Ejecutivo y campesinos: Caminar pero detenerse

Fueron 36 delegados de la llamada “Marcha indígena, campesina y popular por la defensa de la madre tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el desarrollo rural integral” los que se reunieron otra vez, el pasado 22 de mayo, a poco más de un mes de que recorrieran 216 kilómetros desde Alta Verapaz a la Capital, con el Ejecutivo.

Los esperaban, en el salón de banderas del Palacio Nacional, en esta historia inevitablemente política y fundamentalmente agraria, los representantes del Presidente: Elmer López, secretario de Asuntos Agrarios; Adrián Zapata, comisionado presidencial para el Desarrollo Rural; y Miguel Ángel Balcárcel, comisionado presidencial del Diálogo Nacional. 

Las reuniones entre la presidencia y los campesinos suelen ser largas, tediosas, y parecen discurrir a lo largo de una espiral que no tiene centro o aristas o un final. Proponen, refutan, piden tiempo, estipulan nueva fecha. Fin. Llega el Presidente, se queda un rato, se va, no regresa, manda a sus delegados, dialogan. Fin. Son debates que duran, en promedio, más de cinco o siete horas. Fin.

Los powerpoints en pantallas gigantes fungen de interventores que intentan explicar, en frases breves, los avances, compromisos y justificaciones. Las decisiones del Gobierno. Fin.

Los testigos de honor como monseñor Álvaro Ramazzini, y Alberto Brunori, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, moderan, aconsejan, se mueven de aquí para allá, hablan, intentan, en lo posible, un final feliz.

Esta cita, la segunda para evaluar los ocho temas prioritarios que desde el pasado 29 de marzo quedaron en la agenda del Presidente, tuvo, de igual forma, los mismos actores y casi los mismos resultados. Es decir, pocos avances.

“Ha tenido mal sabor”, dijo el líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), Daniel Pascual. “Se reconfirmaron los compromisos asumidos por el Ejecutivo y los avances de la reunión anterior. No hubo mayor avance”, recalcó.

Fue una reunión retórica. Laberíntica, sin salidas. ¿Fin? 

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Lo primero, a las 10 de la mañana, fue evaluar las pequeñas evoluciones. Los temas prioritarios. Los compromisos. La deuda agraria, la conflictividad en el valle del Polochic, la moratoria a las licencias de la minería e hidroeléctricas en el país, el problema de los límites en el municipio de Santa María Xalapán (Jalapa), la Sierra de Chinajá (Alta Verapaz) y los enfrentamientos territoriales de El Regadío (Quiché), aunados a la crítica que surge por la presencia militar en áreas donde se han reportado conflictos sociales.

Se inició con la evaluación de las demandas que ya han sido parcialmente solventadas. Se inició, desde luego, con (1) remarcar las delimitaciones de las comunidades de Santa María Xalapán, también con (2) el análisis territorial para que 14 comunidades de la Sierra Chinajá quedaran fuera de la definición de la zona núcleo de un área protegida, y más adelante, con (3) el estudio histórico, registral y catastral para determinar la legalidad de la propiedad del terrateniente, Pedro Brol, en El Regadío, Uspantán, Quiché.

Hace un mes, el 19 de abril, se acordó que cuatro temas, aquellos con mayor inconformidad  por parte de los dirigentes de la marcha, aquellos que eran vistos como poco o nada resueltos, serían entonces los importantes, los prioritarios de solución, epicentros y columna vertebral de la próxima reunión.  El Ejecutivo y los líderes campesinos acordaron el 22 de mayo para ello.

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El conflicto de tierra en el valle del Polochic había quedado como una cuestión resuelta parcialmente, primero con una prohibición definitiva a los campesinos para entrar a la finca del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) y, luego, con un compromiso para otorgar tierra a 600 familias: la mitad este año y la otra mitad el año siguiente.

En aquella oportunidad fue el tema de la propiedad, la reubicación de las comunidades, lo que quedó por revisar.

El martes 22 de mayo, no obstante, retomado, analizado, la nueva propuesta del Ejecutivo era poco más o menos amplia en torno a este problema en el Polochic: “Plantemos un mecanismo de acceso a la tierra”, destacó en su exposición, durante la nueva reunión, Adrián Zapata.

En efecto, el avance era una adjudicación de varias propiedades para varios campesinos de varias comunidades. Los Sauces, Recuerdos, Miralvalle, Río Frío, Paraná, Campana, Bella Flor, San Pablo I y ll, Las Tinajas, Quinich y Semau, así como San Miguelito Cotoxja, ubicadas en jurisdicción del municipio de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz, tendrían una oportunidad, una primera vez, de tener un pedacito de tierra. “Ellos tendrán que buscar, quizás una finca cercana, siempre en la jurisdicción del Polochic, y siempre que no afecte propiedad privada, a dónde quieren ser trasladados”, explicaban los actores del Ejecutivo.

