unidos durante la pandemia y que permitió deportar con celeridad a los migrantes en la frontera sur con México. Por eso, la administración de Joe Biden acaba de anunciar una batería de medidas para frenar la entrada irregular de personas y organizar desde fuera de Estados Unidos el creciente flujo migratorio hacia el norte del hemisferio.

Mientras ese nuevo marco legal entra en vigor, el resto del continente enfrenta una fuerte presión migratoria que no solo afecta a los países centroamericanos, sino también a los que están más al sur, con momentos de elevada incertidumbre en la frontera que divide a Chile y Perú.

Y en esta tormenta perfecta regional, el tema migratorio toma relevancia justo cuando Biden, al decidirse por buscar la reelección presidencial, abre el debate público en el marco de la contienda electoral del próximo año.

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La política anterior era una herencia de Donald Trump que la Corte Suprema ordenó mantener y que ahora vence con el fin de la emergencia sanitaria. Pero la nueva política migratoria con sello demócrata no parece flexibilizar las estrictas normas de solicitud de asilo que surgieron durante la administración del magnate.  

El sistema que sustituye al Título 42 incluye la instalación de centros regionales en Guatemala y Colombia para tramitar las peticiones de asilo y refugio antes de que los migrantes lleguen a la frontera estadounidense. Para los expertos resulta un experimento interesante, pero mantiene el tono restrictivo característico de las políticas republicanas, más que de las demócratas.

El presidente presentó el plan migratorio apenas un par de días luego de anunciar su intención de reelegirse, y parece ensayar una maniobra de equilibrio ideológico que le permita ganar votos tanto entre los liberales como entre los conservadores. Pero algunos expertos entienden que el plan de Biden no parece cumplir ese deseo de equilibrio y que, en realidad, luce demasiado duro para algunos sectores del Partido Demócrata, y al mismo tiempo muy blando para los republicanos.

El andamiaje migratorio que entrará en vigor desde este 12 de mayo ya ha recibido duras críticas de influyentes dirigentes demócratas. «La militarización de la frontera por parte de la administración Biden es inaceptable. Ya hay una crisis humanitaria en el hemisferio occidental, y desplegar personal militar solo muestra que los migrantes son una amenaza a la que nuestras tropas deben contener. Nada podría estar más lejos de la verdad», dijo el senador demócrata Bob Menéndez hace unos días.

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Menéndez se refiere a los 1,500 soldados adicionales a los 2,500 ya presentes en la frontera con  México, que se desplegarán para reforzar la frontera en el marco del cese del Título 42. Pero no solo se trata de eso. La nueva normativa migratoria se basa fundamentalmente en la instalación de centros regionales de procesamiento migratorio en Colombia y Guatemala, manejados por organizaciones internacionales que tramitarán las solicitudes de asilo y refugio de las personas que deseen llegar a Estados Unidos.

También, a partir del 12 de mayo, la administración Biden dijo que «duplicará la cantidad de refugiados» que recibe su país, y que creará nuevos procesos de permisos para reunificación familiar destinados a El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Mientras tanto, el cupo de 30,000 personas al mes para migrantes procedentes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití se mantendrá vigente tras el vencimiento del Título 42.

Pero las expulsiones aceleradas no cesarán. Las personas que crucen ilegalmente la frontera «serán procesadas conforme a las facultades de expulsión acelerada (...) en cuestión de días». Así lo resaltó el subsecretario interino para Políticas de Fronteras e Inmigración de Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto, en días pasados. «Nuestra frontera no va a estar abierta el 12 de mayo. Vamos a imponer consecuencias nuevas y muy importantes para las personas que no utilicen estos canales legales para ingresar a Estados Unidos», reforzó el funcionario.  

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Aun con el empeño que pone la administración sobre este cambio migratorio, Ariel Ruiz, analista de políticas en el tanque de pensamiento Migration Policy Institute, indica que en ciertos sectores existe la sensación de que el gobierno demócrata no tiene control sobre la frontera y esa «es una barrera muy difícil de superar» de cara a las presidenciales de 2024.

Así, el tema migratorio entra en el escenario electoral, en medio de un juego de percepciones que al final termina por afectar a las decenas de miles de personas que emprenden el camino hacia Estados Unidos, un flujo que aumentará en los próximos meses. «Biden, con este tipo de políticas, busca un compromiso al decir “vamos a mantener abiertos ciertos mecanismos para protección, pero también vamos a mejorar el control de la frontera de manera más inmediata”», señala Ruiz.

