Donde más y donde menos

Puerto Barrios, calor, húmedo, 36 grados. Una ciudad-puerto en el nororiente de Guatemala que recibe a los visitantes con el rojo, verde, azul, rosa, amarillo y gris. Son los colores de las tumbas del cementerio que se ubica en la entrada de este municipio que desde hace tres años, según cifras de la Policía Nacional Civil (PNC), se ha colocado en el puesto número uno de violencia homicida en Guatemala. La muerte te recibe en Puerto Barrios.

—Lo que ya no cabe acá son los muertos.

Al pronunciar esta frase, la voz de César Barrera (barba incipiente, ojos pequeños, cuerpo menudo) parece una psicofonía. Su trabajo consiste en coordinar entierros. Es el enterrador, el encargado de todo el cementerio municipal de Puerto Barrios. Aunque el nombre de enterrador, dice, no le gusta nada, le da grima, prefiere más bien (y lo pide) ser llamado como el que atiende a los difuntos, el que mantiene el orden de todo el lugar. Pero a veces la tarea resulta difícil, dice sudando. Desde hace dos años en Puerto Barrios se entierran entre 60 y 70 personas cada mes. La cifra, tan sólo pronunciarla, desgasta y cansa a César, que ahora está inmóvil bajo un sol ardiente de media tarde.

—Hoy enterramos a uno. Alguien lo mató por robarle su moto. Esta semana enterramos a otros dos. Una señora que falleció de muerte natural. Otro, si mal no recuerdo, asesinado. 

Puerto Barrios, según las estadísticas, es el municipio donde más se mata en Guatemala. “Aquí la gente se está matando”, dice César. Para este municipio fronterizo con Honduras, en el departamento de Izabal, la tasa de mortalidad, esa proporción de personas que mueren durante un tiempo determinado, en relación a su número de habitantes, es la única en Guatemala que alcanzó, por homicidios, tres cifras en el año 2013. Puerto Barrios tiene una población de 106,722. Y 137.74 asesinados por cada 100 mil habitantes. Una cifra que se resiente dentro del cementerio.

“En promedio, asesinados, entierro a unos seis u ocho cada mes”, dice César, laborioso. Ahora se ha convertido en un guía en este pueblo de tumbas. Quiere mostrar los entierros más recientes. Los que recuerda como violentos. Entre las tumbas multicolores, las flores: o secas o de plástico, y un sinnúmero de cruces, César va señalando, explica fechas y nombres, recuerda robos, ajustes de cuentas, balas, apuñalamientos y también descuartizados. Este es su territorio. Pero confiesa que también el cementerio es un lugar peligroso. “Acá asaltan, abren las tumbas, buscan cosas de valor como los dientes de oro. Si alguien muere por violencia, después de muerto sigue recibiendo violencia. Así las cosas”, se lamenta al pasar cerca de una tumba destruida: media osamenta ha quedado fuera de su lugar de descanso. “Yo no la toco. Esto le corresponde al Ministerio Público”, dice.

Cae el sol, por fin, cuando César se detiene en la última frontera del cementerio. Hemos caminado más de una hora. En ese lapso, César ha relatado con sus recuerdos gran parte de la violencia de Puerto Barrios que al final de cuentas él termina por cargar sobre sus hombros, apoyado en una pala. Hemos llegado agotados (él no tanto) al lugar en donde se entierra a los sin nombre, los desconocidos que mueren en Puerto Barrios y que nadie nunca reclama. Todas estas muertes fueron violentas. “Alrededor de 15 en menos de dos años”, dice el enterrador. Nadie sabe quiénes eran. Hoy yacen en el lugar más recóndito de este cementerio, donde no hay colores, ni flores, ni visitas. Sólo César, de pie frente a los montículos de tierra, que explica cómo estos espacios ya están disputados, que ya no caben más muertos en el cementerio, que éstos que llegaron gratis (se cobra Q280 por espacio al año), tendrán que salir y dejar el lugar para los que sí consiguen ser recordados por alguien.

—Irán a la fosa común.

—¿Por qué se mata en Puerto Barrios? —pregunto a César en este punto final del cementerio.

—Por la droga. Por las bandas de contrabando. Porque somos un puerto, una frontera. Porque alguien le debe algo a alguien. Por los pocos ricos y los muchos pobres. Porque también hay que defenderse —teoriza.

Los homicidios como epidemia

Hasta antes de los 80, en Latinoamérica, los homicidios y lesiones, se trataban de la misma forma que en el resto del mundo: un tema individual, de violencia interpersonal, que era investigado por criminólogos y policías, y si avanzaba a fase judicial, por abogados penalistas.

Sin embargo, en la década de 1980, un incremento notable en el número de homicidios en América Latina afectó tanto a los países que ya tenían altas tasas —Colombia, Ecuador— como a aquellos donde había pocos asesinatos —Cuba, Costa Rica—. Este incremento fue considerado como una epidemia que alarmó tanto a la sociedad como a las autoridades. Estudiosos de este fenómeno, como Roberto Briceño-León, de la Universidad de Salamanca, describen que la magnitud que adquirió el fenómeno en las décadas siguientes llevó a considerar a los homicidios como un problema de salud pública y forzó a trabajar esa realidad desde una perspectiva diferente, pues la tasa de mortalidad por homicidios en algunos países se hizo comparable con la tasa de mortalidad derivada de una enfermedad tan letal como lo había sido la malaria antes de las campañas de control con DDT a mitad del siglo pasado: entre 30 y 50 muertes por cada 100 mil habitantes.

