En su calidad de operador de alto nivel a cargo del Ministerio de Comunicaciones, realizó negociaciones anómalas con empresas transnacionales como Odebrecht, caso paradigmático de cómo dichas negociaciones se hicieron por toda América Latina con concesiones estatales de manera fraudulenta y criminal: práctica que es replicada por empresas locales que han actuado de la misma manera, según refiere el mismo Sinibaldi.
Más allá del conjunto de delitos cometidos por Sinibaldi, lo que evidencia este caso es la manera en que operan factores de poder económico y político que, coludidos, se relacionan para garantizar el sostenimiento de políticas estatales que apuntalan el actual modelo de acumulación de capital. Entre otras, a través de la concesión de obras públicas sobrevaloradas a empresas que se comprometen a cumplir con pagos de coimas, financiamiento de campañas políticas, etc.
El mismo Sinibaldi, además de señalar empresas y a otros operadores empresariales y políticos, refiere que para lograr concesiones y otras ventajas para el saqueo de los recursos públicos fueron compradas más de 250 voluntades de políticos y funcionarios de alto perfil. Dicha compra no solo correspondió a personas que formaban parte de relaciones corruptas eventuales, sino, especialmente, a quienes integraban estructuras y redes organizadas para tal efecto. Entre tales políticos y funcionarios se encuentran varios que están presos desde 2015, entre ellos un expresidente y una exvicepresidenta, así como varios exdiputados y candidatos presidenciales, aunque también otros que hoy ocupan cargos públicos por elección popular o por nombramiento en las altas esferas de los tres organismos del Estado.
[frasepzp1]
Los hechos en los que participó Sinibaldi y respecto a los cuales es confeso son una evidencia más no solo de estructuras criminales que operaron y controlaron ámbitos nodales de la institucionalidad y de la política pública, sino también de que estas siguen siendo parte de la conducción del Estado. Esto explica las orientaciones y los cursos de las principales instituciones del Estado guatemalteco, que evidencian la reproducción y profundización de privilegios, la compra y toma de la justicia y el avance de una agenda legislativa favorable a intereses ajenos al bien común.
Es por ello difícil esperar que, en esta coyuntura y con la actual correlación de fuerzas políticas —en buena medida favorable a estos intereses—, se pueda avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad y en una reforma política que busquen garantizar mejores condiciones para ejercer la justicia, revertir la tendencia antidemocrática y avanzar en dirección a que prevalezcan mínimas condiciones democráticas y políticas basadas en el interés público. No obstante, estas deben ser algunas de las metas mínimas tras las cuales debería perseguirse una articulación social y política que empiece a quebrar la actual correlación de fuerzas, paso sin el cual será imposible frenar el avance del autoritarismo, que afecta la defensa de derechos, las garantías de justicia, la preservación del ambiente y, en general, la solución a los graves problemas nacionales. En este contexto, además, se busca lograr políticas alternativas para enfrentar la actual pandemia de covid-19 y los graves impactos de la crisis multidimensional que experimenta el país.
Más de este autor