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Y si todo parece indicar que para el ala conservadora el marco migratorio aún es suave, ¿qué pasaría si los republicanos vuelven a gobernar? Al respecto, Ernesto Castañeda, director de Immigration Lab de la American University de Washington, señala que normas migratorias como el Título 42 o Quédate en México han normalizado «este tipo de políticas bastante radicales».

«Si Trump o los republicanos vuelven a la presidencia, con mayoría en el Congreso, podría ser una pesadilla para los migrantes. Lo único que queda es más racismo en la frontera, más denegación de asilo y menos refugiados, y abre la puerta a más deportaciones masivas, a esta vez sí construir el muro en la frontera, a gastar más en militarización. Pintaría muy mal», expresa Castañeda.

¿Cambiar para quedar igual?

Aunque los tribunales obligaron a Biden a mantener políticas restrictivas de la era Trump, su nueva normativa no es muy distinta al Título 42 en lo que respecta a los procedimientos y pruebas para obtener asilo o refugio en Estados Unidos. A diferencia de lo que ocurría antes de la vigencia del hoy casi extinto Título 42, prácticamente nadie puede pedir asilo o refugio una vez en territorio estadounidense, y Biden no está cambiando esa norma.

Tampoco hay expectativas de cambio en los procedimientos para acceder al refugio o asilo desde fuera de Estados Unidos. Stephanie Brewer, directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), indica que cada día se abren entre 700 y 800 citas para tramitar un posible ingreso legal a Estados Unidos. Señala que ese cupo es insuficiente para atender la altísima demanda. «Las citas se agotan en cinco minutos», dice.

Al menos por ahora, Brewer no ve garantías de que el gobierno estadounidense aumente significativamente el acceso a esas citas, que resultan el primer paso del proceso migratorio que quiere apuntalar. Por ello, cree que las personas seguirán tratando de cruzar la frontera irregularmente y por territorios controlados por el crimen organizado.

Una olla de presión continental

El continente americano pasa por momentos de gran presión migratoria. La frontera con México, las caravanas que atraviesan Centroamérica, el tapón del Darién y la frontera entre Perú y Chile son los puntos de más tensión en la actualidad.

Hace poco, Acnur y la Organización Internacional de Migraciones advirtieron lo que se avecina: este año hasta 400,000 personas podrían cruzar el tapón del Darién —la peligrosa selva que divide a Colombia y Panamá—. Y no parece exagerado. El Gobierno panameño registró en el primer trimestre el récord de más de 100,000 migrantes por ese camino de muerte, seis veces más que los que llegaron en igual periodo del año pasado.

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El problema no solo está en el riesgo de cruzar ese peligroso trayecto de 100 kilómetros, sino en la tensión que la nueva política de Biden mantendrá sobre los países por los que transita esta población migrante. «Si estamos diseñando una política de gestión migratoria, no es para nada ideal hacerla tratando de contener a miles de personas en un puñado de ciudades», explica Brewer.  

Brewer menciona el incendio del 27 de marzo en el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, que terminó con la muerte de 40 personas porque los guardias no las sacaron de las celdas. Para ella, esa espantosa tragedia demuestra cómo unas políticas tan restrictivas en materia migratoria pueden impactar en sistemas que no están preparados para lidiar con la presión. De acuerdo con datos recientes, unas 7,000 personas llegan cada día a la frontera sur de Estados Unidos.

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Mientras tanto, más al sur —en la línea que divide a Chile y Perú— al menos 200 migrantes viven atrapados en un limbo. Venezolanos, colombianos y haitianos dicen querer volver a sus países de origen, pero están varados en ese punto muerto. Las autoridades no les permiten entrar a Perú, que declaró una emergencia migratoria, ni volver a Chile, país que ha endurecido sus controles al ingreso de extranjeros.

Este es el nivel de presión fronteriza que la región enfrenta en la actualidad, justo cuando comienzan a moverse las piezas políticas entre demócratas y republicanos de cara a la contienda electoral estadounidense de 2024. Sin certezas sobre la eficacia de esta nueva política, los tres expertos coinciden en que las nuevas normas elevan todavía más la apuesta a la hora de restringir la movilidad de las personas. Y que podríamos estar hablando de políticas aún más restrictivas si los republicanos recuperan el poder. En ese punto, solo pagarán los platos rotos los migrantes, que en muchos casos se ven forzados —en condiciones humanas inenarrables— a huir de las persecuciones políticas, de la violencia en las calles, de las crisis económicas y de los desastres climáticos.

Por Suhelis Tejero, miembro de la Mesa Editorial de CONNECTAS

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