El caso de Andrea: Una sentencia excepcional en un país que niega justicia a mujeres y niñas
El caso de Andrea: Una sentencia excepcional en un país que niega justicia a mujeres y niñas
Andrea esperó tres años y la frustración de enfrentar las deficiencias de un sistema de justicia en deuda con niñas y mujeres víctimas de violencia sexual para poder ver a su agresor en prisión. El 4 de agosto, Emerson Omar Díaz exdirectivo de la Empresa Municipal de Agua (Empagua), fue sentenciado a 20 años inconmutables por los delitos de agresión sexual y violación. El caso ejemplifica las dificultades que enfrentan las sobrevivientes de violencia contra las mujeres al llevar sus casos ante los tribunales.
El día que Omar Díaz fue sentenciado, Andrea y su mamá lloraron en medio de un abrazo extendido.
Y es que en Guatemala esta sentencia parece más una anomalía que la regla. Lograrla fue difícil, especialmente tras los inconvenientes recurrentes y los retrasos «malintencionados», como ellas los definen. «Luchamos constantemente contra los atrasos, (justificados) en tecnicismos que usaron a su favor para que nos cansáramos de ir y venir del juzgado», explican.
Andrea es el pseudónimo con el que la familia dio a conocer esta historia, no es el nombre real de la niña de 11 años que, a finales de 2020, denunció a su agresor, un hombre de 48 años.
El 4 de agosto, Emerson Omar Díaz escuchó su sentencia emitida por la jueza Alma Judith López. Fue declarado culpable por los delitos de violación sexual con agravación de la pena y agresión sexual de forma continuada contra Andrea, una niña que tenía ocho años cuando comenzó a ser víctima de sus agresiones. La pena fue de 20 años inconmutables y la impuso el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, en el departamento de Sacatepéquez.
La sentencia en este tipo de casos es más bien una anomalía, no una norma. Para 2022 en Guatemala, se registraron diariamente, en promedio, más de 20 denuncias por violación y agresión sexual contra mujeres o niñas. Se estima que muchos más casos no son denunciados ante el Ministerio Público por distintas razones: temor, coacción, miedo a represalias. De esas 20, solo 12 llegan a un tribunal, y de esas, cinco logran una sentencia, según un análisis con datos del Ministerio Público y Organismo Judicial. Los otros 15 casos diarios son absueltos por falta de prueba.
Cabe mencionar que un alto porcentaje de casos son desestimados por razones como errores en la tipificación del delito y porque la fiscalía no realiza una efectiva investigación para encontrar elementos probatorios.
Miedo en silencio por dos años
Los abusos empezaron en el año 2018, ocurrieron en la misma casa donde vivía la menor.
En noviembre de 2020, Díaz fue denunciado en la Fiscalía de la Mujer ubicada en Antigua Guatemala por abusar sexualmente de Andrea durante dos años continuos.
En ese entonces Diaz era pareja de la madre, por eso tenía cercanía con la menor. Apoyaba económicamente a la familia, especialmente, a costear el tratamiento de la hermana de Andrea, quien padecía un estado de salud delicado. Esta fue la situación que utilizó como medio de chantaje para garantizar el silencio de la niña.
Durante casi 2 años, Andrea se guardó las constantes ocasiones en las que Omar Díaz entraba a su habitación y la agredía sexualmente, a espaldas del resto de la familia. «Es amor de padre», le decía, para convencerla de que no era una situación anormal, sino una confidencia entre «padre» e «hija». Aunque ella guardaba silencio, manifestaba su angustia y miedo de diferentes formas. A partir de los ataques de su agresor, Andrea bajó su rendimiento en el colegio y adoptó conductas extrañas.
Se arrancaba el pelo, lloraba con mucha frecuencia y sin explicación; incluso se obsesionaba con limpiar algunas áreas de la casa. El punto más crítico llegó cuando Andrea vio en el cloro una salida, esperaba que ingerirlo le hiciera el suficiente daño para no despertar. Afortunadamente, no fue así.
Una noche, frente al televisor, Andrea y su madre escuchaban información relacionada al caso de una joven que había sido secuestrada y sus captores amenazaban con exponerla a violaciones. «¿Por qué le hacen eso a las niñas?», fue la pregunta que detonó el relato de la niña.
«Desde un inicio fue difícil para mi hija decirme todo lo que le pasó, fue desagradable e insoportable para mí el enterarme. Desde cambiarnos de casa de la noche a la mañana, empezar una vida nueva y denunciar los hechos traumatizantes, todo fue muy difícil», relata la mamá de Andrea. Al conocer lo sucedido, la familia recurrió al sistema de justicia para denunciar lo ocurrido.
Ese día empezaron las dificultades.
La primera y más pesada fue reconstruir una y otra vez qué ocurrió, contar todo de nuevo fue una tortura para ella y su hija. Si logró llegar a la sentencia, asegura, fue por la ayuda de familia, amigas, especialistas en salud mental, organizaciones y abogadas que la acompañaron.