“A partir de ese momento se introduce una perspectiva de estudio distinta y se incorpora la mirada comprensiva de la Sociología y la Epidemiología”, dice Briceño-León en un artículo. El sociólogo, Emile Durkheim en Les règles de la méthode sociologique (1978) describió que el delito y el crimen forman parte de una normalidad social, ya que existen en todas las sociedades. La afirmación resulta verdadera, como dice Briceño León: “en todas las sociedades se comenten homicidios”; no obstante, “hay una gran diferencia cuando se trata de unas decenas de muertos o cuando hay unas decenas de miles de asesinados; cuando la tasa es de menos de un homicidio por cada 100 mil habitantes, como en Japón o Alemania, o cuando hay más de cincuenta por cada 100 mil habitantes como ocurre en El Salvador o Venezuela”.

Finalizado el conflicto armado en 1996, en el que murieron cerca de 200 mil personas entre 1960 y 1996, según el informe Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) no disminuyeron. Se reportaron 56,347 homicidios de 2004 a 2013, para una tasa nacional de 40.60 casos por cada 100 mil habitantes durante esta década.

La Organización de Naciones Unidas (ONU), en su Informe Global de Homicidios de 2013, ubicó a Guatemala como el quinto país más violento del planeta. Sólo superado por Honduras (tasa de homicidios: 90.4 por cada 100 mil habitantes), Venezuela (53.7),  Belice (44.7) y El Salvador (41.2).

Pero aún en el quinto país “más violento del mundo”, hay lugares donde nadie mata a nadie. De hecho, de los 335 municipios de Guatemala, 53 mantienen una tasa cero de muertes violentas. Cinco de ellos, en 10 años, sólo han reportado un fallecido dentro de las estadísticas de la PNC. Sibinal, en el departamento de San Marcos es uno de ellos (los otro cuatro: Santa Catarina Barahona en San Juan Sacatepéquez, San Francisco La Unión en Quetzaltenango, y Santa Clara la Laguna y Santa María Visitación en Sololá). Es el otro extremo de la violencia.

¿Por qué matamos? O ¿Por qué no lo hacemos? En el municipio con más homicidios y también en uno donde menos se mata, hay intentos de respuesta.

Sibinal, uno de los menos violentos

La tarde es blanca, fría, casi 10 grados, todo envuelto en neblina. La gente de la frontera occidental, en Sibinal, San Marcos, tiene un pequeño ritual cada tarde justo en la línea que divide Guatemala y México. Estamos en el otro extremo del mapa, en el altiplano, lejos del sol radiante de Puerto Barrios. La vista, a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar, alcanza para distinguir un poco el Océano Pacífico en el horizonte.

Mientras la gente de la frontera espera a que el último vehículo 4x4 los transporte al casco urbano del municipio, muchos observan la ciudad de Unión Juárez, allá abajo, entre las nubes, al lado del ondulado cauce del río Suchiate. Allá abajo es Chiapas, es México. Muchos de los que observan/esperan vienen desde Tapachula. Allí comercian, traen productos mexicanos, algunos trabajan largas semanas en México y regresan este día (domingo) y a esta hora (5:00 P.M.) a Sibinal, a casa.

—No somos migrantes— aclara Carlos Roblero, moreno y de bigote espeso.

—La mayoría son de acá, de Guatemala— dice Perfecto Ortiz, don Pet, el dueño del 4x4 que espera el último turno para llevar a todos los que suben por esta frontera y llevarlos al área urbana de Sibinal, a 14 kilómetros de distancia.

 —Toma una hora subir desde Unión Juárez a la línea que divide los dos países— añade Sebastián Morales, hombre fuerte, que trae consigo un enorme costal lleno de mercancías como juguetes y útiles escolares.

El ritual, la plática, toma un camino político al introducir como tema el hecho de que Sibinal sólo ha tenido un fallecido, por arma blanca, a lo largo de 10 años. Así lo establecen los datos de la PNC. Los tres hombres se quedan pensando. Ven México. Ven Guatemala. Ven sus relojes para ver el tiempo que les queda antes de que el 4x4 inicie su marcha. Buscan alguna explicación. Entonces Carlos Roblero, contento de que en este municipio nadie se mate, recuerda una fecha: 2 de enero de 1994. Habla con soltura de la rebelión campesina que marcó esa fecha, el conflicto étnico en Chiapas, la lucha por la tierra, y el recorrido del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a lo largo de diez años para organizar un ejército con miles de campesinos mayas, menciona al subcomandante Marcos, y  cita: “un mundo donde caben otros mundos”. Hace un repaso de toda la lucha zapatista para hacer una comparación con el municipio de Sibinal, uno de los menos violentos de toda Guatemala. “La organización comunitaria es fuerte. En Sibinal somos mam, no pasa nada sin que la estructura comunitaria atienda cualquier problema”, dice.

Los otros dos hombres parecen aturdidos. Hay otra gente también que ha quedado con expresión de sorpresa. Nadie esperaba un discurso tan elaborado. Algunos ríen. Otros asienten y están de acuerdo. Y el tema muere porque la hora apremia: el 4x4 espera para emprender el regreso a casa. Una hora por un camino agreste, lleno de piedras sueltas.

—Durante mucho tiempo, en los años 40 y 50, el Ejército de Guatemala resguardaba este lugar  —dice don Pet, a cargo del 4x4—. Les interesaba que no se diera el contrabando.

—¿Esta frontera en la aldea Chocajb, es un punto ciego?

—De pequeño comercio sí. Guatemala ya llegó a la frontera. México no ha querido construir su carretera.