Desde la otra parte, en donde permanecían los campesinos, no hubo reclamos. Salvo uno: “Daremos, como saben ustedes, daremos seguimientos a la operatividad de las propuestas”. Era Pascual. Se dirigía a la mesa de la presidencia

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Inmediatamente después, llegó al primer punto del estancamiento. El impasse. Un ambiente frío. Los pantanos de la deuda. Álgido, el dinero siempre es un tema álgido en estas reuniones kilométricas.

 Se dijo, se moderó, se intentó hablar de un consenso. No se consiguió.

 “El Gobierno asumirá la responsabilidad de la deuda agraria, pero no de manera absoluta, sino a partir de los mecanismos del Fondo de Tierras (Fontierras), se individualizará cada caso y se otorgará un subsidio”, argumentó, en una nueva intervención, Zapata.

“Acá el problema es simple”, entendía Omar Jerónimo, de Plataforma Agraria y parte de la comitiva de la marcha. “La deuda puede ser saldada de manera global, abarcadora, y no caso por caso como intenta disponer el Estado”.

La deuda agraria en Guatemala, según Plataforma Agraria, ahora mismo es de Q300 millones, y en medio de esos millones hay 14 mil familias insolventes y estas familias sin dinero viven en 199 fincas, y con un ingreso mucho menor a los necesarios Q24mil al año para pagar sus terrenos. Fontierras les otorgó, encima de lo anterior, un crédito al 60 por ciento de los intereses.

Ni uno ni otro, ni Ejecutivo ni dirigentes campesinos, consiguieron que el debate por la deuda cambiara, o se profundizara. “Fijemos otra fecha. Sigamos con lo que sigue. Fijemos el 15 de junio para apuntalar bien este tema”, dijo Balcárcel.

Prosiguieron. 

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Hablar del tema de seguridad, al parecer explicarlo, intentar plantearlo de modo más o menos amable o confiable no es algo fácil para los habituales representantes del Gobierno. No para Balcárcel, no para Zapata, tampoco para López. No ante los campesinos. Por eso, en esta ocasión, pidieron ayuda. Fueron a llamar al Ministro de Defensa, Noé Anzueto, para que desarrollara, describiera y justificara la presencia del ejército en ciertas áreas de conflicto, en ciertas zonas donde hay minería, en lugares con una hidroeléctrica, ahí en comunidades que comparten terrenos con megaproyectos. 

El discurso solemne, aburrido, con un powerpoint de diseño ochentero (colores cítricos sobre fondos grises y tipografía gigante fosforescente), ubicaba a “un ejército disminuido”, como decía Anzueto, en todo el territorio nacional. Un mapa de Guatemala fue el marco para una charla geográfica: el narco aquí, las rutas de contrabando por acá, el crimen organizado “organizado” allá, la brigada 1,2,3,4,5 y 6 en el norte, sur, este y oeste, los incendios, las inundaciones, los volcanes… Fuerza tierra, fuerza mar, fuerza aire.

“El ejército es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior”, puntualizó el Ministro de Defensa.

–¿Cómo se justifica la presencia militar en un poblado como San Juan Sacatepéquez? – preguntó Pascual a Anzueto. –¿los destacamentos y nuevos reclutamientos, al lado de una cementera?

–No estamos reclutando. El destacamento no está cerca de San Juan Sacatepéquez. Está incluso más cerca de San Raymundo.

El ejército está presente. Pero al parecer, como explica Pascual y otros dirigentes del campesinado, su presencia, también es un asunto que ha arrastrado la marcha “como un grillete entre sus pasos”, como explicaba alguien de la comitiva, no es algo que las comunidades hayan solicitado.

“Quizás los alcaldes… por eso pedimos consulta popular para ver si de verdad es solicitada la presencia del ejército cerca de las comunidades”, exigía Pascual. “No queremos que ocurra algo como lo de Santa Cruz Barillas. Lo que tenemos luego de un Estado de Sitio son campesinos detenidos y ningún narcotraficante. No se justifica la presencia del ejército. Es difícil desde ya explicarle a la gente del lugar que el Estado de Sitio no fue por otra cosa que no sean las extracciones”, agregaba. “Pueden surgir nuevos conflictos. Nos oponemos a la remilitarización por parte del Estado de Guatemala”.

“No es una remilitarización”, enfatizaba el ministro de Defensa. “Es por la seguridad del país”, agregaba.

El Ejecutivo se abstuvo de mayores comentarios. 