Un proceso cuesta arriba
El camino para obtener una sentencia condenatoria no fue fácil. Durante el proceso, Andrea y su familia tuvieron momentos de frustración ante los constantes retrasos y repetidas suspensiones de audiencias para entorpecer el proceso, con la intención de beneficiar al acusado.
Cada año que pasaba sin ver avances en el proceso, relata la madre, la hacía sentirse «burlada y desamparada por el sistema de justicia de Guatemala».
En estos tres años se hicieron evidentes varias anomalías en el proceso de Andrea. Lo mismo ocurre en los miles de casos por violencia sexual que son denunciados ante el Ministerio Público cada año. Solo en 2022, se registraron 5,915 casos por violencia sexual contra mujeres y niñas; y 2,646 por agresión sexual. Aunque en 2020, debido a las restricciones impuestas por la pandemia, la cifra de denuncias descendió. Sin embargo, en los años posteriores, los datos se mantienen en cifras alarmantes. La falta de especialización y sensibilización de fiscales, abogados e, incluso jueces, en este tipo de delitos es una deuda pendiente de parte del sistema de justicia hacia las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual, el delito más denunciado a nivel nacional.
Para Ligia Saquiché, abogada especialista en investigación criminal y forense en casos vinculados a violencia contra mujeres, existen ciertos errores al abordar a las sobrevivientes debido a que aún hace falta mucho en temas de justicia especializada.
En juzgados y fiscalías, por ejemplo, se incurre en prácticas que resultan revictimizantes y que, lejos de apoyar a las denunciantes, dificulta su proceso. Además, esto permite que existan dificultades para avanzar en la resolución. Según información del Observatorio Judicial de Justicia Penal realizado por la Universidad Rafael Landívar, en Guatemala un caso en materia penal dura alrededor de 800 días, en gran parte, la demora se debe al litigio malicioso, que busca retardar o entorpecer el proceso, como ocurrió en este caso.
Desde la audiencia de primera declaración, al relatar su vivencia y a pesar de su corta edad, Andrea fue sometida a interrogatorios revictimizantes, según relata su madre. Según especialistas en salud mental, la revictimización, sumada al impacto de ser víctima de una situación de violencia o abuso, trae consigo consecuencias a largo plazo entre las cuales figuran el estrés postraumático, problemas de autoestima, ansiedad, entre otros comportamientos.
Mientras daba su testimonio, la menor lloró en repetidas ocasiones. «La audiencia que se desarrolló en la cámara Gesell (habitación con dos ambientes separados por un espejo que permite ver hacia un lado pero no hacia el otro) fue otro desafío enorme porque la retrasaron en tres ocasiones. Ella tenía que repasar en su mente los sucesos para no olvidar los detalles importantes para ella y así expresar de qué manera la traumatizó el agresor por todos los abusos que soportó. Allí se le hicieron preguntas confusas a las cuales ningún niño debería ser sometido», explica.
Mientras Omar Díaz buscó abogados acostumbrados a litigar casos mediáticos y de mucha influencia, Andrea y su familia buscaron el apoyo de organizaciones en defensa de derechos humanos y de instituciones en favor de las víctimas de este tipo de violencia.
En un principio, Díaz López tuvo el auxilio profesional de Claudia Paniagua, quien actualmente es magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) y que, además, fue defensora de Diego Ariel Stella quien en marzo de este año también fue condenado a ocho años de prisión por el delito de violación.
El abogado Mario Federico Hernández Romero también fue defensor de Díaz López. Hernández fue abogado del expresidente Otto Pérez Molina en el caso La Línea y Cooptación del Estado. Además, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala lo incluyó en un informe como parte de un listado de abogados que han intervenido en casos de alto impacto. Hernández fue el ejecutor de distintas acciones para retrasar y suspender audiencias en repetidas ocasiones.
Por su parte, la familia de Andrea recibió el apoyo legal de distintos órganos como el Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima y la Asociación de Mujeres Generando Equidad, Liderazgo y Oportunidades (ASOGEN). Además, tuvo el acompañamiento de la Asociación Coincidir, agrupación que se enfoca en velar por los derechos de niñas y niños. En la mayoría de audiencias, un grupo de niñas de la asociación realizaban actividades lúdicas fuera del juzgado para manifestar su solidaridad hacia Andrea, realizaban pancartas y cantaban canciones de apoyo.
En los tres años que duró el proceso, se suspendieron más de diez audiencias por razones absurdas, a criterio de las abogadas defensoras. Por ejemplo, hubo suspensiones argumentando «motivos de salud» del abogado, falta de tiempo para estudiar el caso, síntomas de COVID19 en los implicados, e incluso problemas técnicos como falta de energía eléctrica.
El abogado defensor de Omar Díaz incluso tomó acciones legales para separar a la jueza Mayra Méndez del proceso, acusándola de no ser idónea ni estar capacitada para llevar el caso, luego de que envió a prisión preventiva al agresor. Esa última acción retrasó el caso por unos tres meses más.
