Directivos de Banrural constituyeron una asociación que acumuló acciones irregulares, según un auditoría interna

Si el banco fuera una novela, Asodefir es esa historia que sucede en segundo plano. Mientras algunos directivos de Banrural protagonizaron varias de las crisis más importantes de la historia reciente de Guatemala, la asociación creció hasta convertirse en uno de los accionistas más grandes del banco.

A José Ángel López, actual ministro de Agricultura, excandidato presidencial, cofundador de Asodefir y entonces directivo del banco, lo acusó Rodrigo Rosenberg como uno de los responsables de su muerte.

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Fernando Peña, quien fungió como Presidente Ejecutivo de Banrural, enfrenta un proceso por supuestamente usar la estructura del banco para depositar 20 millones de quetzales «provenientes de múltiples delitos» a favor del expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y el exsecretario privado de la presidencia, Juan Carlos Monzón.

Casi al mismo tiempo, según acusaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Edín Barrientos, ministro de agricultura del FRG y vicepresidenciable de Efraín Ríos Montt en 2003, facilitó que el 51% de las acciones del diario Siglo 21 acabaran en manos de Baldetti y Pérez Molina.

Antes o mientras todo esto ocurría, Asodefir utilizaba el mismo esquema de «comprar la vaca con la misma leche que le ordeñaron» explicado en otro reportaje y continuaba operando.

Por un lado, adquiría títulos (algunos con el mismo dinero que le prestaba Banrural). Por otro, impulsaba a Barrientos como representante de la serie «D», la de ONG, en la que la asociación llegó a tener el 35% de las acciones. Es decir, un tercio de los votos para elegir representante en el consejo de administración de Banrural, la junta directiva del banco.

¿Como pudieron ocurrir estas transacciones sin reparos? Es difícil saberlo con exactitud, pero varios nombres se repiten en distintas instancias. Edín Barrientos perteneció al consejo de administración en los años 2001 a 2003 como suplente, y de 2007 a 2015 como titular; José Ángel López y Carmen Rosa de León Escribano eran parte de Asodefir y del banco cuando ocurrió la primera transacción sospechosa, aunque luego aseguraron haberse apartado. El nombre de otros cofundadores, como Leonardo Delgado, también son recurrentes en esta historia. Fernando Peña, al que distintas fuentes identifican que por muchos años era quien decidía quién sí y quién no podía comprar acciones en Banrural, era necesario en el esquema.

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Aunque por el momento no es posible deducir responsabilidades, las cifras muestran las dimensiones que llegó a tener Asodefir. Uno de los informes internos que recibió Plaza Pública muestra que la asociación emitió al menos 57.6 millones de quetzales en cheques, y obtuvo al menos 29.3 millones en préstamos, sobregiros y una hipoteca de Banrural entre 2007 y 2014. De estos fondos, varios sirvieron para comprar acciones de forma presuntamente ilegal.

Los datos incluidos en esta segunda parte del informe no implican, por sí mismos, un delito, aunque el Ministerio Público (MP) avanza en investigaciones con la hipótesis de más de un tipo penal. La auditoría interna también deduce a partir de las actividades registradas qué entidades y personas pudieron aprovechar violaciones a la Ley de Bancos al adquirir acciones con fondos provenientes de préstamos y sobregiros del propio banco. Algunas de estas anomalías beneficiaron, directa o indirectamente a cofundadores de Asodefir que tenían, al mismo tiempo, una silla en el consejo de administración, e incluso en otras organizaciones asimismo interesadas.

Banrural declinó hacer comentarios sobre el asunto porque las leyes de Bancos y contra el lavado de dinero se lo prohíben, pero asegura que «es el segundo banco más grande del país y el tercero de Centroamérica, con indicadores robustos de liquidez, solvencia y rentabilidad». Banrural cuenta con una de las mejores calificaciones a nivel nacional (FITHCH Ratings: AA -GTM-), registra 85,157 millones de quetzales en activos (un incremento de 6, 481% desde 1998, el año de su fundación) y paga más del 50% de las remesas enviadas a Guatemala a través de 6,559 puntos de atención, la mayor cobertura bancaria. En 2020 Banrural reportó una adecuación de capital de 19.74%, lo que supera la normativa de solvencia para las instituciones bancarias, casi el doble de lo que la ley requiere (10%). A pesar de ser un año complicado, generó utilidades por Q936 millones. Reportó un índice de liquidez mediata del 63.6%, muy superior al promedio del sistema bancario.