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Llega, saluda, se retira, a veces regresa, nunca se queda. Está ocupado. El presidente en estas reuniones con los campesinos es intermitente. Da discursos. Lo entrevistan. Otto Pérez Molina habla. Dice frases como estas: 

–El principal tema que veo yo de fondo, es la reforma agraria. Es el congreso que debe hacer vigente la ley 4084 de desarrollo rural integral. He coordinado y que haga un esfuerzo para poner en la agenda.

–Estamos de acuerdo en que esa ley debe ser aprobada.

–Nosotros desde el Ejecutivo pensamos que es importante la creación de un ministerio de desarrollo rural. Creemos que si no, no llegamos al fondo del problema. Que en el área rural sabemos que no hay oportunidades. No podemos dejar que siga sumida en la pobreza.

–He oído del tema de la remilitarización. No hay nada de remilitarización. El compromiso ha sido cumplir con los Acuerdos de Paz. Se reducirían las fuerzas armadas en un 33 por ciento. Pero debemos hacer frente a las amenazas en contra del país.

–Los incrementos de destacamentos, es para cumplir con tareas específicas. Es para ver el tema de las áreas protegidas y el crimen organizado. No es remilitarización.

–El tema de la deuda. Nosotros pedíamos el 15 de junio para poder tener una nueva propuesta. Que permita explorar más el tema. Queremos ver y evaluar la propuesta del fondo de tierras.

–La moratoria de las licencias. Quiero decirles: nosotros no hemos extendido ninguna licencia en lo poco que tenemos en el Gobierno.

–Una empresa quiere demandar al ministro de Energía y Minas. Ha solicitado audiencia con la presidencia. Dice que ha cumplido con todos los requisitos, con toda la ley. (“Es Goldcorp”, señalaban miembros del CUC, “es la minera en San Rafael las Flores, en Santa Rosa”).

–Los proyectos de extracción deben respetar el medio ambiente y debe tener responsabilidad social y cumplir con la ley.

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Hubo un llamado, una charla y una pregunta, en un momento en los pasillos del Palacio. Un acercamiento con los dirigentes de la marcha por parte de representantes del Ministerio de Ambiente. Una consulta también:

–¿Por qué no se han aproximado con nosotros? Podríamos tener a lo mejor coincidencias. Estamos trabajando el tema, el tema de una reforma a la ley de minería– Ekaterina Parrilla, viceministra de Desarrollo Sostenible, hablaba con los campesinos.

–Es que en realidad no pedimos eso –explicaba, una vez más, Pascual. –Pedimos una moratoria. Y moratoria significa suspender las licencias de megaproyectos cerca de las comunidades.

La reforma a la Ley de Minería que propone el Ministerio de Ambiente, a grandes rasgos, y tomado de sus argumentos institucionales, consiste en lo siguiente:

Exigirles a las empresas en los temas de mitigación de impacto ambiental y otorgar al Estado la facultad del cierre técnico de la mina si se violan estos elementos. “O en caso de contaminación”, decía Parrilla, “deben haber garantías que el Estado pueda ejecutar, sobre todo económicas: multas”.

El impuesto específico de la minería también se ha contemplado en dicha reforma en proceso. “Cómo ser recabado y cómo le queda algo a las alcaldías locales. Las grandes preocupaciones son medioambientales”. Y también: “cómo hacer una efectiva consulta a las comunidades. Y, desde luego, capacitación técnica para una buena supervisión de las empresas”.

Quedó claro, recalcado, luego de una reunión de más de treinta minutos con la viceministra Parrilla, que declarar moratoria para las licencias de operaciones de todas las empresas mineras e hidroeléctricas no es algo que el Ejecutivo pudiera hacer, algo que juzga como poco probable, “imposible en el marco de la ley”. Parilla, en este caso, fue la encargada de dar este anuncio.

Según la mesa técnica de la presidencia, son seis las peticiones de la marcha campesina que ya han sido resueltas hasta el momento: Santa María Xalapán, Regadío en Quiché, la Sierra Chinajá en Alta Verapaz, el conflicto en el valle de Polochic, la moratoria de licencias a empresas extractoras…

En suspenso, a la espera de un nuevo diálogo, siempre desde la versión del Ejecutivo, se mantiene una solución parcial sobre la deuda agraria y también la presencia militar en áreas conflictivas.

El Gobierno habló de un posible encuentro el 15 de junio. Los dirigentes de la comitiva, en contraste, esperan que un diálogo ocurra antes de dos semanas. Para ellos, son tres temas los que quedan pendientes, cuatro apenas en ciernes de solventar, y más de sesenta para los próximos meses.

La intención del 22 de mayo era cerrar definitivamente con los primeros ocho puntos priorizados desde el principio. Únicamente se concretaron mecanismos operativos, de seguimiento.