La pésima situación de la red vial guatemalteca ha sido, desde que gobiernan militares y empresarios, la fuente de enriquecimiento de oscuros comerciantes que, pasados pocos años, se transportan en avionetas, derrochan dinero en lujos indescriptibles y esconden sus bienes mal habidos en paraísos fiscales. Son la Mara 14, que también podría llamarse Mara Pinula o Miami, por la zona, el municipio o el estado donde se alojan, descansan y esconden. A diferencia de los Salvatrucha o los 18, estos mareros huelen a Clive, andan por el mundo encorbatados y no se conforman con extorsiones en quetzales.
El presidente y sus secuaces (pues, más que colaboradores o funcionarios, parecen ser parte de una pandilla que lucha por sustituir a los de la Mara 14) vieron las puertas de su cielo abiertas cuando el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) destaparon esta nueva cloaca y, horrorizados, la mayoría nos alejamos lo más posible para no desmayarnos con el hedor. Aprovechándose del susto, dispusieron usar los crímenes de Sinibaldi como excusa para abrir el chorro del gasto desordenado, creyendo tener la cobertura perfecta para esconder sus recientes triquiñuelas.
Ingenuos, pensaron que medios de comunicación, ciudadanos de a pie y hasta sus diputados adquiridos con ofertas de enriquecimiento rápido cerrarían filas para autorizar gastos sin control, lo que les permitiría repletar las chequeras de sus muy probables empresas de cartón. Mañosos, armaron discursos catastróficos queriendo hacer aparecer en el mismo cuadro al MP, la Contraloría y la Ley de Compras junto a Sinibaldi y sus cómplices.
Pero resulta que ni el más ingenuo de los ingenuos puede aceptar que los crímenes de Sinibaldi y compañía son la causa de la ineficiencia del actual gobierno.
Si aquellos robaron desde la época del gobierno de la Gran Alianza Nacional (GANA), como claramente lo denunció el fiscal Sandoval este jueves 27, el actual gobierno cuenta con una Ley de Compras que le permite prever cualquier robo. Era cuestión de elaborar un plan efectivo de remozamiento y recuperación de la red vial y convocar a empresarios honestos a asumir las responsabilidades. Pero, al no existir lo primero, no se intentó siquiera encontrar a los segundos.
Todo lo contrario. La primera persona nombrada en el cargo era parte de ese grupo de empresarios que buscan la trampa para incumplir la ley. No es famosa por su probidad y responsabilidad pública. Es más bien una de las que, junto con el presidente Morales, consideran que la corrupción es algo normal y que es tonto aquel que no la aprovecha, tal como parece que les enseñó a sus hijos.
Para escarnio de sus electores, Morales no ha salido a buscar a sus colaboradores entre lo más probo y honesto de la sociedad. Ha preferido a los más oscuros, desconocidos e incapaces, como ha quedado demostrado hasta la saciedad en los ministerios de Comunicación y de Desarrollo. Morales ha dejado claro que no busca el bien común, sino la satisfacción de los intereses más espurios del grupo de militares y mediocres empresarios que lo rodean.
El ministro Aldo García se salvó del chantaje de los diputados del Frente de Convergencia Nacional (FCN) cuando la movilización mediática evitó la interpelación a la ministra Hernández. Pero el año pasado él y su viceministra Alejandra Ma gastaron a manos llenas pagando deudas de años anteriores sin la debida justificación y desperdiciando recursos que debían haber sido aplicados al mantenimiento de la red vial.
Morales, en su incapacidad, busca por todos lados culpables de la ineficiencia de su equipo y no realiza acciones concretas que permitan el funcionamiento efectivo de su gobierno. Desde un inicio ha querido justificarlo en lo duro de la Ley de Compras. Sin embargo, ni ha propuesto una nueva ley que permita agilizar trámites sin abrir espacios a la corrupción ni ha diseñado un plan de trabajo que, considerando las limitaciones de dicha ley, permita satisfacer las necesidades de la sociedad.
Furioso, culpa al Congreso. Pero resulta que sus diputados ya le hicieron el trabajo al impedir que la interpelación al ministro García, solicitada y conducida por el diputado Álvaro Velázquez, llegara a su fin. Sin embargo, aunque el presidente y los diputados del FCN protejan a Aldo García bajo sombras guardianas, el CIV sigue sin mostrar un mínimo de eficiencia. Al contrario, resulta que Morales, como niño berrinchudo, acudió a los oficiales del Ejército para que le hagan los mandados.
El estado de emergencia era, según ellos, la puerta ancha para salir de shopping y quedarse con los vueltos. Sacarían a los soldados a picar piedra sin pagarles extra mientras oficiales y funcionarios de gobierno negociaban altos precios. Pero la fórmula no dio resultado. El Gobierno deberá cumplir con la Ley de Compras y resolver cuanto antes el serio problema de las carreteras sin esconderse en los abultados negocios ilícitos de Sinibaldi y su grupo.
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