Por este punto, cada mes, van y vienen alrededor de 200 personas. Al mes suman 6,570.

—¿No hay paso de migrantes, no hay contrabando de gasolina?

—Tampoco hay policía — dice don Pet con una sonrisa, bajo la sombra del sombrero.

Desde enero de 2012, el Ministerio de Gobernación, bajo la responsabilidad de Mauricio López Bonilla decidió retirar a la PNC del municipio de Sibinal. Fueron más de 10 municipios de donde se retiraron. La mayoría: territorio mam. La última estadística de muerte violenta, de la que se tiene registro en 10 años, data de mayo de 2011, cuando la PNC todavía tenía presencia en Sibinal. Nadie, sin embargo, recuerda el nombre del fallecido. La gente de la frontera ni siquiera recuerda el incidente.

El alcalde indígena de Sibinal, Lorenzo Mejía Ortiz, me atiende al día siguiente. No llega solo. No puede hacerlo, dice, porque toda la organización comunitaria debe estar enterada de que hablará sobre la violencia cero que existe en el municipio. Más de cinco comunitarios llegan al parque de Sibinal a las 9 de la mañana. Justo frente al monumento que dignifica a las 36 víctimas del enfrentamiento armado interno de este municipio, cada uno de los cinco —sombreros, chaquetas de cuero— tiene una teoría sobre por qué en Sibinal la violencia homicida es casi nula. Antes, sin embargo, intentan hacer un recuento. En su memoria buscan al último fallecido. Un borracho que se envenenó. Luego, dos meses atrás, una mujer que fue violada, después asesinada. “Pero fue en la frontera de nuestro municipio. La mujer murió en Tacaná (al norte de Sibinal)”, dice el alcalde indígena Mejía Ortiz que pertenece al Consejo Nacional de Autoridades. La violencia homicida no suele ser un tema de conversación, “no existe”, afirma, serio, Porfirio Bartolón Roblero, del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO).

—¿Por qué se retiró la Policía, qué sucedió?— les pregunto.

Hay varias respuestas que se sobreponen. Hay explicaciones desordenadas. Quizá una versión que las aglutine a todas es la siguiente: Sibinal está rodeado de otros municipios que han sido protagonistas de distintos conflictos, dicen las autoridades comunitarias. Hay, por ejemplo, un conflicto histórico, un asunto de tierras, entre los municipios de Tajumulco e Ixchiguán, ambos aledaños a Sibinal. Por este problema de límites territoriales ha habido muertos. No en Sibinal, sino en sus alrededores. En medio de esas peleas por el territorio Sibinal ha sido sobre todo un espectador, casi nunca un intermediario. “No nos metemos”, dice Ortiz. Explican además que Sibinal es un municipio un tanto aislado, dos volcanes (Tacaná y Tajumulco) y una cordillera de montañas muy agrestes, los mantiene alejados de fronteras más violentas como Tecún Uman o El Carmen, más al sur de Guatemala. “A la policía le interesan más otras fronteras”, dicen los comunitarios.

Alberto Morales, exsíndico primero de la alcaldía municipal, interviene en la conversación. Es crítico. Dice: “Luego está el evento por el que el Gobierno decidió retirar a la Policía”. Sucedió entre noviembre de 2011 y enero de 2012. Si la PNC capturaba a alguien por contrabando de gasolina mexicana, la población de toda el área reaccionaba. Si la PNC incautaba amapola —uno de los cultivos que sostienen la economía local de casi toda el área, aunque sea ilegal— pobladores de San Lorenzo, Sipacapa, Comitancillo, Río Blanco, Tejutla, San Miguel Ixtahuacán, Tacaná, Ixchiguán y San José Ojetenam se mostraban en desacuerdo. Capturaban a agentes de la PNC de cada municipio y los canjeaban por los capturados, ya fueran acusados de contrabando de gasolina o siembra de amapola.

—A pesar de tanto desorden, y tanto problema alrededor, Sibinal se mantuvo tranquilo. Participamos claro, por solidaridad, pero pacíficamente— dice Bartolón Roblero.

—Nunca se justificó el retiro de la PNC en nuestra comunidad— dice Morales.

—La gente, vamos, no mucho los quería. Si traías un poco productos desde Tapachula, por la frontera con Unión Juárez, la PNC te la quitaba. Decía: esto es contrabando. Pero en esa frontera, por el camino, por la carretera en mal estado, nadie puede pasar grandes cantidades. El poco producto que se trae es para subsistir, para ser pequeño comerciante— señala Mejía.

—Sólo un dos por ciento de Sibinal está metido en el negocio de la amapola. Apenas empezó el año pasado, en la frontera con Tajumulco— explica Roblero.

—Por un robo se ha capturado a alguien y ha habido relajo. Incluso los intentos de linchamientos son apaciguados—  refiere Morales.

No hay cifras oficiales sobre la extensión del cultivo de la amapola o la mariguana, o qué porcentaje de la población está en el negocio. Las declaraciones que ha dado el ministro de Gobernación contrastan con lo que dice Roblero: los habitantes de la región se dedican al cultivo de amapola desde hace 35 años. Es decir, un modo de subsistencia bien establecido.

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Las autoridades comunitarias reunidas en el parque, luego de una hora de conversación, aún tratan de encontrar alguna muerte violenta entre sus recuerdos. Se esfuerzan. Se resignan. A pesar de ello, el alcalde indígena dice: “Aunque vivamos tranquilos, con sólo encender la televisión, con leer Nuestro Diario, los nervios se nos alteran”. Los cinco hombres de este municipio con 16,585 habitantes, se quedan discutiendo en el parque, repasan nombres de difuntos, uno tras otro, todos del municipio, pero ninguno ha muerto por la acción de otro ser humano.

