De Presidente a perseguido, retirado, y a prisión en 24 horas

Acusado de liderar la red criminal de defraudación aduanera “La Línea”, con altas probabilidades de perder todos sus derechos ciudadanos, su libertad, su poderío. Otto Pérez Molina dejó de ocupar el más alto cargo constitucional ante el juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, cerca del mediodía, cuando los diputados del Congreso de la República —118 votos a favor, ninguno en contra y 40 ausentes— aceptaron su renuncia.

Por la mañana, un Presidente llegó a la Torre de Tribunales: Guardias, sirenas, guardaespaldas, blindaje, fuerza… Por la tarde, un general en retiro —agotado, con ojeras, sin poder, solo— fue enviado al cuartel general de Matamoros, para guardar prisión provisional, que no preventiva insistía el juez...

La fuga, dijo el juez Gálvez, era peligrosa y se debía recluir al expresidente. “No es culpable de nada. No estamos en esa parte del proceso”, explicó.

Cuando fue enviado a Matamoros, el general en retiro, aun no terminaba de escuchar completa la acusación de la fiscalía. El Ministerio Público (MP) se quedó a la mitad de sus alegatos. El fiscal José Antonio Morales apenas llegó al punto de nombrarlo, en efecto, como el jefe de “La Línea”. Pero no consiguió vincular del todo al expresidente con los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y delitos especiales de defraudación aduanera. A pesar de la interrupción, fue un duro golpe que Pérez Molina prometió, al final, en el siguiente día de audiencia, devolver con más fuerza: “Nada de lo que se me acusa tiene fundamento”, enfatizó el general en retiro a los periodistas.

Un día antes, el presidente Otto Pérez Molina, ya no pudo aferrarse más al “beneficio de la duda” que había pedido a los guatemaltecos en cadena nacional el pasado domingo. Tampoco se pudo apoyar en el perdón que solicitó hace dos semanas por la corrupción incrustada a lo largo de sus tres años y nueve meses de gobierno. El MP había pedido su captura. Iban por él. Tras una investigación basada en escuchas telefónicas al entonces mandatario lo ubicaron, junto a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, como los jefes de toda una estructura que defraudó al Estado en más de Q24 millones a lo largo de un año. Entonces la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) pidieron que el presidente perdiera su inmunidad, y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dijo “Sí”, luego de solicitar la intervención del Congreso que también, el pasado uno de septiembre, dejó solo y a su suerte al Presidente.

Y así Guatemala amaneció el 3 de septiembre con el anuncio de la renuncia de Otto Pérez Molina. Había presentado su furtiva carta de dimisión ante el Congreso de la República. La firmó cerca de las siete de la noche —según la versión oficial; pasadas las 22.30 horas, según otras fuentes que le acompañaron hasta el final—, pero esperó a que la mayor parte de la prensa escrita llegara a la hora de cierre de sus ediciones matutinas para finalmente, a la 1:00 de la madrugada, hacerlo público. Muy pocos titulares dieron la noticia de su carta de renuncia más allá de la orden de captura en su contra. A esa hora, Otto Pérez Molina, continuaba siendo el Presidente de Guatemala.

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En estas condiciones, y aun como gobernante, se presentó de forma voluntaria ante el juez Gálvez. Serio, con escasos gestos que pudieran describir su ánimo, apenas el movimiento insistente de un lapicero entre sus dedos. Otto Pérez Molina se sentó en el banquillo de los acusados cerca de las nueve de la mañana. Los fiscales Juan Francisco Sandoval, José Antonio Morales, Julio Roberto Barrios Prado, con cientos de papeles, cientos de intervenciones telefónicas, llegaron un poco después, pero listos para litigar.

Otto Pérez Molina a lo largo de siete horas escuchó, sin estar muy alerta, desatento –apenas una anotación por aquí o por allá–, la forma en que “La Línea” operó desde el 8 de mayo de 2014 al 16 de abril de 2015, período en el que fue investigada. Es una historia que el MP ya ha contado muchas veces en el interior de Tribunales desde el pasado 19 de abril, con las primeras capturas de los mandos medios, bajos y altos de “La Línea”. Fue también la historia con la que empezó la acusación formal en contra de la exvicemandataria, Roxana Baldetti, hace poco más de una semana y por la que hoy guarda prisión preventiva en la cárcel para mujeres Santa Teresa. Por este caso, más de 35 sindicados están a la espera del inicio de un debate oral y público, toda vez la fiscalía terminé la investigación que buscará condenas por el fraude millonario al fisco.

