Por Carlos Arrazola.
Este lunes, la historia que quiso olvidar alcanzó al anciano general cuando el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado Primero B de Mayor Riesgo, ordenó sentarlo en el banquillo de los acusados y someterlo a un juicio penal acusado de genocidio y delitos contra la humanidad.
Será el primer proceso por genocidio al que sea sometido en Guatemala un ex alto cargo castrense como Ríos Montt, junto a uno de sus colaboradores, el exgeneral José Mauricio Rodríguez.
También será el primer dictador centroamericano en ser llevado ante la justicia para responder por delitos de genocidio y crímenes de guerra.
La Fiscalía guatemalteca acusa a Ríos Montt de haber ordenado la matanza de al menos 1.771 indígenas ixiles entre marzo de 1982 y agosto de 1983, como parte de la estrategia de "tierra arrasada" impulsada por el Ejército, del cual entonces era Comandante General, para combatir a las fuerzas insurgentes.
Desde 1974, cuando se presentó como candidato presidencial del desaparecido partido Democracia Cristiana, hasta la fecha, este militar retirado de 86 años ha sido uno de los más destacados protagonistas de la vida política de Guatemala.
Resaltó como militar de línea dura, pastor de una congregación evangélica fundamentalista, mesiánico líder político de derechas, eterno aspirante a la Presidencia e icono de la brutal represión desatada por las Fuerzas Armadas durante los años más cruentos de la guerra interna que vivió Guatemala entre 1960 y 1996.
El 23 de marzo de 1982 integró la Junta Militar designada por los oficiales jóvenes del Ejército que por medio de un golpe de Estado derrocaron al entonces presidente, el general Fernando Romeo Lucas García.
Tres meses después disolvió la Junta Militar y se autoproclamó Jefe de Estado, presidente de la República y Comandante General del Ejército.
Una de sus primeras medidas fue la puesta en marcha de los Tribunales de Fuero Especial, en los que los jueces con el rostro cubierto condenaron a muerte a 16 personas, y obligar a los indígenas a integrarse a las denominadas Patrullas de Autodenfesa Civil, grupos paramilitares de control y represión.
Según diversas fuentes académicas y defensores de los derechos humanos, durante los 17 meses que Ríos Montt gobernó de facto, el Ejército perpetró más de 250 matanzas colectivas de indígenas, principalmente en las zonas del oeste y noroeste del país, con un saldo de más de 25.000 muertes.
El 8 de agosto de 1983, Ríos Montt fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por su entonces ministro de la Defensa, el general Óscar Humberto Mejía Víctores, quien gobernó el país hasta enero de 1986, cuando se instauró la democracia.
A finales de 1989 Ríos Montt, junto a un grupo de antiguos militares y políticos de extrema derecha, fundó el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el partido que le permitió ser reelegido como diputado del Congreso desde 1994 hasta 2012, cuando concluyó su último período legislativo.
A pesar de que la Constitución guatemalteca le prohíbe a caudillos y golpistas presentarse como candidatos a la Presidencia, Ríos Montt logró el apoyo de la Corte de Constitucionalidad para inscribirse como aspirante al cargo en las elecciones de 2003, que perdió de forma aplastante.
La Justicia empezó a tocar a las puertas del general para que respondiera por los crímenes perpetrados durante el período que gobernó el país en diciembre de 1999, cuando la premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, presentó una querella en contra de ocho ex altos cargos militares, Ríos Montt entre ellos, ante la Audiencia Nacional de España.
La denuncia de Menchú por cargos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado, fue admitida a trámite por el juez del tribunal español Guillermo Ruiz Polanco el 27 de marzo de 2000, que meses después emitió una orden internacional de captura con fines de extradición a España, la cual nunca se concretó.
Aunque el proceso penal ante la Justicia española continúa abierto, en diciembre de 2007 la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal guatemalteco, dejó sin efecto lo actuado por la Audiencia Nacional por considerar que el alto tribunal español no tenía competencia para juzgar a guatemaltecos.
Meses antes, la Asociación por la Justicia y la Reconciliación, integrada por familiares de las víctimas de la represión, presentó una denuncia penal ante los tribunales guatemaltecos por genocidio en contra de Ríos Montt y otros militares retirados por las matanzas de indígenas perpetradas por el Ejército.
En enero de 2012, tras cumplir su último período como diputado y perder la inmunidad, Ríos Montt se presentó ante la Justicia para dilucidar las acusaciones en su contra presentadas en 2007 y una jueza lo ligó a proceso y ordenó su prisión preventiva domiciliaria.
Este lunes, un año después, el juez Gálvez le concertó una cita con la historia, al ordenar enjuiciarlo por genocidio y crímenes de guerra, el primer proceso de ese tipo contra un ex alto cargo castrense en Guatemala.