Sibinal es un lugar extraño en el quinto país más violento del planeta.

Puerto Barrios, donde más se mata

Son casi las tres de la tarde y el sol ya ha convertido en arcilla quebradiza casi todo el lodo que dejó el paso de la lluvia de esta madrugada. Aquí, entre el canto rechinante de las cigarras, pocos vecinos se atreven hablar de la violencia de Puerto Barrios. En 2011, ocho fallecidos en promedio cada mes (tasa 100.52 por 100 mil habitantes). En 2012, siete (tasa: 103.27). En 2013, 10 (tasa: 137.74, la más alta a nivel nacional).

Si uno junta los rumores, las voces esporádicas, breves, cautelosas, la muerte homicida apenas logra adquirir sentido. Los vecindarios de este puerto, casi todos con los drenajes a flor de tierra, envueltos en un vaho pestilente, giran en torno a un  evento: el embarque y el desembarque de contenedores. Los buques vienen, cargan y se van. Los camiones de 16 ruedas vienen, descargan y se van. Día tras día, ruido metálico de grúas, furgones y trasatlánticos, semana tras semana.

El oleaje, la marea, todo eso, tiene un doble sentido en las proximidades de un puerto comercial. Hay oleadas de barcos desde el mar, pero también hay oleadas de personas, de demasiada gente, alrededor, que llega, se queda, y no sabe cuándo se irá. Por tierra, por mar, la marea de personas, con sus subidas y bajadas, suele ser constante. Así hay miríadas de conductores de camiones, migrantes, prostitutas, contrabandistas, marineros. La mayoría son efímeros, nómadas.

—Lo que nos hace falta acá es identidad. Una estructura que nos haga sentir unidad. Ser alguien en función de los demás; cerca del puerto es difícil— dice Rubén Suchite,  administrador de empresas, excandidato a alcalde de Puerto Barrios por el partido Libertad Democrática Renovada (Lider).

Bajo el resguardo del aire acondicionado de un restaurante, Suchite, joven, en solitario, relata la historia común de muchos que llegan y llegarán a Puerto Barrios en busca, fundamentalmente, de un trabajo. Aún resuena el esplendor de hace más de 30 años, dice, antes del terremoto de 1976, cuando el puerto todavía no era privado. “En los años 60, luego del retiro de la United Fruit Company, la gente venía, llegaba al puerto, los recibía algún viejo marinero que bajaba de los cargueros y ofrecía empleo: descargar, cargar, así se ganaba algo”. El terremoto entonces destruyó todo, pero esa idea, “la de ganar algo”, quedó.  

Es parte de lo que se vive en este municipio, en el que antes, como explica el libro de Matilde González-Izás, Territorio, actores armados y formación del Estado, sirvió para que las élites nororitenales con mentalidad militar, hábitos violentos,  frente a los intereses transnacionales, y un intenso racismo, configuraran el Estado de Guatemala.

La terminal marítima de Puerto Barrios está bajo usufructo de la Compañía Bananera Guatemalteca Independiente (Cobigua), desde 1989. La empresa reconstruyó el puerto. Su especialidad es la de embarcar frutas para la exportación, sobre todo banano, melón y vegetales. Su contrato vencerá el 25 de febrero del 2015. “Ahora los que piensan encontrar trabajo en el puerto se topan con que los puestos están cabales”, explica Suchite. La desilusión es grande. Quien llega a experimentarla, muchas veces no tiene dinero para retractarse y volver por donde llegó. “El fenómeno de este tipo de migración es quizá la que produce más violencia”, dice Suchite. Hay rabia, frustración, detrás de todo ello. En Puerto Barrios hay lugares donde esto se puede ver.

Jackson es un indigente. Es de Livingston, Izabal. Es moreno, alto, flaco, los dientes como una hilera de aljófares blanquecinos. Está mañana intentaba atrapar peces en el malecón de Puerto Barrios. Frente a él, en el puerto, un enorme trasatlántico cargaba contenedores. “Buiti binafi (buenos días)”, saludaba en idioma garífuna. Contaba que hace cuatro meses vino en busca de trabajo, en la terminal portuaria, en Cobigua. “Era seguro, pero luego no pudo ser”. La plaza de oficial de seguridad la ganó el familiar de uno de los empleados. “Traía una recomendación, mis papeles”, se enfada. Ahora lo intentará en la otra terminal portuaria de este municipio: Santo Tomás de Castilla, a sólo 30 minutos de distancia. “Pero si aquí tenía un contacto, allá es más difícil porque es estatal. Hay más papeleo, y se necesitan más conectes”.

—¿Y si no se da el trabajo?

—Me vuelvo a casa. Estoy harto.

—¿Hay muchos sin trabajo en Puerto Barrios?

Jackson pasa las noches en un albergue para gente sin hogar, no especifica en cuál, pero responde:

 —Sí. Donde me quedo hay gente de todas partes. De Zacapa, de Chiquimula (departamentos del nororiente de Guatemala), también de Honduras. Es gente que la pasa drogada.

Puerto Barrios vive de la actividad portuaria. Eso mantiene con vida a este municipio. “Pero el puerto, Cobigua, es indiferente a lo que sucede a su alrededor. Es indolente”, dice Lalín, garífuna, 68 años, mesero desde hace 50 en un legendario restaurante cerca del malecón. “Sí hay violencia fuera del muelle, a la empresa le importa poco. Le importamos poco. La vida, es cierto, es colateral a lo que produce el puerto. La muerte, seguro, también. No lo sé”, sonríe.

