El genocidio frente a la historia y la memoria

Para América es un caso paradigmático el juicio por genocidio en contra del Pueblo Ixil y es un proceso del cual se sacarán múltiples lecciones en varios campos, porque llevó a los tribunales al general José Efraín Ríos Montt ―quien gobernó Guatemala de marzo de 1982 a agosto de 1983― y al general José Mauricio Rodríguez Sánchez ―quien fungió como Director de Inteligencia Militar durante la misma época―. Este juicio reúne el complejo drama de la colonización y el racismo en contra de los pueblos indígenas.^[1] Al mismo tiempo, muestra las complicidades y los silencios de la academia, universidades, profesionales e intelectuales indígenas y de la izquierda, durante el juicio que enfrentaron estos dos operadores de la élite guatemalteca.^[2] El debate inició el 19 de marzo y concluyó el 10 de mayo de 2013, con una sentencia plasmada en más de 700 páginas emitidas por el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente por Procesos de Mayor Riesgo "A", integrado por los Jueces: Iris Yassmín Barrios Aguilar, Patricia Isabel Bustamante García y Pablo Xitumul De Paz. El tribunal encontró culpable a Ríos Montt por el delito de genocidio y de ser responsable por los delitos contra los deberes de humanidad, imponiéndole una pena total de 80 años de prisión inconmutables, mientras que a Rodríguez Sánchez lo encontró libre de ambos cargos y fue absuelto.

Independientemente de que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolviera el 20 de mayo ―diez días después de la sentencia― declarar con lugar el ocurso de queja promovido por Ríos Montt, que retrocede el juicio al 19 de abril de 2013, lo sustantivo del proceso radica en que éste no puede ser comprendido si no se parte de que Guatemala como nación está sustentada en un Estado racializado, en cuya pirámide social los pueblos y las mujeres indígenas han sido colocadas en las últimas posiciones.^[3] Precisamente, ese Estado racializado fue el que generó y fomentó las condiciones para que a lo largo de la historia el Estado y la pequeña élite económica y cultural cometieran con impunidad genocidios en contra de los pueblos indígenas del país. Autores como Demetrio Cojtí y Enrique Sam Colop argumentan que de 1524 a 1996 se cometieron cuatro grandes genocidios.^[4] El más reciente fue el ocurrido de finales de la década de 1970 hasta mediados de la década de 1980. Hasta el día de hoy, de este último genocidio es el Pueblo Ixil el primero que luego de una perseverante lucha jurídica, de más de una década, de un colectivo de sobrevivientes, equipo de abogados y organizaciones que los representan se logró sentar en los tribunales nacionales a Ríos Montt y Rodríguez Sánchez para enfrentarlos frente a sus actos cuando estuvieron al frente del Estado.^[5]

Precisamente, mientras concluyo la redacción de este artículo, la prensa no cesa de informar que este Estado racializado está permitiendo que de nuevo los magistrados de la CC, afines a la élite nacional, amnistíen a Ríos Montt sin importar la violación a las convenciones sobre Derechos Humanos suscritas por Guatemala, pero sobre todo sin importar que nuevamente se vuelvan a violar los derechos de los sobrevivientes a obtener justica, especialmente a las mujeres ixiles que se atrevieron a declarar públicamente sobre la esclavitud, las torturas, la violencia sexual y la larga servidumbre a la que fueron sometidas por miembros del ejército durante esos años de guerra en las montañas mientras huían y eran perseguidos, en destacamentos o en los pueblos modelos que eran centros de concentración y tortura que fueron construidos para controlarlos de múltiples formas, proporcionándoles o negándoles comida, pero también obligándoles a delatar a otras personas o a prestar servicio militar.