Asodefir utilizó el mismo esquema que Barrientos

Asodefir nació el 3 de mayo de 2002, fundada por Benjamín Son Turnil, Felipa Xico Ajquejay, César Araham Tocón Vásquez, Julio César Recinos Salas, Rodolfo Timoteo Orozco Velásquez, Carmen Rosa de León Escribano Schlotter, William Amílcar Alvarado Nixtal, José Ángel López Camposeco, Sergio René Díaz Izquierdo, Eluvia Rutilia Roquel Sitavi, Luis Vinicio Aguilar Sánchez, Edín Raymundo Barrientos, Delmi Esau Martínez, Leonardo Otoniel Delgado Méndez, Juan José de la Roca Montenegro, Julio Roberto Contreras Giorgis.

Desde un inicio, varias de estas personas representaron a las distintas series de accionistas en el consejo de administración, la instancia directiva de Banrural, solo supeditada a la asamblea de accionistas, que toma decisiones sobre solvencia del banco, política financiera y crediticia, riesgos, o información financiera.

Según su acta de constitución, Asodefir nació como una organización no lucrativa, apolítica, no religiosa, de desarrollo y de servicio a la comunidad. Distintos miembros recuerdan que fue constituida para convertirse en una especie de brazo social del banco, y así explican por qué varios de los directivos eran parte de ella. Querían crear una fundación que hiciera obra social de fortalecimiento financiero y le perteneciera al banco, y no lo lograron. Lo que crearon, para subsanar ese déficit, fue, en cierto modo, lo contrario: una asociación no perteneciente al banco, sino propietaria de él, y que le extrajo dinero por años sin controles siempre claros.

La primera transacción sospechosa y sin registro, de hecho, es la fundacional.

Asodefir y su primera compra sin registros

Según un informe interno, Asodefir posee 18.3 millones de quetzales en acciones de Banrural. Este monto representa el 35% de la serie «D», reservada a oenegés. Los documentos aseguran que el dinero para comprar estos títulos provino de una donación al banco que acabó en manos de Asodefir; préstamos y sobregiros del propio Banrural; y cheques de Edín Barientos.

Las acciones compradas en todos esos años generaron ganancias que utilizaron para adquirir más títulos. Entre 2004 y 2011 Asodefir reinvirtió dividendos de cada año para comprar 7,859,000 quetzales en acciones. A estas adquisiciones se suman aportes provenientes de las cuentas personales de Barrientos, cheques que suman 4 millones de quetzales.

Las compras de acciones señaladas como sospechosas suman 6.4 millones distribuidas así:

• 1.7 millones de una donación no registrada

Asodefir compró acciones por vez primera en 2003 mediante una transacción señalada como sospechosa. Según registros internos, Banrural recibió una transferencia el 19 de febrero de 2002 por 216,788 dólares, entonces equivalentes a 1,712,625.20 millones de quetzales.

La auditoría recalca que no hay ningún registro que explique por qué ni cómo, diez meses después de recibida la donación, el dinero pasó a la cuenta de la recién creada Asodefir para que comprara participaciones por 1.7 millones de quetzales en agosto de 2003. Llevar este registro era responsabilidad del banco.

El traslado de fondos ocurrió mientras los fundadores de la asociación Julio Recinos, Rodolfo Orozco, José Ángel López, Leonardo Delgado, Pedro Son, Carmen Rosa de León, Luis Aguilar y Eluvia Roquel eran titulares en el consejo de administración.

Distintas fuentes confirman que el dinero provino de fondos de Usaid que Barrientos gestionó para capitalizar Asodefir. De ser cierto, eso puede explicar por qué el banco le trasladó 1.7 millones de quetzales. Pero los reportes confirman que el dinero ingresó al banco antes de que la asociación existiera. A día de hoy, no hay registros que expliquen por qué ese dinero entró en Banrural, con qué destino, ni por qué este se lo trasladó después a una organización hasta entonces inexistente, creada por la mayoría de los directivos del propio banco, y que utilizarían para adquirir acciones del banco que dirigían.

