Son preguntas difíciles de contestar, más por el hecho de que la seguridad y el acceso a la justicia la vivimos de manera distinta, según el estrato socioeconómico y la ubicación geográfica. Aun así, es un tema que agobia a la mayoría de habitantes.
Lamentablemente, vivir en alerta permanente tiene un costo muy alto. Estar siempre a la defensiva, sospechar de medio mundo, dejar de hacer cosas que solíamos hacer y evitar salir a lugares habituales por temor a ser víctimas de un hecho delictivo, son situaciones que, según indican los expertos, afecta la salud física y emocional de las personas, aunado al hecho de que premia el individualismo y rompe con el sentido de comunidad, convivencia o pertenencia. A diario, los medios de comunicación dan a conocer noticias sobre asaltos, secuestros, asesinatos y otros hechos que, sin duda, incrementan nuestra sensación de vulnerabilidad y miedo. Un escenario sombrío y pesimista, que ya es parte de nuestra cotidianidad, aceptado y naturalizado.
La Constitución Política de la República de Guatemala establece que son deberes del Estado garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, y el desarrollo integral de las personas. Según los sistemas de contabilidad estatal, las tres instituciones con mayores asignaciones presupuestarias para cumplir con estos objetivos son el Ministerio de Gobernación (Mingob), el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ).
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A marzo de 2023, el Mingob tiene asignado el mayor presupuesto, con Q7,144 millones (25.1 % más que el ejecutado en 2022) y, aunque no incluye las asignaciones para las gobernaciones departamentales y otros, es la entidad principal en materia de seguridad, tanto por mandato legal como por tamaño de su presupuesto. Le sigue el MP, con Q4,054.2 millones (54.2% más que el ejecutado en 2022), y luego el OJ con Q3,726.0 millones (31.1% más que en 2022).
Aunque los montos son cuantiosos y superan lo efectivamente ejecutado en 2022 ¿son suficientes? En realidad no, los salarios de la gran mayoría de empleados de estas entidades rayan en lo mínimo, trabajando en condiciones de precariedad y riesgo continuo. Los servicios de seguridad y justicia están centralizados en zonas urbanas o metropolitanas, pese a que es necesario que todos territorios estén cubiertos por los sistemas de seguridad y justicia. Como agravante muy serio, los recursos públicos asignados a estas entidades se han malversado y han sido pasto de la corrupción. Además, en los últimos años, estas instituciones han favorecido sectores que no son ni representan los intereses de la mayoría de la población.
Ahora bien, el costo real de la seguridad y la justicia no es solamente es el del presupuesto de estas tres entidades estatales. Incluyen, además, los costos privados, soportados por las familias y las empresas. Y, muy por encima de estos, por no tener precio, el costo de las vidas perdidas o dañadas por la inseguridad y la injusticia.
Guatemala paga una factura muy alta por esta problemática y tiene un camino muy largo por recorrer para erradicarla. La seguridad y la justicia no llegarán sin cambios más profundos, como mejoras a la educación, la salud, el empleo digno, la atención a la juventud o reducir las desigualdades y la pobreza. Es indispensable que las autoridades de estas instituciones sean imparciales, honorables y dignas. En estas elecciones no votemos motivados por la frase o la promesa del momento, la más viral, o la que promete terminar con la violencia utilizando más violencia. Evaluemos y apoyemos las propuestas que planteen soluciones estructurales para las situaciones de inseguridad.
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