Detrás de cada furgón lo que queda es una estela de polvo y pequeños torbellinos. Desde la entrada de Puerto Barrios hasta el muelle, pasando por la 20 calle, es así. Detrás de cada contenedor también hay varias órdenes o consejos dirigidos a los conductores. Por ejemplo, la más tajante, no salir a la ciudad durante el periodo de tiempo que abarca desde las 7 de la tarde a 11 de la noche. “Es cuando más violencia se produce en el municipio”, dice, a las 8 de la noche, Roberto Miranda, conductor, 56 años, desobediente. “Uno no lo soporta —se desahoga, cerveza fría en la mano—. Una semana dentro de la cabina, y luego no salir, están locos”. Cada furgón pasa entre cinco a 24 horas esperando turno para llegar a descargar. Depende de la suerte.

—A mí no me da miedo esta ciudad—  enfatiza Miranda. Hace un gesto desafiante para que todos en el bar (Jesús es el camino, como dice un cartel) le presten atención.

La noche de sábado empieza así en el municipio más violento de Guatemala. El saldo, según la PNC, serán dos motocicletas robadas. Tres arrestos por escándalo en la vía pública. Un herido por arma blanca. 

Sibinal, donde menos se mata

El cementerio de Sibinal está ubicado en una colina muy inclinada. Todo el casco urbano, de hecho, está rodeado de montañas puntiagudas. Es un lugar pequeño, con un número concentrado de casas y edificios pequeños, sin mucho orden. El cementerio se ubica en uno de sus extremos. La gente de Sibinal siempre invita (y desafía) a probar la tranquilidad con la que viven, a cualquier hora, sea de noche o de día. Muchos de sus habitantes saben lo que pasa en México y casi nada de Guatemala: la televisión de la frontera está dominada desde hace mucho tiempo por la compañía mexicana Televisa. Hasta hace una década llegó el asfalto a la comunidad. Aún hay una parte, casi 3 kilómetros, de terracería en la carretera principal que llega a Sibinal desde San Marcos. Desde el cementerio, en la colina, todo parece la típica postal de un paisaje que incluye un pueblo rodeado de montañas. Una nube gris envuelve a mediodía las tumbas. El frío no desaparece de este municipio a más de 600 kilómetros del muelle de Puerto Barrios.

Según la PNC, alguien murió en mayo de 2011 en Sibinal por arma blanca. Es la fecha aproximada que buscamos, Pablo Ramos, el encargado del cementerio y policía municipal de Sibinal, y yo. La fecha fue dada por el Ministerio de Gobernación. Sin embargo, en Sibinal nadie recuerda alguna muerte violenta en esos días. ¡No existe!, exclaman.

Pablo Ramos, atareado dentro de su uniforme negro, ríe entre las tumbas. “Acá hay lugar para unos diez años más”, señala (fanfarronea). Él, moreno, regordete, el pelo en canas, es el jefe de los cuatro policías municipales que se encargan de establecer el orden en todo el municipio, esto luego de que la PNC desapareciera de Sibinal. Pasamos por varias lápidas que establecen el promedio de vida en esta región en más de 70 años (67.5 el promedio de vida para San Marcos, según el INE). “Juana Ortiz, 1930-2014”. “Pedro Ramos, 1942-2013”. Etcétera. Ramos explica que en Sibinal se entierran, en promedio, uno o dos cuerpos cada mes. “Por muerte natural”.

Al cabo de un rato, de revisar lápidas y fechas, lo prudente es rendirse. No hay lápida alguna que respalde la fecha registrada por la PNC. “El último muerto desconocido, uff, quizá se dio hace más de veinte años”. 

—¿Cómo se vive en uno de los municipios más tranquilos de Guatemala?— pregunto al administrador del cementerio.

—Es tranquilo. Aunque a veces no descansamos. Sin la PNC a nosotros nos toca carga doble. En asuntos de pareja, en pleitos, o accidentes de tránsito, en todo eso…

—¿Arrestos?

—También. Los llevamos al juzgado de Paz. No le voy a mentir, cuando eso pasa, la gente sí se pone brava. Quiere linchar y todo. Pero nunca ha pasado.

El juez de Paz de Sibinal se llama Paulo Orozco. Él recuerda, detrás de una voz pausada, que hace un año, cuando recién llegó a Sibinal, le dieron la bienvenida en el municipio. El día de mercado un hombre de la aldea Yalú había robado una bolsa de detergente y una botella de aceite. Eso bastó para encender la rabia. "Los borrachos, durante el día de mercado, son peligrosos: incitan, crean desorden”, dice el juez. Afuera del juzgado una multitud quería hacer justicia por su cuenta ese día. “No había forma de tipificar el delito. No había pruebas y el acusado quedaría en libertad”. La gente dijo no, ¡no!, no, durante siete horas y le somataron la mesa. Orozco salió, custodiado, ya de noche, por la puerta de atrás. El juez, antes de escapar,  logró dar sentencia: hurto agravado. El ladrón fue llevado a prisión, hasta Quetzaltenango, a más de cinco horas desde Sibinal. La gente se había calmado.

—Hoy ya tengo contactos con las autoridades comunitarias. La cultura acá es distinta. Tienen sus propios códigos, sus leyes. Al Estado le queda respetar.— Dice el juez.

