Uno de los cuatro ponentes, Fernando Valdez, presentó algunos de los hallazgos de la investigación Guatemala: las entrañas del Estado (historia de sus crisis, dualidad institucional y poder de regeneración). En su exposición resaltó, sobre todo, la doble institucionalidad que configura al Estado, una formal y otra informal, las cuales funcionan para la regeneración del modelo socioeconómico y político. En especial, recuperó la coexistencia histórica de ambos tipos de institucionalidad y cómo esto se ejemplifica con el surgimiento de redes de corrupción y de criminalidad que en épocas recientes producen un desacoplamiento de las instituciones democráticas. Las prácticas de estas redes, se afirmó, constituyen la expresión de un patrón de conductas de poderes constituidos, la connivencia de lo legal y lo ilegal, de lo formal y lo informal.
La investigación referida indagó la reforma liberal, la revolución del 44, la década de los 70 y la transición de 1984, lo cual permitió documentar la eficacia de la institucionalidad dual: la formal y la informal, la legal y la ilegal, que funcionan juntas. A partir de ahí, Valdez concluye a) que el sistema político histórico no puede transitar hacia otro sin enfrentar el riesgo de desorden y una tendencia a su disolución con altos costos y b) que el modelo económico geográficamente concentrado y concentrador de utilidades, la sobrerrepresentación del capital y la perversión de la centralización han propiciado una institucionalidad ilegal. Desmontar ese modelo requiere de actores estratégicos con recursos de poder que impidan o perturben tales reglas y procedimientos en la toma de decisiones. La única fórmula democrática de alcance sistémico para contener ese proceso de captura consiste en desconcentrar los bienes productivos y las asimetrías de poder que se entrelazan. Hoy, afirma, deben ser redoblados los consensos intergremiales en torno a la institucionalidad legal para contener la captura mafiosa del Estado.
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Concluyo con la recuperación de algunos planteamientos de mi propia ponencia, titulada Sistema político, cooptación y clientelismo. Uno de los puntos de partida fue la afirmación de la existencia de un control estratégico en la aplicación de las normas y en el uso de las instituciones, garantizado por un orden constitucional gestionado por los grupos de poder económico históricamente dominantes y por grupos emergentes provenientes de nuevos nichos económicos, los cuales, no obstante sus contradicciones, confluyen en intereses fundamentales. Tales grupos se orientan a garantizar las condiciones de reproducción del modelo de acumulación y enriquecimiento preestablecido, lo cual es logrado a partir de prácticas como la creación y el financiamiento de partidos y de campañas políticas, el control de los medios de comunicación masiva, la orientación de los organismos, la política pública, los presupuestos, la asignación de contratos ventajosos, las transacciones de distinto tipo (coimas, cargos públicos, privilegios) y la activación de mecanismos para la evasión fiscal, entre otras.
La confluencia de estos grupos, por ejemplo, en el objetivo de impedir la continuidad de los procesos de investigación y de enjuiciamiento de estructuras de corrupción y de crimen organizado explica el avance en el proceso de reconfiguración mafiosa del Estado, que en buena medida configura el sistema político guatemalteco. Dicha reconfiguración avanza a tal punto que, en el corto plazo, solo falta que tales grupos logren el control casi absoluto de las instituciones estatales de carácter nodal que aún se les escapan de las manos, como la Corte de Constitucionalidad y demás cortes judiciales.
Concluí afirmando que son tales relaciones, prácticas y dinámicas las que vienen configurando el sistema político guatemalteco y, por consiguiente, la reproducción de un ordenamiento que, en definitiva, impide la intermediación, la representación y la gestión de la política pública en función de los intereses, las necesidades, las demandas y los derechos sociales, colectivos y mayoritarios. En otras palabras, las que imposibilitan la orientación del Estado hacia la búsqueda del bien común.
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