Ecuador en busca de sí mismo

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Ecuador vive sus peores días desde que asumió hace un año la presidencia el banquero Guillermo Lasso. El país se encuentra parcialmente paralizado por cuenta de una movilización de al menos 30 mil indígenas que mantienen sitiada a la capital, Quito, mientras el Gobierno hace esfuerzos desesperados por controlar una situación política que hace rato se le salió de las manos.

Desde que empezó la protesta indígena hace 10 días, van ya más de 80 personas detenidas y más de 50 civiles heridos, de acuerdo con la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos. Por su parte, la Policía ha reportado 27 policías secuestrados por los manifestantes. Y solo en la ciudad amazónica de Puyo hablan de 18 oficiales desaparecidos en el contexto de los enfrentamientos con la ciudadanía. Se ha hablado incluso de la posibilidad de que las protestas indígenas allanen el camino para un cambio de gobierno, como pasó con el de Abdalá Bucaram en 1997 y el de Lucio Gutiérrez en 2005, aunque cualquier horizonte es aún incierto.

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¿Qué explica la intensidad de esta nueva ola de protestas? El balance de gobernabilidad de Lasso resulta abiertamente negativo. Su popularidad está por debajo de los 40 puntos y esto ocurre en medio de un ambiente de tensión, según la encuestadora Perfiles de Opinión. Los indígenas, a quienes se han sumado otros sectores sociales, reclaman por la falta de empleo, el alto costo de la vida, la inseguridad por la delincuencia común y el narcotráfico. Las protestas no parecen tener un final a la vista y aún no hay un horizonte cierto.

En medio de ese escenario, detractores políticos intentan tomar el resto de poderes del Estado. Lasso llegó al poder después de una década de intentos fallidos que dieron paso a dos gobiernos de izquierda, los de Rafael Correa y Lenin Moreno. Estos presidentes dejaron al país sobreendeudado y con sus ingresos condicionados, como la producción petrolera en manos de China. Lo hicieron para impulsar proyectos sociales y de infraestructura que en muchos casos se vieron envueltos en corrupción por sobreprecios y sobornos al más alto nivel político. Tanto, que un expresidente fue sentenciado y se encuentra prófugo, y un exvicepresidente tiene tres condenas a cuestas.

El discurso de Lasso avizoraba un timonazo radical al rumbo que le habían dado al país las políticas de Correa y Moreno. Ofrecía mejorar la economía de los ecuatorianos, que se fue a pique en 2019 tras un paro sin precedentes (que se replica ahora) y por los efectos de la pandemia de COVID-19, al año siguiente. En esos dos escenarios el país perdió más de 17 mil millones de dólares, según estimaciones del Banco Central del Ecuador (BCE).

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Según Giuseppe Cabrera, investigador en Teoría Política y Participación Ciudadana, esa caída en la popularidad de Lasso y el rechazo de sectores de la sociedad —del que se han hecho eco sus opositores de izquierda y de derecha— evidencia una falta de experiencia y capacidad para gobernar. «Gobernar significa gestionar y acordar, y en esa línea, el Gobierno no ha sido capaz de hacer ninguna de las dos. No ha sido capaz de gestionar las demandas y necesidades de la gente en torno a la seguridad, generación de empleo, de la misma forma como se hizo el plan de vacunación», refiere el máster en Análisis Político.

Lasso se defiende con su logro más presentable, el plan de vacunación, que consistía en inmunizar a unos 9 millones de personas en los 100 primeros días de Gobierno y recibió aplausos de la mayoría de los ecuatorianos y de los países de la región. Pero Cabrera aclara que los problemas que aquejan a una gran parte de ecuatorianos van mucho más allá, pues son multicausales e históricos, anteriores al mandatario, aunque éste sí tiene responsabilidad de que esas situaciones se hayan agravado.

«Creo que el presidente ha sido incapaz y él debía estar consciente en lo que se estaba metiendo. Desde hace mucho tiempo decíamos que la situación del país desde el 2017 era muy complicada, y que con un proyecto político de 10 años del mismo candidato se esperaba que tuvieran las cosas claras», analiza Cabrera. Recuerda que, irónicamente, desde entonces Lasso creó un tanque de pensamiento o laboratorio de ideas para poner en práctica cuando llegara al Palacio de Carondelet.

El analista apunta a la incapacidad para establecer una convivencia política con las tendencias más afines y con las de la otra orilla: los movimientos y partidos de derecha y de toda la izquierda, además de las autoridades de otros poderes del Estado. «Ya vimos el pedido de renuncia del delegado del Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura, los problemas con el presidente de la Corte Nacional, con la Corte Constitucional. No solo ha sido con un partido, con el correísmo. Creo que el presidente ha cometido uno de los errores de todas las administraciones, pero que a él no le sale. ‘Yo soy el único capaz de entender al pueblo y el resto está en contra del pueblo’. Que es algo que usó la Revolución Ciudadana, en la presidencia de Rafael Correa, pero con diferentes condiciones que se lo permitían», agrega el experto.

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En efecto, en su momento el correísmo tenía la mayoría de los escaños de la Asamblea, desde donde imponía su programa de Gobierno sin obstáculos, como en el 2017 cuando obtuvieron 74 curules de las 137. En 2021, el Movimiento CREO, de Lasso, en cambio, alcanzó 12 escaños, 20 menos que en las elecciones anteriores (2017).