Si la PNC no existe: ¿Quién lleva las cuentas? En la municipalidad, el concejal tercero, Bonerge Pérez, menudo, con los brazos cruzados para hacer distancia, dice que no lo sabe. “Acá tenemos datos, pero son para el Instituto Nacional de Estadística (INE). Hechos violentos tenemos muy pocos”, indica. Pérez tampoco recuerda el incidente que marcó un punto negativo en las estadísticas de diez años en la PNC.

Finalmente hay que trasladarse a la cabecera departamental de San Marcos, a tres horas de distancia. La Comisaría 42 de la PNC está a cargo de Juan Álvarado López, pero la entrevista es atendida por el Jefe de Operaciones, Baudilio Quiñonez Batista. Gestos rígidos, pero el trato amable, este oficial trata de explicar la violencia cero de Sibinal:

—No vamos a negar que las comunidades están bien organizadas. Su cultura es mam. Pasa algo, un problema, y ellos solos lo resuelven. Si alguien comete una falta, el castigo más grave es el destierro. Además queda la vergüenza. En términos generales tienen su propia autoridad. Ese municipio es bastante tranquilo. No así los alrededores, que han tenido problemas durante años, por tierra, por contrabando.

—¿Por qué quitar a la PNC de Sibinal?

—Bien, fue estratégico. Sibinal está encerrado, bloqueado por municipios conflictivos (donde tampoco hay PNC). No se puede llegar a esa frontera sin pasar por Ixchiguán o Tajumulco. Si dejábamos que nuestra gente se quedara ahí: la secuestrarían. (De vuelta en la capital, se intentó contactar al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, sobre la decisión de retirar a la PNC de esta región, y para buscar su análisis sobre las radicales diferencias entre un municipio y otro, pero no respondió a las llamadas, ni a los mensajes telefónicos). 

—¿Sibinal paga las consecuencias?

—Sí.

—¿En términos de gobernabilidad que significa que no haya seguridad estatal en 10 municipios?

—Es un tema complejo. Hay una costumbre, de años, en toda esa región. La organización comunitaria funciona, aunque vemos que es obligatoria, no tan espontánea. Desde niños aprenden que las cosas, internamente, funcionan lejos del Estado. Quiera que no, y es bueno para que no haya muertes violentas, aún hay respeto a sus autoridades. Lo otro, lo malo, es que utilizan estas costumbres para proteger el contrabando de gasolina, el cultivo de mariguana y amapola. 

Quiñonez ofrece un recorrido en el centro de operaciones de esta comisaría departamental. Ahí es donde se toman los datos de los 29 municipios de San Marcos. Sibinal aparece entre las pizarras que dan cuenta de las estadísticas: un robo de motocicleta, nada más, durante todo agosto. “La denuncia en el Ministerio Público sirve para monitorear los municipios donde no tenemos presencia”, dice el oficial. Pregunto por el fallecido por arma blanca, en mayo de 2011, que aparece en los datos del Ministerio de Gobernación que me han traído hasta acá. Que además no existe en el cementerio. Que nadie recuerda en Sibinal. Los agentes detrás de las computadoras, tras la orden del oficial Quiñonez, buscan ese dato, el año, el mes, pero Sibinal no aparece. Me regresan, cada uno de los cinco oficiales, una mirada incómoda. No hay posibilidad de poner nombre y apellido, tampoco una explicación, a la única muerte por violencia homicida que los datos oficiales describen durante 10 años en este municipio. El jefe de operaciones dice que acá se maneja una parte de las estadísticas, la otra es responsabilidad de Gobernación. Sólo le queda disculparse. La única muerte violenta en Sibinal sólo es un número sin historia y sin explicación y, al parecer, sin muerto. 

Puerto Barrios, donde más se mata

A lo largo de 10 años, en Puerto Barrios, han muerto violentamente 1,189 personas. Y la gente es consciente de ello. Nadie, en este lugar, queda indiferente ante el recuerdo de aquella semana en la que alguien murió de un balazo cerca del mercado, una hora más tarde otro, cerca del entronque entre Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, luego, hora y media después, un nuevo asesinato. La semana más violenta, en menos de cinco días, cobró ocho vidas. Fue en mayo de 2013.

Los pocos vecinos que se atreven a hablar de estos temas manejan teorías al respecto. Dibujan signos y señas en el cielo. La primera se fundamenta en algunos boletines que han estado circulando durante meses: “Alerta: peludos, tatuados, ladrones, con aretes, no son bienvenidos”. “Existe una junta de seguridad secreta que se está encargando de la limpieza social”, dice un vecino de la colonia El Mitch. La justicia por las propias manos. La segunda tiene matices de mafias contra mafias, y todo gira alrededor del contrabando. Un zafarrancho. Y hay una tercera que habla de Puerto Barrios como una plaza en disputa por el narcotráfico.

—Ciertamente los que mueren son acusados de robo— dice el bombero primero, Víctor Hernán Batres. Bajo su cabello engominado, un rostro moreno articula las palabras como si fuese locutor.

—Uno se da cuenta por los comentarios de los vecinos. Éste robó aquella moto. Éste trabajaba en un taller de motos. El robo de motos, las GN, está de moda. Siempre hay una moda para el robo. Y después del robo el extremo es el asesinato—  indica Rosa Amarilis Villatoro Morales, pequeña, a esta hora de la mañana atractiva y reluciente, también ella es bombero primero. Ambos están de turno la mañana de un lunes. La noche ha sido movida. En la cabina donde atienden, el teléfono y la radio, no dejaron de sonar.

—Puerto Barrios es así. Las colonias donde más suceden cosas son Los Pozitos, El Manantial, Las Colinas y El Culebrero. — dice Batres. En la pared de la cabina, una pequeña habitación de dos metros por dos metros, están los nombres de los fiscales del Ministerio Público que ocupan los turnos de cada día. Los llamarán de inmediato caso suceda un asesinato.