Plaza Pública intentó entrevistar a José Ángel López, presidente de Asodefir y miembro del consejo de administración cuando ocurrió la operación, pero dijo, mediante el departamento de comunicación del Ministerio de Agricultura, que ahora encabeza, que no dará comentarios al respecto por ser parte de un caso que investiga el MP. Carmen Rosa de León, entonces secretaria y también parte del Consejo, aseguró que Barrientos justificó ese dinero como un aporte personal producto de su indemnización tras dejar la cooperación estadounidense. «A nosotros se nos explicó que ese dinero tenía como objetivo apoyar la creación del brazo social del banco. Por lo tanto nos parecía una operación normal», aseguró de León.

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• 2.4 millones con sobregiros

El documento pone más atención en la compra de títulos que se hizo, según los auditores, con dos sobregiros (préstamos a personas de confianza, sin respaldo) extendidos a favor de un fundador de Asodefir: Leonardo Delgado Méndez, gerente de la Federación de Cooperativas de las Verapaces (Fedecovera), y su hijo, Douglas Delgado Stubbs. En ese entonces el primero representaba a los cooperativistas en la directiva de Banrural.

En agosto de 2011 el banco autorizó un sobregiro a favor de Delgado Méndez por 4.2 millones. De la misma cuenta bancaria, cinco meses después, emitió un cheque para Asodefir por 1 millón de quetzales.

En octubre, el banco autorizó otro sobregiro por 8 millones de quetzales a favor de su hijo, Delgado Stubbs. En enero, de esos fondos los trasladaron a Asodefir 1.4 millones de quetzales, con los que la asociación compró acciones.

Al cierre de la auditoría los dos sobregiros ya estaban pagados, según el banco, con fondos provenientes de Fedecovera. Plaza Pública intentó conocer la opinión de Delgado Méndez pero declinó comentar debido a las restricciones impuestas por la Ley Bancos y por ser miembro del consejo de administración. En cuanto a Fedecovera, que representa legalmente, aseguró que no puede dar una declaración de documentos que la institución no ha conocido de manera oficial.

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• 2.3 millones a dos organizaciones

Asodefir también compró acciones de Cideca y Fundaeco por 1,663,900 y 698,200 quetzales respectivamente. El dinero provino de dos sobregiros a favor de la asociación, y luego los devolvieron al cobrar los dividendos. Como reconocen fuentes internas del banco, Cideca y Fundaeco no tienen responsabilidad en estas anomalías, dado que no hicieron más que vender sus títulos.

El sobregiro de 2 millones de quetzales que permitió la compra de las participaciones de Fundaeco fue autorizado en 2011 y cancelado en 2013. No especifica la forma de pago.

Por otro lado, el dinero con el que Asodefir compró las acciones de Cideca proviene de un sobregiro de 2.5 millones de quetzales del cual «no se localizó resolución de aprobación», indica la auditoría.

Este sobregiro a su vez lo pagaron en julio de 2008 con dinero de otro préstamo, también a favor de Asodefir, por 2.5 millones de quetzales. «Según resolución de concesión No. CC-020-0-2008, fue aprobada por el consejo de administración del Banco». En ese momento Barrientos y Delgado (mencionado en el inciso anterior) eran titulares en la directiva de Banrural.

Diez años después, el 23 de julio de 2018, el préstamo lo pagó la asociación con fondos de los dividendos que obtuvo.

Marco Cerezo, director de Fundaeco, confirma esta transacción. Una crisis financiera derivada del cierre de oficinas de uno de sus principales donantes le obligó a vender unas acciones que le reportaban dividendos anualmente, rememora con arrepentimiento.

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• Cheques de Edín Barrientos

Son los únicos aportes personales que la auditoría registra como origen para comprar acciones, como si Asodefir fuera un proyecto personal de Barrientos.

Barrientos emitió los cheques en 2006 desde cuentas de Banco UNO (1,550,000 quetzales), Banco Industrial (2 millones de quetzales), Banrural (50,000 quetzales) y G&T Continental (400,000 quetzales) que suman 4 millones de quetzales.

La compra ocurrió en un periodo en el que Asodefir no estaba bajo escrutinio público y aún no había ocurrido crisis alguna como la provocada por la muerte de Rodrigo Rosenberg, causa de una de las fracturas dentro de la asociación.

El caso lo investiga el MP, que lo maneja bajo reserva, una categoría otorgada automáticamente a procedimientos relacionados con lavado de dinero.