Ese escaso capital político le ha pasado factura a los planes del empresario guayaquileño que llegó al poder en una alianza endeble con la organización tradicional de derecha, el Partido Social Cristiano, pacto que se cayó a los pocos días de haberse posesionado por discrepancias con el líder de aquella organización política, Jaime Nebot. Sin embargo, CREO logró lazos para formar su mayoría en el legislativo con la Izquierda Democrática y Pachakutik (brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie). De este modo obtuvo la presidencia de ese organismo, pero ese acuerdo también se derrumbó con el tiempo y con ello su control de la Asamblea.

Por eso, el 31 de mayo, es decir, un año después, 81 legisladores opositores votaron por destituir a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Así terminó un periodo en el que la contienda política había prácticamente borrado los roles legislativos y de fiscalización de ese poder del Estado.

«Está claro que al sacar a Guadalupe Llori de la Presidencia de la Asamblea, más allá de la evidente incapacidad de generar consensos, los opositores buscaban influir en los procesos de fiscalización de manera más directa, poder realizar juicios políticos a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para detener su impulso de designar al Contralor General del Estado, así como también designar a otras autoridades del Estado», señala Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

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Para contextualizar, esa entidad designa autoridades como el fiscal general, el contralor, el defensor del Pueblo, entre otras, y el Gobierno busca evitar que esos cargos queden en manos de la oposición y en especial del correísmo.  

Para el periodista especializado en temas legislativos y del poder público, Alfonso Albán, en política casi nada es coincidencia. «Considero que el objetivo principal de la oposición al destituir a Guadalupe Llori es captar el Consejo de Participación Ciudadana, con la destitución de sus consejeros, y más allá de ello también hay otros hechos muy claros que te llevan a esa lectura», explica el periodista guayaquileño.

Según Espinel, en medio de esta pugna por sumar poder se habla de la existencia de un supuesto pacto en la Asamblea entre el correísmo izquierdista y la derecha opositora a Lasso, una alianza muy puntual y coyuntural, irreconciliable, sobre todo, cuando se trata de temas económicos y de derechos. «Encuentran un punto en común: la designación de autoridades de control. A la larga ahí está la gallina de los huevos de oro», concluye.

Este ha sido el problema estructural y de fondo de la Asamblea en el último año, al que se han sumado escándalos que incluyen denuncias por coimas, conductas inapropiadas, como cuando una asambleísta dijo en una reunión orgánica que «si roban, roben bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros», y una relación con un prófugo vinculado con el narcotráfico.

Este tema, el narcotráfico, también ha sido uno de los problemas de coyuntura, sobre todo, desde el año pasado, cuando se recrudeció la violencia en las cárceles por la lucha del poder entre bandas de narcos. Esa lucha también se libra en las calles, donde mueren niños, adolescentes y adultos que no pertenecen al crimen organizado. Hoy los niveles de criminalidad se evidencian en las más de 1800 muertes violentas registradas en lo que va de 2022, mil muertes más que en 2021, un año que a su vez había superado el umbral de 2020.

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«El país no tiene una política contra el crimen organizado. Y eso es lo más grave. Tampoco se tiene claro cuáles serán las políticas para mejorar la seguridad ciudadana, es decir, que se afecta por los robos a personas, robos de vehículos, celulares, etcétera. Más allá de ciertas medidas que pueden catalogarse como populistas o inmediatas, que es la inyección de más recursos para la Policía, no se ve una política integral contra el crimen organizado», señala Renato Rivera Ron, investigador de la Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada (Relasedor).

El especialista menciona que Lasso refundó el Ministerio del Interior, desaparecido en el gobierno de Moreno, para enfocar las acciones contra la criminalidad, pero sin la planificación y recursos necesarios, por lo que los esfuerzos podrían diluirse.

Para Rivera, el Gobierno debe replantear esa lucha. Para ello debería cambiar a los funcionarios de niveles altos y medios que, en muchos casos, vienen de los periodos de Moreno y Correa; sanear las filas policiales, estructurar un eficiente cuerpo de inteligencia y agilizar las compras públicas para el sector seguridad, entre otras acciones.

«También falta una integralidad. La política contra el crimen organizado debe venir de una articulación con el sistema penal, judicial, con la Fiscalía, con el Consejo de la Judicatura», señala el investigador. Describe así a grandes rasgos un problema tan complejo «que el Estado debe pedir ayuda a otros niveles y en otras latitudes».

Ante ese y el resto de problemas que orbitan en lo económico y social, los analistas consultados consideran que el presidente Guillermo Lasso primero debe recobrar la gobernabilidad, con base en su discurso de campaña: El Gobierno del encuentro.

«Son necesarias mesas de articulación, mesas de diálogo, pero también hay algo fundamental que se construye desde el discurso, es decir, las declaraciones del presidente Lasso en entrevistas, en eventos, tienen que ir en otra línea comunicacional. Debe bajar la retórica tan elevada. Que empiece a reconocer a sus adversarios como legítimos, no como enemigos que hay que destruir. Hablar con mucha más sensatez, cordura, tomando en cuenta lo que él dijo en campaña, los valores que decía proteger, el estado de derecho, la libertad, la democracia», comenta el analista Cabrera.

En ese sentido, Cabrera sugiere implementar una alianza política, por ejemplo, con las fuerzas que despuntan en la Asamblea, de forma pública y no a puerta cerrada, con términos claros y que sean cumplidos. Solo así se podrá solucionar problemas tan apremiantes como la movilización indígena, que incluye carreteras bloqueadas en la sierra, desabastecimiento en mercados de la costa y una sensación generalizada de inseguridad y anarquía. Un movimiento cuyos efectos pueden ser demoledores para una sociedad que aspiraba a la recuperación económica tras varios años de estancamiento.