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Justo detrás de la brigada de bomberos está ubicada la subestación 61 de la PNC. En su interior, con aire acondicionado a todo lo que da, casi 10 grados, las pizarras intentan dar un análisis del municipio. Ahí está el mapa del departamento de Izabal. Unas chinchetas dan cuenta de los últimos sucesos ocurridos en los cinco municipios de esta región. Puerto Barrios destaca con el mayor número de incidentes en los últimos días: arma de fuego, robo, arma blanca, arma de fuego, arma blanca, arma de fuego, estrangulamiento. Tan sólo en 2013 este municipio se colocó en el quinto lugar de robos al patrimonio, con una tasa de 338.26 por cada 100 mil habitantes. Los subcomisarios, Gustavo Recinos y José Martínez intentarán explicar lo que ocurre en el municipio más violento de Guatemala. Se les ve agotados. Fuera de la subcomisaria, de donde vienen, el termómetro marca 37 grados. La charla es imposible. Las llamadas vienen y van. Hoy hay un decapitado en el municipio aledaño de Morales. Unos minutos después, reciben la noticia de otro asesinado. Deben coordinar, mover a los agentes de descanso. Por la tarde habrá un partido de fútbol y deben, también, dar seguridad. Al día siguiente, de nuevo sucede algo importante: Yesenia Magaly Ponce Rodríguez, hermana del narcotraficante, Mario Ponce, resulta herida durante un enfrentamiento armado entre agentes de la PNC y supuestos narcos en Morales, Izabal. La comisaría 61 estuvo presente. Los subcomisarios apenas pueden hablar. Aunque intentan responder.

—¿Por qué se mata en Puerto Barrios?

—Por ser un municipio con mucho comercio, y mucho libertinaje de las personas, que se dedican a la vida nocturna, y al consumo de alcohol y otras clases de drogas no licitas, y al no tener recursos económicos se dedican a delinquir, o delinquen al estar en estado de ebriedad u otras alteraciones emocionales producto de las drogas. Por ser municipio fronterizo, existen muchos migrantes, que radican acá, factor que da lugar, a que el delincuente tenga una vía más pronta de escape.

Los subcomisarios, Recinos y Martínez, piden una pausa. Otro incidente ha ocurrido en la región. De nuevo un asesinato, en la frontera entre Puerto Barios y el municipio de Morales. Hay que mover más agentes, aunque sea su día de descanso. Hay sólo 34 agentes para intentar cuidar los 106,722 habitantes que tiene Puerto Barrios… 

Las regiones de la violencia

Si se hace un zoom out desde Sibinal, en San Marcos, y si luego se da otro desde Puerto Barrios, en Izabal, el mapa de Guatemala aparecerá casi por completo en la pantalla. Por un lado veremos Honduras, en la frontera oriente, y por el otro México, en la parte occidental. Detrás de estos mapas –muchas veces llenos de datos y cifras como los de la PNC– hay un espacio lleno de analistas, investigadores y estadísticos, radicados casi todos en la ciudad capital. Cada uno atento, tan atento como si fueran depredadores ante la presa, ante los números que pueden descifrar el acertijo. Así el fenómeno de la violencia en Guatemala, no da sólo una respuesta. No hay una explicación única. Hay contrastes, circunstancias, como dicen los académicos, que configuran las regiones de la violencia. Las más violentas y también las pacíficas.

¿Cómo ver las estadísticas?, ¿qué nos dicen de la violencia homicida? Carmen Rosa de León Escribano, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo (Iepades), ha dedicado los últimos años a analizar la violencia en Guatemala. De León, para sus estudios, ha tomado el mapa de Guatemala y lo ha partido, casi por la mitad, en dos grandes regiones: “una abarca occidente donde la violencia es mínima, y la otra, se ubica en la zona oriental donde violencia es muy alta”, dice ella, en referencia a la violencia homicida. Justamente, Puerto Barrios, el municipio más violento de Guatemala, se encuentra en esta última área. Sibinal, en el otro extremo de la violencia, con un sólo asesinato a lo largo de 10 años, en la otra que menciona de León. “Y al ver esas dos zonas hay un tema para comprender. Toda el área de occidente que colinda con México ha sido, históricamente, un lugar para el contrabando, desde la colonia, desde el siglo pasado, hasta hoy. Y eso significa cierto orden, respeto por las jerarquías y los espacios. Un entendimiento implícito entre los actores. Desde los años 80, el cartel de Sinaloa ha utilizado esta zona para sus operaciones de tráfico de narcóticos. Y, para ello, ha logrado hacer uso de todas las estructuras existentes  (contrabandistas, narcotraficantes, sembradores de amapola). Se sabe quién controla cada área, cada punto de la frontera. Un solo cartel ha controlado esta frontera y, sin rivales, hay zonas de San Marcos que tienen tasas de homicidios similares a las de Europa”. Sibinal es uno de estos lugares que bien podría encajar en las palabras de la analista. Pero los comunitarios entrevistados han guardado silencio ante el tema del narcotráfico y el contrabando. Si se les pregunta, para ellos, la vida es normal con estos factores, no se ve como un problema demasiado grave, sino que, incluso, algo para explicar la tranquilidad. “Es un lugar difícil de investigar”, explica De León, y confirma las declaraciones del ministro Bonilla dichas durante las fechas en que se retiró la PNC de Sibinal: la amapola está en la región de San Marcos desde el conflicto armado, hace más de 30 años.

