El despido de Rabanales y la irresponsabilidad gubernamental

La destitución de Cándida Rabanales era previsible desde antes de que fuese nombrada. En su momento afirmamos que el presidente le prometería el cielo y la tierra para luego dejarla en el total abandono. Y sucedió como anunciado. Rabanales se dejó engatusar por las palabras dulces del inquilino de Casa Presidencial, urgida, además, por la crisis que se vive en la protección estatal de los infantes y los adolescentes.

Morales y sus allegados seguramente se mostraron interesados por lo que ella había hecho en espacios no vinculados a la corrupción estatal, pero no llegaron a entender nada sobre la responsabilidad pública en la protección de los menores de edad. Incapaces de diferenciar entre niños con necesidad de protección y niños en conflicto con la ley, quieren tratar a todos del mismo modo. Tal vez porque nadie le ha explicado al señor presidente que su hijo José Manuel, ahora mayor de edad, es el caso típico de un niño en conflicto con la ley, pues delinquió siendo adolescente, y que en esos casos el Estado debe proteger a los otros hermanos, dado que los padres no han sabido educar a sus hijos en el cumplimiento de las normas.

Rabanales actuó con base en su experiencia y visión del problema, pero no encontró en su jefe, ni en los aliados ni en los socios de este, el apoyo político necesario para impulsar acciones urgentes que al menos permitieran comenzar a paliar la crítica situación en la que actualmente se encuentran niños, adolescentes y jóvenes bajo protección y vigilancia del Estado. Al presidente Morales le interesa satisfacer a los de su grupo, que ojalá no resulte ser una clica como la que dirigía el empresario y político Alejandro Sinibaldi.

Para satisfacerlos, Jimmy Morales se ha empecinado en nombrar gobernadores sin cumplir el ordenamiento jurídico. Insiste en supuestos estados de calamidad por la pésima gestión en la obra pública, así como en proteger y salvar a sus ministros de interpelaciones para que los negocios continúen viento en popa. Sus diputados, los propios, los comprados y los que está por adquirir, salvaron al ministro de Comunicaciones del voto de desconfianza por el pésimo estado en que mantiene carreteras y caminos, pero este no ha dejado de contratar a empresas con antecedentes de corrupción.

Morales no ha destituido a ninguno de los directa o indirectamente vinculados al horrendo crimen cometido contra las 41 niñas incineradas el 8 de marzo, y en cinco meses solo las acciones del MP avanzan, sin que las investigaciones prometidas por el ministro de Gobernación a los jefes policiales responsables hayan dado algún resultado. Todo lo contrario, los altos mandos de la Policía y militares que tenían bajo su responsabilidad a los que vejaron a las niñas y las dejaron morir siguen en sus puestos.

Rabanales contaba con la simpatía y el apoyo de los sectores que entienden que la política de apoyo a niños y adolescentes debe ser modificada de raíz, pero, a diferencia de otros funcionarios comprados por el régimen, no tuvo a su favor ni a los movimientos rosa ni a los lila, mucho menos a los medios de comunicación, para convertirla en otra superpoderosa. Para muchos, la situación de desprotección de niños y adolescentes es un asunto sin importancia y, cuando les llega a interesar, la convierten en una protesta estridente que se preocupa más por desprestigiar al Estado, al que confunden con un gobierno incapaz, que por salvaguardar a las personas.

Morales evidentemente comparte la posición de los que piden muerte y sepultura para todo adolescente o niño que se encuentre en riesgo. Si no participó del visible abrazo frente al Congreso entre los rojos más encendidos y las ultraneoliberales ahora carcomidas por la corrupción, en demanda de que las adopciones vuelvan a ser una venta especulativa de huérfanos, fue porque posiblemente una fiesta o alguna otra celebración se lo impidió.

Guatemala es el país de Centroamérica que menos invierte en niñas, niños y adolescentes. Además, carece de una política pública con lineamientos que orienten a las instituciones del Estado sobre la atención y la protección de los menores de edad. Actualmente, cada institución y organismo hace lo que le place, pues no existe un sistema de protección de los infantes efectivamente articulado y coordinado.

Rabanales apoyaba la aprobación de la iniciativa de ley 5285, en la que se propone la creación del instituto de protección especial de la niñez, se eliminaba la caduca y corrupta Secretaría de Bienestar Social y se retiraba a la Procuraduría General de la Nación de la atención a los infantes y a los adolescentes. La iniciativa no goza de las simpatías de los diputados jimmystas (efecenistas y aliados por intereses), ya que se eliminan bolsones de empleos para sus clientelas. Puede ser que por esto, y por no simpatizar con la práctica de limpieza social, ya evidentemente practicada en los centros de detención de niños en conflicto con la ley, Jimmy Morales la haya destituido.

La aprobación de la 5285, así como la puesta en marcha de una efectiva política de protección de infantes y adolescentes, no solo exigen la movilización de rosas y lilas, sino también requieren de una comprometida visión de país en que los diversos sectores entiendan que es en la protección y en el desarrollo de los niños y las niñas donde se construirá nuestro futuro.

Mientras tanto, ojalá que los extremistas de ocasión, ultrarrojos encendidos con dinero de Serrano y azules emelenistas con dinero de Sinibaldi, se autodestruyan en sus disputas maximalistas, de modo que dejen a los demás avanzar en la construcción de amplias, serias y fructíferas alianzas.