Inicialmente, el caso se desarrolló en el Juzgado de Antigua Guatemala; sin embargo, tras varios retrasos y a petición de la parte acusadora, fue enviado a Chimaltenango en donde se dieron progresos importantes. Entre ellos, incluir el delito de violación sexual en la imputación. Esto implicó un alivio para la parte acusadora ya que ese delito no cuenta con medida sustitutiva, por tanto, Díaz López fue enviado a prisión preventiva. Inicialmente, estuvo en el preventivo ubicado en Chimaltenango y, posteriormente, fue trasladado a Mariscal Zavala.
Según el portal de Guatecompras, Díaz López ha sido contratista de la Municipalidad de Guatemala desde 2018. En total, se le han adjudicado 732,844.80 quetzales en contratos hasta 2020. A pesar de ser denunciado a finales de 2020 y enviado a prisión preventiva en noviembre de 2022, según información pública de la comuna, hasta diciembre de 2022, Díaz López aún figuraba como parte de la planilla de colaboradores de Empagua bajo el cargo de «coordinador de la subgerencia técnica» con un sueldo de 7,433.87 quetzales, más bonos.
Es decir, no cesó su relación laboral con la institución a pesar de los cargos en su contra y de haber sido enviado a prisión.
«El Estado se vuelve cómplice»
En Guatemala, aunque a nivel de la legislación ha habido un progreso importante para alcanzar justicia en temas de violencia contra mujeres, en la práctica, hay muchas deficiencias en la aplicación de dichas normas pues los operadores de justicia e incluso funcionarios del Organismo Ejecutivo y de las instituciones públicas permiten que el Estado se vuelva cómplice de estos delitos y les dé la espalda a las víctimas.
Stephanie Rodríguez, abogada especialista en temas de género, explica que, si bien en 2009 y 2010 cuando se crearon leyes contra el Femicidio, Violencia sexual y Trata de personas, hubo un avance enorme en materia legislativa, con el paso el tiempo las leyes no han logrado el efecto deseado ya que no ha habido una especialización y capacitación profunda en estos temas para los operadores del sistema de justicia que deben aplicarlas.
«Hubo una época en que se avanzó con la creación de tribunales y fiscalías especializadas; sin embargo, luego quedó en suspenso la capacitación de personal en este rubro. Y es que estos temas no son ajenos a la crisis que enfrenta desde hace algunos años el sistema de justicia. Ahí vemos que no ha habido una mejora en el tratamiento de los casos en tribunales, fiscalías e instituciones como el Inacif. Se ha perdido la especialidad en operadores de justicia y esto genera un problema que provoca que las víctimas no tengan una atención adecuada, con eficacia, pertinencia y enfoque de género», explica Rodríguez.
La especialista resalta como un indicador preocupante el bajo índice de casos que llegan a una resolución, sumado a los atrasos provocados por la mora judicial y retrasos. Por otra parte, dice, el litigio malicioso es constante en estas situaciones para retrasar los casos, en contubernio con el sistema de justicia que permite este tipo de bloqueos.
Además de eso, agrega, «al final de cuentas el sistema de justicia es una fotografía de la sociedad, en la que este tipo de violencia se ha normalizado y, en algunos casos, se culpa y cuestiona a la víctima, lejos de brindarle apoyo y protección».
En el caso de Andrea, por ejemplo, el hecho de que Omar Díaz haya continuado vinculado a una institución pública demuestra cómo el Estado se vuelve cómplice de estas acciones. «La Municipalidad actuó como cómplice indirecto para solapar este tipo de acciones cuando debería tener mecanismos internos y administrativos para separarlo del cargo. Son varios elementos que dan como resultado este tipo de situaciones y hay que verlo de forma integral», concluye.
«Vale la pena denunciar»
Lograr una sentencia en este tipo de casos no es fácil en Guatemala. Según demuestran las estadísticas oficiales del MP, el 65% de las denuncias interpuestas por mujeres y niñas por abuso o violencia sexual no llega a un tribunal. En el resto de casos, solamente en cuatro de cada diez casos se alcanza una sentencia. En promedio, un proceso por agresión o violación sexual demora más de dos años.
Estas cifras no son alentadoras para las mujeres sobrevivientes de este tipo de violencia.
«A pesar de todo, aunque es muy difícil, sí vale la pena denunciar y dar seguimiento a los casos», señala la madre de Andrea. «Hicimos todo cuanto pudimos para dar a conocer nuestra verdad, nuestro dolor y es gratificante saber que, al final, la justicia ayudará a sanar las vidas de las personas que fuimos afectadas directa o indirectamente», agrega.
«Sé que muchas personas se identificaron y seguirán identificándose con la historia de mi amada hija. Y, aunque hay tanta deficiencia en el sistema de justicia, no dejen de creer que hay personas que están haciendo su trabajo, aunque tengan adversidades para hacerlo; y, por esos pocos, la justicia llegará», concluye.
Tras el cierre del proceso, el MP presentó una apelación para ampliar la condena impuesta. Asimismo, la defensa de Díaz López también solicitó la anulación de la sentencia.
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