Este momento que enfrenta la justicia en el país es complejo porque la realidad objetiva está enseñando que no importa cuánto se discuta sobre el derecho y sus teorías o de lo que fue el proceso jurídico porque en el fondo Guatemala posee un sistema fundado en el racismo estructural que si no se transforma, la justicia independiente no llegará. La historia mundial muestra que todos los juicios por crímenes de lesa humanidad se convierten en un verdadero desafío pero no hay otra manera de llevar a juicio a los responsables de estos crímenes sin que no se fuerce a todos los miembros de la sociedad a confrontar su complicidad de múltiples maneras en las violaciones y, eso, es lo que hace el proceso más difícil y doloroso. Ante eso, el callar del presente solo va a reforzar la complicidad pasada, aunque en el caso de Guatemala ese desafío se multiplica exponencialmente, por el hecho de que el genocidio fue en contra de las poblaciones indígenas que a lo largo de la historia como nación, no han importado sus vidas, menos sus derechos, sólo han importado para ser explotados como mano de obra masiva y barata. Por eso, la pregunta: ¿Cómo debe bregar una democracia cuando se enfrenta a las violaciones de derechos humanos cometidos por el propio Estado? No es ni siquiera una pregunta válida en Guatemala, porque aquí no se ha podido construir una democracia y aunque no se trata de reducir la ley a lo político, ante la permanente influencia del CACIF en las decisiones del sistema jurídico es ingenuo creer que estamos ante un sistema de justicia independiente que vela por el bienestar de la mayoría de la población que es indígena, aunque los censos nacionales lo nieguen.^[9]

Al cerrarse las opciones nacionales, a los sobrevivientes que no han descansado por obtener justicia, buscaran caminos internacionales y dejan para la historia universal la evidencia contundente que desnuda cómo el sistema de justicia nacional se negó a juzgar los crímenes por genocidio cometidos en su territorio en contra del Pueblo Ixil y busca a través de malabares jurídicos cerrar las puertas para cualquier otro pueblo indígena, como el k'iche', q'eqchi', kaqchikel, achi' entre otros que también enfrentaron genocidio y ya no puedan pedir justicia. También, el proceso demuestra que mientras el Estado no sea refundado en su estructura orgánica todo esfuerzo jurídico que se realice desde los propios pueblos indígenas por lograr justicia se estrellará con la infranqueable barrera de la impunidad construida por las élites que controlan los tres pilares del Estado. Ante esto, no importa desde qué arista analicemos el juicio porque la evidencia nos lleva a comprender que el problema de fondo que en Guatemala no pude obviarse es el racismo porque es base del Estado, parte intrínseca de la élite y pan diario de la sociedad.

Un punto importante es reconocer que a pesar de la gran importancia del juicio y la sentencia, es nuestra responsabilidad como sociedad diversa mantener una discusión crítica sobre las violaciones a los derechos humanos y prevenir del olvido que tanto promueve la élite nacional como la internacional, para mantener el sistema inequitativo pero también el silencio histórico. Dado que el Estado de Guatemala llegó a los extremos del exterminio hace apenas 30 años porque contó con los apoyos materiales, logísticos, de armamento e inteligencia de los principales gobiernos del mundo que se disputan la hegemonía mundial. Discutir sobre el juicio, demandar justicia o luchar por rescatar la memoria, parte de reconocer el pasado para pensar en el futuro. Pero sobre todo pasa por entender la resistencia ixil en donde el 70 por ciento de la población fue desplazada y se aniquiló a más del cinco por ciento, aun así con paciencia y sabiduría se reorganizaron, discutieron y acordaron buscar justicia, sin importar lo lejos que quedara. Trece años después, colectivos ixiles de sobrevivientes llegaron a la capital y en silencio llenaron todos los días del juicio el ala derecha del tribunal y escucharon atentos el proceso. Allí estuvieron con sus manos y sus pies callosos y partidos, con sus rostros ajados por el sol y el dolor. Con sus ojos profundos y cristalinos, luchando porque se cierren las puertas del infierno. Porque nunca, ningún pueblo en Iximulew vuelva a enfrentar genocidio^[10]

Por eso, las voces que hoy reprochan a la CC también deben de analizar con ojos críticos la responsabilidad de la mayoría de la sociedad guatemalteca que se rehúsa a conocer el pasado reciente desde una perspectiva analítica y apuestan por el olvido promovido por los medios de comunicación conservadores, las universidades incluyendo la universidad pública, las iglesias y sectas, los partidos políticos y la burocracia del gobierno actual que viven su versión alargada de la guerra fría en donde predomina la doctrina de la seguridad nacional. No cabe duda que la ignorancia sobre los crímenes de genocidio y lesa humidad recientes, está sustentada en la indiferencia de la mayoría.