En “La Línea” todo inicia con una llamada telefónica. La investigación del MP empezó así, monitoreando algunos números de celular. Julio Aldana, encargado externo de la aduana en Puerto Quetzal, habla con el empresario Miao Miao –alías Erick– y le explica que ahora, lo nuevo, lo más reciente, el mecanismo para que sus productos puedan entrar a Guatemala, se denomina “La Línea”. Entonces hablan de precios, de productos, de tiempos… de los números a los que debe llamar para recibir beneficios, beneficios como no pagar impuestos, pero a la vez pagar sobornos.

Durante la mañana, aun siendo Presidente, a la espera de que el Congreso aceptara su renuncia, Otto Pérez Molina estuvo atento, pero aburrido. Luego de mediodía, ya como General retirado, su atención fue mayor. Con la modorra del atardecer y conforme se acumulaban las escuchas, fue que su voz también sonó en los altoparlantes del juzgado B de Mayor Riesgo. Una llamada que lo enlaza con la red. Tampoco le cambió el semblante.

Pero antes de que la voz del exmandatario fuera reproducida, el MP esbozó una cronología de nombramientos alrededor de un solo puesto público: el Superintendente de Administración Tributaria (SAT), la figura estatal que en Guatemala se encarga de recaudar los impuestos, de llenar las arcas con dinero para que pueda funcionar: Salud, Educación... El elemento clave para que la estructura de “La Línea” pudiera operar.

Otto Pérez Molina oyó el periplo de dos de sus superintendentes (SAT). Primero la crisis personal, pero consentida del exsuperintendente Carlos Muñoz para lidiar con “La Línea” y la defraudación aduanera. Luego los momentos en que Muñoz no podía más, claudicaba, pero que a pesar de todo quería continuar. “La Línea” pidió su cabeza. El nuevo Superintendente asumiría el 28 de enero de 2015. Sería nombrado por el Presidente de la República, en ese entonces Pérez Molina.

Y entonces, en una llamada intervenida el 3 de noviembre de 2014, el expresidente Otto Pérez Molina habló:

–El de Recursos Humanos, que habíamos dicho de los cambios, porque si no, no me va a caminar nada. Ya el sindicato ya dice que va a empezar a boicotear y hacer cosas, entonces antes de eso... Entrémole. ¿Por qué no me quiere cambiar al de Recursos Humanos?–le pregunta Otto Pérez Molina a Carlos Muñoz.

–Hoy mismo hago el cambio, Presidente –responde solícito Muñoz.

El MP va esbozando e intenta tejer la participación, el protagonismo, la injerencia, el conocimiento, el liderazgo, los beneficios que Otto Pérez Molina tuvo dentro de la estructura de “La Línea”.

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El juez, Miguel Ángel Gálvez, ante el cansancio, ha decidido suspender la audiencia en este punto luego de casi ocho horas de acusación en contra de Otto Pérez Molina. La decisión, dice el juez, es enviar al general en retiro a la base militar de Matamoros. “La prisión provisional es un derecho. No se le está enviando a la cárcel. No ha terminado la acusación”, dice Gálvez. El MP reanudará, entonces, este 4 de septiembre, los argumentos contra el acusado.

Ante la prensa, un minuto antes de ser llevado a Matamoros, Otto Pérez Molina lanzó una advertencia: “Acuérdense, acuérdense que el Comisionado (Iván Velásquez, jefe de la CICIG) en conferencia de Prensa, explicó que esta investigación (de ‘La Línea’) había sido pedida por el Ejecutivo”. Con esta frase, el expresidente señaló que volvería, un día más tarde, ante el juez Gálvez, a cuestionar y a enfrentar, con sus propios argumentos y pruebas, al MP y la acusación en su contra.

“No tienen fundamento”, dijo.