En el otro extremo del país, en el oriente, la violencia se ha exacerbado en los últimos años. De León indica que el narcotráfico también es uno de los factores, una parte de la causa: “La lucha es por el territorio y las rutas del narcotráfico. En oriente, cerca de Honduras, la disputa ha sido así desde hace más de un lustro. Los Zetas, el grupo armado que se separó del cartel del Golfo, llegaron a la zona en 2008 y se enfrentaron al narco local. Su violencia es de otro nivel, sanguinario. Con su presencia hubo un reacomodo. Luego, en años recientes, este grupo se replegó, volvió a México, pero dejó –en oriente– un territorio fragmentado: muchos grupos peleando las rutas del narcotráfico”. Puerto Barrios está en el departamento más nororiental de Guatemala, Izabal: la única salida al Océano Atlántico que tiene el país. Es decir, como señala De León, allí se encuentran los únicos puertos que comunican con Miami, en Estados Unidos, desde Guatemala. “El contrabando es histórico también en este lugar, pero... hoy por hoy hay muchos grupos disputándose el control de toda la zona”.

"Las dos Guatemalas" es una idea del estadístico, Carlos Mendoza, un apasionado de los números, fundador del Central American Business Intelligence (CABI). Uno de los ejes que maneja Mendoza se enfoca en abordar el tema étnico como uno de los factores que pueden ayudar a comprender la violencia o la ausencia de ésta: “En los municipios con mayoría de población indígena (en área rural y más pobre) los niveles de violencia pueden descender hasta un dígito, mientras que en los lugares con mayoría mestiza (menos pobres, más urbanizados y hasta con mayor presencia policial), las tasas pueden llegar a tener hasta tres dígitos”, indica. El factor cultural está incluido: Mendoza habla de cómo una colectividad –con costumbres y estructuras– posee la fuerza necesaria para influir a un nivel muy personal. “La aspiración para un joven indígena muchas veces radica en alcanzar cierta responsabilidad o servicio para su comunidad. Desde niños se les educa para ser parte de una estructura con costumbres heredadas, consuetudinarias. Fuera de lo rural, en lo urbano, la aspiración es otra cosa, se impone la búsqueda de estatus, a través de objetos y posesiones, e implica una lucha constante por alcanzar una posición social alta. No importan los medios para hacerlo, ya sean legales o ilegales, incluso el extremo de matar”. (Mendoza se refiere a la violencia homicida, en el caso de la violencia sexual, por ejemplo, las cifras se revierten y la región de occidente gana puntos en el ránking).  Ya lo intuyen los pobladores de Sibinal, ya lo asume también el juez de paz, los jefes y comisarios de la PNC, ya lo explica también el enterrador de Puerto Barrios: hay siempre una condición social, de contexto.

Pero si Guatemala son dos, dos cosas completamente distintas en un mismo pedazo del planeta, primordialmente, como dice Aldo Magoga, físico teórico, consultor para organismos internacionales, se debe a la inequidad. “Donde más igualdad hay, es curioso, habrá mayor índices de pobreza y poca violencia. Y eso desmiente que la violencia se deba a la pobreza. Y si nos acercamos a regiones más urbanas, la desigualdad aumenta, y cuando la inequidad crece la violencia será mayor. Pero Guatemala es compleja. Su índice de Gini, que mide inequidades económicas, es 55.9 (el 70 % de la riqueza está concentrado en el 30 % de la población) casi similar al de Chile, pero en Chile no se mata como acá”. Pero hablar de ricos y pobres en Guatemala es otra cosa. La diferencia se siente, se respira, se intuye en muchas de las conversaciones de la gente, tanto de Puerto Barrios como en Sibinal: los pocos ricos y los muchos pobres. El índice de pobreza general de Sibinal, ese número que mide la calidad de vida, por ejemplo, es del 90%, y de pobreza extrema: 43.9%. En Puerto Barrios la pobreza es de 24.3% y la pobreza extrema: 2.8%.  Magoga además no parte el mapa de Guatemala sólo en dos regiones, como otros académicos. Para él hay cuatro grandes áreas de estudio, en relación a la violencia homicida: “Uno: mucho robo y mucho homicidio. Dos: pocos delitos y mucho homicidio. Tres: poco de los dos. Cuatro: mucho delito pero pocos homicidios”.

Por supuesto hay más factores que mantienen atentos a los académicos. El tema de las armas también divide el mapa de Guatemala: “A mayor número de armas, más violencia”, dice de León. A mayor número de armas, la letalidad de la violencia recrudece. Y sí, explica, “hay más armas en oriente, en toda la región que se disputa las rutas del narcotráfico”. La migración también, los analistas consultados están conscientes de ello: la población de un puerto, dependiendo de fechas y horas, es muy difícil de medir: “aumenta y disminuye cada día, y cada día sus estadísticas se modifican. La violencia ocurre en mayor cantidad en los lugares de confluencia y mucho comercio. Aunque la población tenga un número determinado de habitantes, el ir y venir de mucha gente, altera las cifras y el comportamiento de la violencia”, como señala Mendoza.

Puerto Barrios y Sibinal son lugares muy distintos, lejanos entre sí. Los une el hecho de estar inmersos dentro de uno de los países más violentos del planeta. Un estigma. Un indicador. Un número. A pesar de ello, las causas de la violencia homicida en Guatemala son diversas, fluctuantes, dispares. La gente de estas fronteras, día a día, y de modo muy particular, vive cerca o lejos de la muerte. Ellos viven, sobreviven, y la explican como pueden.