La sentencia también simboliza un cierto nivel de justicia por las más de 200 mil desapariciones forzadas de seres queridos, desarraigos familiares y personales de más de un millón de personas, asesinatos de generaciones de mujeres y hombres universitarios, profesionales, intelectuales, artistas y sindicalistas urbanos o rurales. Por eso, para significativos sectores de mujeres y hombres de los pueblos indígenas, mestizos y ladinos el general Efraín Ríos Montt ya fue juzgado y condenado, ya no importa que el otoño de su vida lo arrope en la comodidad de su arresto domiciliar, porque desde la visión indígena los tribunales occidentales no son el único espacio para buscar justicia.

Además, la extensa sentencia de más de 700 páginas ya no puede destruirse, ni los dos votos razonados de los magistrados de la CC, Gloria Patricia Porras Escobar y Mauro Roderico Chacón Corado.^[11] Esta sentencia viene no solo a reforzar el reconocimiento identitario de los pueblos indígenas sino, además, reconoce por primavera vez los vejámenes y las atroces matanzas ocurridas durante el conflicto armado, que hasta antes del juicio fueron negadas por el ejército, los gobiernos y medios de comunicación nacionales e internacionales de línea conservadora. También es una sentencia que se logró por alianzas creadas entre sobrevivientes del pueblo ixil, profesionales del derecho, organizaciones indígenas, de derechos humanos, académicos e intelectuales tanto nacionales como internacionales comprometidos con la justicia. Una lección del proceso es que la creación de alianzas interétnicas no solo es posible sino fundamental para avanzar en cualquier demanda para refundar el actual Estado.

Además, el poder de la sentencia radica en que las voces de los sobrevivientes quedaron plasmadas en los documentos jurídicos, desmitificando así el discurso oficial que negaba su verdad, que los colocaba como "indios mentirosos" o como "indias que exageraban y retorcían la realidad porque no podía ser cierto que hubieran sido violadas por los militares, dado que son feas y sucias". Con ejemplos concretos, ocurridos en sus propias vidas describieron cómo opera el racismo estatal y cómo las marcó, sepultando así, cualquier argumento que niegue la existencia del racismo antes o después del juicio. Por otro lado, han enterrado la tesis académica respaldada por antropólogos, sociólogos o historiadores que argumenta que las matanzas ocurrieron por conflictos entre las propias familias o por problemas internos de posesión de tierras.^[12] De igual manera la tesis respaldada por la oligarquía guatemalteca y sus intelectuales de que fueron atacados por el ejército porque eran miembros de la guerrilla, ante este punto los testimonios y las pruebas coinciden en que el Estado se ensañó con población civil desarmada por ser indígena. Su permanente presencia y sus múltiples voces a lo largo del juicio mostraron que la justicia la buscan ellas y ellos y no grupos de extranjeros, integrados por cientistas sociales, diplomáticos, funcionarios de derechos humanos, mujeres lesbianas o hippies que romantizan y quieren perpetuar al indio del pasado, por eso construyeron un complot en contra de ambos generales y de todo el ejército de Guatemala. El Pueblo Ixil, en su mayoría mujeres y hombres analfabetas con su entereza, lograron lo que los profesionales o académicos indígenas no han logrado, devolverle la dignidad no solo a los pueblos indígenas de Guatemala sino también a los más de 5mil pueblos indígenas que viven en el mundo y que en diferentes momentos de su historia han enfrentado crímenes de lesa humanidad.